Plataforma Distrito Cero

jueves, 21 de febrero de 2019

EEUU amenaza a Ortega con ‘tener días contados’ en Nicaragua

Tras lanzar provocadores mensajes contra Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, ahora apunta hacia Nicaragua.
En una nota emitida el miércoles en su cuenta en Twitter, en reacción a una sentencia judicial contra tres autores de las violentas protestas que afectaron el año pasado a Nicaragua, Bolton amenazó con derrocar el Gobierno de Daniel Ortega.
“El régimen de Ortega ha condenado a tres líderes agrícolas a 550 años de prisión por sus papeles en protestas en 2018, en que las fuerzas policiales de Ortega mataron a 300 activistas. Como dijo el lunes el presidente (Donald) Trump, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre”, escribió Bolton.
El asesor norteamericano, acérrimo opositor de gobiernos antimperialistas como el de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Ortega en Nicaragua, ha publicado los últimos días una serie de tuits en apoyo a la oposición venezolana y contra el Gobierno legítimo del mandatario chavista.

El régimen de Ortega ha condenado a tres líderes agrícolas a 550 años de prisión por sus papeles en protestas en 2018, en que las fuerzas policiales de Ortega mataron a 300 activistas. Como dijo el lunes el presidente (Donald) Trump, los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre”, afirma John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EE.UU.

Bolton tiene un rol protagónico en la crisis venezolana. Desde el principio ha dado su respaldo a la oposición que busca derrocar a Maduro y, para ello, ha lanzado amenazas, que van desde sanciones a los funcionarios del Gobierno de Caracas, a Maduro con enviarlo a Guantánamo, hasta una posible intervención militar a través de Colombia.
Horas después de su advertencia contra el Gobierno de Nicaragua, en otro tuit, Bolton se expresó complacido por la decisión del agregado militar de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el coronel Pedro Chirinos, de reconocer al opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) —de mayoría opositora y declarada en desacato desde 2016— que se autoproclamó el 23 de enero el presidente encargado del país bolivariano.
“El agregado militar venezolano en las Naciones Unidas, coronel Pedro Chirinos, anuncia su reconocimiento del Presidente interino Juan Guaido. Él ha elegido la democracia para los venezolanos sobre la tiranía de Maduro”, se lee en el tuit del asesor de Trump.
Tras la autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela, las autoridades estadounidenses lo han acompañado llamando a las Fuerzas Armadas a traicionar al Gobierno de Caracas y aliarse con los golpistas.
msm/ncl/myd/alg

¿Por qué el príncipe heredero saudí está de gira por Asia?

El príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman (MBS), visitó La India, segunda parada, después de Paquistán, en su gira asiática.

La visita a estos dos países enfureció a la gente, que tomó las calles para mostrar su rechazo a MBS, que está en el ojo del huracán por el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi y los crímenes de guerra que Riad comete en Yemen.
Los analistas creen que la gira de Bin Salman es parte de la ofensiva seductora del príncipe heredero de Arabia Saudí para buscar aliados y reparar su imagen.

ONU: Asesinato de Khashoggi fue planeado por funcionarios saudíes | HISPANTV

Una investigación de la ONU concluye que el periodista disidente saudí Jamal Khashoggi fue víctima de un brutal asesinato perpetrado por las autoridades saudíes.

zss/ncl/alg

Miles protestan en Cataluña contra juicio a líderes independistas

Miles de personas han salido a las calles este jueves en Cataluña para protestar contra el juicio en curso a los líderes del intento independentista de 2017.
La comunidad autónoma nororiental española ha sido escenario de varias grandes manifestaciones convocadas a la vez que una huelga general contra el juicio oral a 12 dirigentes independentistas por la organización del referéndum secesionista de octubre de ese año, que se está celebrando en Madrid (capital).
La huelga ha sido convocada por el sindicato independentista Intersindical-Confederación Sindical Catalana (CSC) bajo el lema “Parémoslo todo”, y la concentración más grande ha sido la que ha tenido lugar en la Zona Universitaria barcelonesa.
Además, en varias zonas de Cataluña y en especial en la ciudad de Barcelona, ha habido intentos por parte de los manifestantes por cortar las principales autopistas con el objetivo de paralizar la circulación.
Al mismo tiempo, un grupo de huelguistas ha cortado la circulación de trenes entre Sitges y Vilanova, provocando retrasos de unos 30 minutos, si bien los manifestantes se han dispersado tras la llegada a la zona de agentes de seguridad. Según algunos reportes, otras vías de trenes aún están obstruidas.
Hasta el momento han sido detenidas dos personas y no hay información sobre la cantidad de heridos, aunque la Generalitat de Cataluña ha informado de que al menos siete integrantes de la Policía local, los Mossos d'Esquadra, han resultado heridos en las protestas.
Desde el comienzo del juicio a los líderes independentistas, el pasado 12 de febrero, han aumentado las manifestaciones de residentes en Cataluña para protestar por el juicio.
Según el Tribunal Supremo de Justicia (TSE) español, el proceso judicial podría durar unos tres meses y la sentencia no se conocerá antes de julio. La Fiscalía ha reclamado entre 7 y 17 años de cárcel para los acusados.
hgn/mla/fmd/hnb

Venezuela pide esfuerzos en ONU para evitar intervención militar

El Gobierno de Venezuela ha pedido a 46 países que actúen en la ONU a favor de la paz y rechacen juntos una eventual intervención militar de EE.UU. en el país.
Caracas ha invitado este miércoles a Rusia, China, Irán, Cuba y varios otros países a una reunión para el viernes, en las Naciones Unidas, sobre Venezuela, a través de una carta a la que ha tenido acceso la agencia francesa de noticias AFP.
El encuentro se celebraría con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en la misión del país bolivariano en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, según la fuente, “en favor de la defensa de la paz y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.
El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha adjuntado a la invitación el borrador de una misiva que será dirigida al secretario general del ente internacional, António Guterres, quien ha reconocido el nuevo mandato presidencial de Maduro y rechazado posicionarse a favor del golpista Juan Guaidó. Se espera que la carta sea firmada por los 46 países.
Conforme al borrador, los Estados manifiestan su preocupación por las amenazas del uso de la fuerza para generar un golpe de Estado contra el mandatario venezolano por parte de EE.UU., y apoyado por el mismo presidente autoproclamado Guaidó, actual jefe de la opositora Asamblea Nacional (AN) venezolana —declarada en desacato desde 2016—.
De igual modo, piden a Guterres que promueva “no solo una solución política entre los venezolanos, sino que frene todos los llamados a una solución militar”.
En este mismo contexto, el Gobierno chavista anunció el 14 de febrero en la ONU la creación de un grupo de unos 50 países para la defensa de los derechos establecidos por la Carta de la ONU y contra la amenaza de la coerción y el uso de “las Fuerzas Armadas” y a favor del respeto al principio de “la no injerencia en los asuntos” de otras naciones.
En el seno de las Naciones Unidas existen diferencias de opiniones sobre la situación actual del país caribeño: el ente está dividido entre los países encabezados por Washington, que reconocen la autoproclamación de Guaidó, y los que respaldan a Maduro, quien ganó en mayo de 2018 las presidenciales de su país.
Los países que respaldan a Caracas aseguran que respetan el principio de la no intervención y que no existen bases legales para legitimar el estatuto para la transición de Guaidó, declarado nulo por la Justicia venezolana; mientras tanto, Washington y sus aliados redoblan su supuesto apoyo humanitario al país, con el que, de acuerdo con Maduro, buscan una intervención militar en Venezuela.
mtk/anz/nlr/rba

