El 20 de febrero de 1943 la comunidad purépecha de Angahuan observó
atónita cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro de su interior y
comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60
años después, ese mismo municipio michoacano, fue sitio de otro
hallazgo: al cavar la tierra, la policía encontró seis hombres
maniatados, semidesnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada.
Era el 7 de septiembre de 2006.
La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en ese
boscoso paraje turístico, a sólo media hora de la próspera ciudad de
Uruapan. Ocurrió después de que lugareños dijeron haber visto pasar una
camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra removida.
Angahuan volvió a honrar uno de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.
El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde
entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los
asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los
cuerpos.
Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.
Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de
periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo
financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente
en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre
2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de
cada siete municipios de México.
Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del
país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno
mexicano hasta hoy.
Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324
cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos
de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.
Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas
fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según
documenta la investigación hecha a partir de doscientas solicitudes de
acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.
Este es el mapa, al menos parcial, de la dimensión de la barbarie.
Visualización: David Eads
* * *
El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que
el año 2006 fueron descubiertas sólo dos fosas, y que en los años
siguientes subió a varios cientos el número de ellas.
En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra
trepó a diez, extendidos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era
de 105 fosas, en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375,
equivalente en promedio a una por día.
A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.
Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de
agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete
municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para
ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también
quemarlos.
En por lo menos 372 municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.
“Esta investigación permite conocer los municipios donde el crimen
organizado tiene capacidad de asesinar personas y hacer fosas para
desaparecerlas; permite ver nuevas formas de operación y de gobierno
donde la gente no se atreve a denunciar. Sería interesante saber cuánta
gente vive en este 15 por ciento de los municipios con fosas y que nos
dan indicios de esquemas de gobernanza criminal”, reflexiona Sandra Ley,
profesora-investigadora del CIDE experta en criminalidad y violencia,
al conocer los resultados de esta investigación.
Esta cifra inédita de casi dos mil fosas en 11 años está sustentada
en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las
solicitudes de acceso a información pública que realizamos.
Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.
Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en
esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de
México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.
Sin embargo, Yucatán es el único estado donde nadie -ni la fiscalía
local, la PGR, la CNDH o la prensa- había registrado hasta esa fecha el
hallazgo de algún entierro clandestino.
Plaga de entierros
La pestilencia comenzó a impregnar el paisaje. Fue en 2010, en la
temporada en la que Juan Viveros y Nabor Baena, los dos cuidadores de la
abandonada mina “Dolores”, ubicada en la periferia de la ciudad de
Taxco, escuchaban por las noches ruidos de camionetas, y fueron
percibiendo ese insoportable olor a muerte que salía de uno de esos
tiros de mina semejantes a los escapes de las chimeneas.
Fue entonces que detectaron que su punta, antes sellada, había sido ranurada, y el pozo reabierto.
“Nos caló la vez que vinimos porque había harta sangre. Le dije a
Nabor: “Ira, ¿y esa sangre qué?”. Y me dijo: ‘¿Quién sabe? ¿Traerían un
animal?’. Sea lo que haiga sido subía el aroma, olía a feo. Entonces nos
fuimos a trabajar”, recordó Juan Viveros.
“Luego alguna gente dio parte de que estaba oliendo a feo, y cuando
se asomaron los de Protección Civil ahí estaba el agujero donde los
aventaban pa’bajo: eran seres humanos los que estaban ahí”, dijo Nabor
Baena.
“Nos dimos color de lo que había, que estaban sacando gente, que
había gente almacenada, que ese pozo estaba premiado”, alternó Juan
Viveros.
Ambos mineros devenidos en vigilantes desde que la empresa está en
paro supieron por las noticias que, en las carretas donde normalmente se
extrae plata, fueron subiendo a la intemperie cuerpos. Eso narraron en
entrevista en 2010.
“Encuentran 55 cadáveres”, reportó la prensa en esa ocasión. Fueron
41, quedó escrito en los registros de la PGR y 64, en la bitácora de la
fiscalía local. Mas de 120, aseguran las familias que acudieron a la
morgue a verificar si alguno de los cuerpos extraídos era del familiar
desaparecido.
