Introducción
En este escrito -que pretende construirse desde la perspectiva de una
izquierda anticapitalista- se busca caracterizar a la nueva realidad
política mexicana que emergió del reciente proceso electoral y sus
resultados, es decir: del triunfo de MORENA y la llegada de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia, acontecimiento que colapsó
al hasta entonces vigente régimen político y su sistema de partidos.
Sobre las ruinas de ese régimen colapsado se está levantando otro que es
necesario entender para hacer política en esta nueva etapa histórica
del país.
Se intenta hacer esta caracterización del régimen
político emergente y del nuevo gobierno situándolos históricamente para
vislumbrar las perspectivas y tareas de una izquierda anticapitalista en
México y, asimismo, para que ésta no sea arrastrada por el
tsunami lopezobradorista
actual hasta perder su identidad y proyecto, como sucedió con la oleada
cardenista de los 80 que dio origen al PRD que hoy cierra, al fondo y a
la derecha, de manera definitiva su ciclo de existencia.
Del régimen bonapartista sui generis al régimen oligárquico (neo) liberal
Revolución interrumpida y régimen bonapartista sui generis
Partamos del origen de todo proceso político del México moderno: la
Revolución mexicana y el régimen político posrevolucionario. De acuerdo a
Adolfo Gilly, en su libro
La revolución interrumpida, se pueden
distinguir tres concepciones sobre la Revolución mexicana, a saber: a)
era una revolución burguesa que se fue desarrollando con los gobiernos
de la revolución; b) fue una revolución democrática burguesa que
concluyó, pese a sus logros parciales; c) forma parte de un proceso
revolucionario mundial, de modo que puede entenderse como una revolución
interrumpida que aúna una revolución agraria y antiimperialista,
impulsada por las masas campesinas y pequeñoburguesas, con una dinámica
anticapitalista, a pesar de la dirección burguesa y pequeñoburguesa
dominante.
“En ausencia de dirección proletaria y programa
obrero -dice Gilly-, debió interrumpirse dos veces: en 1919-1920
primero, en1940 después, sin poder avanzar hacia sus conclusiones
socialistas.”
Si concebimos, como lo hace Adolfo Gilly
(inspirándose en Trotsky), que la Revolución mexicana que quiebra al
régimen porfirista en 1910 es una revolución permanente interrumpida, en
la que una revolución democrática burguesa retardada se empalmó con el
inicio de una revolución proletaria que no encontró al sujeto
revolucionario que la empujara hacia el socialismo, podemos develar el
enigma del régimen político posrevolucionario. Aunque éste es, sin duda,
parte de un Estado burgués que consagra la propiedad privada y legitima
la explotación capitalista, garantizando la reproducción de la
totalidad de las relaciones capitalistas, su forma política específica,
según el propio Trotsky, es la de un régimen bonapartista
sui generis,
es decir, la de gobiernos como el cardenista que pretenden elevarse por
encima de las clases sociales, concediendo reformas sociales a las
clases dominadas (obreros y campesinos) para ganar legitimidad y cierta
libertad en relación al imperialismo. Así escribe Trotsky en un
artículo, refiriéndose explícitamente al gobierno de Cárdenas:
“En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un
rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en
relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de
poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el
nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el
relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter
bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así
decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien
convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al
proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando
con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de
este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a
los capitalistas extranjeros. La actual política [del gobierno mexicano]
se ubica en la segunda alternativa.”
Mientras los comunistas
mexicanos, subordinados al estalinismo, entendían a la Revolución
mexicana como una revolución burguesa en proceso a la que se debía
apoyar, comprenderla como una revolución interrumpida permitía romper
con la concepción etapista de la revolución que por años subordinó a los
comunistas (estalinistas) mexicanos al régimen político mexicano (al
PRM y luego al PRI).
De acuerdo a la concepción de los
comunistas mexicanos, el régimen político que se levantó al término de
la Revolución mexicana era un régimen nacionalista revolucionario al que
se debía respaldar porque impulsaría al capitalismo y una “democracia
burguesa”. Es por eso que caracterizar al régimen político
posrevolucionario como bonapartista sui generis permitió entender su
papel en el desarrollo del capitalismo mexicano y su reformismo social,
pero también permitió cuestionar su autoritarismo, su caudillismo
presidencialista y su política corporativa que subordinó a las
organizaciones de las clases explotadas al integrarlas a su estructura a
través de un partido único, lo que llamamos PRI-gobierno. Desde la
perspectiva de la revolución interrumpida y del bonapartismo sui
generis, la izquierda revolucionaria no debía de subordinarse al régimen
posrevolucionario sino que debía de luchar contra él, reivindicando la
democracia y la independencia de la clase trabajadora para reiniciar la
revolución permanente y socialista.
De manera similar un
pensador crítico de la política mexicana como Arnaldo Córdova
caracterizó al régimen político posrevolucionario, pero recurriendo al
concepto de “populismo”.
La Revolución Mexicana, según la
interpretación de Arnaldo Córdova, fue una “revolución política” (que
rompió con la dictadura porfirista pero no con el capitalismo) y
populista, pues al mismo tiempo que frenó a una auténtica “revolución
social” manipuló a las masas mediante “la satisfacción de demandas
inmediatas”: la reforma agraria y la legislación laboral. Para afirmar
un Estado populista, que impulsaba reformas sociales mientras
desarrollaba formas de control corporativo sobre las organizaciones
populares de masas, era necesario “institucionalizar” y estabilizar el
poder: pasar, como decía Calles, de un “régimen de caudillos a un
régimen institucional”. En ese sentido los grupos revolucionarios
formaron al PNR en 1929 -que luego se transformó con Cárdenas en PRM en
1938 y con Miguel Alemán en PRI en 1946-, integraron a las
organizaciones obreras, campesinas y populares a la estructura del
Partido (corporativismo) y levantaron un régimen presidencialista.
