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kaosenlared.net¿Una Constituyente real para Panamá?
El pasado 5 de mayo, el presidente panameño, Juan Carlos Varela,
hizo público su interés de iniciar un proceso constituyente en el país
canalero. Esta declaración fue realizada durante la apertura del proceso
electoral que culminará en el 2019. Según Varela, los ciudadanos de
Panamá, además de elegir a la Presidencia y Vicepresidencia, a la […]
El pasado 5 de mayo, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, hizo
público su interés de iniciar un proceso constituyente en el país
canalero. Esta declaración fue realizada durante la apertura del proceso
electoral que culminará en el 2019. Según Varela, los ciudadanos de
Panamá, además de elegir a la Presidencia y Vicepresidencia, a la nueva
Asamblea Nacional, autoridades municipales y diputadas (os) al
Parlamento Centroamericano, escogerán a las sesenta personas encargadas
de reformar –parcial o ampliamente- a la Constitución Política, de
aprobarse su iniciativa. Ante este llamado, surgen numerosos
cuestionamientos que van desde la forma y el momento para llevar a cabo
una Asamblea Constituyente, hasta los intereses que le impulsan y los
derechos en riesgo.
¿Momento oportuno para una Constituyente?
De forma sorpresiva, el presidente Juan Carlos Varela, en la ceremonia de apertura a los comicios generales de 2019, llamó a iniciar un proceso de consultas a partidos políticos, gremios empresariales, sindicatos y organizaciones civiles con miras a la reforma de la Constitución Política panameña. Este llamado se sustenta en el Artículo 134 de la Carta Magna, el cual faculta al Ejecutivo a convocar a una Asamblea Constituyente que podrá reformar parcial o ampliamente el texto jurídico más importante de un Estado Nación.
Casi de forma inmediata, surgieron diversos cuestionamientos respecto del momento que atraviesa el país y la forma en la que se propone convocar a una Asamblea Constituyente. Entre los partidos políticos parece que existe un consenso respecto de la distracción y confusión que puede ocasionar el proceso de reforma constitucional sobre las elecciones nacionales del 2019. Sobre ello, Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) menciona su oposición a mezclar la contienda nacional con la reforma constitucional. El presidente del mismo partido, Binicio Robinson, considera que esta maniobra es una cortina de humo para disminuir las críticas a la administración Varela. Por su parte, Rómulo Rox, secretario general del Partido Cambio Democrático (CD), considera que el tiempo de la constituyente ya pasó para el presidente.
Estos cuestionamientos surgen debido a que la convocatoria a una constituyente fue uno de los principales ejes de la campaña electoral del actual mandatario, cuya concreción postergó hasta ahora. Se plantea a un año de finalizar su gestión y bajo una modalidad que implica que el proceso de reformas tenga lugar en el marco de la nueva gestión presidencial que resulte elegida en 2019. Asimismo, cuando fue consultado por los motivos de convocar en este momento a una Constituyente, Varela argumentó que se trata del aprovechamiento de la inversión económica y logística de las elecciones nacionales de 2019 para incorporar una papeleta más para elegir a las sesenta personas facultadas para la reforma parcial o total de la Carta Magna panameña.
Como alternativa, Raúl González, del Movimiento Alternativa Popular, y organizaciones civiles, proponen el incorporar una quinta papeleta en las elecciones nacionales pero de consulta al electorado sobre si se debe llevar a cabo un proceso Constituyente en Panamá o no. Alternativa que, sin dudas, requerirá de mayor discusión y análisis político involucrando a los diferentes sectores de la sociedad, además de un diálogo real frente a las necesidades de reforma de la Carta Magna, los mínimos a negociar y los derechos que no pueden retroceder.
Pese a estos desacuerdos que, según Varela, quedarían reducidos a cuestiones procedimentales -al menos entre quienes fueron consultados-, el presidente anunció el 1 de julio que convocaría a reunión ampliada para discutir una hoja de ruta en dirección a concretar la Asamblea Constituyente. En función de “la modernización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento de la democracia”, Juan Carlos Varela parece no cambiar de opinión respecto de que las elecciones de las sesenta personas constituyentes sean en 2019, en medio de las elecciones generales. Queda aquí el cuestionamiento acerca de qué actores fueron incluidos (y sobre todo, los excluidos) del proceso de consultas y su representatividad de las diversas voces de la sociedad panameña.