El hallazgo ocurrió en 2010, el mismo año cuando, según esta
investigación, registró el primer pico en el número de cuerpos
encontrados en un solo sitio; cuando los hallazgos de cadáveres pasaron
de las decenas a los centenares. Era el preámbulo del infierno.
A partir de entonces, ese tipo de descubrimientos se fueron haciendo cada vez más comunes.
La sistematización de los datos oficiales obtenidos en esta investigación revela que:
*Los principales sitios de la muerte en México esos 11 años son el
municipio de Veracruz, con 125 fosas en la que se localizaron 290
cráneos. El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe: ahí se han
encontrado 22 mil 79 restos óseos de los que la autoridad aún no reporta
a cuántas personas corresponden, y donde continúan las labores de
desenterramiento.
El otro está en el municipio de San Fernando, a hora y media de la
frontera con Texas, en Tamaulipas, donde, en dos años registraron 139
fosas con 190 cuerpos y restos óseos.
Ropa
encontrada en una casa de seguridad en Ciudad Mante, Tamaulipas.
Durante una búsqueda del Colectivo Millynadi Red CFC, el 24 de enero
de_2017. Foto: Mónica González
*Desde 2008, año con año, Ciudad Juárez aparece en esta estadística
macabra. La sumatoria de fosas -sin contar los municipios del valle
circundante- da 58. En tanto, Acapulco a partir de 2010 no ha faltado
ningún año en la lista: esa ciudad-puerto de 2006 a 2016 acumuló 108
fosas.
*El municipio donde más cuerpos fueron extraídos en un año fue
Durango, con 350, en 2011. Y Durango es también el estado donde más
cuerpos han sido encontrados en fosas: 460 en 7 años.
Nuevo León alcanza un número mayor por ser el único estado que
detalla cuántos restos óseos recuperados corresponden a cuántas
personas, por lo que sus registros mencionan que recuperó los restos
óseos de 475 personas y 119 cadáveres. Es decir, 594 víctimas que
estaban ocultas en fosas clandestinas.
Veracruz, en tanto, informa que exhumó 222 cuerpos, 293 cráneos y 157 restos óseos que sumados corresponderían a 672 personas.
*Los estados que encabezan el número de fosas exhumadas en el lapso
estudiado son: Veracruz (con 332); Tamaulipas (280); Guerrero (216);
Chihuahua (194); Sinaloa (139); Zacatecas (138); Jalisco (137); Nuevo
León (114); Sonora (86); Michoacán (76); San Luis Potosí (65).
*Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto las fechas del
hallazgo de sus 21 fosas (omitió mencionar en su lista las fosas de
Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía para enviar cuerpos que
deberían haber ido a fosa común, pero enterradas ahí de manera
clandestina hasta 2016, cuando las familias de víctimas descubrieron su
existencia).
*Los estados donde fueron descubiertos más cadáveres en fosas son:
Durango (con 497 cuerpos); Chihuahua (391); Tamaulipas (336); Guerrero
(325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132);
Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).
Hasta dentro de casa
En el imaginario está el que la fosa se encuentra en un lugar remoto y
solitario. Esta investigación demuestra que no siempre es así. Los
entierros se dan lo mismo en colonias pobladas que en avenidas
transitadas.
En la primavera de 2011 un sonido despertó a un matrimonio de
profesionistas que habitaba en una pequeña vivienda que antes había
estado abandonada, y al cuidado de un velador, en el fraccionamiento
Providencial, en el centro de la ciudad de Durango. La pareja se
sorprendió al descubrir a soldados intentando cortar las cadenas de la
reja de la entrada.
Cuando la pareja los cuestionó, éstos les pidieron entrar a excavar a
su patio. Entonces hicieron un primer hoyo, no encontraron nada. Fueron
al fondo, casi en la barda limítrofe, y ahí encontraron algo. Eran
cuerpos. En otro punto, debajo del piso de cemento de una palapa, otros
más.