Costa Rica deplora que la misión de Guaidó haya tomado la embajada de Venezuela

Policías frente a la embajada de Venezuela en Costa Rica, el 20 de febrero de 2019. Juan Carlos Ulate / Reuters

La cancillería critica que lo haya hecho antes de que se cumplieran los 60 días de plazo que dio a los embajadores de Nicolás Maduro para salir del país.
El Gobierno de Costa Rica ha calificado como "inaceptable" el ingreso del personal enviado por el diputado opositor Juan Guaidó a la embajada de Venezuela en el país.
Esta reacción se produce luego de que María Faría, designada de manera ilegal como "embajadora" en Costa Rica por el autoproclamado presidente de Venezuela, publicara este miércoles en su cuenta de Twitter que "asumía el control de la sede administrativa" en San José, en "cumplimiento de las funciones diplomáticas asignadas por Guaidó y reconocidas por el Gobierno de Costa Rica".
La vicecanciller costarricense, Lorena Aguilar, informó este miércoles que esta acción "lesiona las elementales normas de respeto y confianza en el marco del Derecho Internacional".
"Expresamos nuestro más enérgico rechazo ante la actuación de María Faría", agregó la diplomática centroamericana, quien hizo referencia al "plazo de 60 días" que dió su Gobierno a los funcionarios venezolanos para que abandonaran el país.
Horas antes, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, había informado de que "un grupo de desconocidos" entró "cual ladrones" a la sede de la embajada de Venezuela en Costa Rica. El funcionario pidió al Gobierno costarricense que hiciera cumplir la Convención de Relaciones Diplomáticas y "garantizara el funcionamiento y seguridad" del personal dentro de la sede diplomática.
El pasado 23 de enero, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, reconoció al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela.
RT

Trump amenaza a la UE con aranceles a importación de autos

El presidente de EE.UU. amenazó con imponer sanciones a importaciones de autos europeos si no alcanza un acuerdo con la UE para reformar el comercio bilateral.
“Estamos tratando de alcanzar un acuerdo. Es muy difícil llegar a un acuerdo con ellos, con la UE. Si no llegamos al acuerdo, haremos lo de los aranceles”, afirmó el miércoles Donald Trump, al ser preguntado por la prensa sobre las tarifas, que ha anunciado en repetidas ocasiones, a aplicar a los coches europeos.
Durante una reunión que mantuvo en la Casa Blanca con el ministro de Exteriores de Austria, Sebastián Kurz, el mandatario norteamericano indicó que su Administración había examinado detalladamente un informe confidencial del Departamento estadounidense de Comercio al respecto, pero que la decisión final acerca de la imposición de dichos aranceles dependía de alcanzar o no “un acuerdo justo” de comercio con la Unión Europea (UE).
El reporte de la Cartera norteamericana de Comercio considera las importaciones de automóviles y sus partes una amenaza para la seguridad nacional y permite a Trump imponer tarifas de hasta el 25 % sobre el valor de los productos.

Estamos tratando de alcanzar un acuerdo. Es muy difícil llegar a un acuerdo con ellos, con la UE. Si no llegamos al acuerdo, haremos lo de los aranceles”, afirmó el presidente de EE.UU., Donald Trump, al ser preguntado por la prensa sobre las tarifas que ha anunciado para aplicar a los coches europeos.

La medida ha sido objeto de duras críticas tanto por parte de los fabricantes europeos de automóviles, entre ellos, BMW, Volkswaggen y Mercedes, como por los detractores estadounidenses de los aranceles, como el exgobernador del estado de Misuri y representante de los tres principales fabricantes de automóviles estadounidenses, Chrysler, Ford Motor Company y General Motors, Matt Blunt, que denuncia que la medida aumenta el precio de los vehículos estadounidenses y afecta a las ventas.
El presidente norteamericano anunció el año pasado aranceles a las importaciones de aluminio y acero procedentes de la UE, Canadá y México, basándose en informes similares del Departamento estadounidense de Comercio y en los mismos argumentos de que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Los mencionados aranceles solo han dado como resultado un incremento en las tensiones comerciales entre Washington y sus aliados europeos, que han prometido adoptar medidas recíprocas.
ahn/anz/nlr/rba

Marcha multitudinaria en Venezuela contra la injerencia de EEUU

Venezolanos realizaron una marcha contra las injerencias de EE.UU. en su país. Rusia, a su vez, rechazó las amenazas de Washington contra la nación bolivariana.
“Marcha por la Paz y contra el Imperialismo”, así se denominó una gran movilización de venezolanos en el estado Bolívar, en la frontera con Brasil.
Miles inundaron las calles para denunciar la postura intervencionista de EE.UU. sobre los asuntos internos de su país. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, lideró la manifestación. Advirtió que si Washington ataca a Venezuela, se va a encontrar con un muro que no se imagina.
Y en Caracas (capital), se desarrolló otra concentración en apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de trabajadores del sector transporte.
Ante los intentos golpistas de EE.UU., el Gobierno venezolano decidió suspender vuelos y cerrar sus fronteras con las islas de Curazao, Aruba y Bonaire.
Las intervenciones de la Casa Blanca han preocupado también a varios países, como Rusia, China, Cuba, México, Nicaragua, Turquía e Irán. Moscú consideró este miércoles que la actitud de EE.UU. supone una violación de las normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La crisis política en Venezuela se ha agravado desde el pasado 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, en un intento golpista, calificó de “ilegítimo” al Gobierno de Maduro y se autoproclamó el presidente interino del país.
Washington apoyó esta medida y aumentó sus presiones contra Caracas e incluso llegó a amenazarle con una opción militar.
xsh/rba

