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El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, turnó a San Lázaro el dictamen con diversos cambios que expide este marco legal el cual normará y regulará el uso de fuerzas federales en estados y municipios cuando éstos sean rebasados por la delincuencia organizada. El dictamen avalado por 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones señala que el Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación en estados o municipios y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que es “lamentable” que el Senado haya aprobado la ley, pues dijo México debe “centrarse en reforzar la Policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, dijo en conferencia la portavoz de la Oficina, Elisabeth Throssell, de acuerdo con Reforma.
“No creemos que sea un paso positivo”, dijo Throssell.
La ley establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.
Aunque, la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó.
Además las Fuerzas Federales y las Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior. Podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.
Durante el largo y por momentos ríspido debate, el senador Javier Lozano, del PAN, defendió en tribuna la nueva ley y criticó a senadores del PT y de su propio partido, al negarse a que las Fuerzas Armadas cuenten con un marco legal que les dé certidumbre.
“Que los mismos que hoy fustigan y advierten amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón y olvido a los capos de la delincuencia organizada. Ahora, resulta que los buenos son los delincuentes y los malos son nuestras Fuerzas Armadas. Vergüenza les debería de dar”, apuntó.
“Igualmente, reprobable es que vengan senadores y senadoras del Partido Acción Nacional que ayer aplaudían la actuación de nuestros presidentes de la República y hoy por mero cálculo político, por afanes e instrucciones de su ambicioso líder, hoy reprueben esa actuación, la cuestionen y venga a decir absurdos”, apuntó Lozano.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo (PT) apuntó que se debe obligar a cada orden de gobierno a ejercer sus facultades y a cumplir con sus funciones.
Asimismo, a tener cuerpos policiacos bien capacitados, con sueldos dignos, cambiar a los altos mandos de dichas corporaciones y sobre todo, generar políticas públicas verdaderamente efectivas para la prevención del delito y penitenciarias que fortalezcan la reinserción social.
Miguel Angel Chico Herrera, del PRI, subrayó que la nueva norma no está hecha para perpetuar a las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad interior, al contrario, se busca dar mayor certeza y establecer temporalidad a dichas acciones. “No se va a militarizar el país, se trata de un instrumento jurídico que regula adecuadamente la actuación del Ejército Mexicano”.
Una vez que el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior fue devuelto a la Cámara de Diputados con al menos una decena de modificaciones, se prevé que en San Lázaro se sesione este viernes para que allanen a los cambios y con ello sea enviada al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
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