Para evitar los enfrentamientos de los caudillos revolucionarios en la
disputa del Poder no sólo se creó al partido oficial y se subordinó a
las organizaciones de masas a él, también se dejó en el pasado la
política caudillista: se transformó el carisma caudillista al
institucionalizar el poder como “presidencialismo constitucional.” Es
justamente esta institución, el Estado de Ejecutivo fuerte o
Presidencialismo, la que impidió que el sistema político mexicano fuera
caracterizado simplemente como “democracia” o como “dictadura” y la que
reveló, además -señalaba Córdova- su “secreto profundo”.
Este
régimen político mexicano posrevolucionario, bonapartista o populista,
fue deteriorándose en cada sexenio hasta que, con la imposición de las
políticas neoliberales a principios de los ochenta, fue sustancialmente
modificado para volverse un régimen político oligárquico (neo) liberal.
Revolución pasiva neoliberal
Según algunos analistas, el neoliberalismo se impuso en México con una
“revolución pasiva” (en el sentido de Gramsci). Cabe aclarar que el
concepto de “revolución pasiva” fue elaborado por el marxista italiano
para pensar las transformaciones desde arriba, que no modifican las
formas de explotación sino que las modernizan; en ese sentido, toda
“revolución pasiva” es una "revolución-restauración": lleva a cabo
cambios importantes, pero sin que las clases dirigentes del bloque
histórico dirigente cedan ni un ápice de su poder económico o político a
las clases trabajadoras. De hecho, lo que se busca es evitar la
participación de las masas en esos cambios, por lo que tratan de
neutralizarlas y, de ser posible, ganárselas. Para entender los cambios
del sistema político en esos años y sus perspectivas, resultó útil
retomar este concepto.
Por ejemplo, Carlos Javier Maya utilizó
el concepto de “revolución pasiva” para comprender los cambios globales
que propició el neoliberalismo. Para este autor, la “revolución pasiva”
pensada por Gramsci refiere “un proceso de transformación gestionado
desde lo alto, como respuesta capitalista a los problemas planteados por
la crisis de hegemonía.”
En realidad, aclara, no es un cambio
sistémico que “hace época” pues sólo moderniza las relaciones sociales
dentro de una formación económico-social pero no las modifica sustancial
y radicalmente al punto de que revolucione el sistema de producción o
dominación, terminando con la explotación y el dominio de clase. Por eso
nos recuerda que la “revolución pasiva” gramsciana remite, más bien, a
una suerte de “revolución sin revolución”, esto es, a procesos de
transición “de tipo conservador” que neutralizan y/o dirigen la
iniciativa popular. En ese sentido, comenta, es útil para explicar las
restructuraciones del Capital en los que éste se moderniza legalmente,
desde arriba y sin la participación de las masas. Y como se impulsa
desde el Estado, avanza con más dominio (coerción) que con consenso,
aunque de inmediato pretenda ser, al mismo tiempo que una modernización
económica, una “revolución intelectual y moral” que difunde su ideología
para construir su consenso, para lo cual requiere el “transformismo” de
ciertos intelectuales que se volverán orgánicos. Desde esta
perspectiva, Carlos Maya piensa a la globalización neoliberal como una
“revolución pasiva”. Esta manera de abordar los cambios que suponen los
tiempos neoliberales permite la superación de las perspectivas
economicistas así como la crítica ideológica a la doctrina neoliberal
vista como elemento clave de un proyecto hegemónico.
En el caso
mexicano, podemos detallar la “revolución pasiva” que empezó con
Salinas de Gortari a partir de la “alianza estratégica” (como le llama
Arnaldo Córdova) que se acordó entre el PRI y el PAN a finales de la
década de los 80, después del fraude electoral contra Cárdenas (que, por
cierto, defendía al antiguo régimen bonapartista).
Aunque no
puede negarse que fue desde la presidencia de Salinas de Gortari que el
neoliberalismo se implantó en México de manera contundente, tampoco
puede olvidarse el importante papel del PAN respaldando ese proceso. De
hecho, Salinas de Gortari adquirió cierta legitimidad en su cargo
gracias al apoyo del PAN. Pero ese apoyo se debía a dos coincidencias
políticas fundamentales: 1) su identidad ideológica neoliberal y 2) su
oposición a la izquierda cardenista y “populista”, a la que le
arrebataron su triunfo electoral.
No por casualidad, el
neoliberalismo se impone en México con un mecanismo que este régimen
utilizará recurrentemente para su dominio político: el fraude electoral.
Desde entonces comienza en México una dominación política sin
legitimidad ni consenso.
La “alianza estratégica” entre el PRI y
el PAN, que incluía sectores de la burguesía, se sostuvo por su
fidelidad al credo neoliberal, cambiando la institucionalidad política
de México ya que el entonces nuevo bloque histórico, de derecha, se
apropió de la esfera pública para decidir no las políticas económicas
nacionales (porque éstas vienen del BM y el FMI) pero sí arreglos
electorales, leyes, gobiernos estatales, etc. En ese sentido, insistía
Córdova que la famosa “alternancia política”, en gobiernos estatales y
en la propia presidencia de la república, fue un “arreglo en familia”
entre “el priísmo derechizado y el nuevo panismo más derechista que
nunca antes.”
Con la hegemonía de un bloque histórico de
derecha se proyectó a la sociedad entera sus concepciones ideológicas,
dogmáticas (cerradas en el pensamiento único neoliberal) e intolerantes a
todo lo popular y lo público (denigrado como “populista”),
naturalizando una visión de la sociedad como jerárquica y autoritaria,
supuestamente basada en seres humanos individualistas y competitivos,
con ganadores y perdedores. Por supuesto, se sacralizó a la propiedad
privada, la privatización de las riquezas, el desarrollo de inversiones
capitalistas, la restauración del patriarcalismo, las diferencias
clasistas y la explotación desmedida del hombre y la naturaleza;
consecuentes con lo anterior, fueron capaces de justificar y naturalizar
todas las formas de dominio, poder, explotación y violencia sobre
sectores humanos.