¿Cuáles son los intereses de cara a la Constituyente?
El presidente Varela ha sido claro respecto de su voluntad de llevar a cabo la Constituyente de acuerdo a sus términos. Sin embargo, no quedan claros los intereses que le motivan. En medio del diálogo, ni el presidente ni Álvaro Alemán, han sido explícitos sobre los contenidos que se deben reformar. Por su parte, distintos sectores, de cara a las denuncias sobre corrupción que han involucrado a funcionarios actuales y ex-funcionarios, el desmantelamiento del Estado, la privación y privatización de derechos fundamentales, parecen tener expectativas y acordar en que es necesaria una nueva Carta Magna. No obstante, se sigue sin claridad respecto de qué aspectos reformar.
Frente a ello, Marco A. Gandásegui –sociólogo y profesor de la Universidad de Panamá-, a partir de la experiencia del Movimiento Alternativa Popular y la gran deuda del Estado respecto del derecho a una vivienda digna, sostiene que en el actual contexto panameño lo necesario es cumplir la Constitución actual antes que avanzar en reformas que pueden poner en riesgo algunas conquistas sociales consagradas en la misma. Asimismo, el profesor Gandásegui, evalúa que las últimas reformas parciales de la Carta Magna fueron realizadas a partir de dos períodos de la Asamblea Nacional sobre, fundamentalmente, el acuerdo de las élites político-económicas sin ningún beneficio para las grandes mayorías.
Tras más de dos meses de consulta, ni el Ejecutivo ni las élites político-económicas –foráneas al aparato institucional- son claras sobre qué reformar. En ese marco, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su acuerdo con reformar la Carta Magna, pero a través de dos períodos de la Asamblea Nacional. Esto es, tal y como se han llevado a cabo las reformas en 1994 y 2004, excluyendo a los grandes sectores empobrecidos y excluidos de Panamá. Asimismo, la CCIAP hizo público su interés de reformar el Título de Administración de Justicia; nuevamente, sin enfatizar en el qué.
En ese sentido, ¿cuál es el interés real detrás de la Constituyente?, ¿en qué consisten las reformas?, ¿por qué el llamado es tan urgente? Gandásegui, ante la poca claridad y en el marco de la actual correlación de fuerzas en Panamá -donde no hay posibilidad alguna de una alternativa política diferente a la neoliberal-, se pregunta sobre el posible retroceso de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna. Todo parece indicar que, en una Panamá gobernada por una élite político-económica que ha desmantelado casi toda su capacidad ejecutiva estatal en relación a derechos fundamentales y servicios básicos, una “refundación de la República” es una mala noticia para las amplias mayorías panameñas, aquellas que padecen el hecho de que Panamá sea la décima economía más desigual del mundo.
¿Una reforma real de la Constitución Política es posible?
Desde el 2004, el Artículo 134 de la Carta Magna reconoce dos figuras constituyentes distintas: i) originaria y; ii) paralela. La primera de ellas refiere al poder público que sólo puede ser emanado desde el pueblo –reconocido, también, en el Artículo 2 de la Constitución panameña-, mientras que la segunda remite a un acuerdo entre los ex-mandatarios Moscoso y Torrijos, y que parece poner un límite a la originaria.
La Constituyente Paralela puede ser convocada por el Ejecutivo y, necesariamente, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. Asimismo, las sesenta personas constituyentes tienen solamente un período de 6 a 9 meses para establecer el nuevo texto constitucional; tiempo que transcurre sin afectar el trabajo llevado a cabo por la presidencia, la Asamblea Nacional y demás órganos e instituciones del Estado. Es decir, el orden constitucional cambia, pero todo sigue igual.
Por lo tanto, ¿esta realmente constituye a un poder originario? ¿Es posible llevar a cabo una reforma sustancial en un período de meses? o, bien, ¿es posible refundar una República cuando los poderes operan paralelamente a la Asamblea Constituyente? ¿Las sesenta personas constituyentes son realmente representativas de la diversidad que compone a la sociedad panameña? ¿Por qué son solamente sesenta personas? Y, nuevamente, ¿a qué corresponde el llamado del Ejecutivo en éste momento?
