CHILE: GOBERNADOS POR LA MENTIRA
En seguida señaló que nada supo del financiamiento de la precampaña que montó el ex ministro Peñailillo, quien con frecuencia la visitaba en Manhattan por esos años.
Ahora nos dice que no reparó en las incompatibilidades del entonces diputado Insunza para asumir en la Segpres, pese al pormenorizado informe que recibió de manos de Codelco. ¿Mentiras?
Haciendo una estimación conservadora, ya hay cerca de un tercio de nuestros legisladores involucrados de diversas formas en financiamiento irregular de campañas o, directamente, en cohecho.
Ello, sin considerar las nuevas investigaciones que se suman a Penta, SQM, Corpesca y Codelco.
Diputados y senadores envueltos han dicho: “Los servicios se prestaron y hay informes que así lo prueban”; “en realidad son mis hijos los que prestaron las asesorías, no yo”; “el trabajo se hizo pero fue verbal”; “mis decisiones no se vieron afectadas por los dineros recibidos”. ¿Mentiras?
¿Puede mentir un presidente, un ministro o un parlamentario en el ejercicio de sus funciones? ¿Se puede justificar la mentira de una autoridad política?
En “El Príncipe”, Maquiavelo avala el uso de la violencia, la crueldad y la mentira como instrumentos de la política, porque para él la virtud política no es hacer el bien sino que tener la capacidad de escoger cuándo aplicar la verdad y cuándo apelar a la mentira para obtener los objetivos perseguidos.
Más tarde, el escritor Jonathan Swift en 1712, en su sátira
“El Arte de la Mentira Política”, argumentaba que la falsedad política no se improvisa. Se calcula, se cultiva, se refina y se administra. Es un arte sabio, útil y bello, y consiste en “hacer creer al pueblo falsedades con vista a un buen fin”,
el que no necesariamente coincide con el bien común. En uno de sus hilarantes pasajes, Swift señala que en el caso de aquellos que mientan demasiado, el partido lo castigará condenándolo a decir solo la verdad durante tres meses; esto le devolverá el derecho a mentir de nuevo con absoluta impunidad.
¿Cuántos de nuestras altas autoridades serían hoy capaces de cumplir con esta terapia?
El propio Henry Kissinger, en diplomacia, argumentaba que las mentiras están justificadas, ya que el estadista, por su labor, debe estar sujeto a una moral más laxa que la del ciudadano corriente.
Lo demostró en la práctica durante sus años en el gobierno de Nixon.
En la vereda opuesta, ya desde los siglos de la Ilustración, la mentira política ha sido condenada.
Thomas Jefferson argumentaba que existe solo una ética, sin apellido, y que “los hombres de Estado no tienen derecho a una moral especial”.
El Gobierno debe conducirse por los mismos criterios éticos que cualquier ciudadano común. Incluso superiores, porque sus decisiones no son individuales sino que afectan al pueblo en su conjunto.
Por ello es que bajo está perspectiva ética los fines políticos no justifican medios inmorales. Como señala el teólogo Hans Küng, la verdad debe ser la condición previa fundamental para la sociedad humana, y un requisito para ciudadanos y autoridades políticas; especialmente para los políticos.
¿Por qué esta segunda aproximación es la única posible?
¿Qué razón existe para que las autoridades no puedan estar sujetas a una moral menos exigente que la del ciudadano común?
Simplemente porque sí se rigen por estándares morales menores destruyen la confianza de todo un pueblo y sin confianza hay desgobierno (vea usted el número de cargos de alto nivel que están vacantes en el Ejecutivo),
y con ello el futuro es imposible para la democracia. Por eso el ministro Burgos debiera revisar sus datos y evitar declarar que esta es una crisis de las élites como señaló el jueves en Icare.
Este es un país cuyos intestinos están atravesados por la desconfianza y en donde prácticamente todas las instituciones cuentan con menos de un tercio de chilenos que confían en ellas (CEP, 2015).
Estamos en una crisis de mentira, desconfianza, ilegitimidad y desgobierno que recién comienza. Más aún, la mentira hoy en Chile es “a plena luz”. Donde antes se mentía allí donde no sabíamos,
hoy se miente a los ciudadanos allí donde pueden saberlo todo, como hemos comprobado.
¿Tenemos tiempo entonces para esperar hasta las próximas elecciones municipales para que esta chapucería comience a repararse?
¿Hay espacio para un plebiscito o directamente un llamado a elecciones anticipadas, que sin insertar más ruido e incertidumbre en el sistema, ni mediante la búsqueda de “impunidades impropias”, comiencen a dar un giro hacia el camino de la verdad, la confianza, la legitimidad y el buen gobierno?
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