Maduro: Venezuela derrotará la guerra psicológica de Colombia

Venezuela ha derrotado el golpe de Estado de EE.UU. y vencerá a la guerra psicológica del Gobierno de Colombia, anuncia el presidente venezolano.
“En Venezuela hemos derrotado el golpe de Estado y vamos a derrotar la guerra psicológica intervencionista del Gobierno lacayo de Colombia”, ha indicado este miércoles Nicolás Maduro desde el céntrico estado venezolano de Miranda.
De esta manera, el mandatario latinoamericano ha vuelto a considerar un show los intentos del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, y los de su par estadounidense, Donald Trump, para ingresar al país a través de una supuesta ayuda humanitaria.
Los venezolanos, conforme al jefe de Estado chavista, no son “mendigos” de Colombia —principal país donde se descargó la supuesta ayuda—, sino un pueblo de dignidad y de altura.
Por otro lado, ha instado a Bogotá a repartir el cargamento que se encuentra en centros de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta, limítrofe con el territorio venezolano, entre “los millones de pobres en Colombia”.
En concreto, Maduro ha hecho alusión al departamento de la Guajira, donde miles de ciudadanos, de acuerdo con medios locales, sufren de hambruna ante el desinterés de su Gobierno.

En Venezuela hemos derrotado el golpe de Estado y vamos a derrotar la guerra psicológica intervencionista del Gobierno lacayo de Colombia”, ha indicado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En el Estado bolivariano no pasará nada negativo, sino que todo “será para bien, trabajo, paz, esfuerzo”, ha asegurado el presidente venezolano, quien, además, ha puesto de relieve que su país supera “ampliamente las migajas que ofrece la derecha venezolana, el imperio norteamericano y la oligarquía colombiana”.
De igual modo, ha denunciado que quieren meter a la fuerza dicha supuesta ayuda de Washington, mientras las sanciones y el bloqueo han privado a Venezuela de hacer uso de más de 30 000 millones de dólares para atender las necesidades del país.
Pretextando una crisis económica en el país sudamericano y después de que lo solicitara el opositor Juan Guaidó —el autoproclamado “presidente interino” de Venezuela—, Washington dijo que busca enviar “ayudas” a la nación bolivariana, una propuesta que rechazó Maduro, alertando de que la supuesta ayuda de EE.UU. es un “caballo de Troya” para la invasión desde la vecina Colombia, cuyo presidente es un “títere de Estados Unidos”.
“La ‘ayuda humanitaria’ de Duque-Trump sale de las bases militares de USA en el Caribe. Preparan la intervención militar, so pretexto de introducirla por la fuerza en Venezuela”, alertó este mes de febrero al respecto el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo.
mtk/anz/nlr/rba

Teniente supremacista planeaba un ‘asesinato en masa’ en EEUU

Detienen en EE.UU. a un teniente de la Guardia Costera, señalado como “terrorista doméstico” que planeaba asesinar en masa para “establecer una patria blanca”.
El sospechoso, Christopher Paul Hasson, de 49 años, fue arrestado el 15 de febrero por delitos relacionados con drogas y acumulación ilícita de armas, pero, según han confirmado las autoridades judiciales, esos cargos no constituyen el motivo principal de su detención.
“El acusado es un terrorista doméstico, empeñado en cometer actos peligrosos para la vida humana que están destinados a afectar la conducta del Gobierno” de Estados Unidos, indican documentos fiscales, conforme publicó el miércoles el diario estadounidense The Washington Post.
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) incautó 15 armas de fuego y 1000 rondas de municiones en la residencia de Hasson, en la ciudad de Silver Spring, en Maryland (este de EE.UU.), donde también encontraron drogas y 30 botellas de la hormona de crecimiento humano. Al parecer, el detenido estaba acumulando armas desde 2017.
Hasson había preparado una lista con los nombres de sus objetivos a los que consideraba “traidores”, Su nota, elaborada el 19 de enero, incluye a candidatos presidenciales, periodistas destacados y líderes demócratas, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, conocida por su rechazo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la construcción del muro fronterizo.

El acusado es un terrorista doméstico, empeñado en cometer actos peligrosos para la vida humana que están destinados a afectar la conducta del Gobierno” de Estados Unidos ,indican documentos judiciales del país norteamericano.

Los investigadores han encontrado una copia de un correo electrónico con fecha de junio de 2017, el cual muestra Hasson pretendía lanzar una plaga biológica y soñaba “matar a casi todas las personas de la tierra” para “establecer una patria blanca” por una “violencia enfocada”.
El sospechoso comparecerá hoy jueves en un tribunal federal en el estado de Maryland para responder a lo respectivo.
Una encuesta elaborada por la compañía YouGov en 2018 indica que el 61 % de los estadounidenses piensa que las tensiones raciales en su país han aumentado en el último año.
En 2017, primer año del mandato de Trump, la sociedad estadounidense vio emerger a grupos de odio con más claridad en sucesos como los de Charlottesville. Además, los grupos neonazis crecieron en número, pasando de 99 a 121 colectivos, según los resultados de una encuesta anual realizada por Southern Poverty Law Center.
msm/ncl/myd/alg

La Auditoría Superior 'reprueba' obras y reformas de Peña Nieto

En su revisión a la Cuenta Pública de 2017, la ASF encontró fallas e inconsistencias en obras emblemáticas del sexenio pasado —como el NAIM—, así como en las reformas energética y educativa.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- En el informe final de la Cuenta Pública de 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó problemas en al menos cinco reformas y obras insignia del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Estas son las reformas educativa y energética, dos de las más importantes del sexenio 2012-2018, así como los proyectos referentes al Nuevo Aeropuerto, el Paso Exprés y el Tren Interurbano México-Toluca.
Aquí lo que encontró la ASF, cuyo trabajo fue presentado por su titular, David Colmenares, en un acto en la Cámara de Diputados.

Reforma educativa

La ASF halló falta de armonización de las disposiciones federales y estatales en la profesionalización docente y de gestión escolar, mecanismos de coordinación ineficientes, opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que plazas de ingreso y ascenso de maestros no se otorgaron a quienes obtuvieron los mejores resultados y, además, carencia de un modelo de evaluación integral por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Respecto de la infraestructura y el equipamiento, encontró falta de un diagnóstico completo sobre el estado físico de los planteles, lo que, sumado a una insuficiente coordinación y supervisión, llevó a que no se lograra una adecuada articulación de los programas Escuelas Dignas, Reforma Educativa y Escuelas al CIEN.
"En opinión de la ASF, a cinco años de la promulgación de la reforma educativa, se han realizado diversos cambios en los componentes del sistema; sin embargo, las deficiencias identificadas en el diseño e implementación de dicha estrategia, en el periodo 2013-2017, conllevan el riesgo de que, aun con su materialización, no se logre mejorar la calidad de la educación, ni elevar el nivel de aprendizaje", señaló la institución.