Una cadena oxidada clausura la reja negra desde entonces. Hay hierba
crecida sobre los montones de tierra en el patio donde el ejército
encontró 12 cadáveres. Sí, 12.
La mayoría de los 350 cuerpos extraídos en 2011 en el municipio que
es cabecera de ese estado estaban enterrados en zonas urbanas: algunos
en el mero centro, otros en casas, refaccionarias, talleres, obras
negras, en terrenos baldíos, en plena avenida o, incluso, junto a un
Bachilleres.
Lo que ocurrió en la ciudad de Durango está lejos de ser extraordinario.
En 18 de los 24 estados hay registro de fosas en los municipios de
las ciudades capitales. Estos son: Aguascalientes, Baja California Sur,
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Zacatecas.
Los
residentes de Carrizalillo, Guerrero, localizan una fosa clandestina
cerca de las instalaciones de la mina, el 19 de noviembre de 2015. Foto:
Pedro Pardo
La danza de las cifras
Una lona color azul cielo sirve como tendedero de lo que parece ser
una truza, una camiseta, bolsas negras de plástico, pedazos de tela sin
forma y hasta ropa de bebé. Todo pintado con el mismo tono color lodo
por el tiempo que permanecieron bajo la tierra.
Esa imagen divulgada por el gobierno veracruzano ilustraba la noticia
que el pasado 7 de septiembre reportaban algunos diarios: el hallazgo
de 32 fosas clandestinas con 174 cráneos en el centro del estado de
Veracruz.
“Hay ropa de bebés en las fosas de Veracruz; familiares identifican
hasta mamelucos y trajecitos” o “Pantaloncitos, gorritos y sudaderas:
encuentran ropa de bebé en mega fosas clandestinas de Veracruz”,
publicaron distintos medios resaltando la crueldad de los victimarios.
Al hallazgo le siguió un baile errático de cifras. El equipo de la
futura Secretaría federal de Gobernación habló de las cifras tan
dispares que les había dado el gobierno federal saliente: son 855 les
dijeron en Segob, mil 150 en la Comisión Nacional de Búsqueda.
Ese mismo día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
actualizó su último registro y dijo que hasta mayo de 2018 localizaron
mil 306 fosas que albergaban donde estaban ocultos 3 mil 926 cadáveres y
casi 36 mil fragmentos de restos óseos.
Esta investigación arroja el doble que la cifra gubernamental más
alta. Para el periodo de enero de 2007 y diciembre de 2016 –lapso en el
que la CNDH llevaba documentadas 855 fosas- este equipo registró la
existencia de mil 976 fosas.
Aun cuando es superior, no es una cifra completa. Y aquí por qué:
-No todos los estados reconocen sus fosas: Los gobiernos de siete
estados informaron que en su territorio no hay fosas o sitios parecidos
de exhumación, aún cuando información de la CNDH, la PGR o la prensa
indican lo contrario.
Fue el caso del gobierno de Baja California que negó tener registro
de entierros, sitios de disolución de cadáveres, “cocinas” o similares,
donde criminales pudieran haber desaparecido los cuerpos de sus
víctimas. Esto a pesar de que en 2009, en Tijuana, el Ejército capturó a
Santiago Meza López, quien fue presentado ante la prensa como “El
Pozolero” porque deshacía en ácido los cuerpos de supuestos enemigos del
cártel de Tijuana.
Meza confesó haber disuelto los cadáveres de al menos 300 personas;
lo dijo estando justo en el sitio donde cometió los crímenes, en una
finca en el ejido de Ojo de Agua, a las afueras de la ciudad. Desde ese
día de pesadilla las familias acompañadas por autoridades hacen rastreos
para buscar en esos terrenos rastros de personas desaparecidas, y cada
tanto encuentran dientes o fragmentos de hueso que la PGR se ha llevado
para su análisis. Es decir: sí hay sitios de inhumaciones clandestinas.
Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Chiapas también reportaron
cero entierros clandestinos cuando se les solicitó información. Esta
negativa contrasta con los reportes de la PGR o la CNDH que dan cuenta
de 10 fosas entre todos; pero si se toma en cuenta el monitoreo de
medios de la CNDH, éstas llegan a 17. En el caso de Guanajuato y Puebla,
aunque ambos se declaran libres de fosas, la prensa reporta lo
contrario.
El mapa que surge de esta investigación no mezcla los datos de las fiscalías estatales con los de la PGR.
-Las fiscalías estatales reportaron menos fosas que las encontradas.
Para muestra tomamos el caso del gobierno de Michoacán que reportó el
hallazgo de sólo dos fosas en 2006 (el entierro de los seis hombres
degollados en Aganhuan y una fosa localizada en Aguililla). La PGR sumó
otra pieza al incompleto rompecabezas y reportó otra en Lázaro Cárdenas
con tres cuerpos de hombres atados de pies y manos. La prensa, al final
del año, dio cuenta de dos fosas más que omiten los registros
gubernamentales: una en Morelia y otra –descubierta el último día del
año- en Buenavista Tomatlán.
-Las fosas procesadas por la PGR, y cuyos restos exhumados terminaron
en instalaciones federales de la ciudad de México, no son tomadas en
cuenta en los registros estatales.
Esto origina el subregistro de cementerios clandestinos de gran
escala, como los de La Barca, Jalisco, de 2013, donde se hallaron 37
fosas con 75 cuerpos. O los 175 cuerpos extraídos de 54 fosas en los
cerros circundantes a Iguala, Guerrero, descubiertas por lugareños
agrupados en el colectivo “Los otros desaparecidos”, a partir de la
desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Este reportaje y el mapa que acuerpa la información encontrada,
también clasifica de manera diferenciada, y en espacios separados, ambas
fuentes de información, la proporcionada por fiscalías locales y por la
PGR.
-Hay regiones que aparecen en blanco en este mapa, como si ahí no
hubiera entierros clandestinos, lo que puede deberse, más bien, a que
son zonas de muy difícil acceso, por su ubicación y por el control de
grupos del crimen.
“Hay diferencia temporal en cuanto se crea una fosa y cuando ocurre
su hallazgo, y eso nos habla de las dinámicas temporales y espaciales de
la violencia. Los hallazgos de fosas pueden corresponder a un tiempo en
que la violencia en esas zonas ha disminuido, difícilmente cuando está
en su pico”, opina el historiador de la Universidad Nacional Autónoma de
México, experto en la historia de las desapariciones en México, Camilo
Vicente Ovalle.
Tras ver el mapa, Vicente Ovalle dice que seguramente lugares como la
Sierra de Guerrero existen más fosas con las que los criminales se
aseguran la muerte clandestina, pero no han sido descubiertas.
Los sitios de la muerte
En 2015 la señora María de la Luz López Castruita, quien desde 2008
busca a su hija Claribel Lamas López, encontró uno de estos puntos en el
Ejido Patrocinio, en Coahuila. Como suelen hacer las familias de
personas desaparecidas, ella inició su propia investigación, e ideó la
manera de infiltrarse a esos terrenos donde corrían rumores de que eran
llevadas personas que nunca más volvían a ser vistas.
María de la Luz López comenzó a ir disfrazada como campesina
-sombrero, paliacate, un palo y garrafón de agua a la espalda-, y pronto
los cuidadores de chivas le ayudaron a dar con los sitios donde había
tambos, cenizas, restos de huesos enterrados, zapatos y ropa esparcida
en el piso.
Un chivero le dijo que él llegó a ver de 80 a 90 tambos donde
quemaban a las personas capturadas. El hermano de la señora Luz López
llegó a ver 14.
-¿Entonces hubo cientos de muertos?- preguntó ella al chivero.
-Son miles, señora. Diario pasaban las camionetas con gente amarrada
atrás, así, empalmados como animales, de día, el sol estaba altito–
recuerda que le respondió el hombre.
-¿Y los tambos?
-Se los llevaron pa’l kilo, pero allá quedan dos – dijo el señor y la llevó a donde se encontraban.
