Alfredo Castillo, el “apagafuegos” de Peña Nieto (Primera
Parte)
Escrito por Jenaro Villamil el 19 enero 2014 a las
11:55 am
Primera parte del texto publicado en Proceso, No. 1942.
“Tú
debes buscar a una niña muerta, no a una niña desaparecida”, le advirtió su
amigo Luis Cárdenas Palomino, segundo hombre fuerte de Genaro García Luna, a
Alfredo Castillo Cervantes, entonces subprocurador regional de Cuautitlán
Izcalli y responsable de la investigación de la niña Paulette Gebara Farah,
desaparecida entre el 21 y 22 de marzo de 2010, en Huixquilucán.
A casi cuatro años de distancia, Castillo Cervantes, recién designado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo
Integral de Michoacán admite, en privado, que esta recomendación fue
determinante para que se resolviera uno de los casos más escandalosos de la
procuración de justicia mexiquense en los tiempos de Enrique Peña Nieto como
gobernador.
Y así fue. Castillo “salvó” de la peor crisis mediática al
gobierno peñista, a pesar de que muchos consideraron fantasiosa y poco creíble
la versión de que la niña murió accidentalmente en su propia cama. Decenas de
agentes, reporteros y familiares estuvieron en el mismo cuarto donde después
apareció el cuerpo de la menor, en el llamado “colchón asesino”.
Castillo le dio carpetazo al caso Paulette. Y eso determinó
que semanas después, en mayo de 2010, sustituyera a Alberto Bazbaz Sacal, su
amigo y procurador del Estado de México, quien había lanzado en cadena nacional
de televisión que en el caso Paulette “no hay duda que se trató de un
homicidio” (ver Proceso, No. 1745).
De entonces a la fecha, en menos de un lustro, el joven
licenciado en Derecho por la UAM y licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la Universidad Iberoamericana ha tenido una
meteórica carrera: fue procurador mexiquense hasta el primer año de la
administración de Eruviel Avila, con quien tuvo roces constantes por su
“protagonismo mediático”; fue el responsable del área de Justicia en el equipo
de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto; el 1 de
diciembre de 2012 asumió como subprocurador de Control Regional, Procedimientos
Penales y Amparo en la PGR, con línea directa con el primer mandatario; en mayo
de 2013 sustituyó a Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor, tras el escándalo conocido como #LadyProfeco; y el 15
de enero de 2014 un decreto presidencial lo convirtió en el “hombre fuerte” de
Peña Nieto en Michoacán.
Como operador personal de Peña Nieto y “apagafuegos” de
crisis con alto impacto mediático, Castillo Cervantes jugó un papel clave en la
investigación y el expediente de la explosión de la Torre B2 de Pemex, ocurrido
el 31 de enero de 2013, y en detallar las operaciones ilícitas que condujeron a
la detención de Elba Esther Gordillo, la lideresa magisterial y ex aliada de
Peña Nieto, en febrero del mismo año. El “elbazo” es considerado el “golpe
espectacular” más importante de la administración peñista.
Con estos antecedentes, Cervantes sustituyó a Humberto
Benítez Treviño, el poderoso y antes intocable ex procurador general y ex
procurador mexiquense, quien avivó con sus declaraciones el escándalo provocado
por su hija Andrea Benítez, quien mandó a cerrar un restaurante de la Colonia
Roma en el Distrito Federal por no haber sido atendida a su gusto.
El escándalo de #LadyProfeco (el hashtag se mantuvo
durante 20 días en la red social de Twitter), como antes el de Paulette,
afectaron mediáticamente a Peña Nieto y provocó una disminución en los índices
de popularidad del mexiquense. En ambos estuvo Alfredo Castillo para revertir
los escándalos.
Pocos recuerdan que su ascenso a la procuraduría mexiquense
se dio al día siguiente que María de las Heras, de la empresa Demotecnia,
publicara el 24 de mayo de 2010 una encuesta en el diario español El País,
donde consignó una fuerte caída en la popularidad de Peña Nieto a partir del
caso Paulette.
A raíz de la pregunta de “¿Después de ver cómo manejó la
procuraduría estatal el asunto de la niña Paulette, su opinión sobre el
gobernador Enrique Peña Nieto es mejor o peor?”, el 45 por ciento contestó que
peor y 12 por ciento “igual de mala”.