Reforma energética

De acuerdo con la ASF, los resultados de la reforma implementada no reflejan un avance en el cumplimiento de sus objetivos, debido a que la inversión en el sector se redujo 59.7% en 2017, mientras que la extracción de crudo disminuyó 6.2% en promedio anual, al pasar de 921.6 a 711.2 millones de barriles.
La Auditoría señaló que la infraestructura decreció 14.6%, al pasar de 9,379 pozos en 2013 a 8,008 en 2017; también advirtió de la disminución en 13.7% de los campos de producción; de 47.4%, en terminales de distribución; de 18.2%, en complejos petroquímicos; de 35.2%, en unidades de servicios a pozos, y de 37.6%, en equipos de perforación y reparación de pozos.
En lo referente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyó que hizo transferencias a una empresa productiva subsidiaria, CFE-Suministrador de Servicios Básicos, por 96,508.0 millones de pesos, lo que contraviene los términos para la estricta separación legal de la propia CFE. Además, expuso que la comisión carece de una política transparente de precios de transferencia.

Tren Interurbano México-Toluca

En la revisión referente a esta obra para conectar la capital del país con la capital del Estado de México, se detectó la falta de liberación de derechos de vía y deficiencias en la planeación, en la elaboración de proyectos ejecutivos y en la ejecución y supervisión de las obras y servicios por un monto observado de 745.5 millones de pesos. De ese total, se han recuperado 25.4 millones de pesos.

El Paso Exprés

En la revisión de esta obra en Cuernavaca, Morelos, que se realizó a raíz del socavón en el que murieron dos personas en 2017, se observó negligencia y mala calidad de la obra y la ejecución, así como trámites de pago de obra adicionales por 76.5 millones de pesos. Según la ASF, no se atendió con oportunidad los riesgos advertidos en el drenaje de la zona.
Además, se determinaron pagos en demasía y otros conceptos relacionados con diferencias en volúmenes y trabajos de mala calidad en muros, pavimento de concreto hidráulico y defensa metálica por un monto de 54.6 millones pesos, mismos que están en proceso de análisis jurídico.

De los pagos en demasía, se halló lo siguiente: 39.40 mdp fueron porque no se revisó el ajuste de costos indirectos por el incremento de más de 25% del monto contratado; diferencia de volúmenes por 7.72 mdp en el suministro y la colocación de cajones prefabricados y dosificación de cemento asfáltico; duplicidad de básicos en la integración de las matrices de conceptos no previstos en el catálogo por 4.59 mdp; no se justificó el pago de 1.57 mdp porque no se acreditó el cumplimiento de los servicios contratados, así como diferencias de volúmenes por 0.21 mdp en el volumen de acero en el concreto.

El extinto Nuevo Aeropuerto

En el caso del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) —obra que se realizaría en Texcoco pero fue cancelada por el actual gobierno—, la ASF mostró que no existió una visión integral del proyecto, lo que incidió en deficiencias y limitaciones para la coordinación entre dependencias y entidades, y entre los tres órdenes de gobierno involucrados.
"Esta carencia provocó incumplimientos y riesgos en el desarrollo regional, social, económico y ambiental", advirtió el órgano fiscalizador.
Por otra parte, se encontró que el total de la deuda contratada para su construcción ascendió a 6,000 millones de dólares.
En las cuatro auditorías de obra se determinaron deficiencias tanto en la planeación y elaboración de proyectos ejecutivos como en la ejecución y supervisión de obras y servicios, por un total observado de 3,212.9 millones de pesos, de los cuales han sido recuperados 26.4 millones.

Suma Deschamps otra denuncia

Senadores del partido Movimiento Ciudadano llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Carlos Romero Deschamps líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
La queja se suma a la interpuesta por miembros disidentes del sindicato petrolero el pasado 6 de febrero por el presunto enriquecimiento ilícito de 150 millones de dólares del ex senador del Partido Revolucionario Institucional.
La denuncia de los senadores naranjas Samuel García y Verónica Delgadillo contra Romero Deschamps fue por robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, operación con recursos ilícitos, evasión y defraudación fiscal.
“Ha estado al frente del sindicato, ha sido cómplice de delitos vergonzosos como el Pemexgate y nada ha pasado. Los gobiernos no han actuado, pareciera que lo defienden, pareciera que lo protegen”, criticó Delgadillo García.
Fue en noviembre de 1977 cuando Romero Deschamps se postuló como candidato para ser el Secretario General de la sección 35 del sindicato petrolero; el exlegislador fue tres veces diputado en los períodos 1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003, y senador en dos ocasiones en 1994-2000 y 2012-2018.

Pese a denuncias, en 2017 se repitió La Estafa Maestra con presunto desvío de 351 mdp: ASF

El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra: más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en las secretarías de Desarrollo Territorial, que encabezaba Rosario Robles, y de Agricultura, que tenía a José Calzada como titular.
De acuerdo al informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este miércoles, las dependencias utilizaron a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de Hermosillo (Telemax).
Esto demuestra que las dependencias y universidades públicas no cesaron este esquema pese a que en 2015 la Auditoría interpuso seis denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos en la Sedesol, dirigida por Rosario Robles, y las Universidades del Estado de México y la de Morelos, con quienes hizo convenios para supuestos servicios.
Incluso, en 2017 hubo 18 denuncias penales más también contra Sedesol y las universidades Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Tecnológica del Sur del Estado de México y Radio y Televisión de Hidalgo.
En ese año, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron la investigación periodística La Estafa Maestra en la cual se demostraba que 11 dependencias del Gobierno Federal utilizaron a 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios entre 2013 y 2014, pero éstas subcontrataron a empresas irregulares o fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.
Además, Telemax ya había participado en este esquema e incluso fue denunciado penalmente por la Auditoría ante la PGR el 24 de octubre de 2018, también por el presunto desvío de recursos a través de convenios irregulares con la Sedatu firmados en 2016.
Las auditorías correspondientes al quinto año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, forman parte del Tercer Informe de Cuenta Pública de 2017 y es la primera entrega de la gestión del nuevo auditor David Colmenares, quien asumió el cargo en marzo de 2018.
Por primera vez en este tipo de revisiones, la Auditoría omitió los nombres de las empresas que recibieron los recursos públicos de ambas dependencias.

