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proceso.com.mxCaso Elba Esther: otra derrota para el gobierno de Peña Nieto
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exjefa del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, pasó el
sexenio de Enrique Peña Nieto en prisión bajo acusaciones que la
Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar.
Después de cinco años y medio, Gordillo, de 73 años, fue declarada inocente por la justicia federal. Los últimos cargos en su contra, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, fueron desechados de plano por un tribunal unitario que ordenó el archivo del caso.
El proceso contra Gordillo fue abierto a fines de febrero de 2013, cuando Peña Nieto apenas cumplía tres meses en el poder y con quien había tenido diferencias públicas durante la campaña presidencial de 2012.
En el Poder Judicial de la Federación se sabía que el caso era insostenible, a pesar de que el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vertiz, accedió prácticamente a todas las peticiones de la PGR. La más reciente, una mayor restricción en las condiciones de la prisión domiciliaria en que se encontraba.
La PGR solicitó restringir las llamadas telefónicas y las visitas que recibía la exjefa del SNTE. Según la procuraduría, despachaba en su casa “desconociendo con qué fines”.
El juez accedió. Dos meses después, Caballero Vertiz falleció. La restricción ocurrió en febrero pasado, en plena campaña presidencial, cuando su nieto, René Fujiwara, y su yerno, Fernando González Sánchez, habían expresado su respaldo a Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles recibe su constancia como presidente electo para el periodo 2018-2024.
En la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), algunos ministros aseguraron a Apro que, si el caso llegaba al máximo tribunal, Gordillo obtendría su libertad por las violaciones constitucionales del proceso penal.
No fue necesario, en una conferencia durante la madrugada del miércoles, el abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro Carazo, informó que el Primer Tribunal Unitario en materia penal le notificó el decreto de “libertad absoluta e inmediata” de Gordillo, quien al amparo del gobierno de Carlos Salinas hizo de su liderazgo un fuerte cacicazgo político y económico y que fue uno de los grandes respaldos del PRI.
En 2006 apoyó la candidatura del panista Felipe Calderón y operó en contra del candidato del PRI, Roberto Madrazo. Después creó su propio partido, Nueva Alianza (Panal), el que perdió junto con su libertad.
En el proceso electoral que está por terminar, el Panal se alió a la catastrófica candidatura del PRI, mientras que Gordillo y los suyos operaron a favor de López Obrador.
La PGR fue derrotada a pesar de haber demostrado la estructura con la que Gordillo manejaba los recursos del sindicato. La acusó de haber desviado mil 900 millones de pesos en un esquema que equiparó al que usan los grupos de delincuencia organizada.
Cuando fue detenida, el 26 de febrero de 2013, fue ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Casi de inmediato, el 1 de marzo, fue llevada al de Tepepan, donde pasó en la Torre Médica de Especialidades, debido a los múltiples males que presenta.
Después fue trasladada al hospital María José Roma, en la colonia Roma Norte. En diciembre del año pasado, empezó a vivir bajo prisión domiciliaria, en su casa de Polanco, una de sus múltiples propiedades en México y el extranjero.
Cuando inició ese régimen carcelario, la PGR pidió que las medidas fueran lo más restrictivas porque su caso tenía que ver con la estabilidad, “la paz y la seguridad del Estado”.
En el comunicado que dio a conocer su abogado, Gordillo anunció que debido al largo aislamiento en que se encontró, decidió no hablar con la prensa, ni nacional ni extranjera.
Pero su silencio no será largo. El martes 20 dará a conocer su “opinión y posición” sobre “los sucesos relativos” a su caso.
Después de cinco años y medio, Gordillo, de 73 años, fue declarada inocente por la justicia federal. Los últimos cargos en su contra, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, fueron desechados de plano por un tribunal unitario que ordenó el archivo del caso.
El proceso contra Gordillo fue abierto a fines de febrero de 2013, cuando Peña Nieto apenas cumplía tres meses en el poder y con quien había tenido diferencias públicas durante la campaña presidencial de 2012.
En el Poder Judicial de la Federación se sabía que el caso era insostenible, a pesar de que el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vertiz, accedió prácticamente a todas las peticiones de la PGR. La más reciente, una mayor restricción en las condiciones de la prisión domiciliaria en que se encontraba.
La PGR solicitó restringir las llamadas telefónicas y las visitas que recibía la exjefa del SNTE. Según la procuraduría, despachaba en su casa “desconociendo con qué fines”.
El juez accedió. Dos meses después, Caballero Vertiz falleció. La restricción ocurrió en febrero pasado, en plena campaña presidencial, cuando su nieto, René Fujiwara, y su yerno, Fernando González Sánchez, habían expresado su respaldo a Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles recibe su constancia como presidente electo para el periodo 2018-2024.
En la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), algunos ministros aseguraron a Apro que, si el caso llegaba al máximo tribunal, Gordillo obtendría su libertad por las violaciones constitucionales del proceso penal.
No fue necesario, en una conferencia durante la madrugada del miércoles, el abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro Carazo, informó que el Primer Tribunal Unitario en materia penal le notificó el decreto de “libertad absoluta e inmediata” de Gordillo, quien al amparo del gobierno de Carlos Salinas hizo de su liderazgo un fuerte cacicazgo político y económico y que fue uno de los grandes respaldos del PRI.
En 2006 apoyó la candidatura del panista Felipe Calderón y operó en contra del candidato del PRI, Roberto Madrazo. Después creó su propio partido, Nueva Alianza (Panal), el que perdió junto con su libertad.
En el proceso electoral que está por terminar, el Panal se alió a la catastrófica candidatura del PRI, mientras que Gordillo y los suyos operaron a favor de López Obrador.
La PGR fue derrotada a pesar de haber demostrado la estructura con la que Gordillo manejaba los recursos del sindicato. La acusó de haber desviado mil 900 millones de pesos en un esquema que equiparó al que usan los grupos de delincuencia organizada.
Cuando fue detenida, el 26 de febrero de 2013, fue ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. Casi de inmediato, el 1 de marzo, fue llevada al de Tepepan, donde pasó en la Torre Médica de Especialidades, debido a los múltiples males que presenta.
Después fue trasladada al hospital María José Roma, en la colonia Roma Norte. En diciembre del año pasado, empezó a vivir bajo prisión domiciliaria, en su casa de Polanco, una de sus múltiples propiedades en México y el extranjero.
Cuando inició ese régimen carcelario, la PGR pidió que las medidas fueran lo más restrictivas porque su caso tenía que ver con la estabilidad, “la paz y la seguridad del Estado”.
En el comunicado que dio a conocer su abogado, Gordillo anunció que debido al largo aislamiento en que se encontró, decidió no hablar con la prensa, ni nacional ni extranjera.
Pero su silencio no será largo. El martes 20 dará a conocer su “opinión y posición” sobre “los sucesos relativos” a su caso.
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