“Haiga sido como haiga sido”, el empresario queretano Manuel
Barreiro Castañeda y el candidato presidencial de derecha Ricardo Anaya
Cortés habrían ganado dinero en una operación de compra-venta de un
terreno y una nave industrial, plantea la información disponible en
medios de circulación nacional.
Cada vez hay más pruebas -un video y testimonios- que relacionan a
Barreiro y Anaya, lo que no es pecado. No obstante, Barreiro es
investigado por lavado de dinero; y si la PGR prueba que Anaya estuvo
involucrado en el supuesto entramado de recursos de procedencia
incierta, el denominado “chico maravilla” se vería en serios apuros.
Hasta ahora, Anaya tiene una larga lista de señalamientos en su contra
-incluidos tres casos de supuesta triangulación de recursos-. Ninguno
probado o meritorio de acción penal… aún.
Este miércoles, un Juez federal levantó la suspensión que tenía la
PGR para llevar ante un Juez de Control su investigación contra el
empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, señalado de lavado de
dinero, trama en la que estaría implicado el candidato presidencial
Ricardo Anaya Cortés. Con esa determinación, la Procuraduría ya no tiene
impedimento para consignar su carpeta de investigación contra Barreiro,
y, en su caso, puede solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés,
candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” de los
partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC), hoy en día es señalado, aún sin pruebas
contundentes en su contra, de estar involucrado en una triangulación
millonaria de recursos de dudosa procedencia.
No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de
corrupción y enriquecimiento deshonesto. Sin embargo, al menos en lo
legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.
Desde el año pasado, una noticia persigue al panista queretano: entre
2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió
por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra,
construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió
en 54 millones de pesos.
Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no
esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y
“amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la
Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de
empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes
para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de
personas ligadas al caso.
A lo largo de esta semana, Ricardo Anaya Cortés se presentó en las
instalaciones de la PGR para rendir su declaración ministerial. No habló
ante las autoridades, aunque sí entregó un documento dirigido al
titular de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, donde exige que le sea
revelado si la Procuraduría cuenta con pruebas para acusarlo en materia
penal.
“Dolosamente, omitieron señalar que a quien están
investigando es a otra persona [quien es Barreiro] y no a mí. La PGR se
ha prestado a la guerra sucia del PRI”, le dijo Anaya a medios de
comunicación que lo esperaban afuera de la PGR. “Este gobierno federal
priista usa a la PGR para dañar a quienes somos sus opositores” y para
“confundir a la opinión pública”, acusó también.
El aspirante presidencial aseveró que “todo lo que yo he hecho ha
sido legal y sobre todo cien por ciento transparente”. Algo cuestionable
a ojos del escrutinio público, ya que Anaya, pruebas o no en su contra,
no ha logrado transparentar sus finanzas con toda claridad. Pero
tampoco ha podido deslindarse de los señalamientos, mismos que no han
parado de salir en los últimos años.
Un ejemplo de su falta de transparencia fue dado a conocer por la revista
Proceso
en 2015, cuando refirió que Ricardo Anaya Cortés “mintió” en su última
declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP),
ocurrida en 2011.
Proceso documentó que, en dicha declaración, el panista no
mencionó ser accionista de la empresa Cintla de S. de R.L. de C.V. En
cambio, en su declaración 3de3 de 2015, el político queretano dijo ser
accionista de dos empresas del sector inmobiliario [Cintla y JuniSerra
S. de R.L. de C.V.] desde “hace cuatro años”. Es decir, desde 2011.
Como lo apuntó
Proceso, “esa omisión podría ser violatoria
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y, quizá, pudo incurrir también en falsedad de declaración
ante autoridad distinta a la judicial”.
LOS TRAPOS SUCIOS DE ANAYA
Cuando fue secretario particular del ex Gobernador de Querétaro
Francisco Garrido Patrón [2003-2009], por ejemplo, a Ricardo Anaya le
fue encomendado el manejo del Programa de Acción Comunitaria (PAC), a
través del cual son repartidos materiales de construcción e insumos de
mejoramiento urbano.
Según las versiones del actual Gobernador de la entidad, Francisco
Domínguez Servién, y de la Diputada panista Raquel Jiménez Cerrillo, hay
indicios para pensar que Anaya incurrió en actos ilícitos al manejar un
presupuesto cercano a los mil millones de pesos.
