lunes, 6 de agosto de 2018

Política, liberalismo y violencia: Walter Benjamin y Carl Schmitt

por Alessio Mulas – Resumen: El derecho natural y el derecho positivo se afirman como criterio de los fines y criterios de los medios, el uno ocupado en salvaguardar las acciones hechas en el sentido de la justicia, y el otro en supervisar la legalidad de tales acciones. La posición que asume la política con respecto a la violencia y el derecho ha sido investigada, aunque de una manera diferente, por Walter Benjamin y Carl Schmitt, que ofrecieron un examen de las cuestiones relativas al mecanismo de mediación de la violencia concebido por el liberalismo, el cual ofusca el fundamento original de la política.

Se ha hecho célebre la carta que, en 1930, Walter Benjamin escribió a Carl Schmitt. Omitida por Adorno en la primera edición de los Gesammelte Schriften, pero publicada más tarde por Jacob Taubes, la carta tenía como objetivo informar al abogado de que sus estudios, en particular Die Diktatur, le habían sido de gran ayuda [1]. Más allá de las relaciones personales, es interesante ver cómo dos pensadores en las antípodas habían encontrado involuntariamente puntos de convergencia de notable valor, y sobre estos puntos se centrará nuestro breve análisis. Aunque la teoría política que se conoce con el nombre de comunitarismo es una vía poco comentada, lo cierto es que las diversas formas que encarna tienen como objetivo polémico común el liberalismo. Para formular una crítica comunitaria es necesario por tanto examinar la relación del derecho y de la política con la violencia, tema disimulado por el liberalismo, pero que afecta a la política en su esencia. Es el terreno sobre el cual les extrême se touchent.
La crítica de la violencia
Entre los escritos filosóficos de Walter Benjamin, destaca por su lucidez el ensayo Para una crítica de la violencia. Gewalt, violencia, en alemán también significa fuerza, poder, autoridad; la palabra, como enseguida deja claro el autor, indica una causa agente moralmente connotable. Se entrelaza con el derecho y la justicia en el ciclo de los fines y los medios. Para el derecho natural no se plantea el problema de la utilización de medios violentos para fines justos; la delegación de derechos hecha por los individuos al Estado presupone “que el individuo como tal, y antes de la conclusión de este contrato racional, ejerce también de jure todos los poderes que tiene de facto” [2], ya que spinozianamente “el derecho de cada uno se extiende hasta donde se extiende su determinado poder” [3]. En contraste con la teoría iusnaturalística de la violencia como “fisiológica”, natural, el derecho positivo considera el poder históricamente dado, juzgando sólo el uso de sus medios. El derecho natural y el derecho positivo se distinguen respectivamente como criterio de los fines y criterios de los medios, en cuanto se basan, el uno sobre el principio de la justicia y el otro sobre el principio de la legalidad. El único punto de unión de las dos escuelas es, en palabras de Benjamin, el “dogma fundamental común: los fines justos pueden ser alcanzados con medios legítimos, los medios legítimos pueden ser empleados a fines justos” [4]. En otras palabras, el iusnaturalismo adapta los medios a los fines justos, mientras que la teoría positiva del derecho garantiza el buen fin con la legitimidad de los medios, por lo que “si el derecho positivo es ciego a la incondicionalidad de los fines, el derecho natural es ciego a los condicionamientos de los medios”’ [5]; las dos perspectivas revelan una insuficiencia crítica.
En el caso de la violencia, la distinción entre legitimidad e ilegitimidad no es evidente de por sí. El derecho natural disuelve el problema de la legitimidad de los medios (por tanto también el de la violencia) en una casuística infinita, haciéndolo depender de la justicia-injusticia de los objetivos, para los cuales legítimo es el medio utilizado para fines justos. Por el contrario, el derecho positivo establece en primer lugar una distinción de principio inherente a la violencia reconocida, sancionada como poder, prescindiendo de los casos individuales en los que se aplica:
Estas relaciones jurídicas se caracterizan – en cuanto concierne a la persona singular como sujeto jurídico – por la tendencia a no admitir fines naturales de las personas singulares en todos los casos en los que estos fines podrían ser, en ocasiones, coherentemente perseguidos con la violencia. Vale decir que este ordenamiento jurídico tiende, en todos los campos en los que los fines de las personas singulares podrían ser coherentemente perseguidos con la violencia, a establecer fines jurídicos que pueden ser realizados de esta manera sólo desde el poder jurídico [6].
De aquí derivan algunos problemas del derecho positivo, que aplasta la persecución de fines naturales (donde por fines naturales entendemos fines que carecen de un “reconocimiento histórico universal”) a favor de los fines jurídicos (que, en cambio, poseen tal reconocimiento por parte del Estado). El ejemplo propuesto por Benjamin se refiere a las leyes que limitan el castigo educativo: el ordenamiento limita un buen fin, la educación rigurosa y severa de los jóvenes, si tiene como medio castigos y penitencias considerados como más o menos violentos. La discrepancia entre los fines naturales y los fines jurídicos se resuelve a favor de estos últimos.
