El proceso de paz nunca será sencillo ni corto, pero los
conflictos sociales tienen solución: nadie apuesta por la violencia
generalizada. Por eso, en el caso mexicano se deben evitar las cinco
constantes que han frenado otras experiencias internacionales:
influencia externa, represión, violación masiva de derechos humanos,
incumplimiento de compromisos y mantenimiento inercial de las políticas
pacificadoras
Segunda y última parte
El éxito inicial o de los años inmediatos de las políticas de
pacificación no conlleva mantener el proceso en los mismos términos: su
administración requiere permanentemente nuevos medidas para mantener
vigente, pujante la paz social. En las experiencias internacionales,
considerar que la dinámica inercial es suficiente ante los primeros
resultados ha sido un error grave.
Con atributos y características distintas, esa reversión
político-social se produjo en los conflictos del País Vasco, Irlanda del
Norte, Colombia y Brasil. En los cuatro casos, el proceso pacificador
iniciado quedó en un punto muy crítico, en donde la reversión parcial
amenazaba con ser total: un fracaso de los objetivos que le animaron.
Los procesos tardaron años en recuperarse de esta crisis del proceso
pacificador, lo cual constituye otra constante en las experiencias
analizadas. Se requiere un esfuerzo político mayor, más amplio e intenso
para reposicionar el objetivo pacificador como viable en el contexto
social nacional.
A su vez, esto requiere una operación política ágil, eficaz y
flexible, con gran conocimiento de las causas que le han hecho entrar en
crisis, y con la habilidad y pericia política necesaria. De lo
contrario, el proceso puede no levantarse de dónde se encuentra, y
presagiar una nueva oleada de violencia agudizada en donde los actores
pretendan recuperar las posiciones cedidas o perdidas.
El reimpulso de estos procesos para que no desaparezcan de forma
definitiva requiere imperativamente que el conjunto de los actores
mantenga el mismo interés político, o mayor que al principio, en
construir y lograr la paz. Para ello es fundamental que ningún actor
haya actuado con deslealtad a los acuerdos preexistentes: pudieron
existir errores, accidentes, malos entendidos o hasta eventos fortuitos,
pero sería extremadamente problemático remontar descarrilamiento
intencionado de la pacificación, por la enorme desconfianza que produce
en los demás actores corresponsables.
Todo lo anterior puede conllevar el otorgamiento de nuevas
concesiones en la negociación, que refuercen la disposición de mantener y
hacer avanzar el proceso, y darle nueva legitimidad ante la sociedad
nacional y la comunidad internacional. Ello es indispensable si
mantenemos vivo y gravitante uno de los principios teórico-filosóficos
que animan este tipo de procesos: transformar un conflicto social en
oportunidad para la construcción o recuperación de la paz.
Constantes y negociadores de la paz
De las constantes presentes en los procesos pacificadores y de
construcción de la paz, es necesario llegar a los atributos que deben
tener los mediadores y/o negociadores de la paz. En entrevista con
El País
[1], Erik Solheim, noruego mediador en la pacificación de Sri Lanka y
otros países, enumeró las que considera características fundamentales de
este tipo de agentes políticos:
“Un mediador debe poseer, primero, un radar político muy sofisticado y sensible, debe de tener un
feeling por
el ambiente político del país donde opera, pese a que uno nunca
comprenderá totalmente los matices de la cultura de un país en el que no
ha nacido [se refiere al caso de ser mediador internacional]; debe
tener una tremenda dedicación, y paciencia, un espíritu de misionero,
aunque esto signifique que su trabajo entre en conflicto con sus
obligaciones familiares. Tercero, se requiere una personalidad dispuesta
a emprender riesgos: a diferencia del diplomático tradicional que
rehuye de los riesgos. ¿Puede salir mal algo? Sí. Pero la pregunta debe
de ser, ¿puede salir bien?”