Desde intercambio de predios por permisos, hasta el
testimonio de Javier Bosque Urquiza, quien en 2011 fue detenido por
defraudar al Gobierno queretano y quien aseguró que Anaya participó del
timo al aportar ocho millones de pesos como inversionista de Grupo Boss
-la empresa fraudulenta utilizada por Bosque Urquiza-, las acusaciones
contra Ricardo Anaya ensombrecen su figura.
Sin embargo, el ahora candidato presidencial ha dicho que, las
aportaciones, salieron de su patrimonio personal y no del dinero del
erario público.
Algo parecido sucedió en 2010. Anaya fue señalado de triangular un
millón 650 mil pesos que el empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de
JV Construcciones Civiles, le donó a su “Fundación por más Humanismo”,
creada en 2009 con el objetivo de “fortalecer la conciencia democrática
de los queretanos y su formación cívico-política”.
De acuerdo con la revista
Proceso, Anaya usó ese dinero para
adquirir un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en
7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos,
copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y ex
secretaria particular del Gobernador panista Francisco Domínguez
Servién.
Al final del negocio, Anaya habría pagado 6 millones 559 mil pesos a
la empresa JV Construcciones Civiles, misma que se quedó sólo con tres
millones 209 mil pesos. Los tres millones 350 mil pesos restantes los
transfirió, con dos depósitos, a la compañía DG Diseño y Construcciones,
propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, quien es vocal de la
“Fundación por más Humanismo”, presidida por Anaya.
Unos años después de su paso por el Gobierno de Querétaro, salió a la luz otro escándalo en el que Anaya figuró.
En agosto de 2014, circuló en la internet un audio en el que el
político queretano -ya en calidad de presidente del PAN- y Miguel Ángel
Yunes Linares -entonces aspirante a Diputado federal- negociaban
“entregar números” e “incrementar porcentajes para entregar”.
A ojos del escrutinio público, esa fue una negociación para llevar
recursos del gobierno de Veracruz a las arcas del partido blanquiazul.
Sin embargo, de acuerdo con Fernando Rodríguez Doval, vocero panista, el
escándalo se basó en una “grabación editada, tal y como prueba el
peritaje realizado por Alejandro Corral Serrano, perito en
criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales”.
El caso fue enterrado. Anaya y Yunes no fueron acusados de manera formal y no hubo cargos en su contra.
Las acusaciones en detrimento de Ricardo Anaya Cortés inclusive han
manado de las cúpulas panistas. En noviembre de 2016, Ricardo Alemán
aseveró en
Milenio que durante varios meses, legisladores y
líderes del PAN denunciaron la presunta desviación de recursos públicos
desde la dirigencia del partido -presidida por Anaya- para el supuesto
financiamiento de su candidatura presidencial en 2018.
El periodista detalló que los testimonios, incluido el de un ex
presidente del PAN, acusaban a Anaya de desviar dinero del denominado
“Ramo 23” -que comprende fondos específicos del Gobierno federal para
apoyar a los estados y los municipios con recursos adicionales-.
Según las fuentes consultadas por Alemán, estas acciones implicaron
que desde la dirigencia panista se manejara una bolsa de dinero público
no etiquetado y tampoco auditado de poco más de dos mil 100 millones de
pesos.
Sin embargo, explicó, “cabe aclarar que ‘los moches’ no son
exclusivos del PAN y menos de Ricardo Anaya. Esa práctica la llevan a
cabo todos los partidos -incluidos PRD y Morena-, que se sirven del
dinero público a manos llenas, en montos determinados por el número de
diputados de cada partido” (sic).
¿Cómo le hizo Anaya para obtener recursos de esta manera? Alemán
sostiene que como el PAN controla las partidas del Ramo 23, los alcaldes
y diputados deben de pasar a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del blanquiazul, en la Ciudad de México, para negociar la
asignación del dinero. “De esa forma, la lealtad a Ricardo Anaya se
compra a cambio de millones de pesos”, mencionó el periodista.
“Según testimonios de diputados, alcaldes y gobernadores
del PAN, en el CEN partidista les piden entre 17 y 20 por ciento de
comisión por ‘el palomeo’ de recursos, al tiempo que las obras son
asignadas a contratistas que determina la dirigencia nacional del
partido” (sic), refiere el artículo de Alemán en Milenio. Y todo esto sucedió con el aval de Ricardo Anaya Cortés, puntualizó el autor.
Más allá de estos señalamientos, que no han sido probados ni han
implicado cargos penales en contra del candidato presidencial, Ricardo
Anaya ha sido cuestionado por el lujoso estilo de vida que tienen él y
su familia.
