Una
de las múltiples manifestaciones de familiares de víctimas de
desaparición forzada, que llegan a la capital de México en demanda de
que el gobierno busque a sus parientes y esclarezca sus casos. Crédito:
Diana Cariboni/IPS
MÉXICO, (IPS) -
“Vete tú y le avisas a mi papá que aquí me detuvieron”, dijo
Maximiliano Gordillo Martínez a su compañero de viaje el 7 de mayo, en
la estación migratoria de Chablé, en el sureño estado mexicano de
Tabasco. Fue la última vez que fue visto con vida y lo último que sus
padres saben de él.
Gordillo, de 19
años, y su amigo, habían dejado su comunidad en el también sureño estado
de Chiapas para ir a buscar trabajo a la turística ciudad de Playa del
Carmen, en el estado suroriental de Quintana Roo. Un recorrido de 1.000
kilómetros de carretera para dejar atrás la zona indígena del segundo
estado más pobre del país.
Pero a la mitad del camino, fueron detenidos por agentes del
Instituto Nacional de Migración,
que retuvieron a Maximiliano por creerlo guatemalteco, a pesar de que
el joven del pueblo originario tzeltal, presentó su documentación que lo
acreditaba como ciudadano mexicano.
“Una
sola desaparición forzada o por motivos políticos, en cualquier país,
tendría que poner en duda si efectivamente hay un Estado de Derecho. No
puede hablarse de una democracia con víctimas de desaparición forzada”:
Héctor Cerezo.
Cuando su compañero de
viaje quiso intervenir, fue amenazado por los agentes. Le dijeron que lo
acusarían de ser traficante de migrantes. El muchacho, cuyo nombre se
mantiene en reserva, se fue despavorido y al llegar a su destino se
comunicó con Arturo Gordillo, el padre de Maximiliano, para contarle lo
que había pasado.
Han pasado más de tres meses y los padres de
Max, como le llaman en la familia, no dejan de buscarlo. El lunes 22
llegaron a Ciudad de México, apoyados por organizaciones defensoras de
derechos humanos, para denunciar la desaparición forzada del mayor de
sus cinco hijos.
Nunca antes habían salido tan lejos de Tzinil,
una comunidad tzeltal del municipio de Socoltenango que, de acuerdo con
los datos oficiales, tiene a cuatro de cada 10 habitantes en condiciones
de pobreza extrema y el resto son únicamente pobres.
“Nuestro
sentimiento por la desaparición de mi hijo es muy duro. Lo tengo que
hacer (la denuncia) porque es mucho el dolor y no quiero que le pase a
otro padre, que tenga que ser humillado y lastimado así por el
gobierno”, dijo a IPS el padre, Arturo Gordillo, en un español apenas
masticado.
“El Instituto ignora, su corazón es duro”, insistió, en
referencia a las autoridades migratorias mexicanas. A su lado, su
esposa, Antonia Martínez, no dejaba de llorar.
El caso de
Maximiliano Gordillo se suma a otros 150 civiles chiapanecos
desaparecidos en territorio mexicano en rutas migratorias internas,
aseguró a IPS el portavoz de la organización
Voces Mesoamericanas, Enrique Vidal.
Y
esos se agregan miles de migrantes centroamericanos que han
desaparecido en México en la última década y que, según las denuncias de
defensores de migrantes, muchos de ellos habrían sido entregados por
funcionarios y policías a grupos criminales para ser extorsionados
empleados forzadamente dentro de sus organizaciones.
Antonia
Martínez, adolorida por la desaparición forzada de su hijo, Maximiliano
Gordillo, de 19 años, mientras su tío Natalio Gordillo explica a IPS
detalles del caso. Los padres y otros familiares llegaron hasta Ciudad
de México desde su muy lejana comunidad de Tzinil, del pueblo indígena
tzeltal, para pedir al gobierno que les devuelva al joven, del que no
saben nada desde el 7 de mayo. Crédito: Daniela Pastrana/IPS
El único dato oficial para aproximarse al problema es un informe de la estatal
Comisión Nacional de Derechos Humanos, que registró 21.000 secuestros de personas migrantes en 2011.
Pero
tampoco se trata de un problema solo de personas migrantes. En México,
la desaparición forzada es un práctica “generalizada y sistemática”,
concluye el informe “Atrocidades innegables”, elaborado por la fundación
internacional
Open Society Justice Initiative en colaboración con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos.