La tesis de Benjamin es que el derecho positivo limita la violencia de la que la persona puede hacer uso no porque el ordenamiento tenga la intención de garantizar la protección de los fines jurídicos, sino más bien para salvaguardar el propio derecho. De hecho, el derecho monopoliza la violencia, la borra de las posibilidades de los individuos, en cuanto teme que ella “cuando no está en posesión del derecho en su momento existente, representa por eso una amenaza, no a causa de los fines que persigue, sino por su mera existencia fuera de la ley” [7]. Recht (derecho) es Vorrecht (privilegio). Al derecho positivo le interesa que la violencia venga ejercida en la legalidad, que no se sitúe fuera de los canales del derecho, y esto también alberga la contradicción ejemplificada por Schmitt a través de dos respuestas de Hans Kelsen, el padre del iuspositivismo del novecientos:
A aquellos que le preguntaron: “¿Cuando la democracia es amenazada por los mismos medios de la democracia, no se debe defender con la violencia?” Kelsen les respondió: “Es vuestro problema. No se trata de una cuestión jurídica, es decir, de una cuestión que un jurista pueda resolver”. En una discusión que tuvo lugar en 1926, el profesor vienés Hold von Ferneck planteó esta pregunta a su colega: “En el caso de que a un legislador enloquecido le venga a la mente dar la orden de que cada domingo sean fusilados diez hombres por un motivo cualquiera, por ejemplo porque tienen el pelo rojo, también esto debería ser considerado derecho y ley?”. Y Kelsen respondió con calma: “Soy un jurista, no un moralista” [8].
Diálogo contra violencia: ¿una zona franca?
El análisis de Benjamin no tiene el objetivo moralista de la crítica de las realidades coercitivas, como la policía, sino que apunta a la afirmación, en absoluto banal, de que la violencia como medio es poder que pone o que conserva el derecho, y renuncia a cualquier validez si rechaza una de estas dos funciones. La cuestión es, entonces, si se le dan regulaciones no violentas a los conflictos. La respuesta de Benjamin es afirmativa, y ejemplo de ello son las relaciones entre particulares, a través de los medios según la “cultura del sentimiento” (Die Kultur des Herzens). Pero aquí está la anomalía: por puras que puedan ser tales relaciones, empollan la violencia de la política. No pertenecen, de hecho, a las soluciones inmediatas, sino siempre a soluciones mediadas. “Ellos [los medios de solución] no se refieren nunca por tanto directamente a la resolución de conflictos entre hombre y hombre, sino sólo a través del intermediario de las cosas” [9]. La conversación (Unterredung), el mejor ejemplo civil de acuerdo, y el lenguaje, zona extraña a los espacios del conflicto, son en origen ejemplos de soluciones no violentas; sin embargo, declarando el engaño y la mentira objeto de castigo (es decir, vetándolos), el derecho “limita el uso de medios enteramente no violentos, ya que, como reacción, podrían engendrar violencia” [10]. Como ha señalado Emanuele Castrucci, Benjamin comparte con Schmitt la conciencia crítica de la deformación liberal del lenguaje, perspectiva según la cual se puede mediar todo en toda la medida en la que se puede hablar de todo.
El lenguaje neutralizaría todo el espacio de la violencia, de la transgresión, de las posibilidades de lo absolutamente otro / absolutamente hostil, usando funcionalmente las propias categorías prácticas: el intercambio, la conversación informativa, la discusión no violenta. […] La descriptibilidad de la esencia del totalmente otro reduciría – a través del lenguaje – la naturaleza catastrófica de la violencia al juego-convención, fair play ilimitado y omnipotente [11].
En realidad, escribe Benjamin, cada contrato y cada compromiso, por cuanto pacíficamente acordados, tienen carácter coactivo, porque está implícita una violencia manifestable sólo en última instancia.
La deformación liberal del lenguaje
Sobre esta última instancia Carl Schmitt, el “zelote de la decisión” (según la definición de Taubes), fundó lo “político”. Eso, señala Schmitt, tiene “criterios propios que actúan […] en relación con los diversos ámbitos concretos, relativamente independientes, del pensamiento y de la acción humana”; estos ámbitos se basan en una distinción de fondo – bien y mal (Gut und Böse) para el plano moral, bello y feo (Schön und Häßlich) para el estético, útil y dañino (Nützlich und Schädlich) para la economía. Por analogía, también lo político se rige sobre una distinción específica, a la cual sea posible referir “el actuar político”, o bien “las acciones y los movimientos políticos” [12]. Como se sabe, Schmitt propone como definición conceptual (no exhaustiva) y como criterio (no con valor contenutístico) el par amigo-enemigo (Freund-Feind). Entre las diversas antítesis no existe una relación de fundación ni de identidad. La especificidad de la antítesis amigo-enemigo es la indicación “del grado extremo de intensidad de una unión o de una separación, de una asociación o de una disociación” [13], que subsiste independientemente de las distinciones morales, estéticas y económicas. El enemigo no es necesariamente malo, feo o dañino, y nada excluye que con él se puedan hacer buenos negocios; pero es su ser “existencialmente, en forma particularmente intensa, algo otro y extranjero”, su alteridad (Anderssein) lo que hace real la posibilidad de un conflicto en el caso extremo (Ernstfall). Tal autonomía de lo político no significa tanto que la política constituya un área delimitada, distinta, desde la que lo político indica la intensidad de una contraposición dada por existente, como su originalidad, que para Schmitt es sobre todo “inderivabilidad”, presencia primigenia y originaria; el concepto de “política”, de hecho, “implica el fin de la política ‘bien fundada”’ [14].