Son demasiadas las preguntas frente a este proceso constituyente y son pocas –casi nulas- las respuestas. La historia, la correlación de fuerzas así como el deterioro institucional y de derechos lleva a sospechar que la propuesta de reforma constitucional irá de la mano del neoliberalismo y del despojo de los derechos más fundamentales para los sectores más empobrecidos y excluidos de Panamá. Ante ello, ¿es posible una Reforma Constitucional real en Panamá? Una que recaiga sobre el poder originario del pueblo, la que tome en cuenta las distintas realidades de las personas trabajadoras, las mujeres, los pueblos indígenas, la población sexualmente disidente, las migrantes, las empobrecidas y tantas otras que, cada vez más, son excluidas. ¿Es posible en esta coyuntura?
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celag.org/una-constituyente-real-para-panama/
¿Momento oportuno para una Constituyente?
De forma sorpresiva, el presidente Juan Carlos Varela, en la ceremonia de apertura a los comicios generales de 2019, llamó a iniciar un proceso de consultas a partidos políticos, gremios empresariales, sindicatos y organizaciones civiles con miras a la reforma de la Constitución Política panameña. Este llamado se sustenta en el Artículo 134 de la Carta Magna, el cual faculta al Ejecutivo a convocar a una Asamblea Constituyente que podrá reformar parcial o ampliamente el texto jurídico más importante de un Estado Nación.
Casi de forma inmediata, surgieron diversos cuestionamientos respecto del momento que atraviesa el país y la forma en la que se propone convocar a una Asamblea Constituyente. Entre los partidos políticos parece que existe un consenso respecto de la distracción y confusión que puede ocasionar el proceso de reforma constitucional sobre las elecciones nacionales del 2019. Sobre ello, Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) menciona su oposición a mezclar la contienda nacional con la reforma constitucional. El presidente del mismo partido, Binicio Robinson, considera que esta maniobra es una cortina de humo para disminuir las críticas a la administración Varela. Por su parte, Rómulo Rox, secretario general del Partido Cambio Democrático (CD), considera que el tiempo de la constituyente ya pasó para el presidente.
Estos cuestionamientos surgen debido a que la convocatoria a una constituyente fue uno de los principales ejes de la campaña electoral del actual mandatario, cuya concreción postergó hasta ahora. Se plantea a un año de finalizar su gestión y bajo una modalidad que implica que el proceso de reformas tenga lugar en el marco de la nueva gestión presidencial que resulte elegida en 2019. Asimismo, cuando fue consultado por los motivos de convocar en este momento a una Constituyente, Varela argumentó que se trata del aprovechamiento de la inversión económica y logística de las elecciones nacionales de 2019 para incorporar una papeleta más para elegir a las sesenta personas facultadas para la reforma parcial o total de la Carta Magna panameña.
Como alternativa, Raúl González, del Movimiento Alternativa Popular, y organizaciones civiles, proponen el incorporar una quinta papeleta en las elecciones nacionales pero de consulta al electorado sobre si se debe llevar a cabo un proceso Constituyente en Panamá o no. Alternativa que, sin dudas, requerirá de mayor discusión y análisis político involucrando a los diferentes sectores de la sociedad, además de un diálogo real frente a las necesidades de reforma de la Carta Magna, los mínimos a negociar y los derechos que no pueden retroceder.
Pese a estos desacuerdos que, según Varela, quedarían reducidos a cuestiones procedimentales -al menos entre quienes fueron consultados-, el presidente anunció el 1 de julio que convocaría a reunión ampliada para discutir una hoja de ruta en dirección a concretar la Asamblea Constituyente. En función de “la modernización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento de la democracia”, Juan Carlos Varela parece no cambiar de opinión respecto de que las elecciones de las sesenta personas constituyentes sean en 2019, en medio de las elecciones generales. Queda aquí el cuestionamiento acerca de qué actores fueron incluidos (y sobre todo, los excluidos) del proceso de consultas y su representatividad de las diversas voces de la sociedad panameña.
¿Cuáles son los intereses de cara a la Constituyente?
El presidente Varela ha sido claro respecto de su voluntad de llevar a cabo la Constituyente de acuerdo a sus términos. Sin embargo, no quedan claros los intereses que le motivan. En medio del diálogo, ni el presidente ni Álvaro Alemán, han sido explícitos sobre los contenidos que se deben reformar. Por su parte, distintos sectores, de cara a las denuncias sobre corrupción que han involucrado a funcionarios actuales y ex-funcionarios, el desmantelamiento del Estado, la privación y privatización de derechos fundamentales, parecen tener expectativas y acordar en que es necesaria una nueva Carta Magna. No obstante, se sigue sin claridad respecto de qué aspectos reformar.
