Desde Londres 
Especialista en victorias pírricas, la primer ministra Theresa May sobrevivió esta semana una votación clave sobre el Brexit, pero recibió horas después una avalancha de enmiendas a su proyecto de Ley para la Retirada del Europa y ayer miércoles, perdió una moción sobre un aumento salarial para los trabajadores de la salud propuesta por el laborismo que podría marcar el principio del fin de la Austeridad que impusieron los Conservadores desde 2010.
 El apoyo de los conservadores pro-europeos y los reaccionarios norirlandeses del DUP le permitió al gobierno de May en la medianoche del lunes avanzar un casillero en la aprobación del proyecto de Ley de Retirada de la Unión Europea. El gobierno obtuvo una mayoría de 36 votos gracias la decisión de los pro-europeos conservadores de guardar su capacidad de fuego para el casillero siguiente del proceso parlamentario y el apoyo de una docena de rebeldes laboristas.
 Los 326 votos a favor y los 290 en contra nbo es un mal resultado para un gobierno que tiene una exigua mayoría de 12 escaños, pero el festejo no duró mucho. Conservadores y laboristas presentaron un total de 157 enmiendas al proyecto de ley, un documento de 57 páginas que tendrá 59 páginas de enmiendas en total.
 El proyecto procura incorporar más de 50 mil leyes y regulaciones de la Unión Europea (UE) a la legislación británica para que entren en vigor el 29 de marzo de 2019, fecha de separación del bloque europeo.  Según el gobierno se trata de un trabajo de “cut and paste” para elaborar réplicas exactas de las leyes europeas incorporadas durante más de 40 años de pertenencia a la UE.
 Esta versión oficial del proyecto de ley como una mera cuestión pragmática que no cambiará el contenido de las leyes choca con la inclusión de los llamados “Henry VIII powers”, es decir, las prerrogativas de Enrique Octavo, que le otorgan al ejecutivo la facultad de aprobar cambios y modificaciones en las leyes sin supervisión parlamentaria.
 El laborismo calificó esta prerrogativa de un “power grab” (virtual confiscación de poderes) del gobierno sobre el legislativo y numerosos conservadores coincidieron, entre ellos el especialista en temas constitucionales, Dominic Gieve, quien dijo que no votaría esa ley sin enmiendas.
 El debate de las enmiendas se hará en los comités a partir de octubre. Los laboristas y los sindicatos acusan al gobierno de querer usar los “Henry VIII powers” para diluir las conquistas sociales y laborales obtenidas con la UE. El cálculo es que con el uso de esta prerrogativa del siglo 16 el gobierno podría diluir unas 1000 leyes o regulaciones que abarcan desde la licencia por paternidad hasta los derechos gay, la protección de la privacidad y el medio ambiente.
 El número de enmiendas presentadas por el conjunto del arco político - incluyendo las de independentistas escoceses, autonomistas galeses y Liberal demócratas - hace que sea virtualmente imposible que la ley llegue sin profundas modificaciones a la votación final de la Cámara de los Comunes sea a fines de año o comienzos del próximo. El proyecto tiene que pasar a la Cámara de los Lores donde, según advirtió este domingo Lord Andrew Adonis, hay una mayoría a favor de que la ley incluya un voto parlamentario sobre el acuerdo con la UE a que llegue May así como un referendo para saber si tiene el apoyo popular.
 La debilidad del gobierno en ambas cámaras quedó en franca evidencia con la derrota ayer en la Cámara de los Comunes que aprobó una moción laborista a favor de levantar el techo que hay sobre los salarios de los trabajadores de la salud. La derrota política fue más contundente porque el DUP nor-irlandés, que le da a los conservadores la exigua mayoría parlamentaria que necesita para gobernar, votaron esta vez a favor de la moción laborista.    
 El reclamo va más allá de los trabajadores de la salud en el estatal NHS que suman un millón del total de 5.400.000 empleados públicos que tiene el Reino Unido. Desde el primer gobierno conservador en 2010, rige un techo de un 1% máximo de aumento en los salarios de los empleados estatales. El descontento con esta medida se intensificó con la duplicación de la inflación que se produjo luego del referendo del Brexit. El anuncio el martes de que la inflación había alcanzado el 2,9 por ciento dejó en evidencia la pérdida adquisitiva del salario de los estatales.
 La moción laborista no es vinculante, es decir, el gobierno no tiene obligación alguna de implementarla, pero el impacto político es indudable. El gobierno intentó evitar una derrota anunciando el martes que se levantaría el límite del uno por ciento y que la policía y los guardias carcelarios tendrían un aumento por encima de este porcentaje este año, pero no hizo más que enfurecer a medio mundo, en especial a los afectados.
 El tema fue central en la “Prime minister question time” que se celebra todos los miércoles y que confronta al primer ministro con los diputados y el líder de la oposición. La actuación de Theresa May en la Cámara no deslumbró a los estatales. La Federación Policial, otrora baluarte conservador, acusó a May de “mentir” y de haber perdido “todo contacto con la realidad”
 A esta altura no se necesita la sagacidad de un detective o el entrenamiento profesional de un policía para llegar a ese veredicto. Como le dice Horacio a Hamlet, “there needs no ghosts, my lord, come from the grave, to tell us this”: la evidencia está a la vista.
 En el referendo de junio del año pasado sobre si el Reino Unido debía permanecer en la UE, May votó a favor. Semanas más tarde, ya como primer ministro, se convirtió en la más fervorosa defensora de un “Hard Brexit” (separación tajante de la UE). En abril de este año, para conseguir un respaldo fuerte a favor del “Hard Brexit”, convocó a elecciones anticipadas con una ventaja de unos 20 puntos en las encuestas sobre Corbyn. El tiro le salió por la culata y en junio ganó las elecciones, pero perdió la mayoría parlamentaria, fijando esa especialidad que la caracteriza para obtener victorias pírricas.
 ¿Puede durar? Nadie lo sabe. Los gobiernos débiles en el parlamento británico viven en un estado de continua zozobra, pero con frecuencia se arrastran hasta el final de sus mandatos, como pasó con el conservador John Major en los 90 y el laborista James Callaghan en los 70. “Es muy fácil herir a estos gobiernos con minoría parlamentaria, es más difícil matarlos. Esto puede terminar siendo una larguísima noche”, señaló el comentarista Andrew Rawnsley en el dominical The Observer.