|
A través de esta iniciativa, el régimen saudí busca relanzar y reactivar un antiguo proyecto. Hacia finales de 2011 y principios de 2012, varias provincias iraquíes anunciaron la creación de una forma de “confederación sunní”, una acción que tuvo lugar antes de que las regiones del oeste del país fueran invadidas por el EI. Sin embargo, este proyecto ha sido abandonado por varios partidos que lo habían apoyado y que ahora temen ser vistos como simpatizantes del EI. Según fuentes bien informadas y citadas por el diario Al Akhbar, “la conferencia cuenta con discutir el futuro de varias provincias de Iraq, como Anbar, Nínive o Salahuddin, después de la liberación de las mismas del EI. Este grupo terrorista sólo controla ahora el 10% de la provincia de Anbar; Mosul, en la provincia de Nínive; y Sharqat, uno de los últimos bastiones del EI en Salahuddin”. El régimen saudí quiere reemprender el proyecto de una “confederación sunní y discutir los medios para promover este proyecto en el futuro y para obtener apoyos regionales e internacionales para el mismo”, señala el diario. La conferencia no sólo busca romper Iraq en una confederación, sino que busca también dividir las ciudades iraquíes mixtas. Por su parte, el gobierno iraquí se opone firmemente a la celebración de tal conferencia, porque ella representa una injerencia flagrante en los asuntos internos del país. La Asamblea de Ulemas de Iraq ha puesto también en guardia contra la celebración de dicha conferencia calificándola de “nueva trampa contra los sunníes de Iraq”. El presidente de la Asamblea, Jalid al Mullah, afirmó en un comunicado publicado en su sitio de Facebook que “el propósito de la conferencia es la creación de una confederación sunní (sectaria por excelencia), que estará controlada por el EI y organizaciones extremistas como el partido de Saddam, que no se ha disuelto, y cuyos miembros conspiran siempre”. Mulla subrayó que “la conferencia coincide con el fin de la fase de liberación de Mosul del EI y la evaporación de su sueño satánico de establecer un estado takfiri en la ciudad. Y entonces vienen los saudíes con un nuevo proyecto, una confederación sunní”. “El público sunní iraquí es lo bastante consciente e inteligente para no caer en esta trampa y no aceptará jamás ser privado de sus raíces patrióticas. Esta dirección religiosa sunní llama a los sunníes de Iraq a hacer abortar este proyecto en colaboración con sus conciudadanos”. Recientemente, varios diputados iraquíes pidieron al gobierno de Bagdad que demande a Arabia Saudí ante el Tribunal Penal Internacional por su apoyo al terrorismo en el país. |
|||
| |||
POR Jenaro Villamil
El 31 de julio de 2015, hubo un
hallazgo de horror en el departamento 401 de Luz Saviñón No. 1909 de la
Colonia Narvarte. Se encontraron los 5 cuerpos sin vida del
fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, de la
maquillista Yesenia Quiroz, de la joven modelo Mile Virginia y de la
trabajadora doméstica Alejandra Negrete Avilés. Todos tenían el tiro de
gracia y huellas de tortura.
Nunca había ocurrido un multihomicidio de esas características en esa colonia de la delegación Benito Juárez. Desde el principio, el sentido común de la opinión pública orientó el móvil de estos hechos al trabajo periodístico de Rubén Espinosa, fotógrafo incómodo para el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como a los actos de protesta que encabezó Nadia Vera, contra el mismo personaje autoritario. Tanto Rubén como Nadia habían anunciado en redes sociales, en entrevistas con medios electrónicos y entre sus amigos que eran víctimas de la persecución del gobierno de Duarte.
Para todos era lógico que la investigación se orientara a indagar esta parte fundamental de la historia. Para muchos que conocían la historia habían un claro vínculo entre las amenazas que en septiembre de 2013 recibió Rubén Espinosa por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y su asesinato en la Ciudad de México.