Patrocinio era un sitio más, de entre otros que establecieron los
criminales en Coahuila para el exterminio de personas. El Grupo Vida,
colectivo de rastreadores del que formaba parte la señora López, ubicó
otros puntos con tambos agujereados con un talache (pico), en los que
metían a sus víctimas y las quemaban con diesel y gasolina. Alrededor
ponían una llanta de tráiler para contener el fuego; en hoyos vaciaban
los restos quemados.
Lucy, como es mejor conocida, se organizó con otras familias para
realizar la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida, que, en mayo de
2017 en Coahuila, reunió a otras familias para hacer rastreos en campo.
Una
mujer busca en uno de los 22 sitios ubicados por el colectivo “Vida”
lugares de exterminio, cerca de la ciudad de Torreón, Coahuila, el 2 de
julio de 2017. Foto: Mónica González
En México las búsquedas se han realizado cuando la violencia no ha
amainado, en medio de la “guerra”, cuando muchos de los territorios
donde se oculta a personas aún están controlados por mafias. Los
paisajes forenses siguen siendo escenas del crimen y algunos, zonas de
exterminio.
Muchos de los hallazgos de fosas han sido posibles gracias a una ardua labor de investigación por parte de las familias.
Pero ese esfuerzo tiene una pobre recompensa, y Lucy siente una gran
frustración. Ella y otras buscadoras han encontrado, una tras de otra,
un gran número de fosas. Y el gobierno pocas veces hizo la labor de
identificar los restos que ahí se encontraban.
En su caso, la Policía Científica de la Policía Federal es la
responsable de hacerles los análisis y avisarles si identifica alguno.
El cuerpo de su hija Claribel no está entre las mil 738 víctimas que
las fiscalías ya han identificado, y que estaban sepultadas en alguna de
las casi 2 mil fosas.
A unos años de que comenzó los rastreos, Lucy comenta decepcionada:
“¿Para qué perdemos tiempo buscando fosas, a los muertos, si de todos
modos no nos dicen quiénes son? Y en esto no tenemos tiempo, por eso
decidimos mejor buscar a los vivos”.
La identificación de cadáveres se dificulta mucho más cuando se
cometieron errores durante el desentierro, como en Durango en 2011,
donde los cuerpos fueron extraídos con trascabo que los destrozaron.
O cuando los restos fueron quemados, incinerados o disueltos usando
ácidos o métodos alcalinos. Como en Veracruz, donde hay seis puntos con
al menos 18 mil 680 restos óseos y sólo dos personas identificadas,
según la respuesta a nuestras solicitudes.
Coahuila, por ejemplo, reporta 87 sitios de inhumación clandestina de
los que se han tomado 102 mil 717 “muestras biológicas” y sólo han
identificado a 19 personas. La fiscalía se rehusó a proporcionar la
ubicación de cada una, y por eso aparecen menos sitios en el mapa
nacional.
En otros estados pareciera que las propias fiscalías perdieron el
rastro de los cuerpos que tienen bajo su resguardo. Es el caso de Sonora
que, al solicitarle información de un cuerpo recuperado en Nogales en
2016 respondió: se “desconoce si fue identificado”. Acerca de dos
cuerpos exhumados en 2008 en el municipio de Naco, indicó: “no se cuenta
con la información debido a baja del médico”. Sobre otros casos
respondió: “no se sabe si fueron cremados ni se conoce el lugar de
resguardo”.
“¿Para qué sacar los restos si de igual manera no les vamos a poder
dar identidad?”, se pregunta Juan Carlos Trujillo Herrera, quien tiene
cuatro hermanos desaparecidos -dos capturados en Guerrero, los otros dos
en Michoacán-, y quien ha encabezado las brigadas nacionales de
búsqueda.
“No hay capacidades. Yo digo, ése es el problema”.
*
Esta investigación, que intenta dotar de ubicación y número a las
fosas y a los restos hallados, arroja también pistas sobre sitios en
disputa, métodos de desaparición por regiones o cambios de patrones.