Frente a ello, Marco A. Gandásegui –sociólogo y profesor de la Universidad de Panamá-, a partir de la experiencia del Movimiento Alternativa Popular y la gran deuda del Estado respecto del derecho a una vivienda digna, sostiene que en el actual contexto panameño lo necesario es cumplir la Constitución actual antes que avanzar en reformas que pueden poner en riesgo algunas conquistas sociales consagradas en la misma. Asimismo, el profesor Gandásegui, evalúa que las últimas reformas parciales de la Carta Magna fueron realizadas a partir de dos períodos de la Asamblea Nacional sobre, fundamentalmente, el acuerdo de las élites político-económicas sin ningún beneficio para las grandes mayorías.
Tras más de dos meses de consulta, ni el Ejecutivo ni las élites político-económicas –foráneas al aparato institucional- son claras sobre qué reformar. En ese marco, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su acuerdo con reformar la Carta Magna, pero a través de dos períodos de la Asamblea Nacional. Esto es, tal y como se han llevado a cabo las reformas en 1994 y 2004, excluyendo a los grandes sectores empobrecidos y excluidos de Panamá. Asimismo, la CCIAP hizo público su interés de reformar el Título de Administración de Justicia; nuevamente, sin enfatizar en el qué.
En ese sentido, ¿cuál es el interés real detrás de la Constituyente?, ¿en qué consisten las reformas?, ¿por qué el llamado es tan urgente? Gandásegui, ante la poca claridad y en el marco de la actual correlación de fuerzas en Panamá -donde no hay posibilidad alguna de una alternativa política diferente a la neoliberal-, se pregunta sobre el posible retroceso de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna. Todo parece indicar que, en una Panamá gobernada por una élite político-económica que ha desmantelado casi toda su capacidad ejecutiva estatal en relación a derechos fundamentales y servicios básicos, una “refundación de la República” es una mala noticia para las amplias mayorías panameñas, aquellas que padecen el hecho de que Panamá sea la décima economía más desigual del mundo.
¿Una reforma real de la Constitución Política es posible?
Desde el 2004, el Artículo 134 de la Carta Magna reconoce dos figuras constituyentes distintas: i) originaria y; ii) paralela. La primera de ellas refiere al poder público que sólo puede ser emanado desde el pueblo –reconocido, también, en el Artículo 2 de la Constitución panameña-, mientras que la segunda remite a un acuerdo entre los ex-mandatarios Moscoso y Torrijos, y que parece poner un límite a la originaria.
La Constituyente Paralela puede ser convocada por el Ejecutivo y, necesariamente, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. Asimismo, las sesenta personas constituyentes tienen solamente un período de 6 a 9 meses para establecer el nuevo texto constitucional; tiempo que transcurre sin afectar el trabajo llevado a cabo por la presidencia, la Asamblea Nacional y demás órganos e instituciones del Estado. Es decir, el orden constitucional cambia, pero todo sigue igual.
Por lo tanto, ¿esta realmente constituye a un poder originario? ¿Es posible llevar a cabo una reforma sustancial en un período de meses? o, bien, ¿es posible refundar una República cuando los poderes operan paralelamente a la Asamblea Constituyente? ¿Las sesenta personas constituyentes son realmente representativas de la diversidad que compone a la sociedad panameña? ¿Por qué son solamente sesenta personas? Y, nuevamente, ¿a qué corresponde el llamado del Ejecutivo en éste momento?
Son demasiadas las preguntas frente a este proceso constituyente y son pocas –casi nulas- las respuestas. La historia, la correlación de fuerzas así como el deterioro institucional y de derechos lleva a sospechar que la propuesta de reforma constitucional irá de la mano del neoliberalismo y del despojo de los derechos más fundamentales para los sectores más empobrecidos y excluidos de Panamá. Ante ello, ¿es posible una Reforma Constitucional real en Panamá? Una que recaiga sobre el poder originario del pueblo, la que tome en cuenta las distintas realidades de las personas trabajadoras, las mujeres, los pueblos indígenas, la población sexualmente disidente, las migrantes, las empobrecidas y tantas otras que, cada vez más, son excluidas. ¿Es posible en esta coyuntura?
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