Sólo en la política se puede decidir si tal Anderssein, la alteridad existencial, es la negación del propio modo de existir, y eventualmente combatir lo extranjero (der Fremde). En la primera versión del Begriff se habla de la afirmación y la negación “ontológica de la propia forma de existencia” [15]. Es patente, señala Schmitt, que “en la realidad psicológica” se tiende a ver al enemigo como económicamente perjudicial, estéticamente feo y moralmente malo, pero esto no afecta a la autonomía del amigo-enemigo de las otras contraposiciones. Por el contrario, para comprender los conceptos de amigo y enemigo no hace falta considerarlos ideales típicos, metáforas, símbolos, ni hace falta comprometerlos con conceptos económicos, morales y estéticos.
Aquí llegamos a aquello que, siguiendo a Castrucci, hemos llamado conciencia crítica (benjaminiana-schmittiana) de la deformación liberal del lenguaje. El riesgo evidenciado por Schmitt es el de caer en la trampa del liberalismo, el cual reduce al enemigo a competir sobre el plano económico y a adversario de discusiones acerca de temas espirituales. Está clara la referencia al reaccionario Juan Donoso Cortés, que definía a la burguesía liberal como una clase que se sustrae a la decisión, una clase discutidora que “transfiere todas las actividades políticas al discurso, a la prensa y al Parlamento” [16]. El liberalismo se sustrae a lo “político”, confiando en reconducir a una solución privada (a través de la conversación) lo que nos afecta públicamente – a la pregunta de si él era un liberal, Schmitt respondió, “pregúnteselo a mi esposa”, lo que indica que liberal es un término que identifica, precisamente, virtudes privadas. Como bien resume Jean-François Kervégan, “le libéralisme est avant tout, selon les catégories schmittiennes, une entreprise intellectuelle de critique et même de dénégation de la politique» [17]. No es la charla eterna, sino la decisión lo que importa. A la pregunta “¿Cristo o Barrabás?” el liberalismo respondería, como ironizaba Donoso Cortés, “con el establecimiento de una comisión de investigación” [18]. Pero el enemigo no es el competidor vago o el adversario genérico. La dificultad que Schmitt encuentra en la explicación del concepto es dada por la falta, en el léxico, de una clara distinción entre enemigo público y privado, que empuja al jurista a hacer uso de los términos inimicus y ἐχθρός para enemigo privado, y hostis y πολέμιος en lugar de enemigo público, es decir de “un conjunto de hombres que combaten al menos virtualmente, es decir, en base a una posibilidad real” [19].
La posibilidad real de la muerte física
En cualquier caso, los conceptos de amigo y enemigo adquieren significado cuando se refieren a la guerra, la realización extrema de la hostilidad; no la guerra genérica, ni la lucha simbólica (como es la vida humana, dice Schmitt), sino la “posibilidad real de la muerte física” (die reale Möglichkeit der physischen Tötung). La esencia de lo político – póngase atención – no es la guerra misma, ni cada negociación política se resuelve en una confrontación militar. Lo que el pensador alemán quiere evidenciar es que lo “político” no existe sin la susodicha posibilidad de la muerte. Si la violent death, primun malum, en Hobbes caracteriza el estado de naturaleza (en rehuir la muerte violenta se llega a la cesión de derechos al soberano), en Schmitt la verdadera Möglichkeit der physischen Tötung es la condición necesaria para que el concepto de enemigo se mantenga en su sentido primero: la (posibilidad de la) guerra es el presupuesto de la política. Recuperando la máxima clausewitziana, a menudo malinterpretada, que querría la guerra como continuación de la política por otros medios, él especifica que el teórico militar prusiano entendía más bien la guerra como uno de los muchos instrumentos de la política: en términos schmittianos, ella es la ultima ratio del amigo-enemigo, la antítesis en base a la cual los pueblos se reagrupan desde siempre. No es pues la guerra derivada de la política, sino la política la que muestra la naturaleza “polemológica” del hombre.
Reconstruyendo la lógica de Schmitt, tenemos:
– la posibilidad real de la guerra constituye el presupuesto de lo político;
– la presencia del enemigo (hostis πολέμιος) precede lógicamente la posibilidad real de la guerra;
– el primer requisito de lo político, por lo tanto, es el enemigo público.
Digan lo que digan los críticos católicos, según los cuales el Sermón de la montaña va en contra de cualquier género de realismo político, la paradoja de la invitación a ser τέλειος (completo, perfecto, maduro), del mandamiento mismo de amar a los propios enemigos (“amad a vuestros enemigos y orar por vuestros perseguidores”, Mt. 5:48), está justo en presuponer la existencia del enemigo, más allá de lo privado y lo público. Para decirlo con Cacciari, “el simple hecho – que se tienen enemigos – es pre-potente respecto al amor” [20]. El amor es solicitado hacia el enemigo en cuanto tal, pero no suprime la existencia del enemigo – él, que nos persigue, que niega nuestra forma de existencia, es necesario. Siempre hay un enemigo hacia el que poner la otra mejilla, al cual dejar el manto si le sustrajeran la túnica, o hacia el que dirigir el perdón.