Con la información obtenida que sirvió de sustento para el mapa es
posible detectar sitios donde se acumulan capas de fosas. Entre estos
destacan cinco en permanente disputa entre grupos criminales, y a veces
Fuerzas Armadas, todos ellos de frontera, sea con el mar o con Estados
Unidos. Los cinco puntos concentradores de fosas son: Ciudad Juárez, así
como los puertos o corredores cercanos al mar: Ahome, Sinaloa; San
Fernando, Tamaulipas; y los puertos de Acapulco y Veracruz.
También es posible distinguir que en el noroeste y la parte norte del
Golfo de México se ha extendido la incineración como un método para
deshacerse de los cadáveres de sus víctimas. Acaso quedan fragmentos.
Esto ocurre en lugares como Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Coahuila o
Nuevo León.
En esos sitios tanto familias buscadoras como autoridades siguen
descubriendo terrenos con miles de fragmentos óseos, lo que dota de
mayor dificultad las labores para su identificación.
Un lente para mirar el mapa de fosas derivado de esta investigación
es la que propone la doctora argentina en Ciencia Política, Pilar
Calveiro, autora de libros como ”Poder y Desaparición”: observar los
momentos en los que matar y tirar los cadáveres en la calle dejó de ser
castigo suficiente, en que comenzaron a sepultar cuerpos para
desaparecerlos, y el momento en el que los asesinos dejaron de enterrar y
optaron por métodos para disolver cuerpos.
“La tecnología usada para la desaparición dice mucho de los desaparecedores y del poder que los sustenta”, señala.
Torre de Babel forense
Esta investigación también se topó con información fragmentada,
muchas veces contradictoria, otras maquillada, así como la falta de
homologación de registro entre fiscalías estatales, incluso para
clasificar cuerpos, osamentas, restos, fragmentos y fosas.
Para llegar a los números alcanzados hubo que desentrañar la variedad de
nombres que cada fiscalía da a cada sitio de levantamiento de cuerpos,
según la complejidad que enfrenta.
Para la fiscalía de Veracruz, por ejemplo, un pozo con restos óseos
calcinados es una fosa, pero también lo nombra como “centro de
destrucción de cuerpos”. Mientras que Coahuila llama “sitios de
inhumación clandestina” a los lugares donde se encontraron tambos usados
para calcinar personas.
A la petición de número de fosas, Tamaulipas agregó en su respuesta
el número de tambos metálicos que han encontrado con remanentes de
restos óseos incinerados. Y a los 19 lugares donde fueron calcinados
cadáveres, la fiscalía de Nuevo León las mencionó como “cocinas”,
utilizando el argot de los grupos del crimen organizado.
Aguascalientes, en tanto, respondió que desconoce el significado de la palabra fosa clandestina.
El investigador del Colegio de México y maestro de la Universidad
Iberoamericana, Jacobo Dayán, experto en crímenes de lesa humanidad,
opina que investigaciones como esta “encuera la falta de Estado”.
“No hay información oficial de fosas en el país como no hay claridad
de la ubicación de los cuerpos, o si estos fueron donados a escuelas de
medicina o están dando vueltas en tráilers o perdidos en Semefos o quién
sabe dónde. Es urgente un registro claro sobre desaparecidos, y por
otro lado de fragmentos, restos y fosas para empezar a hacer las
políticas de búsqueda, exhumación e identificación”.
Para Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) en México, investigaciones como esta
muestran la necesidad de crear un protocolo homologado en todo el país
para registrar fosas y restos encontrados.
“Que expliquen (cada fiscalía) qué quieren decir cuando dicen fosa,
osamenta, cuerpo o resto; cómo llaman a alguien que fue identificado
pero no encuentran a su familia: ¿no identificado o no reclamado?, ¿cómo
lo cuentan?; ¿cómo catalogan las que llaman ‘cocinas, o cuando los
cuerpos están enterrados o en ríos, presas, a la intemperie o dentro de
una maleta?. Sin esas definiciones es muy difícil hacer estadísticas.
Eso hay que resolverlo.”