Como grupo que tenía en sus manos el poder
económico, éste se volvió una enajenada “personificación” del Capital,
dedicada a velar por sus intereses. Por eso, manejó una política carente
de ética, pues no lo guiaban valores sino intereses estrechamente
económicos: se trataba de hacer negocios y sacar ganancias como fuera.
Ello explica por qué esta alianza gobernante no tuvo problemas con
abiertas y cínicas corruptelas o en ceder la soberanía nacional a
organismos financieros internacionales (BM y FMI), en impulsar las
“reformas estructurales”: privatizar, desregular, flexibilizar, permitir
el saqueo de los bienes públicos y los recursos naturales de la nación,
etc. El bloque histórico de derecha gobernante -carente de toda
veleidad nacionalista o de velar por el bien público- no tuvo ningún
escrúpulo en permitir que la esfera de los asuntos públicos del país (la
política) quedara en manos de extranjeros que sólo velan, también, por
los intereses del Capital dominante en su país. Tampoco tuvo reservas
para dominar con el terrorismo de Estado o aliarse con los narcos. Por
cierto, el nuevo bloque histórico de derecha logró imponer al
neoliberalismo no sólo entre la clase política sino en amplias capas de
la sociedad después de años de bombardeo ideológico, volviéndolo
“sentido común”. Por ello el neoliberalismo se volvió en México y en el
mundo globalizado un fenómeno económico y también cultural que se
expresó políticamente con un dramático cambio de régimen político.
De acuerdo a Octavio Rodríguez Araujo, un régimen político no se reduce
a la política de un gobierno ya que remite a una forma de existencia
del Estado que depende de una correlación de fuerzas sociales y
políticas en un momento dado. Para este politólogo mexicano, de 1982
hasta el 2000 coexistieron dos regímenes políticos en nuestro país: el
viejo régimen estatista, bonapartista y populista, y el nuevo régimen
neoliberal, oligárquico y privatizador -ambos autoritarios y
subordinados al capitalismo. Lo cierto es que con el gobierno de Salinas
de Gortari y su alianza con el PAN un nuevo régimen político se empezó a
imponer en México.
Régimen oligárquico neoliberal
Cabe señalar, de entrada, contra la mistificación del liberalismo
político y su supuesta “democracia sin adjetivos”, que partimos de
rechazar la comparación que durante años se hizo entre un gobierno
populista autoritario y un gobierno neoliberal democrático. En realidad,
ninguno de los dos fueron democráticos y los dos fueron bastante
autoritarios, aunque lo fueron de maneras diferentes.
De hecho,
el viejo régimen bonapartista y populista era hegemónico gracias a la
ideología del nacionalismo revolucionario, que era casi la identidad
nacional de lo mexicano, de modo que dominaba con coerción pero también
con el consenso que lograba entre amplias capas sociales por su
ideología y su “reformismo social” (su “política de masas”, decía
Córdova), gracias al Estado social y sus organizaciones sociales
corporativas.
En cambio, el nuevo régimen neoliberal dominó,
pero carente de hegemonía y sin consensos, apoyado en la fuerza
policíaca y militar.
“Los gobiernos del nuevo régimen -señala
Rodríguez Araujo-, del tecnocrático neoliberal, han perdido los modos
tradicionales de control y dominación de la sociedad, al extremo de
tener que recurrir cada vez más a la presencia de las fuerzas armadas,
pero al mismo tiempo, no han podido (o querido) resolver las
contradicciones extremas que sus políticas neoliberales han provocado en
la sociedad.”
Considerando su trayectoria, es posible que el
nuevo régimen neoliberal oligárquico fuera incapaz de lograr una
verdadera hegemonía política o una dominación con legitimidad porque
ésta se teje -según una estudiosa del tema, Rhina Roux- en largos
procesos históricos con la integración política, la soberanía nacional y
la legitimidad.
De acuerdo a esta autora, la hegemonía no es
la mera imposición de ideas e intereses de los grupos dominantes a los
dominados; la hegemonía implica el consenso activo de los gobernados: es
“la aceptación activa de los gobernados del mando estatal resultado de
un proceso también atravesado por los intentos de las clases subalternas
por imponer reivindicaciones propias.”
La hegemonía implica la
conformación de una comunidad política que integra mitos y creencias
colectivas de los grupos subalternos en un intercambio y pacto político
con el Estado que permite la relación de mando-obediencia.
La tesis que defiende Rhina Roux en
El Príncipe mexicano es que la hegemonía del Estado nacional se alcanzó en un arco histórico que va de Juárez y llega hasta Cárdenas:
“En el cardenismo culminó el proceso histórico de configuración del
Estado nacional abierto en México por las reformas juaristas. En los
años treinta del siglo XX terminó de conformarse la comunidad ilusoria
estatal, se institucionalizó el vínculo mando obediencia entre
gobernantes y gobernados, y se afirmó la soberanía del poder estatal
frente a poderes y mandos externos…”
El neoliberalismo irrumpió
en la escena política para poner en cuestión tanto a esa “comunidad
ilusoria estatal” como a la hegemonía que cobijó al viejo régimen
bonapartista, pero sin lograr ser capaz de levantar otra. Por ello
mismo, el bloque histórico neoliberal intentó borrar de la historia a
Juárez y a Cárdenas, mientras que, significativamente, AMLO siempre
buscó conectarse con ellos.
Pero, ¿cómo podría construir una
nueva hegemonía si el neoliberalismo, por esencia, desintegra lo social,
disuelve la soberanía nacional y no es capaz de legitimarse con sus
políticas anti-populares?
Lo intentó, sobre todo, con el
discurso políticamente liberal de la “transición democrática”, según el
cual México al fin había entrado a la democracia (así fuera imperfecta).
Pese a los fraudes electorales, a la subordinación de todos los poderes
al ejecutivo y de éste al imperialismo y a las cúpulas empresariales, a
la existencia de partidos satélites abiertamente colaboracionistas y
desdibujados ideológicamente, al colapso del Estado de Derecho y al
descrédito de los partidos así como de las instituciones políticas (INE,
TRIFE, etc.), el régimen político neoliberal a través de sus
intelectuales orgánicos cantó loas a la llamada “democracia sin
adjetivos”, a las elecciones libres y a la competencia electoral, a la
alternancia, al sistema de partidos, a la división de poderes como
contrapesos, al imperio de la ley, a las instituciones ciudadanas, etc.