Según sus propias declaraciones públicas, entre él y su esposa -y
gracias a sus inversiones también- tienen ingresos anuales por 4.8
millones de pesos. En contraste, ha reconocido que mantener a su familia
en Atlanta, Estados Unidos, le supone un gasto aproximado de 2.5
millones de pesos al año. Y nada de esto queda claro en la versión
pública de sus declaraciones patrimoniales.
Además, en agosto de 2017, una investigación de
El Universal
dio a conocer que, en los últimos 14 años, Ricardo Anaya y su familia
política, encabezada por sus suegros Donino Ángel Martínez Diez y
Maribel Natalia Franco, ampliaron su imperio empresarial al pasar de
cuatro a 17 empresas.
En ese periodo, también el número y el valor de sus propiedades
aumentaron. Las seis propiedades que tenían en 2003, valuadas en 21.9
millones de pesos, se convirtieron en 33 para 2017, con un valor de 308
millones de pesos.
Aunque la familia de Ricardo Anaya Cortés posee o es accionista de 17
empresas, Anaya dice ser socio de dos. Y en sus declaraciones de
conflicto de interés no hace mención del resto de las compañías. Tampoco
si recibe beneficios de alguno de estos negocios o si ha participado en
algún sentido.
LA NAVE DE ANAYA
Entre 2003 y 2009, cuando Ricardo Anaya Cortés se desempeñó como
secretario particular y coordinador de Desarrollo Social durante la
administración del ex Gobernador panista de Querétaro Francisco Garrido
Patrón, en la entidad fue aprobada una reforma legal que permitió la
enajenación de un predio ubicado en la localidad de La Machorra, en el
municipio de El Marqués.
En los años venideros a la aplicación de la reforma, en la zona
fueron erigidas diferentes naves industriales administradas por la
empresa Park Development. Y de la mano de la desarrolladora inmobiliaria
Advance Real Estate, nació el parque industrial tecnológico Innovación
Querétaro.
El 19 de mayo de 2014, Anaya Cortés compró un lote baldío de 13 mil
metros cuadrados en La Machorra, valuado en 10 millones 714 mil 644
pesos, a través de una empresa familiar a nombre de su suegro Donino
Ángel Martínez Diez [JuniSerra S. de R.L. de C.V.].
Según el candidato presidencial de la coalición “Por México al
Frente”, compró el terreno a Park Development. Sin embargo, la
información de diversos medios de circulación a nivel nacional refiere
que el lote se lo compró a Manuel Barreiro Castañeda -empresario local
investigado por la PGR por el presunto delito de lavado de dinero-.
Empero, la información difundida también señala que Barreiro trabajó
para Advance Real Estate, además de hacerlo para otras empresas del ramo
inmobiliario -llámese Aston Capital Partners, Hines, etcétera-.
Tan involucrado están Barreiro y Advance Real Estate, que entre enero
y febrero de este año la compañía presentó una serie de amparos para
impugnar el congelamiento de las cuentas de Barreiro por parte de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Para mayo de 2016, dijo Ricardo Anaya de manera pública, su empresa
familiar ya había construido una nave industrial [con seis bodegas] de
“siete mil metros cuadrados techados”.
Ese mismo año, JuniSerra vendió el predio y la construcción por un
monto de 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Master Plan
Development S. de R.L. de C.V., misma que aparece en la lista del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) como “contribuyente con operaciones
presuntamente inexistentes”.
Según Anaya, el pago de Manhattan Master Plan Development lo recibió
en tres transacciones provenientes del Banco del Bajío (Banbajío).
El panista también aseguró que el dinero de la inversión inicial
provino de tres fuentes principales: de un crédito hipotecario a través
de Banamex -en su declaración de intereses 3de3 aparece un crédito
hipotecario con Banamex, que data de abril de 2015, por cinco millones
576 mil 505 pesos-; de un crédito autorizado por Park Development; y del
dinero de sus ahorros personales.
Dentro
del recuadro blanco aparece señalado el terruño de Ricardo Anaya
Cortés, en Querétaro, luego de la construcción de siete mil metros
cuadrados de una nave industrial. Foto: Captura de pantalla.
El 26 de octubre de 2017, luego de una denuncia penal presentada ante
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, las autoridades
iniciaron una investigación formal del caso por el presunto delito de
lavado de dinero.