Los presuntos desvíos

La Universidad Politécnica de Tlaxcala fue la institución que más recursos recibió ese año: 188 millones 634 mil pesos, de lo que 94% (178 millones 634 mil pesos) fue considerado como “recuperaciones probables” por la Auditoría debido a las irregularidades detectadas.
El 16 de agosto de 2016, la Universidad Politécnica de Tlaxcala hizo un convenio general de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del que derivaron tres convenios más firmados entre septiembre y octubre de ese año.
El primero tenía como objeto “el Servicio de Investigación de los Programas Prioritarios de la SEDATU”; el segundo, debía “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala” y el tercero fue para el “servicio integral para el diagnóstico y construcción del Programa Vivienda para Prosperar y sus alternativas”.
Sin embargo, la Sedatu argumentó que los pagos a esos servicios los hizo en 2017, aunque las supuestas pruebas de la realización de los servicios confirmaban que éstos se habían hecho en 2016.
Después de las revisiones, la Auditoría detectó que la Universidad “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la SEDATU sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio”.
Además, en el análisis de las cuentas bancarias, se detectó que la institución educativa “pagó indebidamente a una persona moral de las subcontratadas, servicios que no guardan ninguna relación con el objeto del Segundo Convenio Específico, aunado a que dos personas morales a quienes les realizó pagos por servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales”.
Una de las empresas subcontratadas por la Universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que “no guardan ninguna relación con el objeto del primer convenio”, por lo tanto, dice la Auditoría “se presume que la Universidad distrajo recursos de manera indebida”.
Mientras que en los comprobantes de otro de los convenios, la ASF determinó que “no es posible identificar la participación de los proveedores subcontratados para llevar a cabo los servicios, toda vez que, de los entregables presentados por la Universidad, ninguno de los documentos cuenta con el logo de la universidad, ni de los proveedores que los realizaron, por lo que se desconoce la identidad de quién los realizó”.
En tanto, la Universidad Tecnológica de Campeche recibió 86 millones 716 mil pesos de la Sedatu a través de convenios de colaboración. De lo cual, la Auditoría determinó como “recuperación probable” 85 millones 321 mil pesos.
La Auditoría concluyó que la Universidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia y pagó 92.0% del dinero “por supuestos servicios prestados en 2016, a cuatro empresas, de las cuales no acreditó la realización de ningún tipo de servicio para cumplir con el objeto del convenio”. Además, los entregables presentados por la institución “no se evidencia” la participación de dichas empresas.
El Instituto Tecnológico Superior de Centla hizo convenios con la Sagarpa y subcontrató 92.8% de los servicios que sumaron 78 millones 114 mil pesos, lo que significa una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento.
La Auditoría determinó que realizó “pagos improcedentes” a proveedores subcontratados para la ejecución de los trabajos, pero no presentó la documentación que comprueben la realización de los servicios.
La Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX) recibió 40 millones de pesos de la Sedatu para “la elaboración del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social; evaluación sobre hábitos de consumo de medio y aplicación de sondeos de opinión para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la SEDATU y las entidades paraestatales sectorizadas”.
Sin embargo, “no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de la supuesta ejecución de los trabajos que amparen los pagos realizados a las empresas
Subcontratada 1 y Subcontratada 2, ni del remanente del proyecto”.
En el caso de la primera empresa no se encontró en el domicilio fiscal; y en la segunda, su representante legal manifestó haber subcontratado a su vez a la empresa 2, pero ésta empresa tampoco fue localizada.
La Auditoría comprobó que los recursos recibidos por las empresas subcontratada 1 y 2 fueron transferidos a otras empresas que no tuvieron injerencia en los servicios convenidos.
Además, Telemax “no registró en sus estados financieros de 2016, en cuentas por cobrar el saldo pendiente a cargo de la SEDATU, por 40 millones de pesos pagados en 2017; por otra parte, tampoco registró los pasivos (adeudos) con los proveedores contratados por los servicios presuntamente recibidos en 2016”.
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Tribunal multa a Heckler & Koch por dotar a México de armas con la que se asesinó a estudiantes

La propia empresa no estaba acusada, pero aun así deberá pagar una multa de 3.7 millones de euros, correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal de unos 4 mil 700 fusiles de asalto y componentes a zonas de conflicto en México, informó la radiotelevisión regional SWR.

Las armas alemanas aparecen en al menos dos momentos trágicos en la vida del país. Uno es el 12 de diciembre de 2011, cuando el Gobernador perredista Ángel Aguirre ordenó a sus policías atacar a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que bloqueaban la Autopista del Sol. Seis murieron. El otro, es durante la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Berlín, 21 febrero (SinEmbargo/EFE).- Un tribunal alemán condenó hoy a la empresa armamentística alemana Heckler & Koch a una multa de 3.7 millones de euros y a dos de sus empleados a sendas penas de libertad condicional en el marco de un proceso contra cinco de sus trabajadores por presunta exportación ilegal de armas a México.
La Audiencia Provincial de Stuttgart estableció que uno de los condenados, un ex empleado del fabricante alemán, deberá cumplir un año y diez meses de libertad condicional y pagar una multa de 80 mil euros, e impuso a otra empleada una pena de un año y cinco meses de libertad condicional y 250 horas de trabajos comunitarios.
Los otros tres acusados fueron absueltos.
La propia empresa no estaba acusada, pero aun así deberá pagar una multa de 3.7 millones de euros, correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal de unos 4 mil 700 fusiles de asalto y componentes a zonas de conflicto en México, informó la radiotelevisión regional SWR.
La Fiscalía de Stuttgart considera que los cinco acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.
En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el Fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 alrededor de 4 mil 700 fusiles, así como ametralladores y munición destinadas a zonas en México con problemas de violencia, para las que no existía permiso de exportación.
La Fiscalía había pedido para tres de los cinco acusados penas de entre 22 y 33 meses de cárcel y para los otros dos, la absolución, y el pago por parte de la empresa de una multa de 4,1 millones de euros.
La defensa argumentó que era el Ministerio de Defensa mexicano el encargado último de distribuir las armas en el país y que la parte mexicana había firmado un certificado de usuario final, por lo que los fusiles de asalto G36 no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas.
Las armas probablemente se usaron en el asesinato de seis estudiantes mexicanos y en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero.
De acuerdo con la agencia alemana Deutsche Welle, la Fiscalía sostiene que los acusados vendieron casi 5,000 fusiles destinados a zonas de conflicto y disturbios en México La propia empresa no estaba acusada, pero aun así deberá pagar una multa de 3.7 millones de euros, correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal de las armas.
La defensa argumentó que la Secretaría de la Defensa Nacional de Méxocl era la encargada última de distribuir las armas en el país y que la parte mexicana había firmado un certificado de usuario final, por lo que los fusiles de asalto G36 no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas.
Las armas alemanas aparecen en al menos dos momentos trágicos en la vida del país. Uno es el 12 de diciembre de 2011, cuando el Gobernador perredista Ángel Aguirre ordenó a sus policías atacar a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que bloqueaban la Autopista del Sol. Seis murieron.
El otro, es durante la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada. El Ejército mexicano dotó a las policías locales de las armas de la alemana Heckler & Koch, con un permiso que le otorgaron empleados de esa la empresa armamentística.