Era lo lógico y lo correcto, menos para una rocambolesca Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que desde el gobierno de Miguel Angel Mancera decidió ser cómplice de una enorme mascarada en torno a este multihomicidio.
Desde el principio, minimizaron la línea de investigación que conducía a esta especie de Manga de Clavo simbólica en la que se convirtió el gobierno de Javier Duarte y sus instintos sanguinarios contra críticos, opositores y, sobre todo, periodistas.
La PGJDF decidió que el multihomicidio tenía más relación con el sexoservicio y el presunto narcomenudeo, a partir de unos videos que, hasta ahora, no se conocen por completo, y del origen colombiano de una de las víctimas. Aplicaron lo mismo que Trump hace contra los mexicanos: estigmatizar a Mile Virginia por ser colombiana.
A la usanza de los viejos tiempos, la PGJDF detuvo, torturó y aisló a tres sospechosos contra quienes no ha podido llenar los vacíos de la historia y de un mayor número de evidencias que no encajan con la mascarada. David Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres y César Omar Martínez Zendejas son acusados de una presunta responsabilidad en la muerte de los 5 habitantes de ese departamento, no sólo de la joven colombiana Mile Virginia.
Con ayuda del porrismo periodístico de la peor calaña, las indagatorias de la PGJDF vinieron acompañadas de filtraciones, inducciones e inferencias de todo tipo que volvieron más indignante y grave el multihomicidio de la Narvarte: la criminalización de las víctimas por su nacionalidad, su condición de mujeres, su juventud y su trabajo.
A un año de estos crímenes, la PGJDF no ha podido convencer ni tampoco ha logrado cerrar múltiples cabos sueltos de su propia indagatoria. Por mencionar sólo 5 de esos cabos sueltos, enumeramos los siguientes que fueron mencionados por Sara Pantoja en su excelente reportaje en Proceso:
1.-Se desechó investigar la huella de sangre de un zapato número 26, que no pertenece a los 3 detenidos. Esto significa que hubo un cuarto sujeto en el departamento de Luz Saviñón y se ignora quién fue. La huella de sangre apareció junto al cuerpo de Rubén Espinosa.
2.-El trabajo de genética forense de la PGJDF desechó investigar a quién perteneció el ADN de las huellas presentes en una banda elástica para hacer ejercicio y que sirvió para torturar a una de las víctimas. Las huellas no coincidieron con ninguno de los 3 detenidos.
3.-La PGJDF tampoco ha dicho a quién pertenecen las 11 huellas dactilares del carro Mustang, propiedad de Mile Virginia y que no coinciden con la de ninguno de los 3 detenidos.
4.-El Ministerio Público decidió que no era “idóneo ni pertinente” tomar los testimonios de los vecinos del edificio donde ocurrió el multihomicido. Para los reporteros que estuvimos en esa zona, las horas posteriores a los crímenes, las versiones de los vecinos no coinciden con el relato ministerial de los hechos.
5.-Los familiares de las víctimas no han tenido acceso a los videos completos que llevaron a la detención de los 3 presuntos responsables.
En otras palabras, hasta una serie policiaca de la BBC o de Netflix haría un mejor trabajo de concordancia que la PGJDF y su lamentable papel en el multihomicidio de la Narvarte.
Eso sí, le apostaron al olvido de la opinión pública y lo único que han logrado es convertirse en presuntos cómplices de los autores o del autor intelectual de estos crímenes que pretenden ser borrados a través de una historia ilógica, ofensiva y de una gran masacarada.
Nunca había ocurrido un multihomicidio de esas características en esa colonia de la delegación Benito Juárez. Desde el principio, el sentido común de la opinión pública orientó el móvil de estos hechos al trabajo periodístico de Rubén Espinosa, fotógrafo incómodo para el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como a los actos de protesta que encabezó Nadia Vera, contra el mismo personaje autoritario. Tanto Rubén como Nadia habían anunciado en redes sociales, en entrevistas con medios electrónicos y entre sus amigos que eran víctimas de la persecución del gobierno de Duarte.