A cuatro meses de iniciada la investigación no hay resultados
contundentes, hechos públicos, por la PGR. Sin embargo, el 29 de enero
de 2018, Daniel Rodríguez Velasco y David Alberto Aarón Galindo
González, ambos identificados por las autoridades como asesores legales y
diseñadores de una supuesta red de triangulación de recursos,
declararon haber participado de un entramado para lavar dinero a favor
de Ricardo Anaya Cortés y Manuel Barreiro Castañeda.
Mientras que Anaya es señalado de enriquecerse de manera opaca,
Berreiro es investigado por utilizar recursos de dudosa procedencia.
Según los testimonios de Rodríguez Velasco y Galindo González, desde
diciembre de 2015, Barreiro los contrató para crear “un esquema de
colocación de fondos”. La finalidad fue comprarle a Anaya el terreno y
sus bodegas, a través de “operaciones simuladas” que les ahorraran
dinero y sin aparente vínculo entre las partes involucradas.
“Manhattan Master Plan Development compró el terreno al mayor precio
posible de mercado con la intención de obtener el mayor costo fiscal
posible”, refirió Galindo, quien también admitió haber sido parte de una
“estrategia fiscal” para que, a través de un avalúo de “mejoras
inexistentes al terreno”, Anaya pudiera vender el predio y las bodegas a
un precio inflado, “a efecto de tener el menor pago de impuestos
posible”.
Según Velasco, si Barreiro ayudó a Anaya fue “por la gran
relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya desde
hace muchos años”.
Anaya quizá compró su propiedad a un precio justo, según se puede
apreciar en algunos sitios de bienes raíces como Propiedades.com. En
cuanto al precio de venta se refiere, en el sitio de Inmuebles24.com
aparece listada una nave industrial de tres mil 232 metros cuadrados en
un terreno de seis mil 877 metros cuadrados, valuado en 35 millones de
pesos.
Inflado o no, la controversia radica en la falta de transparencia y
rendición de cuentas. A Ricardo Anaya le es cuestionada la falta de
claridad con que se maneja y algunos detalles sobre las transacciones
que no concuerdan. Hasta el momento no se sabe con exactitud si estuvo o
qué tan involucrado estuvo con las operaciones para inflar avalúos.
Ejemplo de estas posibles inconsistencias es que, mientras Anaya
sostiene que la compañía Manhattan Master Plan Development es propiedad
del arquitecto Juan Carlos Reyes García, testimonios como el del Senador
panista Javier Lozano Alarcón indican que en las escrituras públicas
del estado de Querétaro aparece como propiedad de Luis Alberto López
López, identificado como el supuesto chofer de Manuel Berreiro; y de
María Amada Ramírez Vega, también empleada por Barreiro.
Manuel Barreiro, por su parte, es investigado por la supuesta
simulación de empresas, inflar avalúos con el fin de pagar cantidades
extraordinarias por una propiedad, además de ocultar el verdadero origen
del dinero.
De acuerdo con una investigación de
El Universal, de los 54
millones que la presunta empresa de Barreiro pagó a Anaya -y de los que
no se sabe el origen-, 16 millones salieron de México a Gibraltar y
regresaron a nuestro país a través de la compañía fantasma Tesorem, que a
su vez, los traspasó a la empresa Manhattan Master Plan Development.
Ambas compañías habrían sido creadas para este propósito -esconder el
origen del dinero-.
El resto de los recursos, asimismo, habrían pasado de una empresa de
Barreiro a un empresa canadiense con cuenta en Suiza. De ahí, esos 38
millones habrían sido mandados a las islas Turcas y Caicos -paraísos
fiscales al sureste de las Bahamas-, para luego regresar a Canadá y de
ahí a México, a través de Tesorem con destino final a Manhattan Master
Plan Development.
Inclusive algunas versiones periodísticas como la de
La Razón,
por ejemplo, reproducen que la empresa familiar de Ricardo Anaya
regresó 23.5 millones de pesos a Manuel Barreiro para comprar otro
terreno. Un caso similar al de la “Fundación por más Humanismo”,
develado por la revista
Proceso.
Falta que la PGR pueda probar las ligas entre la red de lavado de dinero y Ricardo Anaya Cortés.
Mientras tanto, Manuel Barreiro -además de otras cuatro personas
involucradas- seguirá siendo investigado por la PGR. El miércoles de
esta semana, un juez de distrito negó la suspensión definitiva que el
empresario queretano interpuso el 14 de febrero de este año.
Sin dicho recurso legal, en cualquier momento la Procuraduría podrá
solicitar una orden de aprehensión en contra de Barreiro y consignarlo
ante un juez.