Continúa: “cuarto, un mediador de esta naturaleza debe poseer el don
de la empatía, debe poder conectar realmente con su interlocutor, sea
quien sea. A veces uno se encuentra reunido con un individuo que ha
matado a muchísimas personas, pero hasta cierto punto hay que lograr una
conexión no sólo intelectual sino emocional con esta gente. Y, quinto,
es esencial hablar con franqueza, comunicar una sensación de integridad y
de entereza, crear confianza en el interlocutor y no dar la impresión
de que se está actuando a favor de un bando u otro”.
Y agrega: “en muchos lugares, lo que las condiciones exigen es una
mezcla entre el diálogo y el uso de la fuerza. Nosotros aportamos
diálogo, pero ambos instrumentos son necesarios a veces para llegar a
una solución política. Si una banda criminal secuestra a tu hijo no
descartarás el uso de la fuerza para salvarle, pero tampoco descartarás
la negociación con los secuestradores”.
Finalmente afirma: “Si Mandela no hubiera conducido el país por el
camino de la reconciliación, si hubiera optado por la venganza todo
hubiera sido diferente. Lamentablemente pocos líderes siguen el ejemplo
de Nelson] Mandela, y lo que buscan es la ventaja política inmediata”.
Para el experto, “desafortunadamente en la mayoría de los conflictos
los líderes políticos tienen como objetivo principal su propio
bienestar, sea esto cuestión de extender su poder o de enriquecerse. Por
eso un mediador siempre debe preguntarse: ¿qué ventajas sacan los
políticos de determinado conflicto? Porque si el conflicto les permite
prosperar, va a ser mucho más difícil llegar a un final negociado”.
Nunca un proceso de pacificación y construcción de la paz será
sencillo ni corto, pero un conflicto social se puede solucionar
socialmente. ¿Por qué? Simplemente, porque para todos es mejor la paz
que el conflicto armado, la paz que la violencia generalizada. Y esa
razón tiene una inmensa fuerza, desconocida y, hasta hoy, minimizada.
Despertémosla y que crezca. La paz es un derecho humano.
Constantes en procesos de paz
Existen cinco constantes en los procesos para construir la paz y la
reconciliación en sociedades nacionales marcadas por un tipo de
violencia armada regional o nacional –sea por motivaciones ideológicas y
políticas o por la acción de grupos criminales trasnacionales,
agudizada por los cuerpos armados del Estado–, no obstante las grandes
diferencias entre ellos.
La primera constante es la presencia de un poderoso factor externo de
poder, que en buena medida determina la dinámica interna del conflicto:
en forma directa a través de fuerzas coercitivas (policiales, militares
o patrocinando grupos armados de corte paramilitar), con una historia
de poder colonizador, como en el caso de la Comunidad Autónoma de
Euzkadi (País Vasco) con el actual Estado español, o en Irlanda del
Norte, con la corona británica-Reino Unido.
O bien, como en el caso de Colombia, dada la enorme influencia
geopolítica y de las políticas de seguridad hemisférica de Estados
Unidos en materia de drogas, e incluso de cooperación estrecha en
materia policial, militar, tecnológica, financiera y de capacitación. En
esto, la similitud con el caso de México (sin que haya aún un proceso
de pacificación) es abrumadora. No hay un poder colonial, pero sí
hegemonía regional y dominio ideológico-cultural en el tema.
Y en el caso de Brasil también se observa la influencia por parte de
Estados Unidos con su geopolítica y su política de seguridad hemisférica
–en cuanto a las organizaciones trasnacionales del crimen– que ha
estado presente, formando también una constante.
El factor de sesgo en el manejo del conflicto interno y la violencia
con tales organizaciones lo aportó la entrada de un gobierno de
izquierda (las dos administraciones presidenciales de Luiz Inacio Lula
Da Silva), entre 2003 y 2011. Durante ese periodo surgió la heterodoxia
en el manejo regional del conflicto y la violencia armada criminal en
las “favelas” brasileñas (Sao Paulo y Río de Janeiro, zonas urbanas
marginales).
Y es que se optó por la experimentación de un proceso gradual de
pacificación, vía el cambio del modelo policial en tales zonas (policía
de cercanía), cuya pieza central son las Unidades Policiales de
Pacificación.
En suma, encontramos cuatro constantes y una variable (caso brasileño) en este punto álgido.