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Europa necesita denunciantes/whistleblowers protegidos

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España
La realidad nos muestra que el combate contra la corrupción política requiere la intervención activa de aquellos ciudadanos más concienciados en la aplicación de las leyes y la defensa del interés general que tienen noticia de hechos delictivos; pero necesitan protección legal para impedir represalias. Gracias a las denuncias públicas, entre otras a las de la funcionaria Ana Garrido, interventora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (un municipio de Madrid de 50,000 habitantes), pudo llevarse a los tribunales a la trama nacional de Gürtel, el importante caso judicial – del que Garrido ha sido testigo – que implica a dirigentes del Partido Popular y que en Mayo pasado motivó la caída del Gobierno Rajoy. Antes y después de esas denuncias esta funcionaria hubo de sufrir una virulenta campaña de acoso que llegó hasta su despido, por negarse a firmar informes sesgados favorables a empresas adjudicatarias, que más tarde aparecieron ligadas a la referida trama de corrupción política y financiación ilegal de un partido político en España. Sn embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que había condenado al dicho Ayuntamiento al pago de una indemnización por acoso laboral a dicha ex funcionaria, pero ratificando la pérdida del empleo que había ejercido durante veinte años.
Asimismo, para la erradicación del fraude fiscal o financiero en un mundo bancario globalizado y complejo es imprescindible que los empleados o clientes denunciantes dispongan de canales apropiados y de garantías legales. El caso Falciani es paradigmático. En 2006 y 2007, el ciudadano franco-italiano Hervé Falciani, empleado como técnico informático en la filial suiza del HSBC, trasladó al entonces Ministro de Finanzas francés, Christine Lagarde, los datos bancarios de más de 100.000 clientes adinerados que tenían sus cuentas en dicho banco. Y el gobierno francés compartió esa información con sus contrapartes de la UE en España, Alemania y Grecia, lo que resultó en unos considerables ingresos fiscales adicionales de alrededor de 135.000 millones de euros. Pero Falciani fue condenado a prisión en Suiza por haber violado el secreto bancario; y actualmente permanece en prisión provisional en España, pendiente de la extradición solicitada por la Confederación Helvética.
Y la inquietante opacidad de los negocios ilícitos montados sobre los big data o megadatos solamente podrá ser horadada y regulada con la cooperación de quienes conocen sus interioridades. Lo prueba el alcance mundial que han tenido las revelaciones a los medios, confirmadas luego ante el Senado de los EEUU, de Christopher Wylie, un joven informático de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica, que denunció la masiva explotación comercial ilícita de los millones de datos personales de los suscritores de Facebook; y, en particular, su utilización técnica para contribuir a la campaña electoral del presidente Donald Trump durante 2016; y asimismo como ayuda de la campaña del referéndum británico en favor del Brexit.
A estos casos podríamos sumar la mención de muchos otros que han generado los recientes escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks o los papeles de Panamá, que han sido desencadenados por ciudadanos anónimos en defensa del interés general.
Que es un whistleblower o denunciante
Todos esos escándalos son el resultado de comportamientos de personas que son denominadas en inglés con la palabra whistleblower (literalmente: persona que hace sonar un silbato o pito), un ciudadano, empleado en el sector público o privado, que decide dar a conocer a las autoridades u organismos públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, un hecho que puede constituir un fraude u otro delito o una grave irregularidad, del que en un momento dado dispone de información que se oculta o está siendo silenciada en perjuicio público. El diccionario de Cambridge define whistleblower (traducción) como “una persona que le dice a alguien con autoridad sobre algo ilegal que está sucediendo, especialmente en un departamento gubernamental o una empresa”. Por el contrario, en español disponemos de vocablos equivalentes pero que designan tal conducta peyorativamente como chivato, delator, alertador, informador o denunciante e incluso soplón en algunos países.
La Comisión europea parece haber zanjado el tema optando por el vocablo denunciante para denominar aquellas personas que pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Y en abril de 2018, el ejecutivo de Bruselas ha propuesto una nueva directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades e ilegalidades en toda la UE.

La necesidad de protección legal de los denunciantes
En el conjunto de la Unión Europea las acciones de los delatores de fraudes fiscales o de la corrupción política carecen de amparo legal que asegure su exposición frente a las represalias de las entidades denunciadas, públicas o privadas. En la actualidad, la protección ofrecida a los denunciantes de irregularidades o ilegalidades en toda la UE es dispersa y desigual. Según informa la Comisión, solo diez Estados miembros de la UE garantizan la plena protección de los denunciantes de ilegalidades e irregularidades. Y España se sitúa a la cola de los países de la Unión en materia de protección legal y social de los denunciantes de corrupción o whistleblower, según un estudio de 2017 coordinado por FIBGAR (la Fundación que lidera el juez Baltasar Garzón) que analiza la situación legal, judicial, social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos. Hasta hoy carecemos de una ley específica sobre la protección de denunciantes en nuestro país y la legislación actual se refiere sólo de manera indirecta a la denuncia de ilegalidades e irregularidades. En los demás países, según la Comisión, la protección concedida al denunciante es parcial y se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores.
Con la inaceptable lentitud tradicional de los procesos legislativos en las instituciones de la UE, la citada propuesta de la Comisión responde a una Recomendación del Consejo de Europa de 2014 que abogaba por que «los Estados miembros creen un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de sus relaciones laborales, informen o revelen información sobre amenazas o perjuicios para el interés público» y establece principios para orientar a los Estados cuando introduzcan o revisen dichos marcos.
La propuesta de la Comisión europea pretende garantizar un elevado nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE; que prevean canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. El vicepresidente primero, Frans Timmermans, reconocía que: «Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la evasión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, la propuesta europea también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la defensa de la libertad de expresión y de medios de comunicación en Europa».
Los denunciantes de ilegalidades e irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa libre desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, estos denunciantes necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias, impidiendo que los ciudadanos que revelen actividades ilegales no sean castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.
Amplitud de la protección legal prevista
La referida propuesta pretende garantizar una protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación europea en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplicará a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la Unión. La Comisión alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.
Asimismo la propuesta prevé que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales, regionales y locales. Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse se incluyen: canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad; la notificación a las autoridades competentes si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen (por ejemplo, si el uso de los canales internos podría poner en peligro la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes); y la notificación a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.
La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público, contemplando salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación.
Valoración positiva de ONGs
La propuesta “no podría llegar en un momento más vital“, se afirma en un comunicado de prensa de Transparency International, la conocida ONG que combate la corrupción. Esta organización, que ha estado haciendo campaña por la protección de denunciantes durante mucho tiempo, estima que la Comisión Europea ha producido una propuesta ambiciosa que tendrá que reforzarse para garantizar que los denunciantes estén protegidos, sin importar quiénes puedan ser o dónde trabajan. Transparencia Internacional España viene trabajando desde hace tiempo en materia de Protección de denunciantes o whistleblowing, tanto a nivel nacional como internacional, buscando como objetivo principal la aprobación de una Ley para proteger a los denunciantes corrupción en nuestro país. Entre las varias acciones emprendidas, destaca en especial la elaboración de propuestas para que los Partidos políticos incluyan la protección de denunciantes en sus programas electorales o la publicación de recomendaciones a la Proposición de Ley Integral contra la Corrupción que se debate en el Congreso de los diputados en España.
Para FIBGAR esta propuesta de la Comisión europea es un hito importantísimo que cuenta con aspectos positivos gracias a la implicación de muchas organizaciones expertas, y sobre todo de cara a que estas propuestas se implementen en los distintos países miembros, todo un desafío para España. El proceso legislativo iniciado prevé no sólo abarcar al mercado financiero de la Unión Europea o el funcionamiento de los mercados individuales, sino que también considera garantizar la protección a los que presenten información de malas prácticas contra el medioambiente, en asuntos nucleares, de protección de la privacidad y datos personales, sistemas de salud, entre otros.
Sin embargo, en opinión del autor de este blog, esta pretensión europea de una legislación ómnibus en materia de protección de whistleblowers corre el riesgo de ofrecer una normativa demasiado generalista de limitada virtualidad; y que su desarrollo en algunos de los países miembros les reste eficacia práctica. Concretamente, una regulación sólida de la protección de las denuncias frente a los fraudes financieros tendría que ir precedida de un profundo análisis de las prácticas y mecanismos que aplican la banca y las firmas que operan en los mercados. Y subrayemos que la reforma financiera del Presidente Obama de 2010 ya incluyó unas primeras medidas legales en este campo a las que siguieron leyes específicas; mientras que la UE ha comenzado el largo proceso de regulación de los denunciantes unos diez años más tarde. Y un problema congénito de la legislación de la UE es que el diablo está en los detalles, según el dicho británico.-
Publicado por
LA EUROPA OPACA DE LAS FINANZAS

