Medidas clandestinas para combatir grupos rebeldes. Prisiones y juicios ilegales. Esta fue la fórmula de la policía federal de los EE.UU. durante la Guerra Fría. Los estadounidenses tenían los ojos pegados a la televisión. En aquella noche del 8 de marzo, Joe Frazier y Muhammad Ali disputaban la primera de sus legendarias luchas del siglo, en el Madison Square Garden, tradicional gimnasio de Nueva York.

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Comité Church, en el Senado de los EE.UU., denunció práticas ilegales de la CIA y del FBI.
Fueron quince dramáticos rounds.
Frazier era el campeón mundial de peso pesado. A su desafiador invicto le habían despojado el cinturón máximo de la categoría por haberse recusado a combatir en la Guerra del Vietnam.
La mayoría de los admiradores blancos querían la derrota del hombre que "volaba como una mariposa y picaba como una abeja", como él mismo se describió. Ali era el gran símbolo de la resistencia a la supremacía racial en una nación todavía marcada por la segregación, un astro de la desobediencia civil contra los halcones anticomunistas que gobernaban la Casa Blanca.
En el 11º round, el ídolo negro de la clase media conservadora derrumba Ali con un gancho izquierdo. Su adversario cae de espaldas. Se recupera. Se levanta mareado. Se arrastra para terminar la lucha, que termina con su derrota por puntos.
A menos de 200 quilómetros de allí, en Media, Pensilvania, un grupo de ocho jóvenes se preparaban para una acción espectacular. Integraban una pequeña organización llamada Comisión Ciudadana para Investigar al FBI.
Su líder era William Cooper Davidon, profesor universitario de física y matemática que, en la misma fecha, completaba 44 años. Entraría a la historia, luego se verá, como el Edward Snowden o el Julian Assange de la era analógica.
Estaban listos, después de meses de preparación, para invadir el escritorio del FBI en la ciudad, donde imaginaban encontrar documentos comprometedores.
Los papeles que encontraron constituían un pequeño tesoro: los secretos del Counter Intelligence Program (COINTELPRO, por sus siglas en inglés), el plan clandestino de J. Edgar Hoover para enfrentar a los comunistas y otros grupos insurgentes.
COINTELPRO: "Exponer, infiltrar, manipular"
Concebido en 1956, en el apogeo de la Guerra Fría, el COINTELPRO sería oficialmente interrumpido en 1971, poco después de que los descubrimientos de Davidon y sus compañeros empezaran a circular por la imprenta.
Uno de los documentos encontrados, firmado por el propio Hoover, el 25 de agosto de 1967, determinaba el objetivo de la nueva fase del programa: "exponer, infiltrar, desorganizar, manipular, desacreditar, neutralizar y, si necesario, eliminar las organizaciones y grupos nacionalistas negros basados en el odio, sus líderes, portavoces, miembros y simpatizantes."
Era una declaración de guerra interna sin ninguna autorización del Parlamento y sin reconocimiento gubernamental.
Este programa incluía: la fabricación de pruebas, la falsificación de crímenes, provocar conflictos internos, la destrucción de recursos materiales, la guerra mediática, el control del sistema judicial y los asesinatos a sangre fría.
El Mismo programa públicamente suspendido seguiría siendo conducido en secreto hasta 1975, cuando investigaciones abiertas por el Senado obligaron la CIA y el FBI a reorganizar su manual operativo.
El jefe de la investigación, Frank Church, senador demócrata de Idaho cuyo apellido bautizó la comisión encargada, fue claro y conciso en sus conclusiones: "se trata de actividades ilegales y anti-americanas".
Esta también fue la opinión de Cynthia McKinney, de 61 años, exdiputada federal de Georgia. Demócrata como Church, dedicó buena parte de su vida académica y parlamentaria al estudio del tema.
"No había límites para la acción del Estado en el combate a organizaciones rebeldes", dice. "Los blancos principales eran claramente los grupos minoritarios, como negros, americanos nativos y latinos"
En su juventud, ella era simpatizante de las Panteras Negras; pero Cynthia nunca se consideró una "revolucionaria activa", aunque ha participado activamente de las pesquisas y denuncias sobre el aparato represivo que llevó cientos de activistas a prisión y algunas decenas a la muerte. "Las élites del país entraron en pánico debido a los levantamientos de negros y el movimiento contra la Guerra en Vietnam", analiza. "El sistema de supremacía blanca y el dominio corporativo no podía convivir con una situación que parecía poner en riesgo su hegemonía".
La exdiputada hace hincapié en destacar que la reacción no se restringió a la acción represiva.