Registros dispersos, incompletos, contradictorios o fragmentados de
los gobiernos estatales y del federal obligan a las familias a vivir en
la incertidumbre sobre el paradero de su seres queridos. La suma de
negligencias y omisiones condenan a las personas desaparecidas a
desaparecer por segunda vez.
Bertila
Parada sostiene la foto de su hijo CarlosAlberto, migrante salvadoreño
hallado en una fosa común de Tamaulipas. Foto Mónica González
La salvadoreña Bertila Parada tuvo que rescatar a su hijo Carlos
Alberto Osorio Parada de los laberintos de la burocracia mexicana, donde
su cuerpo, rescatado de una fosa, estuvo perdido por esa falta de
protocolos que a las personas recuperar el cuerpo de su ser querido y
darle un entierro digno, y dejarlo al lado de su gente.
El joven migrante fue asesinado en marzo de 2011 por Los Zetas, en
complicidad con la policía municipal de San Fernando. Su cuerpo fue el
tercero en ser localizado en la fosa 3 de la brecha El Arenal, junto con
otras 12 personas asesinadas, cuando comenzaron las exhumaciones en
abril. En total serían 189 cuerpos los recuperados en una cuarentena de
fosas.
El cadáver de Carlos Alberto Osorio fue trasladado a la morgue de
Matamoros el 17 de abril, donde, al día siguiente, le practicaron la
autopsia; otros 122 cuerpos exhumados tomaron otro rumbo: fueron
trasladados por la PGR a la Ciudad de México.
El cuerpo de Carlos Alberto fue sepultado con registro de persona no
identificada junto a 67 cuerpos. Él fue enterrado en la fila 11, el lote
314, la manzana 16, del panteón municipal de la Cruz en Ciudad
Victoria, capital de Tamaulipas.
Cuando su familia se enteró del hallazgo de las fosas, y como Carlos
Alberto había dejado de reportarse, se hicieron los análisis genéticos
para que la PGR los cotejara con la genética de los restos exhumados.
Pero la PGR inicialmente sólo realizó las pruebas a los cuerpos enviados
a la ciudad de México. El joven, por ello, permaneció tres años y 10
meses en la fosa común tamaulipeca, y una vez estuvo a punto de ser
incinerado por las autoridades.
“Aquí estuvo enterrado. ¿Por qué tanto tiempo sin poderlo traer? En esta co
En México 37 mil 485 personas estaban reportadas como desaparecidas
entre diciembre de 2006 y octubre pasado, según los registros oficiales.
Se desconoce cuántas de ellas están en fosas.
*Colaboraron con información para este texto Juan Solís,
Gilberto Lastra, Aranzazú Ayala, Paloma Robles, Mayra Torres y Erika
Lozano. Este reportaje es parte del proyecto
Adondevanlosdesaparecidos.org, sitio de investigación sobre las lógicas
de la desaparición en México, y recibió apoyo editorial y fondos de
Quinto Elemento Lab.lina estuvo”, dijo su madre, doña Bertila
Parada, vendedora de pupusas, al ser entrevistada en 2016, mientras
mostraba la carpeta que recibió el 28 de enero de 2015 y que contiene
las fotos del cráneo destrozado de su hijo y del panteón donde reposaba
bajo una cruz oxidada que marcaba su tumba. Cuando llevaba como
identidad las señas “Cuerpo 3 Fosa 3”.
Ella tuvo que protestar muchas veces ante las autoridades de su país,
hasta que encontró una organización mexicana (Fundación para la
Justicia) y a un grupo de antropólogos forenses (el EAAF), que la
ayudaron a rescatar a su hijo del abandono y del anonimato, hasta darle
descanso en su casa.
Ya recobrado el cuerpo de su hijo, Bertila pudo sentir un poco de
alivio de la tortura que vivió penando por encontrar dónde estaba y
recuperarlo.
“Siento dolor y al mismo tiempo siento que hay algo que sí logramos.
Porque mucha gente no lo ha logrado, muchos que no saben dónde están sus
hijos. Cuando lo enterré tuve un poco de descanso”, dijo.
PRINCIPALES NACIONALES:::