El duro contraste entre el discurso del liberalismo político y la
antidemocracia imperante sólo generó más desconfianza, descontento y
rechazo al régimen político.
El régimen también recurrió al
control de los medios de comunicación masivos (la televisión y la radio)
y sus mensajes encubridores y retóricos; es verdad que ello funcionó
durante algunos años hasta que las llamadas “redes sociales” se
instituyeron y generalizaron en sectores de la sociedad y las nuevas
generaciones. Se abrió entonces la posibilidad de ensayar nuevas formas
contra-informativas al margen y fuera de control del Estado.
Otra tentativa de parte del régimen por adquirir legitimidad ante
ciertos sectores de la población fue recurrir a la Iglesia tradicional,
como lo hicieron tanto el PAN como el PRI, con el proyecto de
re-moralizar a la sociedad atacando la herencia juarista del Estado
laico y relanzando al patriarcalismo como punta de lanza de una ofensiva
contra los derechos de las mujeres conquistados por el movimiento
feminista. Sin embargo, la estrategia no funcionó en amplias capas de la
sociedad donde la escolarización pública y el laicismo resultaron
irreversibles y corrosivos para los dogmas religiosos conservadores.
Como los sucesivos gobiernos neoliberales debían someterse a procesos
electorales con una legitimidad cuestionada, el acuerdo histórico entre
el PRI y el PAN permitió una alternancia simulada que dejaba intocadas a
las políticas neoliberales y las corruptelas de la clase política que
generó el régimen. Sin embargo, ello no bastaba para sortear los
procesos electorales. Por eso, durante este régimen político neoliberal,
el fraude electoral fue prácticamente naturalizado e
institucionalizado, formando parte sustancial de los mecanismos de
dominación que se echaban a andar en cada elección: funcionaban entonces
las redes de control y compra o condicionamientos del voto a través de
los cientos de llamados "programas sociales", se lanzaba el desigual
bombardeo propagandístico con “guerra sucia” incluida, se encendían los
programas en la computadoras del IFE para favorecer a los candidatos
oficiales o se hacía el trabajo manual de robarse urnas o alterar actas,
siempre contando como válvulas de seguridad el control de los
tribunales electorales y el propio INE. Al final de estas tentativas
fallidas de generar cierto consenso o legitimidad por parte del entonces
nuevo régimen político neoliberal, sólo se confirmaba el debilitamiento
creciente de la legitimidad y hegemonía de un régimen que había
abandonado la lucha por la soberanía nacional mientras el Estado-nación
parecía disolverse en feudos regionales de gobernadores y de grupos
empresariales haciendo dinero con los servicios privatizados o
subrogados, o en funcionarios y políticos corruptos entremezclados con
delincuentes y narcos.
Si el liberalismo político sólo fue una
ficción mistificadora de la realidad, el (neo) liberalismo económico
fue, en cambio, una realidad apabullante. Por eso podemos caracterizar a
ese régimen de neoliberal -en lo económico, no en lo político-, siempre
y cuando señalemos al sector beneficiado y dirigente de ese bloque
histórico: la oligarquía que se enriqueció con las privatizaciones y
corruptelas de los gobiernos neoliberales, esa que AMLO llamó “la mafia
del poder”.
El nuevo régimen político de México que imperó en
estos últimos años fue abiertamente oligárquico: en él mandaron y
decidieron en la esfera pública los más poderosos económicamente, para
seguir enriqueciéndose. Arnaldo Córdova también constataba que el Estado
nacional mexicano se volvió, como decía Marx, “un comité de
administración de los asuntos comunes del conjunto de la burguesía.”
Señalaba, además, que como el Estado mexicano ha servido principalmente a
los ricos, se ha divorciado de la sociedad. Decía que ello era como una
fantasía de la burguesía realizada: “todo el Estado -decía Córdova- en
sus muy diferentes departamentos, gobernado para los dueños de la
riqueza.” Todo el Estado, lo que queda de él, ha estado dedicado a sus
negocios: privatizando bienes y servicios públicos, pagando a
contratistas donde se pueda para suplir la intervención estatal,
subrogando, dando tratos preferenciales en contratos, rescatando si el
negocio (de carreteras, por ejemplo) va mal, etc.
Se tenía al
poder ejecutivo como “mayordomo” de los grandes empresarios; además, las
partidocracias actuaban como cómplices que imponían a sus subordinados
diputados y senadores lo que acordaran fuera de las Cámaras, “en lo
oscurito”, que era donde realmente se gobernaba y desgobernaba al país.
Si había algún problema, se ponía a trabajar al poder judicial, que para
eso se le paga bien. El último recurso siempre fue el ejército.
-¿Dónde quedó la política como esfera pública para discutir y decidir
los asuntos colectivos de nuestra sociedad? -En manos del Capital
extranjero y de la oligarquía económica.
-¿Quién mandaba en ese
régimen político y, en consecuencia, en el país? ¿Quiénes dominaban,
decidían y ordenaban en la esfera de los asuntos públicos de la
comunidad? -Además de los representantes del Capital transnacional a
través de los organismos financieros internacionales (BM y FMI), la
oligarquía: “los pocos, que son (muy) ricos”: el núcleo de 28 empresas
que concentra grandes fortunas. Lo podemos decir citando al propio AMLO:
“Recapitulando: la actual oligarquía se conformó desde el
gobierno de Carlos Salinas, cuando un puñado de traficantes de
influencia, al amparo del poder público, inició el despojo de bienes de
la nación y del pueblo, con el engaño de una supuesta modernización del
país. El modelo llamado neoliberal, más bien de corrupción y saqueo, se
consolidó con los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.”