Para todos era lógico que la investigación se orientara a indagar esta parte fundamental de la historia. Para muchos que conocían la historia habían un claro vínculo entre las amenazas que en septiembre de 2013 recibió Rubén Espinosa por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y su asesinato en la Ciudad de México.
Era lo lógico y lo correcto, menos para una rocambolesca Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que desde el gobierno de Miguel Angel Mancera decidió ser cómplice de una enorme mascarada en torno a este multihomicidio.
Desde el principio, minimizaron la línea de investigación que conducía a esta especie de Manga de Clavo simbólica en la que se convirtió el gobierno de Javier Duarte y sus instintos sanguinarios contra críticos, opositores y, sobre todo, periodistas.
La PGJDF decidió que el multihomicidio tenía más relación con el sexoservicio y el presunto narcomenudeo, a partir de unos videos que, hasta ahora, no se conocen por completo, y del origen colombiano de una de las víctimas. Aplicaron lo mismo que Trump hace contra los mexicanos: estigmatizar a Mile Virginia por ser colombiana.
A la usanza de los viejos tiempos, la PGJDF detuvo, torturó y aisló a tres sospechosos contra quienes no ha podido llenar los vacíos de la historia y de un mayor número de evidencias que no encajan con la mascarada. David Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres y César Omar Martínez Zendejas son acusados de una presunta responsabilidad en la muerte de los 5 habitantes de ese departamento, no sólo de la joven colombiana Mile Virginia.
Con ayuda del porrismo periodístico de la peor calaña, las indagatorias de la PGJDF vinieron acompañadas de filtraciones, inducciones e inferencias de todo tipo que volvieron más indignante y grave el multihomicidio de la Narvarte: la criminalización de las víctimas por su nacionalidad, su condición de mujeres, su juventud y su trabajo.
A un año de estos crímenes, la PGJDF no ha podido convencer ni tampoco ha logrado cerrar múltiples cabos sueltos de su propia indagatoria. Por mencionar sólo 5 de esos cabos sueltos, enumeramos los siguientes que fueron mencionados por Sara Pantoja en su excelente reportaje en Proceso:
1.-Se desechó investigar la huella de sangre de un zapato número 26, que no pertenece a los 3 detenidos. Esto significa que hubo un cuarto sujeto en el departamento de Luz Saviñón y se ignora quién fue. La huella de sangre apareció junto al cuerpo de Rubén Espinosa.
2.-El trabajo de genética forense de la PGJDF desechó investigar a quién perteneció el ADN de las huellas presentes en una banda elástica para hacer ejercicio y que sirvió para torturar a una de las víctimas. Las huellas no coincidieron con ninguno de los 3 detenidos.
3.-La PGJDF tampoco ha dicho a quién pertenecen las 11 huellas dactilares del carro Mustang, propiedad de Mile Virginia y que no coinciden con la de ninguno de los 3 detenidos.
4.-El Ministerio Público decidió que no era “idóneo ni pertinente” tomar los testimonios de los vecinos del edificio donde ocurrió el multihomicido. Para los reporteros que estuvimos en esa zona, las horas posteriores a los crímenes, las versiones de los vecinos no coinciden con el relato ministerial de los hechos.
5.-Los familiares de las víctimas no han tenido acceso a los videos completos que llevaron a la detención de los 3 presuntos responsables.
En otras palabras, hasta una serie policiaca de la BBC o de Netflix haría un mejor trabajo de concordancia que la PGJDF y su lamentable papel en el multihomicidio de la Narvarte.
Eso sí, le apostaron al olvido de la opinión pública y lo único que han logrado es convertirse en presuntos cómplices de los autores o del autor intelectual de estos crímenes que pretenden ser borrados a través de una historia ilógica, ofensiva y de una gran masacarada.