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La banalización del mensaje (periodismo vacío)

No es mi autoría, ya a fines de 2015, el periodista Gustavo Campana, presagiaba (prevenía radialmente) un descenso de la calidad informativa, anticipando en el futuro: un periodismo centrado en lo policial y en lo más zafio (grosero) de la vida cotidiana.
Se acabaron los exquisitos y las plumas brillantes que otrora nos dejaban “boquiabiertos” de admiración. Esas escrituras que, desde la página, hacían una didáctica formadora e ilustraban a los lectores: por caso Tomás Eloy Martínez y tantos esclarecidos de la época del periodismo escuela. Convengamos, que Página 12, sigue manteniendo esa calidad de la pluma, pero la mayoría de la escritura masiva, hoy, redunda en lo superficial.
Sin intención de desmerecer, los soportes de la época juegan muy para atrás. Las nuevas implicancias tecnológicas, tales como youtube-facebook-tuíter-instagram, etc. Debilitan la información reduciéndola de importancia, a las que se agregan esos nefastos operadores “a sueldo”, conocidos como trolls (distorsionadores ad-hoc de la realidad).
Así está el panorama informativo actual (como lo anticipaba G. Campana): saturado de hechos policiales-accidentes viales-algún escándalo del espectáculo-los movimientos del narcotráfico y, todo, todo absolutamente relacionado con la violencia social. En tanto, la población padece, profundamente, de las precariedades cotidianas y satisfacciones insuficientes (aquellas que hacen a la sobrevivencia).
Para muestra, acabo de recibir un watshapp de mi apreciada amiga Blanqui, instándome a rezar una extensa plegaria por la paz y la concordia (sic) del País, para que se tranquilice y las fuerzas angelicales actúen en consecuencia. Por el respeto que me merece y, consciente de no estar ante un ser de militancia política, le respondí: “Querida Blanquita, no siento ninguna culpa, además no lo voté y siempre fui leal a un proyecto nacional e inclusivo. Agradezco tu generosidad de sumarme, pero esta sumisión no la comparto. Abrazo y besos.” De este tono puedo agregar contadísima adhesiones, que no son de mi línea ideológica. La religión sigue jugando el rol de desdibujar la política como algo prescindible, contribuyendo a ese adormilamiento secular.

La banalización del mal

Si pretendemos ahondar en el fenómeno, no se puede eludir el aporte de Hannah Arendt, (1906-1975) autora que reflexionó ampliamente sobre las causas del totalitarismo y el terrible sufrimiento infligido por el nazismo a millones de judíos y otros, reconoció que semejante injusticia nunca podría ser resarcida por ningún derecho humano. Hace alusión al concepto “la banalidad del mal“, afirmando que cualquier persona mentalmente sana puede llevar a cabo los más horrendos crímenes cuando pertenece a un sistema totalitario. Por ejemplo, sólo por el deseo de ascender dentro de la organización y hacer carrera dentro de ella. Personas así actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de lo que hacen, sólo por el cumplimiento de las órdenes.
Los mayores horrores, los más terribles sufrimientos pueden ser causados por personas superficiales y mediocres, en nombre de razones estúpidas, de ideas de quinta fila, o ni siquiera eso, por obediencia, por inercia, por moda, por el qué dirán. A partir del concepto de banalidad del mal, sabemos que cualquier hombre, en determinadas circunstancias, puede involucrarse en violencias y agresiones, y estar dispuesto a todo sin sentirse responsable por sus actos. En la democracia argentina actual constatamos con gran preocupación el rechazo del semejante transformado en enemigo. Muchas personas aplauden los despidos de trabajadores, la represión a manifestantes sociales, la persecución a militantes, etc. No hay nada que justifique la incentivación de la hostilidad en sus distintas manifestaciones. Una cultura reunida por el odio y su poder destructivo de los lazos sociales es una cultura en riesgo.