Líder opositor de termoeléctrica es ejecutado frente a su casa, en Morelos; “es un crimen vil”: AMLO

El pasado 8 de febrero, López Obrador anunció que en 2009 se comenzó a construir un gasoducto en municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos “Durante todo el tiempo de construcción del gasoducto hubo protestas y hubo represión a campesinos, incluso fueron algunos a la cárcel”, recordó. Los pobladores rechazan la obra desde 2009, hace diez años. No hubo una consulta y los que protestaron, fueron detenidos y criminalizados.

El Gobierno federal anunció una consulta el sábado 23 y domingo 24 de febrero, para decidir al respecto.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- El activista Samir Flores Soberanes, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue asesinado esta mañana afuera de su casa, en el municipio de Temoac, Morelos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del dirigente y dijo que se trata de “un crimen vil, cobarde“.
El dirigente opositor a la termoeléctrica fue asesinado de varios balazos afuera de su domicilio. Samir Flores fue llevado a un hospital de Jonacatepec para ser atendido; pero murió en el camino. El activista se dirigía a la radio comunitaria en la que trabajaba cuando fue atacado desde dos vehículos.
El Presidente López Obrador dijo desde Monterrey: “Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde”.

“Vamos a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen reprobable, lamentable y vamos a dar a conocer una postura el día de hoy que tengamos más elementos”, añadió.

Fue cuestionado sobre si por este crimen se cancelaría la consulta popular para decidir sobre la termoeléctrica. Destacó que el proceso ya ha comenzado y no descartó que el crimen haya sido cometido justo para “afectar la realización de la consulta”

“La consulta la tenemos que continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea, ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen, a lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta”, dijo.

Hace unos días, cuando habitantes de Morelos cuestionaron al Presidente López Obrador por la creación de la termoeléctrica durante su vista a Cuautla, Samir Flores participo en una protesta, ahí contó a Pie de Página su postura sobre la decisión del mandatario de no cancelar definitivamente el megaproyecto.
“Es lamentable lo de Andrés Manuel López Obrador. No puedo dejar de pensar en un momento: cuando Madero entra el poder y le da la espalda al general Zapata. Esto me recuerda a esa página de la historia”, dice Samir Flores, un joven campesino habitante de Amilcingo, en el municipio morelense de Temoac.

Samir Flores agregó: “es lamentable cómo nos ha llamado hoy, de esta manera denostativa a quienes estamos agraviados y luchamos por la Tierra”.

Activistas y usuarios de redes sociales condenaron el crimen y convocaron a una protesta esta tarde, a las 13:00 horas, afuera del Palacio Nacional para exigir justicia.
El pasado 8 de febrero, López Obrador anunció que en 2009 se comenzó a construir un gasoducto en municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos “Durante todo el tiempo de construcción del gasoducto hubo protestas y hubo represión a campesinos, incluso fueron algunos a la cárcel”, recordó.
Informó que ya hubo en ese proyecto una inversión de 25 mil millones de pesos y por ello anunció se realizará una consulta en tres estados por donde pasa el gasoducto que alimenta una planta de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) para intentar echar a andar la planta. Los pobladores rechazan la obra desde 2009, hace diez años. No hubo una consulta y los que protestaron, fueron detenidos y criminalizados.
El Presidente consideró que se perderían miles de millones de pesos si se paraliza totalmente. Por eso, el Gobierno federal está ofreciendo a las comunidades que si aprueban la planta, en la consulta del sábado 23 y domingo 24 de febrero, tendrán distintos beneficios.
1. Bajas tarifas eléctricas.
2. Revestimiento de canales secundarios y los terciarios serían revestidos.
3. Se ampliarían colectores residuales.
4. Se rehabilitarían plantas de tratamiento en Morelos.
5. Apoyo para los campesinos. Etcétera.
Luego, el 10 de febrero, desde Morelos, López Obrador recalcó que como ya se hizo la planta y que cuesta 25 mil millones de pesos, lo que se hará es una consulta. Que habló con los técnicos sobre las problemáticas de si se agotaría el agua y si se contaminaría la Blanca Jiménez, especialista de Conagua le afirmó que no se contaminará el agua.
–Con información de Al-Dabi Olvera y Daliri Oropeza, Pie de Página

Senadores denuncian a Carlos Romero Deschamps por 11 delitos, incluido huachicoleo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Senadores del Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, por 11 delitos.
Los senadores Verónica Delgadillo y Samuel García acudieron este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia en contra de Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito, robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos, delincuencia organizada, peculado, nepotismo, operación con recursos ilícitos, así como evasión y defraudación fiscal.

“La pregunta es: ¿Cuándo Romero Deschamps será procesado? Aquí traemos cuatro denuncias, hoy será la quinta; es evidente el desvío de recursos, la venta de plazas, lavado de dinero, el huachicol, defraudación y evasión fiscal, queremos sanciones, de nada sirve invertir miles de millones a Pemex si no se va a quitar el mayor obstáculo que es la corrupción y ese emblema es Romero”, dijo el senador de Nuevo León, Samuel García.

Los legisladores aseguraron que la lucha del gobierno federal en contra del robo de combustible no puede ser efectiva si no se lleva ante la justicia al líder petrolero, al que llamaron “el padrino del huachicol”. Por ello, llamaron al titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, para que integre una carpeta de investigación.
“Queremos que no se archive esta denuncia y que se haga lo que no se ha hecho en otros gobiernos que lo protegieron”, añadió la senadora Verónica Delgadillo de Jalisco.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que no existe ninguna denuncia en contra del líder sindical, los senadores dijeron que encontraron cuatro denuncias del propio sindicato en diferentes años: 2004, 2006, 2008 y 2014.
Trabajadores “disidentes” de Petróleos Mexicanos acudieron a principios de este mes ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para aportar nuevas pruebas en contra de Romero Deschamps por presunto enriquecimiento ilícito de unos 150 millones de dólares, con el objetivo de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desempolve los expedientes que existen en su contra.