Segunda constante
En los cuatro casos podemos descubrir procesos represivos permanentes
contra los retadores del Estado (patriotas-nacionalistas o
izquierdistas insurrectos, o bien, criminales organizados con
articulaciones transnacionales, que a pesar de ello poseen derechos
humanos (sin que la naturaleza social del reto sea el mismo). Ello
acompañado de episodios icónicos en cada caso, los cuales se vuelven
nuevas banderas en la lucha entre los actores beligerantes, que
refuerzan las convicciones de lucha, pero que deben convertirse en
factores de refuerzo de la necesidad de entrar al proceso pacificador.
Estos episodios represivos icónicos refuerzan siempre la resistencia de
sectores radicalizados a pensar en la pacificación, incluso, son fuente
de divisiones y escisiones.
Tercera constante
Existe violación masiva de derechos humanos durante episodios de
represión álgidos y reiterados, y el recurso desde el poder ante la
presión social nacional e internacional por esos hechos, de acudir a
“investigaciones judiciales amañadas” que pretenden validar una versión
oficial.
El “amañamiento” de las investigaciones judiciales conllevaba el
encubrimiento de crímenes de Estado y la impunidad para los
perpetradores, alrededor de cuyo conflicto se recrudecen las tensiones y
acciones de violencia.
En algunos casos, se repuso el procedimiento (como en el de la
investigación del episodio llamado “Domingo Sangriento” en Irlanda del
Norte, muchos años después); en otros no, como los crímenes cometidos
por los GAL en España contra ETA, o los de “paramilitares” en Colombia
contra familiares de líderes guerrilleros de las FARC.
Cuarta constante
Esta constante la llamaríamos fragmentación de los esfuerzos
negociadores y/o el incumplimiento de compromisos alcanzados. Y consiste
en la realización de conversaciones, encuentros u otros, directos o
mediante representantes poco auténticos, o bien, con intentos de
manipular tales acciones mediante exclusiones de actores involucrados en
la problemática.
De igual manera, se produce el incumplimiento desde el poder del
Estado de los acuerdos inicialmente logrados, lo cual sucede por varias
razones: ausencia de un liderazgo suficiente, fragmentación de las
posturas negociadoras, división entre actores centrales, o bien
“negociaciones manipuladas” para concluir la violencia armada.
Todo ello, debilita la negoción y el proceso mismo, y le resta
credibilidad ante la sociedad expectante. Además, lo expone a los golpes
de los enemigos encubiertos del proceso pacificador. A estos fracasos
parciales, les siguen, invariablemente, nuevos episodios de
recrudecimiento de la violencia afectando mayormente a población civil
indefensa.
Quinta constante
La experiencia es evidente: el éxito inicial o de los años inmediatos
no conlleva el mantener el proceso en los mismos términos, como se
afirmó al inicio de este ensayo. Y es que su administración –para
hacerlo llegar a un final exitoso– requiere permanentemente nuevas
medidas que lo mantengan vigente. Por eso, considerar que la inercia es
suficiente ante los primeros resultados, fue y es un error grave.
Por ello se requiere de un esfuerzo político mayor, más amplio e
intenso, para reposicionar el objetivo pacificador como viable en el
contexto social nacional. A su vez, se necesita una operación política
ágil, eficaz y flexible, con gran conocimiento de las causas que le han
hecho entrar en crisis, y con la habilidad y pericia necesaria para
reanimarlo. De lo contrario, el proceso puede no levantarse, y presagiar
una nueva oleada de violencia agudizada en donde los actores pretendan
recuperar las posiciones cedidas o perdidas, o incluso, ampliarlas.
Y, la más importante lección para el caso mexicano: no hay que
olvidar que la paz no es patrimonio de alguien, es un derecho humano.
Referencia:
[1] John Carlin, “El oficio secreto del pacificador”, El País, 13 de septiembre de 2009.
Jorge Retana Yarto*/Segunda y última parte
*Economista y maestro en finanzas; especializado en economía
internacional e inteligencia para la seguridad nacional; miembro de la
Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México