Las Usinas de humo

En los tiempos actuales, la maldad, se concentra en banalizar la mentira y el cinismo para aceptar una perversión que toca directamente el sufrimiento de muchos y la ingenuidad de otros. Hay extensos sectores sociales que esperan un “milagro”: “hay que darles tiempo…” “Es muy poco…hay que esperar…” Digo, esperar que: la muerte anunciada de los jubilados o la inercia del suicidio, en este pacto diabólico del poder gobernante para la progresiva destrucción de lo simbólico (devastación cultural). Instalaron, aparte de un “discurso distractivo”, un telón, absolutamente, mendaz a la realidad, proyectando (hacia el porvenir) ilusiones colectivas que no llegarán jamás, pero que siguen firmes en sus promesas ilusorias.
En definitiva, este gobierno se apoya en sus fenomenales mentiras implícitas, en tanto, lo explícito es una destrucción paulatina del valor social de la política y la ingenuidad grosera de la credulidad masiva. Es un proceso cruel, desembozado, de anestesia a la tolerancia y candidez del pueblo en general.
A esta altura, la mentira es de píes largos e irresponsable, en que lo que menos les interesa es el futuro de la Patria, que en sus principios empieza y termina en los intereses propios de sus negociados particulares. Quedará el sabor amargo de un País que lo destruyeron a su medida. Al pueblo, sólo le queda la esperanza del 2019 que se hace interminable.
NdR: Salta 21 es un medio tan abierto que en sus propias columnas, aparece la alabanza a Página 12, medio opositor al gobierno. Salta 21 es un medio alternativo, sin fines de lucro, sostenido a pulmón por su directora desde su fundación en el año 2007.

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Cambio climático, grandes incendios y olas de calor devastadoras

Las olas de calor y sus altas temperatura en todo el mundo baten récords provocando en Europa y Estados Unidos incendios forestales más mortíferos.
Científicos de las universidades de Wyoming (Estados Unidos) y Granada (España) predicen que el aumento de la temperatura en las últimas décadas debido al cambio climático provocará más y más incendios naturales en los Estados Unidos, en Europa y otras regiones del mundo. Estos fuegos serán más incontrolables, más peligrosos y más dañinos.

Datos

En este verano boreal las llamas se extienden desde la parte más oriental de Rusia hasta Quebec y Ontario, en Canadá, convirtiéndolo en un fenómeno global.
Un incendio devastador en Grecia, con al menos 88 víctimas fatales, es el más mortífero en Europa desde 1900, según la Base de Datos Internacional de Desastres creada por el Centro para la Investigación de la Epidemiología de Desastres en Bruselas.
En Estados Unidos, más de 90 grandes incendios estaban activos, habiendo consumido casi 368.000 hectáreas, arrasando con decenas de viviendas y obligando a evacuar a 37.000 personas. Hasta la fecha los incendios han consumido 1.6 millones de hectáreas, que supera en 14% el promedio de los 10 años anteriores.
Durante el verano 2017-2018 Brasil y específicamente en las zonas forestales de la Amazonía se registraron 208.278 incendios, un lamentable récord. Uno de los motivos fue la sequía agravada por el cambio climático y esto empeora los incendios, que se suman a los provocados por el hombre.
Lo mismo ocurrió en Argentina donde la sequía y la mala intervención humana provocó la quema de más de 1 millón 200 mil hectáreas de campos, montes y bosques en diferentes provincias.
Chile tuvo sus incendios forestales más extensos en la historia: ocho veces el promedio a largo plazo. Las emisiones de humo y ceniza desde incendios forestales contienen material particulado grueso y fino este último (menor a 2,5 micrones) es especialmente tóxico para la salud debido a que puede penetrar profundamente en los tejidos pulmonares, con efectos a largo plazo.
Japón registró 41 grados Celsius, la temperatura más alta desde que se llevan registros y ha dejado al menos 65 personas muertas. Cayeron récords en Massachusetts, Maine, Wyoming, Colorado, Oregón, Nuevo México y Texas. En Noruega, Suecia y Finlandia, países fríos, han sufrido temperaturas superiores a 32° C.
Durante el mes de julio se han igualado o batido 125 récords de olas de calor continentales cada vez más frecuentes, prolongadas y extremas en distintas parte, según la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés).

Fenómenos extremos

El climatólogo Noah Diffenbaugh, de la Universidad de Stanford dijo, “Tenemos pruebas contundentes que el calentamiento global está pesando en la balanza, elevando las probabilidades de fenómenos extremos como el calor grave y las lluvias intensas” y agregó, “Vemos que el calentamiento global ha incrementado las probabilidades de temperaturas récord en más del 80% del planeta y de eventos lluviosos en la mitad del planeta”.
El mundo se vuelve más cálido debido a la acumulación de gases que atrapan el calor, emitidos por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Los expertos dicen que la corriente en chorro -que dicta la temperatura en el hemisferio norte- tiene un comportamiento extraño.
“Desde hace semanas tenemos una corriente en chorro con pliegues inusualmente agudos”, dijo Jeff Masters, director del instituto privado Weather Underground. “Eso permite que el calor permanezca en los lugares donde están los pliegues: Europa, Japón y el oeste de Estados Unidos”.
Michael Mann, climatólogo de la Universidad de Pennsylvania asegura que “Estos fenómenos extremos se vuelven más comunes debido al cambio climático provocado por el hombre y, en particular, el calentamiento ampliado del Ártico”.
Un estudio de científicos europeos publicado el viernes halló que la ola de calor europea actual tiene el doble de probabilidades de deberse al calentamiento global causado por el hombre, aunque esas conclusiones todavía no han sido verificadas por otros científicos.
“El mundo se vuelve más cálido y las olas de calor como éstas se vuelven más frecuentes”, dijo Friederike Otto, integrante del equipo y subdirectora del Instituto de Cambio Ambiental en la Universidad de Oxford.