La
investigación documenta graves violaciones a derechos humanos cometidas
en México entre 2006 y 2015 y plantea que son crímenes que deben ser
considerados de lesa humanidad, por su naturaleza sistemática o
generalizada contra la población civil.
Son desapariciones
perpetradas por autoridades militares, federales y estadales. Una
práctica difícil de entender en una democracia, insisten los activistas
humanitarios locales e internacionales.
“Una sola desaparición
forzada o por motivos políticos, en cualquier país, tendría que poner en
duda si efectivamente hay un Estado de Derecho. No puede hablarse de
una democracia con víctimas de desaparición forzada”, dijo Héctor
Cerezo, responsable de la documentación de desapariciones forzadas del
Comité Cerezo México.
El Comité Cerezo es la organización más sólida en la documentación de desapariciones forzadas, sean o no por motivos políticos.
El
miércoles 24 presentó su informe “Defender los derechos humanos en
México: La normalización de la represión política”, que documenta 11
casos de desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos entre
junio de 2015 y mayo de 2016.
“Al ampliarse el uso de la
desaparición forzada funciona también como mecanismo de control social y
cambio de rutas migratorias, como mecanismo de reclutamiento forzado de
jóvenes y de mujeres y como un mecanismo de desplazamiento forzado que
se ejerce en regiones específicas contra toda la población”, dice el
documento.
Cerezo aseguró en diálogo con IPS que en México, la
desaparición forzada “pasó de ser un mecanismo de represión política a
una política de Estado que quiere generar terror en la población”.
En el mismo sentido que las organizaciones de la sociedad civil, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en marzo a México, que reconozca la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta”.
Los
carteles con imágenes colectivas de desaparecidos que se buscan se
están volviendo comunes en México, como este en una iglesia de Iguala,
en el estado de Guerrero, en el suroeste del país. Crédito: Daniela
Pastrana/IPS
El
informe que presentó la CIDH
de su visita a México en 2015, denuncia cifras “alarmantes” de
desapariciones involuntarias y desapariciones forzadas, con intervención
de agentes del Estado, así como los altos índices de ejecuciones
extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la
justicia e impunidad.
El gobierno mexicano ha rechazado una y otra
vez los señalamientos de organismos internacionales. Pero su negación
de la gravedad del problema ha tenido pocas consecuencias.
Este 30 de agosto, en el
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
la comunidad internacional, subrayan los activistas consultados por
IPS, tiene la posibilidad de voltear a la crisis mexicana y llamar a
cuentas a un Estado que sistemáticamente desaparece a sectores de la
población civil, como han documentado las organizaciones.
No todo
es negativo respecto a este fenómeno de las desapariciones forzadas, que
se contradice con la democracia de este país latinoamericano de casi
120 millones de habitantes sin conflicto interno.
Este año,
familiares han ganado dos importantes batallas legales, una de ellas es
un mandato al Ejército para que abra sus instalaciones a la búsqueda de
dos militantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos en
Oaxaca, aunque la setencia no se ha cumplido.
Tampoco hay avances en la
Ley General contra la Desaparición Forzada que se discute en el Congreso legislativo.
“El
último borrador no cumple con los estándares internacionales de
desaparición forzada ni con las necesidades de víctimas, que no tienen
recursos efectivos para enfrentar el proceso judicial de la desaparición
de sus familiares. No hay un acceso real, ni a la justicia ni a la
reparación, mucho menos a la no repetición”, dijo Cerezo
En el más reciente caso público, el de Maximiliano Gordillo, la
Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas del gobierno federal se ha negado a pedir la investigación de su delegación en Tabasco.
Por
su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas
cautelares, pero ha evitado emitir una recomendación contundente.
Mientras, el Instituto de Migración rechaza haber retenido al joven,
pero se niega a entregar la lista de los funcionarios, videos y
registros de entradas y salidas de la caseta de migración donde fue
visto por última vez.
El joven cumplió el mismo lunes 22 de
agosto 19 años. “Sentimos muy triste sin él. Celebramos un cumpleaños
amargo, un cumpleaños de dolor”, dijo su padre a IPS, antes de anunciar
que a partir de este jueves 25 de agosto, en más de 60 municipios de
Chiapas habrá carteles para buscarlo.
Mientras los días pasan sin
que las investigaciones avancen, el indígena va de foro en foro con una
petición: “Si ustedes, hermanos, hermanas, pueden hablar al gobierno,
pídanle que nos devuelva mi hijo, porque ellos lo tienen, ellos lo
llevaron”.
Editado por Estrella Gutiérrez