SuperISSSTE: desmantelamiento, fraude y desfalco millonarios

El sistema SuperISSSTE fue casi desmantelado durante la administración anterior. En 4 años registró pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos y el cierre del 76 por ciento de sus tiendas. Además, fue usado masivamente para que privados triangularan ventas a dependencias de gobierno sin procesos de licitación.

Documentos internos del SuperISSSTE dan cuenta de fraudes en favor de privados, pérdidas millonarias por ineficiencia, faltantes en inventarios y simulación de compraventas. La institución perdió entre 2013 y 2017 alrededor de 7 mil 500 millones pesos, por lo que ya “resulta económicamente inviable”.
No se trata sólo del masivo cierre de tiendas y de una administración ineficiente. También se convirtió en un sistema fraudulento con el que empresas privadas evaden la ley, pues lo utilizan para colocar sus productos –casi siempre con sobreprecios– en dependencias gubernamentales sin pasar por procesos de licitación ni por la evaluación de sus mercancías.
En 2017 el SuperISSSTE reportó ingresos por 1 mil 40 millones de pesos, pero más del 80 por ciento correspondió a ventas que realizó a entidades y dependencias de la administración pública federal, principalmente al propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Sólo menos del 20 por ciento de sus ventas se realizó al público en general, no obstante que este sistema fue creado para establecer tiendas a bajo precio en beneficio de los trabajadores y sus familias.

Además, para hacer frente a los contratos con las entidades de la administración pública federal, el SuperISSSTE subcontrató el ciento por ciento de los bienes con empresas privadas. Es decir, todo lo que vendió a entidades gubernamentales –más de 800 millones sólo en 2017– lo adquirió de privados para trasladarlos a las dependencias compradoras. Documentos internos señalan que la mayoría de los bienes ni siquiera pasaron por las bodegas del SuperISSSTE: de los almacenes privados se trasladaron directamente a los depósitos de las entidades señaladas.
Las indagaciones –que se llevan a cabo desde el año pasado– arrojan que se utilizó a este sistema de tiendas como intermediario para que privados evadieran las disposiciones normativas en materia de adquisiciones. Es decir, funcionarios y privados simularon que el ISSSTE, la Cofepris y la Secretaría de Seguridad Púbica adquirían bienes y servicios al SuperISSSTE cuando en realidad lo adquirían a empresas privadas sin proceso de licitación de por medio.
Entre 2012 y 2015 –el primer trienio del sexenio de Enrique Peña Nieto– el director del ISSSTE fue Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Le sucedió por unos meses Luis Antonio Godina Herera. Entre 2015 y 2018 el Instituto estuvo a cargo de José Reyes Baeza Terrazas. El director de SuperISSSTE fue durante el sexenio pasado Luis Alonso Reza Olivas.
El actual director de SuperISSSTE, Roberto Revilla Ostos, fungía como director de Pemex Logística en 2017, luego se quedó como encargado del despacho de la Dirección General de la petrolera por unos meses. Se hizo cargo del sistema de tiendas del ISSSTE desde la llegada –con el nuevo gobierno– de Luis Antonio Ramírez Pineda al frente de Instituto.
La Cofepris fue encabezada por Mikel Arriola entre 2011 y 2016. En el cargo le sucedió, por 2 años, Julio Salvador Sánchez y Tépoz. Y desde 2018 el comisionado federal es José Alonso Nivelo Baeza.
Con respecto de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, entre 2012 y 2014 estuvo en cabezada por Jesús Rodríguez Almeida. Y de 2014 a 2018, por Hiram Almeida Estrada.
El SuperISSSTE reportó ventas por 1 mil 40 millones de pesos en 2017, señalan documentos internos. De tal cifra, alrededor de 835 millones (el 80.3 por ciento) fueron ventas a entidades y dependencias del gobierno. Mientras, 205 millones (el 19.7 por ciento) correspondió a ventas al público en general.
En sus ventas a las dependencias, el SuperISSSTE vendió incluso productos que no forman parte de su objetivo. Todos estos productos los adquirió a privados y los entregó después a las dependencias gubernamentales. Por ello, documentos internos de la institución señalan que con esta práctica se utilizó a este sistema de tiendas para que empresas privadas evadieran la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Entre los productos que el SuperISSSTE compró a privados para luego venderlos a dependencias como la Cofepris la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y el propio ISSSTE son: uniformes, equipos de laboratorio, sustancias y productos químicos, ropa quirúrgica y, entre otros, equipo de administración. Además, algunos de estos productos fueron vendidos con sobreprecio de hasta 7 mil por ciento.
Resulta un esquema parecido al que utilizaron otras empresas con universidades públicas para colocar productos y servicios evadiendo los procesos de licitación.

Pero también se investigan otras irregularidades que ocurrieron sólo de 2017. El SuperISSSTE registra como “faltantes en inventarios” bienes por un monto superior a los 390 millones de pesos. Además, el registro de un saldo a favor por 130 millones no cuenta con soporte documental para lograr que esa cantidad se cobre a sus clientes.
Asimismo, el gobierno federal debió entregar apoyos al SuperISSSTE entre 2013 y 2017 por más de 6 mil 500 millones de pesos para resarcir las pérdidas registradas por más de 7 mil 500 millones.
Y, en entre otras anomalías de las que dan cuenta documentos internos, realizó operaciones por 835 millones de pesos en 2017 desde una tienda virtual, cuando la ley no le faculta para ello.
El SuperISSSTE es un sistema de tiendas y farmacias que opera como una unidad desconcentrada del ISSSTE. Fue creado en 1995, aunque opera con su nombre actual desde 2009.

Según el artículo 69 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, el SuperISSSTE tiene por objeto “planear, administrar y realizar los programas y servicios de apoyo para que los derechohabientes y la ciudadanía adquieran productos básicos y de consumo en las tiendas que para el efecto existen, para que el Instituto cumpla lo establecido en el Artículo 123 […] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone el establecimiento de tiendas económicas para el beneficio de los trabajadores y sus familiares”.
Desde 2015 el ISSSTE aprobó el cierre de 224 tiendas. Sólo operan desde entonces 70 unidades de venta.
Zósimo Camacho

Son 12 gasoductos que generan pérdidas multimillonarias a CFE

Aunque el presidente López Obrador aseguró que son siete los gasoductos –de Grupo Carso, Ienova y Transcanada– que generan pérdidas multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad, información de la empresa revela que son 12. Tan sólo en 2017, el quebranto ascendería a 6.9 mil millones de pesos.