La climatóloga Kim Cobb, de Georgia Tech, dijo que “La relación entre el cambio climático y los incendios todavía no resulta tan contundente como en el caso de las olas de calor, pero se está volviendo más clara”.

Conclusión

Los sistemas actuales de combate de incendios no están preparados para enfrentar un nuevo problema con raíz en las alteraciones climáticas.
Necesitamos urgentemente controlar el cambio climático si queremos evitar muertes tan dramáticas como las que están ocurriendo estos días y prevenir fenómenos meteorológicos incluso más extremos en el futuro.

Imagen de portada: Mapa de los incendios forestales en el mundo – imagen NASA

Fuente: NOAA / AAPN

El autor es Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN -
Experto Comisión Mundial de Áreas Protegidas - WCPA - de la IUCN-
Grupo de Investigación de Ecología del Fuego

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Sector aeronáutico, en la mira por caso Aeroméxico

“Aeroméxico tuvo suerte de que el daño no fuera de forma directa e inmediata”
- Bendreff Desilus
Investigador de la Universidad La Salle

Aeroméxico es la punta del iceberg. El incidente ocurrido hace unos días con el vuelo 2431 en Durango pone de nueva cuenta los reflectores sobre el sector aeronáutico y también abre la puerta a una mayor regulación de la industria en el país.
“Los accidentes ocurren y no los podemos generalizar, pero se deben revisar los esquemas de verificación de las aerolíneas para ver qué se puede mejorar”, dice Mauricio Aguilera, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).
Aguilera comparte que el sector enfrenta importantes desafíos. Por principio, se debe privilegiar la sana competencia entre las líneas aéreas que proporcionan servicios en el país y con ello evitar una guerra de tarifas, como ya ha sucedido en el pasado.
También las finanzas de las empresas deben ser auditables y verificables, ya que forman parte de una concesión de transporte aéreo comercial.
Asimismo, se debe tener un mayor control sobre los aspectos de vigilancia y mejorar la supervisión de los procesos operativos de seguridad y de mantenimiento aéreo.
De enero a junio de 2018 se transportaron vía aérea 48.3 millones de pasajeros, un crecimiento de 7.7 por ciento con respecto al mismo período de 2017, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
30.9 millones de viajeros transportaron las aerolíneas mexicanas en el primer semestre del año De ese total, las aerolíneas mexicanas transportaron 30.9 millones de viajeros, cifra 10.3 por ciento superior a lo reportado en el primer semestre del año pasado.
En la actualidad, Aeroméxico cuenta con la mayor participación en el mercado interno, con 28.5 por ciento, pero Volaris le sigue muy de cerca, con 28.1 por ciento.
28.5 por ciento es la participación de mercado de Aeroméxico A Interjet le corresponde 21.1 por ciento, mientras que VivaAerobus concentra 17.4 por ciento hasta junio de 2018.

Modernización necesaria

ASPA lanzó un llamado a que las instituciones que regulan la aviación civil se modernicen y consigan su autonomía con el propósito de mejorar las condiciones de las aerolíneas y de los trabajadores, con el fin de evitar otro caso como el de Mexicana de Aviación que hace ocho años se vio obligada a suspender operaciones.
Una de las propuestas en la materia es la creación de una agencia independiente de la SCT que investigue los accidentes aéreos que pudieran presentarse en el país, como sucede en Estados Unidos y Canadá.
“Ya no debe existir la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pues la tienen en el abandono y limitada de presupuesto”, asegura Mauricio Aguilera, de ASPA.
Esta dirección depende de la SCT, y algunos de sus representantes integran la comisión que investiga el incidente con el Embraer 190 de Aeroméxico, avión que se desplomó hace unos días en Durango, por lo que la dependencia es “juez y parte” en el tema, considera José Suárez, director de la revista EnElAire.
“Es un tema que ya viene de varios años atrás y este accidente (el de Aeroméxico) ayudará a lograr que se concrete este proyecto que llevan años prometiendo”, insiste Suárez al agregar que “en México también es necesario independizar al organismo que lleva la aeronáutica civil”.
A estos puntos se suma la urgencia de modernizar a las actuales condiciones de la industria que se rigen con la legislación aeronáutica de México, que, a pesar de que ha tenido algunas actualizaciones, fue creada hace más de cuatro décadas.
El siguiente paso, adelanta Suárez, sería realizar un análisis de las tripulaciones de las empresas que ofrecen servicios aéreos en el país, pues la mayoría basan sus contratos de trabajo en esa legislación.

La reacción de Aeroméxico y las condiciones climáticas como causa del accidente son puntos a favor de la aerolínea

“Yo vería como reto verificar el estado de la legislación porque el marco jurídico es viejísimo. Habría que adecuar la ley de aviación civil, la ley de aeropuertos y los reglamentos de aviación”, manifiesta.

Visión del nuevo gobierno

Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de SCT, aseguró en días pasados que cuando la próxima administración entre en funciones se realizará una reingeniería de todo el sector aeronáutico del país, incluyendo la revisión de las dependencias y organismos.
Además, el siguiente gobierno buscará resolver distintos problemas de la industria, como la quiebra de Mexicana de Aviación.
Uno de los temas prioritarios en la agenda del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes será crear una Agencia Federal de Investigación de Accidentes en el Transporte (AFIAT), promesa que se alinea con las actuales peticiones de los miembros que conforman al sector.
El secretario de prensa de ASPA califica las medidas del nuevo gobierno como “afortunadas”, ya que son benéficas en el sentido de comunicaciones y transportes, así como en el impulso de un sindicalismo democrático.
Mauricio Aguilera coincide en que las empresas que operan en el país necesitan revisiones periódicas como lo establece la ley con la finalidad de evitar incidentes como los recientes, pero por un error no se debe castigar a todo el sector.

