Argentina. Proyecto de “libertad religiosa” que atenta contra la libertad de conciencia
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA,
Sr. Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
S / D
.
De nuestra mayor consideración:
Nos
comunicamos con usted desde la Coalición Argentina por un Estado
Laico(CAEL) y desde la Asociación Internacional de Libre Pensamiento
(AILP), para expresarle nuestra opinión en referencia al Proyecto de
“libertad religiosa” que se impulsa desde el ejecutivo nacional.
Según
trascendió en diversos medios de comunicación, el ejecutivo Nacional
estaría enviando un proyecto de “libertad religiosa” al Congreso de la
Nación, cuando comiencen las sesiones ordinarias. De acuerdo con
diferentes publicaciones en periódicos y portales, incluso religiosos,
el citado documento contendría elementos que significarían un retroceso
jurídico en materia de igualdad y libertad de conciencia.
Es de
público conocimiento que el anteproyecto tiene la venia de la cúpula de
la iglesia católica apostólica romana y de los sectores más
reaccionarios del evangelismo local. Justamente, porque proviene del
riñón del Opus Dei, representado por el Secretario de Culto de la
Nación, Santiago de Estrada, ex funcionario de varias dictaduras, y por
movimientos evangélicos ”Provida”.
Se
promociona como un avance porque vendría a eliminar un decreto de la
dictadura de los ´70, pero en realidad por lo trascendido, la intención
de la modificación sería perpetuar y profundizar el clericalismo
católico y extender algunos de los privilegios a otras confesiones, es
decir, ahondar aún más el confesionalismo estatal heredado de cada golpe
de Estado.
Pretender
introducir como delitos penales elementos derivados de conceptos como
profanación y blasfemia, para criminalizar la crítica hacia las
religiones, es hacernos retroceder a mediados del siglo XVIII, donde se
confundía delito con pecado. Actualmente contamos con una ley
antidiscriminatoria y suficientes mecanismos, para garantizar el libre
funcionamiento de los cultos y la protección jurídica de sus ministros.
Intentar
profundizar el marco jurídico de la objeción de conciencia con bases
religiosas para que más médicos y jueces sigan negando derechos a las
mujeres, es ciertamente medieval.
Otorgar la
inembargabilidad de los bienes de las religiones que se registre y,
extender las exenciones impositivas a instituciones religiosas, no son
acciones para ampliar derechos, es crear privilegios para los líderes de
las religiones institucionalizadas.
Actualmente
el sostenimiento de la iglesia católica apostólica romana nos cuesta más
de $10mil millones anuales que provienen del erario público, miles de
propiedades fiscales y su intromisión permanente en nuestro derecho y la
cosa pública. Un camino hacia la igualdad y libertad religiosa sería la
eliminación de estos prerrogativas que existen en detrimento de toda la
ciudadanía.
Para
realmente garantizar más libertad e igualdad, se debe legislar con una
visión de progreso, no vulnerando derechos adquiridos en nuestro país.
De convertirse el proyecto en ley se estaría contraviniendo la
Constitución y derechos reconocidos internacionalmente en tratados de
jerarquía constitucional como la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Si realmente
se quiere legislar bajo el principio de igualdad, las instituciones
religiosas no pueden diferenciarse de otras asociaciones civiles,
dándoseles estatus jurídico especial. Otorgar más beneficios a quién
manifiesta una creencia sobrenatural transformaría a nuestro Estado,
definitivamente, en confesional o multiconfesional. Ubicándonos entre
los países más atrasados del orbe. Las exenciones impositivas,
subsidios, privilegios aduaneros, facilidad en trámites, donaciones,
etc., deben ser otorgados equitativamente bajo el mismo marco jurídico a
todas las asociaciones que cumplen roles sociales probados, sin
discriminar por la base ideológica que las sustenta y deberán rendir
cuentas, algo que nunca hizo la iglesia católica con el dinero de
nuestros impuestos.
El único
marco jurídico compatible con los valores republicanos para garantizar
la igualdad y libertad de consciencia, es el Estado laico, que respeta a
creyentes de cualquier culto y no creyentes (15% de la población
argentina) sin privilegiar ni perseguir a ninguno.
Por todo lo
expuesto creemos que no debería avanzarse en la dirección del
anteproyecto que ha trascendido, y que si se pretende legislar respecto a
la libertad religiosa, afectando la libertad de conciencia de toda la
ciudadanía, debe consultarse también a creyentes de otros cultos, no
solo cristianos, y a no creyentes, ateos y agnósticos.
Cordialmente,
Asociación Internacional de Libre Pensamiento (AILP)
Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL).
Firman:
Para enviar adhesiones escribir a:
adhesiones@coalicionlaica.org.ar o llamar al 2236824725
.
https://www.facebook.com/notes/coalici%C3%B3n-argentina-por-un-estado-laico-cael/proyecto-de-libertad-religiosa-que-atenta-contra-la-libertad-de-conciencia/1212871995455992
No hay comentarios.:
Publicar un comentario