"La estrategia era apoyada por una colusión entre aparatos policiales y los medios de comunicación, que existe aún hasta hoy en día", resalta. "Los documentos del COINTELPRO demuestran que un tercio de su presupuesto era dedicado a sobornar a periodistas y vehículos que participasen de la demonización de los insurgentes".
Su evaluación es corroborada por la escritora Sarah Flounders, actualmente principal líder del Centro de Acción Internacional, entidad fundada por el exfiscal general, Ramsey Clark, para oponerse a las guerras promovidas por los EE.UU. y a la persecución interna contra minorías.
"La intervención del FBI estaba sobrepasada de medidas represivas; condicionó el comportamiento de la industria de comunicación y contaminó el sistema judicial", resalta. "Los juicios de la mayoría de los presos políticos no pasaron ser de farsas, con pruebas fabricadas, testigos presionados y decisiones ilegales".
Comisión Church
El reconocimiento de estos hechos está en el informe de la Comisión Church, finalizado en 1976. Sin embargo, al contrario de lo que pasó en otros países, la identificación de las ilegalidades cometidas por el Estado no fue acompañada por una política de amnistía o reparación de brutalidades.
Una de las pocas excepciones es el caso de Dhoruba Bin Wahad, 70 años, nacido Richard Earl Moore. Siendo uno de los jefes de los Panteras Negras en el Bronx, en Nueva York, Wahad vivía en la clandestinidad. Fue el fundador del brazo armado de la organización y la policía lo capturó cuando lideraba una invasión a un club local dominado por traficantes.
"Las drogas eran incentivadas en las comunidades negras, particularmente la heroína. Hacía parte de la estrategia de la CIA y del FBI", recuerda. "El tráfico ayudaba a financiar actividades ilegales de inteligencia en el exterior y era un elemento de desestabilización de la lucha anti-racista".
El Comité John Kerry, en 1986, dirigido por el actual secretario de Estado, entonces senador de Massachusetts, efectivamente comprobó que los recursos públicos eran ofrecidos a los traficantes que se dispusiesen a colaborar con los enemigos de la revolución sandinista, en la Nicaragua de los años 80. A pesar de los fuertes indicios de encubrimiento, no hay reconocimiento oficial sobre supuestas instalaciones para el comercio de drogas dentro de los Estados Unidos.
Los Panteras Negras, sin embargo, estaban convencidos de que el futuro de su partido estaba condicionado a limpiar el tráfico en los barrios en los cuales actuaban.
Detenido el septiembre de 1971, en uno de los enfrentamientos con el crimen organizado, Wahad fue el pez grande que la policía esperaba presentar como responsables de un tiroteo de amplia repercusión.
En el día 19 de mayo, dos policías habían sido ametrallados frente a la casa de Frank Smithwick Hogan, fiscal general de Nueva York y uno de los exponentes de la campaña contra organizaciones rebeldes.
Wahad fue condenado a prisión perpetua, con derecho a libertad condicional; sentencia basada en testigos que afirmaban haberlo visto o saber de su supuesta participación en el crimen.
Revisión
Cuando hacían ya cuatro años que estaba encarcelado, supo de la información traída al público por la Comisión Church y sus abogados iniciaron un proceso para tener acceso a esos documentos.
Durante los quince años siguientes, el FBI liberó más de 300 mil páginas con informaciones diversas. Intentando hundir a la defensa en un mar de papeles, sus agentes acabaron por entregar transcripciones de los informes de los testigos de acusación, en los cuales quedaba claro que habían cambiado su versión por presión de los policías.
En en el día 15 de marzo de 1990, el juez Peter J. McQuillan, de la Corte Suprema de Nueva York, anuló el juicio anterior por el hecho de que los fiscales escondieron evidencias que podrían exculpar el reo.
El mismo tribunal también rechazó el pedido para un nuevo proceso, determinando que el gobierno federal debería pagar una indemnización de US$ 400 mil a Wahad. Esa decisión, en 1995, fue seguida por otra, cinco años después, que obligó a la ciudad de Nueva York a pagar US$ 490 mil adicionales por daños morales y materiales.
Poco después, el Parlamento estatal revocó la ley que permitía revisión de juicios definitivos por omisión de pruebas testimoniales cogidas a posteriori.
"Vivíamos y continuamos viviendo en un Estado policial", dice Wahad. "Las libertades democráticas son garantizadas solamente a quienes no amenacen al sistema. De lo contrario, como pasó con los movimientos de los años 60 y 70, la respuesta siempre será una política de exterminio".