Crisis del régimen oligárquico neoliberal
Si la forma política del neoliberalismo se impuso con el relanzamiento
mundial del Capital hace más de 30 años, intentando además darle una
justificación ideológica a la desenfrenada dinámica capitalista que
rompía todas las regulaciones (la victoria del mercado libre sobre sus
adversarios comunistas), ahora el neoliberalismo sigue respondiendo a la
dinámica de un capitalismo "desmecatado" (como lo califica Armando
Bartra) pero se encuentra desgastado ideológicamente, incapaz de
responder a las crisis económicas permanentes y generando crisis
políticas de legitimidad a nivel mundial.
Después del sueño
neoliberal de imponer un Nuevo Orden mundial despertamos en la realidad
de un Caos geopolítico con nuevos conflictos inter-imperialistas que
sólo anuncian una "inestabilidad geopolítica crónica" cuyas evidencias
son la competencia imperialista, la enorme movilidad del capital, la
financiarización de la economía, la nueva espiral de la carrera
armamentista...
Si a ello le sumamos que las instituciones
financieras han privado a los gobiernos de tomar decisiones económicas
estratégicas en sus países, nos encontramos ante una "crisis de
gobernabilidad" planetaria que ha golpeado a los procedimientos
legitimadores de la "democracia" burguesa y ha quebrado las formas de
poder político tradicionales para imponer una nueva dominación con
crisis permanente de legitimación.
De la crisis de legitimidad del régimen oligárquico neoliberal mexicano
La crisis de dominación política del régimen neoliberal, la incapacidad
de generar consenso y legitimidad, fue una constante pero durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) se agudizó al punto de hacernos
soñar la caída de su gobierno.
No se podía soslayar que la
propia candidatura de Peña Nieto fue denunciada como fraudulenta desde
antes de las elecciones por el movimiento estudiantil y popular del
#Yosoy132
, que en el proceso electoral se denunció que la campaña de Peña Nieto
rebasó con mucho el tope legal de gastos electorales, que se mostraron
múltiples vídeos y tarjetas de Soriana para probar que se compraron
votos para el candidato del PRI y que se estaba formando un frente
unitario contra la imposición de EPN en el 2012. El gobierno de EPN
nació con la marca del fraude y la ilegitimidad.
Sin embargo,
las cosas no llegaron a más porque el propio candidato afectado por el
fraude, Andrés Manuel López Obrador, decidió organizar a su partido
(MORENA) y abandonó la lucha contra el fraude. Ello permitió que EPN
tomara el poder ejecutivo e impusiera en el 2012 y el 2013 sus primeras
contra-reformas estructurales, con el apoyo del falso “Pacto por México”
firmado por el PRI, el PAN y su nuevo socio: el PRD. Con este Pacto el
PRD pasaba de las filas de la oposición (limitada, negociadora,
pragmática) a sumarse al bloque hegemónico neoliberal, volviéndose
abiertamente un partido colaboracionista.
Acosado por denuncias
de mala administración y corrupción, como la de su “casa blanca”, el
gobierno de EPN perdía legitimidad en sectores importantes de la
población hasta que ocurrieron los hechos de la noche trágica de Iguala
del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa fueron desaparecidos.
Para algunos, esa fue la gota
que derramó el vaso: el repudio nacional contra el gobierno de EPN llevó
a las calles a miles de contingentes que gritaban con fuerza y por
todos los medios: “¡Fue el Estado! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Vivos se los
llevaron, vivos los queremos!”
Cuando el clamor popular parecía
extinguirse después de las elecciones del 2015, que le dieron cierta
legitimidad al régimen, en 2016 la SEP pasó de la declaración de la
guerra contra el magisterio -eso era la reforma administrativa y laboral
que llamaron educativa- a las acciones bélicas al tratar de imponer a
sangre y fuego las evaluaciones docentes. Si la contra-reforma
energética, privatizadora y anti-nacional, no despertó el esperado
repudio popular masivo, la mal llamada reforma educativa sí lo hizo.
Mientras el gobierno llenaba de policías y militares las calles para
aplastar la insurrección magisterial, ésta mantenía y extendía sus
protestas con un creciente apoyo popular.
En esta situación
explosiva ocurrió la masacre de Nochixtlán el 19 de junio de 2016: el
ataque armado de policías y militares contra una población que apoyaba
al magisterio. Esta nueva matanza obligó a la SEP a negociar con la
CNTE. Pese a que esas negociaciones evitaron que la confrontación
creciera, los gobernantes las negaron y en su discurso siguieron
provocando a los maestros de todo el país, ¡incluso en plena campaña
electoral!
De hecho, acostumbrados a la imposición por la
fuerza y la corrupción, el gobierno de EPN y sus aliados en el poder
fueron incapaces de recomponer ya no su hegemonía política y mantener
cierta gobernabilidad sino cierta imagen aceptable ante la población. En
vez de intentar mejorar su muy deteriorado perfil, permitieron la
exhibición cínica de gobernantes corruptos e impunes; en vez de hacer
gestos nacionalistas, invitaron a Trump a seguir su campaña
antimexicanos ¡en México! En esos días no faltaron voces acusando a EPN
de traidor de la patria.
Y así se llegó a 2017: en vez de
mantener en paz al país antes de las elecciones presidenciales del 2018,
le echaron gasolina al fuego del descontento popular en enero de este
año con un aumento en el precio de la gasolina que desató otra enorme
movilización nacional repudiando el hecho. La profunda crisis de
legitimidad del régimen político mexicano entero (incluidos partidos
institucionales y gobernadores) se insertaba en un complicado panorama
internacional, con la crisis de los llamados “gobiernos progresistas” y,
por supuesto, la sorpresiva llegada de Donald Trump al poder
presidencial de Estados Unidos.
La política proteccionista de
Trump ponía en riesgo el frágil, derruido y dependiente país que los
neoliberales en el poder configuraron en estos últimos 30 años.