Doce de los 19 gasoductos que se construyen para dar servicio de transportación de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –tres de ellos internacionales– le han generado pérdidas multimillonarias a la empresa que ahora encabeza Manuel Bartlett.
Tan sólo en 2017, la CFE perdió más de 6 mil 900 millones de pesos relacionados con pagos a esos 12 gasoductos sin que obtuviera beneficio alguno de su construcción. Los casos se derivan desde los incumplimientos de contratos –uno de ellos de la empresa Ienova, que se negó a pagar las sanciones por 90 millones de pesos– hasta la falta de planeación.
Y es que la mayoría no opera porque las obras asociadas a éstos –que suministran o reciben el gas o interconectan con otros gasoductos– aún no se construyen. En los peores casos, ni siquiera se encuentran en evaluación de viabilidad.
En total, la CFE destina en promedio 20 mil millones de pesos anuales a esos 19 proyectos, cuyos contratos tienen vigencia de hasta 25 años, por lo que el monto involucrado superará el medio billón de pesos.
A mediados de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que siete gasoductos –de Grupo Carso, Ienova y Transcanada– cobraban penalizaciones sin entregar el producto a la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, informes de la empresa comprueban que son 12 casos los que generan sangrías financieras a la paraestatal.
Según información de CFE, en 2017 cuatro de esos casos implicaron pagos improductivos por 3 mil 400 millones de pesos, debido a que las 14 centrales eléctricas a las que deben suministrar el gas natural ni siquiera se han empezado a construir.
En el resto de los casos –ocho gasoductos– la situación no es mejor: en ese año el erario desembolsó ociosamente 3.5 mil millones de pesos, pues los puntos de entrega del gas natural a la fecha se encuentran en construcción, en mantenimiento o en etapa de pruebas.
Y es que estas obras asociadas a los gasoductos no se habían licitado porque no se elaboraba aún el análisis de evaluación financiera para determinar su viabilidad, que exige la ley a partir de la reforma energética y la transformación que sufrió la Comisión.

Los gasoductos inoperantes

Entre los gasoductos que han causado quebrantos millonarios se encuentra el de Tuxpan-Tula, cuya construcción estaba a cargo de Transcanada y del cual dio cuenta López Obrador a mediados de febrero. La trasnacional incluso determinó cancelar la construcción de éste en noviembre de 2018 por la presión social.
De acuerdo con reportes de CFE, este gasoducto se encuentra en situación de “caso fortuito”, debido a que cinco comunidades indígenas –Hidalgo: Santa Mónica y San Nicolás; y Puebla: Chila de Juárez, San Pablito y Xochimilco– se han opuesto a la realización de la obra.
Los otros gasoductos que no han funcionado, pero por falta de gas natural que transportar o porque sus conexiones con otros gasoductos aún no están en funcionamiento, son: El Encino-La Laguna, San Isidro-Samalayuca; Ramal-Empalme, Waha-San Elizario, Waha-Presidio, Morelos, y El Encino-La Laguna.
Por ejemplo, El Encino-La Laguna (de la empresa Fermaca) estuvo listo desde el 30 de abril de 2018, pero se enfrentó a la falta de flujo de gas natural para abastecer la interconexión con el gasoducto La Laguna-Aguascalientes. La inversión estimada asciende a más de 530 millones de dólares.
Con un presupuesto total estimado en 109 millones de dólares, el gasoducto San Isidro-Samalayuca –construido por Ienova– es otro ejemplo de malos manejos del dinero público: actualmente se encuentra sin flujo de gas natural para la Central de Ciclo Combinado Norte III, ni para el gasoducto Samalayuca-Sásabe, que apenas están en construcción.
También de Ienova, a la lista se suma el gasoducto de Ramal-Empalme, con una inversión estimada en 10.8 millones de dólares, refiere la página oficial del gobierno “Proyectos México”. Aunque se encuentra en condiciones de operar, sólo ha sido usado para pruebas.
Por estar interconectado al San Isidro-Samalayuca, el gasoducto Waha-San Elizario –del consorcio integrado por Energy Transfer Partners, Mastec y Carso Energy, del Grupo Carso– no recibe el producto, pues en el camino de interconexión falta construir la Central de Ciclo Combinado Norte III y el gasoducto Samalayuca-Sásabe.
Del mismo consorcio empresarial encabezado por Grupo Carso, está el caso de Waha-Presidio que presenta un flujo no constante, porque sólo suministra el gas natural a la estación de compresión del gasoducto El Encino-La Laguna.
Y finalmente el gasoducto Morelos –de la trasnacional Enagás–, que tampoco opera porque su obra asociada –la central que le debe suministrar el producto– aún no se construye.
Los 12 contratos fueron asignados en la pasada administración de Enrique Peña Nieto –como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018– por la Unidad de Negocios de Gasoductos. Ésta, sin embargo, no se encuentra autorizada por el Estatuto Orgánico ni el Manual de Organización internos.
Según la CFE, esas construcciones de gasoductos se “justificaron” porque carece de infraestructura para atender la demanda creciente de gas natural (por su bajo precio), así como por la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos.

Ienova sí incumplió un contrato

El tema de gasoductos se volvió un conflicto dentro de la empresa hasta estallar en esta administración de López Obrador.
Y es que además de las pérdidas por pagos sin suministro de gas natural, las finanzas de la CFE han registrado otro tipo de mermas asociadas a estos proyectos. Entre éstas destaca la falta de aplicación de penalidades a dos contratistas: Ienova y Gas Natural del Noreste.
Uno de esos casos es el del gasoducto Ojinaga-El Encino, a cargo de la trasnacional Ienova al que se debía aplicar una deducción por 93 millones de pesos respecto del monto pagado, porque se incumplió en el porcentaje de integración nacional de tubería, pero no lo hizo.
En este caso, las irregularidades se detectaron desde junio de 2017, cuando la subsidiaria Cfenergía le notificó a Ienova que no había acreditado el cambio de tubería y, al no alcanzar el porcentaje ofertado, le aplicaría esa pena convencional.
Ienova, sin embargo, se inconformó ante la Corte de Arbitraje de Londres, dejando a la CFE sin posibilidades de reclamar el pago por su incumplimiento de contrato.
Otro ejemplo fue el del Gasoducto Ramal Hermosillo, propiedad de Gas Natural del Noreste, que no fue penalizado a pesar de incumplir con la fecha de inicio del servicio de transporte de gas natural y con el porcentaje de integración nacional de tubería ofertado.
Al respecto, la CFE debía cobrarle casi 50 millones de pesos: 33 millones por el primer incumplimiento y 16 millones por el segundo.
En este caso, la fecha del inicio de operaciones se había fijado el 30 de noviembre de 2017, pero empezó hasta el 28 de marzo de 2018. Pese a que la Comisión le pidió saldar la penalización, en la empresa estatal no hay evidencia de que ésta se haya pagado.
Nancy Flores

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