Las encuestas internas elaboradas por Ipsos Public Affaire y
Buendía &Laredo para el gobierno mexiquense consignaron también una fuerte
afectación en la percepción pública sobre el trabajo de Peña Nieto y peor para
su procurador Bazbaz (ver Proceso, No. 1752).
En contraste, la detención de Elba Esther Gordillo, operada
en absoluta confidencialidad por Castillo, le otorgó a Peña Nieto los más altos
índices de aceptación en el arranque de su gobierno federal.
¿Comisionado o virrey?
Como en las crisis anteriores, la decisión de emprender un
operativo militar y de seguridad en Michoacán se tomó en el gobierno de Peña
Nieto tras una fuerte presión externa, diplomática y mediática.
El 9 de enero de este año, el Departamento de Estado
norteamericano emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajaran a
Michoacán y Guerrero porque “grupos de autodefensas operan independientemente
del gobierno en muchos casos”.
“Aunque no son considerados hostiles a extranjeros o
turistas, desconfían de extraños y deben ser considerados volátiles o
impredecibles”, aconsejó la institución.
En paralelo, las notas de los principales periódicos y
medios anglosajones como The New York Times, The Wall Street Journal, The
Guardian, Boston Journal, la BBC y CNN destacaron la lamentable situación
de inseguridad y la confusión de la estrategia gubernamental frente a los
grupos de autodefensa.
Frente a esta situación el 15 de enero, Peña Nieto emitió un
decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear la Comisión
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, con atribuciones que
rebasan, con mucho, las de otras figuras similares como fue la Comisión para la
Paz en Chiapas, creada en enero de 1994 por Carlos Salinas de Gortari, a raíz
de la irrupción del EZLN.
El titular de esta comisión, Alfredo Castillo Cervantes,
tendrá entre sus funciones, las siguientes:
- Coordinar a todas las autoridades federales “para el restablecimiento del orden y la seguridad” en Michoacán y “su desarrollo integral” que abarque “todos los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública”.
- “Formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientadas a la prevención del delito, fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social”.
- Promover la coordinación de las autoridades locales y municipales de Michoacán con las federales.
- Establecer mecanismos de coordinación entre el Procurador General de la República y el procurador de Michoacán.
- “Disponer, ordenar y coordinar” las acciones de apoyo y auxilio social de la fuerza pública federal.
- “Solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas, en términos de disposiciones aplicables, a fin de dar cumplimiento al decreto”.
- “Solicitar a la Secretaría de Gobernación la remoción o designación de servidores públicos federales” en Michoacán.
Frente a estas atribuciones, el senador Luis Sánchez,
vicecoordinador de la bancada del PRD y ex líder de su partido en el Estado de
México, advierte: “Es una forma de decretar la desaparición de poderes en
Michoacán”.
-¿Es una violación a la ley?
-Es una forma sutil de saltar las leyes. En la práctica y en
la realidad, Peña Nieto está nombrando a un virrey –advirtió Sánchez, en
entrevista con Proceso.
Conocedor de las maneras y estilos de gobernar de los
priistas en el Estado de México, Sánchez compara esta decisión con lo ocurrido
desde 2009, cuando el tricolor recuperó el llamado “corredor azul-amarillo” en
los municipios conurbados de la entidad con el Distrito Federal que antes
gobernaban el PAN y el PRD (Ecatepec, Atizapan, Naucalpan, Tlanepantla, Ciudad
Neza, Chimalhuacán, Huixquilucan, entre otros).
“Peña nombró directamente o a través del secretario general
de Gobierno entonces (Luis Enrique Miranda Nava) o del titular de la Agencia de
Seguridad Estatal (David Garay Maldonado) a todos los jefes de las policías municipales,
a los delegados del ministerio público y en varios casos hasta los tesoreros.
Era el control total”, abundó Luis Sánchez.
Ese mismo periodo, entre 2009 y 2012, el segundo trienio de
Peña y el periodo de Castillo Cervantes como procurador mexiquense, coincide
también con la expansión de grupos del crimen organizado, como La Familia
Michoacana, en esos mismos municipios.
Proceso solicitó una entrevista con el nuevo
comisionado de Michoacán para abundar sobre sus atribuciones, pero hasta el
cierre de edición no hubo respuesta.
Continúa
mañana.
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