Quedaba claro que las políticas neoliberales -la desregulación
económica, el Tratado de Libre Comercio, el desmantelamiento del Estado
social, el ataque a los derechos y condiciones laborales y de vida de
los trabajadores, la privatización de nuestras riquezas naturales-
fueron veneno puro para nuestra economía: terminaron tanto con la
industria como con el campo, endeudaron al país al punto de dejarlo a
merced de los organismos financieros internacionales, acrecentaron la
desigualdad, la miseria, el desempleo y la sobrexplotación. La única
industria que creció en esos años de “capitalismo delincuencial” (como
dice Harvey), con ganancias exorbitantes, fue la delictiva, pero a costa
de más de medio millón de muertos y desaparecidos.
Nuestra
agónica economía quedó débilmente sostenida con un PEMEX privatizado
-que padece la caída de precios del petróleo y su acelerado
agotamiento-, la inversión externa en sectores extractivistas y las
remesas de los migrantes amenazados por el gobierno de Trump.
La llegada a la presidencia de Estados Unidos de un supremacista blanco,
ultraconservador que defiende políticas proteccionistas no sólo iba
contra el credo neoliberal sino que suponía la derrota (ideológica,
política, económica, cultural) pronosticada y cumplida para los
políticos neoliberales mexicanos.
Estos políticos dejaban un
país al borde del colapso económico: con un PEMEX desmantelado y
privatizado, de modo que, por ejemplo, importamos gasolina que venden
particulares para obtener ganancias privadas; las remesas de los
mexicanos que trabajan en Estados Unidos corren el peligro de ser
recortadas por una masiva expulsión de migrantes del país del norte; la
inversión extranjera ya es frenada y desviada de regreso a Estados
Unidos. Cuando Trump dijo: “compra y contrata lo estadounidense”,
condenó a muerte a la limitada economía exportadora, levantada con
orgullo por los neoliberales, que depende en un 80% de la economía
estadounidense.
El colapso del régimen oligárquico neoliberal mexicano
Conocedores del funcionamiento político del régimen político mexicano,
este 2018 se preveía un fraude electoral contra AMLO que podría ser el
detonante de un levantamiento popular que confrontara al régimen y lo
hiriera de muerte.
Sin embargo, el régimen se quebró en el
propio proceso electoral: primero se desgarró el autodenominado “Pacto
Por México” (signado por el PAN y el PRD apoyando al PRI) y luego, más
significativamente, se rompió la histórica alianza del PRI con el PAN,
acuerdo que había instituido al propio régimen político y amalgamado un
bloque histórico.
Anunciado durante las campañas electorales el
fin del régimen, los partidos trataron de armar nuevas coaliciones: ya
sea alrededor del PAN, subordinando a un PRD desdibujado
ideológicamente, o en torno a AMLO y MORENA sumando a sectores
empresariales y movimientos sociales, a evangelistas y ateos, pero
también a expanistas, expriístas, experredistas, etc.. La burguesía
también se dividió: un sector capitalista ligado al mercado interno se
confrontó con la oligarquía favorecida por el neoliberalismo y con el
bloque de clases cuyo expresión política fue el PRIAN. En estos
movimientos y maniobras políticas, la izquierda institucional se
desvaneció: el PRD se fue al fondo, a la derecha, a la cola del PAN (el
tradicional partido de la derecha); MORENA se corrió al centro político,
definiéndose con un proyecto de un nuevo gobierno progresista
a la Lula.
Aunque en la campaña hubo guerra sucia contra AMLO y parcialidades del
INE a favor de los partidos del régimen, la división entre el PRI y el
PAN se volvió ruptura irreversible cuando el gobierno priísta reveló los
sucios negocios del candidato del PAN (Anaya) mientras éste amenazaba
con meter a la cárcel a EPN. Los oligarcas y jefes políticos llamaron al
PRI y al PAN a la unidad contra AMLO para presentar un candidato único
pero todo fue inútil: los candidatos del régimen ya quebrado se atacaron
entre sí, dejando en las encuestas como puntero solitario a AMLO.
Que el régimen estaba roto lo empezaron a expresar las encuestas
electorales que, sin línea política o control gubernamental, empezaron a
proyectar el alza de preferencias electorales a favor de AMLO y MORENA.
El fin del régimen estaba anunciado.
Cabe señalar,
además, que los candidatos del PRI y del PAN/PRD resultaron un fiasco
intelectual y político durante la campaña presentándose sin propuesta
nacional, mentirosos, con un discurso vacío y demagógico; mientras
tanto, AMLO marcaba la agenda de la discusión política y recorría el
país con mítines cada vez más numerosos, conquistando electoralmente el
norte de México (el sureste ya era suyo desde campañas anteriores). Al
final de la campaña electoral, las encuestas daban 20 o 30 puntos a AMLO
por encima de su más cercana competencia (el candidato del PAN/PRD) y,
pronosticaban la debacle del PRI, del PAN, del PRD y de varios partidos
paleros. Sin embargo, muchos analistas políticos, críticos y disidentes
del régimen neoliberal, no se atrevían a refrendar ese pronóstico porque
no se cerraba la posibilidad de un megafraude electoral.
Años
de dominación neoliberal sin generar consenso, hundiendo al país en la
descomposición social y la barbarie, fomentaron un enorme rechazo al
régimen político (representado por el PRI, el PAN y el PRD) que se
expresó a lo largo de todo el gobierno de Peña Nieto. Ese extendido y
profundo descontento logró encauzarlo AMLO para su vía electoral en su
disputa por la presidencia.
El 1° de julio, día de las
elecciones, no hubo megafraude pero sí fraudes electorales divididos
(del PRI, del PAN y del PRD, principalmente) y por cargos locales (como
el escandaloso fraude por la gubernatura de Puebla).
Las
instituciones electorales recibieron 56 millones 508 mil 266 votos que
equivalen a una participación ciudadana del 63.42 por ciento.
AMLO obtuvo el 53.19%, que significan más de 30 millones de votos. Sus
adversarios quedaron muy atrás: Anaya (de la alianza del PAN/PRD/MC)
obtuvo el 22.27% y Meade (de la alianza PRI/PVE/PANAL) sólo el 16.40%.
