Desde Bogotá
Tras la aprobación esta semana de la personería jurídica del Partido Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) la ex guerrilla anunció sus candidatos para las próximas elecciones. A las presidenciales, que serán en mayo del año próximo, se presentarán con su máximo líder Rodrigo Londoño “Timochenko” y a las curules de Congreso aspirarán con once nombres. Éstas se realizarán en marzo. A tan solo unas horas después de publicar los nombres de sus aspirantes, reina la confusión por posibles impedimentos a la participación de los ex guerrilleros en política.
Aunque el Acuerdo de Paz que se negoció en La Habana y se firmó en Bogotá hace un año contempla que los insurgentes tienen asegurada su participación política, diversos sectores del poder en Colombia interpretan a su manera la legislación vigente para aseverar que éstos estarían impedidos para ser candidatos hasta tanto no atiendan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que todavía no es siquiera aprobada en el Congreso.
Juan Carlos Galindo, el Registrador Nacional ha dicho, por ejemplo, que según las leyes los recientemente reincorporados a la vida civil tendrían inhabilidades por la Procuraduría y que ignorarlas tendrían penas de cuatro a nueve años de prisión para los funcionarios que –aún conociendo las inhabilidades– inscriban los candidatos. El directivo se apoya en la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales que le solicitó dicha información. Sin embargo, al consultar la web de la Policía los números de identificación de los candidatos aparecen “sin antecedentes judiciales”. Por lo cual, en efecto, la Procuraduría no tendría porque inhabilitarlos. Además, de acuerdo con la Ley de Amnistía e Indulto promulgada en diciembre del año pasado los líderes políticos del Partido Farc ya estarían amnistiados.
Se trata de Ivan Marques, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez y Benkos Biojó candidatos al Senado; y de los siguientes líderes para el caso de la Cámara de Representantes por regiones Byron Yepes (Bogotá), Olmedo Ruiz (Antioquia), Jesús Santrich (Atlántico), Marco Calarcá (Valle del Cauca) y Jairo Quintero (Santander). La Fuerza Alternativa alega, por su parte, que el Acuerdo reza que la participación en política no compite con su asistencia al Tribunal de Paz de la JEP; y que su compromiso de aportar a la verdad y la justicia está intacto tal como lo manifestó Ivan Marques en la rueda de prensa en Bogotá donde se dieron a conocer los nombres de los candidatos farianos.
Francisco Toloza, del movimiento Voces de Paz, argumenta a favor de Farc que: “El acto legislativo 01 de 2017 señala la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política en claro desarrollo de lo estipulado en el Acuerdo Final de La Habana y bajo el principio de que el acuerdo busca cambiar balas por votos, acabar la guerra para poder ejercer la política sin ninguna restricción”.
Entre tanto, sectores de víctimas como los familiares de los diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados y asesinados durante el cautiverio en poder de Farc en una de las peores tragedias de la guerra en Colombia, solicitan que los ahora ex guerrilleros acudan primero a la JEP antes de ser candidatos a cargos públicos. Al respecto, PáginaI12 consultó la opinión de Pablo Catatumbo quien respondió recordando que las Farc realizaron días atrás actos y sesiones con esas víctimas, considerando innecesario –según el Acuerdo, dijo– que antes de la política esté la justicia.
En Antioquia Olmedo Ruiz, cuyo nombre real es Omar de Jesús Restrepo, fue enfático en asegurar que estas candidaturas son “esfuerzos para construir una Colombia nuevo. Una donde la fuerza de las ideas derrote el odio y la venganza”. Mientras tanto, en Bogotá Sandra Ramírez (Griselda) le dijo a este diario que su apuesta ahora que –sin armas– desea llegar al poder es “por un gobierno de transición y por la implementación del acuerdo”. Además, dijo que “las mujeres somos el 52% de la población colombiana, y somos quienes sostenemos el Estado de cierta forma. Por eso mi mensaje a las mujeres colombianas es que nos unamos, luchemos juntas por la justicia social y por la paz que es nuestro derecho”.
Por su parte Jesús Santrich aseguró que en la actualidad uno de los mayores retos del polémico partido Farc son los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz y la “asquerosa” renegociación del texto del Acuerdo en la que, según él, se ha convertido cada paso de la materialización del Tratado de Paz PáginaI12 consultó por los incumplimientos de gobierno durante la implementación que señala la ex guerrilla, ante lo cual el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, aseguró que para determinar el nivel de implementación próximamente se darán a conocer los resultados del trabajo del Instituto Krock (Institute for Internacional Peace Studies) encargado por las partes para monitorear el asuntos.