Pero eso no es todo: AMLO ganó en 31 de los 32 estados del país y en 20
estados obtuvo más del 50% de los votos, de esos 20, en 10 obtuvo más
del 60% de los votos (en su estado originario, Tabasco, obtuvo el 80% de
los votos). De nueve gubernaturas en disputa, MORENA ganó cinco: la de
la ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Veracruz y está en
disputa Puebla, pero también ganaron muchos congresos locales y más del
80% de los municipios.
De acuerdo con datos preliminares del
Instituto Nacional Electoral, la coalición encabezada por Morena sumaría
el 61.40% de las curules en la Cámara de Diputados y 53.13% en la de
Senadores, lo que la pondría en una posición política privilegiada.
Es muy probable que cinco partidos políticos pierdan el registro por
sus bajas votaciones (el PRD entre ellos) mientras que el PRI y el PAN
se vuelven minorías nacionales y en los Congresos federales. En estos
partidos, que fueron los pilares del régimen neoliberal, se anuncian
disputas y escisiones, con un futuro incierto.
Sin duda, esto es el colapso de un régimen político, el fracaso de una forma de dominación, el fin de un período histórico.
Las causas de este colapso ya se indicaron: la permanente crisis de
dominación política del régimen, la imposibilidad de generar consenso o
legitimidad, el desgaste político-ideológico del neoliberalismo, la
catástrofe social y económica que significaron para el pueblo y los
trabajadores las políticas neoliberales, el creciente descontento contra
el régimen que se movilizó en el sexenio de EPN, la división del bloque
histórico que por años sostuvo el régimen, todo ello, más una política
estratégica y hegemónica, le permitió a AMLO ganar la presidencia, el
poder ejecutivo y la mayoría en el legislativo, varias gubernaturas, la
mayoría de municipios. Más que transición pactada “en lo oscurito”, el
triunfo de AMLO es una transición empujada por el descontento popular,
pero también una transición institucional hacia un nuevo régimen
político.
Cabe reconocer que AMLO desplegó, por años, una
política estratégica y de lucha hegemónica. A lo largo de su terca lucha
política, AMLO construyó un nuevo “sentido común” con una política
pedagógica que educó a sus seguidores; organizó un partido subordinado a
su proyecto, formando comités y con un periódico que trazaba sus
posicionamientos y adoctrinamientos. Armó un nuevo bloque pluriclasista y
heterogéneo para disputar la presidencia como objetivo casi único. La
izquierda anticapitalista debería aprender mucho de esta lucha.
Una victoria democrática del pueblo mexicano contra el neoliberalismo
Los resultados electorales demuestran que la mayoría de los mexicanos
votaron contra el régimen político neoliberal y contra los partidos que
lo representan.
Más que un voto mayoritario a favor del
incierto proyecto político de AMLO fue un voto de castigo contra el muy
conocido neoliberalismo y todo lo que implica: la afirmación de un
Estado enajenado, ajeno al control social y vuelto contra la sociedad,
pero subordinado a la oligarquía.
Votando por AMLO y MORENA la
mayoría votó contra la miseria y el desempleo crecientes, contra el
recorte de derechos laborales, contra partidos y políticos que sólo han
empeorado al país, contra las élites económicas y políticas que
desprecian a los que viven de su trabajo; muchos votaron contra las
“reformas estructurales”, contra la privatización de PEMEX y contra la
mal llamada Reforma educativa; otros votaron contra la farsa de la
guerra contra las drogas y contra los miles de asesinados y
desaparecidos; muchísimos más votaron contra el cada vez más recurrente
terrorismo de Estado; la gran mayoría votó, en efecto, contra la
corrupción; algunas votaron contra los feminicidios y casi todos contra
los partidos y políticos que durante años engañaron al pueblo.
Votaron contra un régimen político que siempre los negó como sujetos.
Esos que votaron contra el México neoliberal y por la esperanza que les
daba AMLO sabían que el fraude electoral era otra manera de negarlos y
por eso salieron masivamente a votar y a cuidar las urnas, a impedir y a
denunciar el fraude. Contra los pesimistas, deterministas y fatalistas
de siempre, esos millones de mexicanos que salieron a votar contra el
régimen político neoliberal lo derrotaron y, en efecto, hicieron
historia. Se ganó una batalla pero no la guerra.
Por eso hay
algo de revancha en este triunfo y mucho de esperanza. Pero la esperanza
es, por definición, espera pasiva de un deseo imposible. En este
momento de triunfo más que esperanzas pasivas requerimos acción política
colectiva con utopías posibles, como la ecosocialista, que no sólo
cambien al régimen político sino al sistema capitalista.
Ante un gobierno bonapartista y progresista
No cabe duda de que el régimen oligárquico neoliberal se quebró. El
pacto PRI-PAN se rompió por el desgaste de una dominación sin
legitimación o consenso; la dominación política se fue disolviendo a tal
punto que las encuestas escaparon del control político y el fraude no
alcanzó para salvarlos de su hundimiento.
El PRI y el PAN se
han vuelto minoritarios y se les desligó de gobiernos y privilegios que
les permitían sostenerse en el poder. Es muy probable que el PRD vaya a
desaparecer del escenario político.
Además, estos partidos se
hundirán en sus propias crisis particulares: sectores del PRI se irán
con MORENA, el PAN se meterá en una feroz lucha interna por el control
de un partido derechista que queda a contracorriente de la nueva
mayoría, un PRD sin recursos se desfondará. Varios de los partidos
satélites van a perder el registro y van desaparecer. El sistema de
partidos hasta ahora vigente se colapsó. Gobernadores e instituciones
levantadas con el neoliberalismo se debilitarán ante la nueva fuerza
política que representa AMLO y MORENA.
Es verdad que cambia el
régimen político y se legitima un nuevo gobierno con estas elecciones,
pero no se atenta contra el sistema capitalista. El gobierno de AMLO no
será anticapitalista pero tampoco será otro gobierno empresarial y
neoliberal más. Aunque ya muchos se apresuran a señalar a sus aliados (a
los empresarios, a los evangelistas, a los ex) no se reconoce que hasta
ahora la dirección política la tiene AMLO. Aunque AMLO no pretende
desligarse por completo del neoliberalismo, sin duda fijará una política
en tensión con las recetas neoliberales. Más que abiertamente
neoliberal o anti-neoliberal, será socioliberal, para decirlo con una
fórmula contradictoria.
Para explicar lo que probablemente viene será necesario volver sobre AMLO.
En todo este proceso de ruptura del régimen político la figura
principal ha sido AMLO. MORENA sólo ha sido su apéndice político. Más
que un partido político con vida interna democrática, MORENA ha sido la
plataforma de un caudillo político que encaja perfectamente en la
categoría política de “bonapartista”, utilizada por Marx.
Recordemos que Marx emplea esta categoría para caracterizar cierto tipo
de liderazgo político que se independiza parcialmente de la burguesía y
sus partidos políticos tradicionales, buscando un equilibrio entre la
burguesía y el proletariado, centralizando en una persona con el poder
ejecutivo todo el poder político. ¿Acaso no es esa la exacta descripción
de lo que es y pretende hacer AMLO?
Aclaro que no se trata de regresar a la categoría del bonapartismo
sui generis
(de Trotsky) como caracterización de un régimen político, sino de
describir al gobierno de AMLO como bonapartista (según Marx).
Los gobiernos bonapartistas emergen en momentos de crisis social, como
ocurre en este caso, cuando la burguesía y sus representantes políticos
son incapaces de gobernar políticamente, pero también cuando no existe
la fuerza política de los trabajadores para tomar el Estado y el
gobierno.
El gobierno de AMLO pretenderá ser un gobierno
bonapartista y populista, en la línea de los gobiernos progresistas que
proliferaron al sur de nuestro continente como tentativas políticas por
ganar cierta independencia del neoliberalismo. No al modo de Chávez en
Venezuela ni como Evo en Bolivia, sí como Lula en Brasil.
Aunque AMLO quiera emular a Lázaro Cárdenas, su política nacionalista
(si acaso) será una atenuada tanto por el contexto neoliberal como por
su asunción de las ilusiones del liberalismo político. Es muy probable
que lo liberal e institucional de AMLO (¡y la mayoría de MORENA!) mate o
debilite a lo nacionalista, como en el caso anunciado de su política
ante la reforma energética (vital para recuperar la soberanía económica y
política de México), en donde dice no proponerse abrogar tal nefasta
contra-reforma energética sino sólo revisar los contratos…
Como
en algunos países de América del Sur, el futuro gobierno bonapartista y
progresista de AMLO viene de una crisis de gobernabilidad producida por
la aplicación estricta de las políticas neoliberales (que vienen de las
exigencias de cada vez más ganancias de esa fuerza enajenada y
enajenante que es el Capital), y como una tentativa de equilibrar
imposiciones neoliberales con políticas sociales, redistributivas.
De no romper tajantemente con esas políticas neoliberales, el gobierno
de AMLO correrá el riesgo de volverse una salida en falso de la crisis
política y económica actual que sólo abrirá las puertas a una derecha
revanchista y bárbara, como sucedió con los fracasos de los gobiernos
progresistas en Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay…
Pero nada está escrito de antemano excepto un nuevo terreno en el que podemos pronosticar nuevas luchas, pero no su desenlace…
Situación y tareas para una izquierda anticapitalista
La verdadera salida del neoliberalismo y de la crisis civilizatoria del
capitalismo es anticapitalista y ecosocialista. Pero esa es la salida
que le toca a los anticapitalistas construir.
Aunque el
tsunami de AMLO modificó por entero el régimen político, dejó vacío el espacio político que debe ocupar la izquierda.
El PRD se corrió a la derecha y probablemente pierda el registro.
MORENA (con el PT) se corrió al centro y es ahora gobierno. Al parecer,
sólo conservarán el registro político MORENA, el PAN, el PRI y el PT.
El espectro de partidos políticos en México tiene un hueco a la
izquierda. Para llenarlo se requiere una izquierda anticapitalista,
independiente y opositora, aunque no resentida ni sectaria, que se
atreva a hacer política con una forma partidaria, buscando su registro y
constituyendo su propio bloque contra-hegemónico.
Los nuevos
tiempos mexicanos requieren una izquierda con una forma política,
partidaria, de preferencia con registro electoral y con un proyecto
hegemónico, político y cultural, que se coloque dentro o al lado de las
luchas sociales que vienen, dando la batalla política y simbólica desde
nuestra perspectiva.
Como la crisis que atravesamos es
civilizatoria y tiende a agravarse, sin duda las luchas sociales -de los
trabajadores, de las mujeres, de los campesinos y pueblos originarios,
de los jóvenes, de los ecologistas- van a seguir con una tendencia
antineoliberal y anticapitalista.
Ese es, debe ser, el terreno
de la izquierda anticapitalista para constituir nuevas alianzas y
proyectos políticos que apunten a la disputa por el poder. De hecho, el
gobierno de AMLO recibió un enorme apoyo popular producto del
descontento con las políticas neoliberales y estas fuerzas presionarán
social y políticamente en ese sentido.
En ese contexto político
será importante mantener nuestra identidad y programa anticapitalista y
proyectarla en ese nuevo terreno de luchas por venir.
En
resumen, la tarea central de la izquierda es constituir un bloque o polo
anticapitalista para llenar ese enorme hueco político a la izquierda
del sistema político mexicano.
Por eso, hoy más que nunca, es
necesaria y urgente una izquierda partidaria al mismo tiempo
anticapitalista, feminista, ecologista, democratizadora, que exija una
nueva Constituyente para eliminar las contra-reformas neoliberales, que
luche por restituir los derechos laborales y sindicales, que luche por
los derechos y libertades de las mujeres, que defienda los recursos
naturales de los megaproyectos ecocidas, que pugne por una transición
energética, así como por abrir espacios para nuevos partidos políticos
con una Reforma política democratizadora.
No esperemos que esta izquierda anticapitalista esté a la altura de estas tareas, actuemos porque así sea.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