Tras la aprobación esta semana de la personería jurídica del Partido Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) la ex guerrilla anunció sus candidatos para las próximas elecciones. A las presidenciales, que serán en mayo del año próximo, se presentarán con su máximo líder Rodrigo Londoño “Timochenko” y a las curules de Congreso aspirarán con once nombres. Éstas se realizarán en marzo. A tan solo unas horas después de publicar los nombres de sus aspirantes, reina la confusión por posibles impedimentos a la participación de los ex guerrilleros en política.
Aunque el Acuerdo de Paz que se negoció en La Habana y se firmó en Bogotá hace un año contempla que los insurgentes tienen asegurada su participación política, diversos sectores del poder en Colombia interpretan a su manera la legislación vigente para aseverar que éstos estarían impedidos para ser candidatos hasta tanto no atiendan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que todavía no es siquiera aprobada en el Congreso.
Juan Carlos Galindo, el Registrador Nacional ha dicho, por ejemplo, que según las leyes los recientemente reincorporados a la vida civil tendrían inhabilidades por la Procuraduría y que ignorarlas tendrían penas de cuatro a nueve años de prisión para los funcionarios que –aún conociendo las inhabilidades– inscriban los candidatos. El directivo se apoya en la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales que le solicitó dicha información. Sin embargo, al consultar la web de la Policía los números de identificación de los candidatos aparecen “sin antecedentes judiciales”. Por lo cual, en efecto, la Procuraduría no tendría porque inhabilitarlos. Además, de acuerdo con la Ley de Amnistía e Indulto promulgada en diciembre del año pasado los líderes políticos del Partido Farc ya estarían amnistiados.
Se trata de Ivan Marques, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez y Benkos Biojó candidatos al Senado; y de los siguientes líderes para el caso de la Cámara de Representantes por regiones Byron Yepes (Bogotá), Olmedo Ruiz (Antioquia), Jesús Santrich (Atlántico), Marco Calarcá (Valle del Cauca) y Jairo Quintero (Santander). La Fuerza Alternativa alega, por su parte, que el Acuerdo reza que la participación en política no compite con su asistencia al Tribunal de Paz de la JEP; y que su compromiso de aportar a la verdad y la justicia está intacto tal como lo manifestó Ivan Marques en la rueda de prensa en Bogotá donde se dieron a conocer los nombres de los candidatos farianos.
Francisco Toloza, del movimiento Voces de Paz, argumenta a favor de Farc que: “El acto legislativo 01 de 2017 señala la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política en claro desarrollo de lo estipulado en el Acuerdo Final de La Habana y bajo el principio de que el acuerdo busca cambiar balas por votos, acabar la guerra para poder ejercer la política sin ninguna restricción”.
Entre tanto, sectores de víctimas como los familiares de los diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados y asesinados durante el cautiverio en poder de Farc en una de las peores tragedias de la guerra en Colombia, solicitan que los ahora ex guerrilleros acudan primero a la JEP antes de ser candidatos a cargos públicos. Al respecto, PáginaI12 consultó la opinión de Pablo Catatumbo quien respondió recordando que las Farc realizaron días atrás actos y sesiones con esas víctimas, considerando innecesario –según el Acuerdo, dijo– que antes de la política esté la justicia.
En Antioquia Olmedo Ruiz, cuyo nombre real es Omar de Jesús Restrepo, fue enfático en asegurar que estas candidaturas son “esfuerzos para construir una Colombia nuevo. Una donde la fuerza de las ideas derrote el odio y la venganza”. Mientras tanto, en Bogotá Sandra Ramírez (Griselda) le dijo a este diario que su apuesta ahora que –sin armas– desea llegar al poder es “por un gobierno de transición y por la implementación del acuerdo”. Además, dijo que “las mujeres somos el 52% de la población colombiana, y somos quienes sostenemos el Estado de cierta forma. Por eso mi mensaje a las mujeres colombianas es que nos unamos, luchemos juntas por la justicia social y por la paz que es nuestro derecho”.
Por su parte Jesús Santrich aseguró que en la actualidad uno de los mayores retos del polémico partido Farc son los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz y la “asquerosa” renegociación del texto del Acuerdo en la que, según él, se ha convertido cada paso de la materialización del Tratado de Paz PáginaI12 consultó por los incumplimientos de gobierno durante la implementación que señala la ex guerrilla, ante lo cual el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, aseguró que para determinar el nivel de implementación próximamente se darán a conocer los resultados del trabajo del Instituto Krock (Institute for Internacional Peace Studies) encargado por las partes para monitorear el asuntos.
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