“El transporte aéreo en México es altamente competitivo y confiable. La aviación del país está a la altura de las mejores de todo el mundo”
- Mauricio Aguilera
Secretario de prensa de ASPA

Sin daños por accidente

En términos generales, Grupo Aeroméxico saldrá bien librado del accidente que se suscitó con uno de sus aviones en el aeropuerto de Durango la semana pasada.

El suceso de hace unos días no tendrá un impacto negativo para Aeroméxico más allá de la posible pérdida de la confianza de sus clientes, advierten especialistas

“La respuesta de Aeroméxico fue la correcta. El apoyo de la empresa hacia las personas afectadas se ha visto y eso ayudará a que los usuarios no dejen de frecuentar la aerolínea”, comparte Raúl Uribe, analista de la casa de bolsa Ve por Más.
1.8 millones de pasajeros viajaron con Aeroméxico en junio Otros factores que evitarán implicaciones negativas en el corto y mediano plazos es que desde un inicio la aerolínea que encabeza Andrés Conesa se mantuvo en constante comunicación con los afectados, sus familiares y la sociedad. Además de que el incidente, supuestamente ocasionado por fenómenos naturales, no cobró vidas humanas.

“La pérdida del avión no impactará de manera importante aunque estaremos atentos a comentarios de la empresa”
- Raúl Uribe
Analista de Ve por Más

“Los reportes que se han tenido hasta el momento sugieren que la causa del accidente fue por factores climáticos y eso es algo que está fuera del control de la compañía”, refiere Uribe.

¿Turbulencia en el horizonte?

Por el contrario, Bendreff Desilus, investigador y docente de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, tiene una opinión no tan optimista sobre el futuro de la empresa. Sin embargo, ante las limitadas opciones de aerolíneas con las que cuentan los viajeros en México, el especialista descarta un mayor daño
“Sí la va afectar, pero desde el punto de vista económico lo dudo porque no tenemos mucha diversidad en el país y habría que ver cómo está posicionada la competencia en la ruta donde donde ocurrió el accidente”, considera Desilus.
Poco después del desplome del Embraer 190, la empresa ubicó en el lugar a un equipo especializado para brindar apoyo a los clientes y sus familiares, desde alojamiento para quienes llegaron a Durango, atención médica, hasta apoyo psicológico y económico para gastos de primera necesidad.
1 por ciento sería el impacto en la flota de la aerolínea por la pérdida del avión El vuelo AM 2431 intentaba partir del Aeropuerto Internacional de Guadalupe Victoria alrededor de las 16:00 horas el 31 de julio pasado en condiciones climáticas adversas que afectaron la trayectoria de la aeronave durante las maniobras de despegue, de acuerdo con un informe de la empresa.
El investigador de La Salle explica que si el accidente hubiera ocurrido en un vuelo hacia un destino internacional, la historia que se estaría contando en este momento sería diferente para Aeroméxico.
“La empresa tuvo suerte de que el daño no fuera de forma directa e inmediata, por ahora, todos van a estar al pendiente de saber cuál es la causa que originó el desplome”.

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PT busca hacerse de diputados del PES

El Partido del Trabajo busca que los diputados que fueron electos por el Partido Encuentro Social formen parte de su bancada, si este partido se queda sin registro.
Óscar González Yáñez, diputado electo por el PT y quien se perfila para coordinar la bancada de ese partido en la Cámara baja —oficialmente o de facto—, comentó que están en pláticas con legisladores electos del PES para que se incorporen a ese grupo parlamentario y no al de Morena.
La razón es económica: los diputados del PT afiliados a ese partido contribuyen con un 20 por ciento de sus ingresos a las arcas de su instituto político; en Morena, todos los congresistas deben contribuir con el 50 por ciento de sus percepciones.
Además, quedarse con más legisladores significaría que el PT tendría acceso a más recursos públicos para las prerrogativas de su bancada y a presidir más comisiones en San Lázaro.

Si el PES pierde su registro como partido político nacional, legalmente no tendría derecho a conformar un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados

Hugo Eric Flores, presidente del PES, reconoció que han estado en pláticas con el PT, pero intentan ahora mantener el registro del partido y, en caso de perderlo, litigarán para tener su propia bancada en San Lázaro.

La coalición, coinciden González y Flores, se mantendrá en las votaciones en el Congreso; salvo en los temas polémicos, en los que el PES pintará su raya

Encuentro Social, ¿absorbido?

Hay dos temas principales que deben dirimirse en las bancadas de los legisladores que acompañarán al presidente virtual electo Andrés Manuel López Obrador en su gobierno.
El primero es qué pasará con los legisladores electos por el PES, que podrían quedarse sin grupo parlamentario si el partido no mantiene su registro.
“El tema es Encuentro Social, que no puede hacer bancada, así lo dice el reglamento de la Cámara, porque no tiene partido, tiene pérdida de registro. Entonces, esos legisladores de Encuentro Social hay que darles una salida. Y evidentemente sí los estamos buscando para que tengan un acuerdo con nosotros, que políticamente es válido y es ético, no pasa nada”, reveló González Yáñez.
El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que en la primera sesión ordinaria de la Legislatura, el Presidente de la Mesa Directiva hará la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún grupo, así como aquellos que son independientes.
Una vez que se haya realizado la declaratoria de conformación en las cámaras, no se podrán integrar nuevos grupos por el resto de la Legislatura, se estipula en el documento.
Aun así, el PES litigará para tratar de mantener su registro y con él su bancada en la Cámara baja.
“Nosotros vamos a tener nuestro propio grupo parlamentario. Claro que hemos tenido pláticas con ellos (con el PT), pero la verdad es que nosotros tenemos nuestro propio grupo parlamentario, esa es nuestra idea (…)
“Nosotros decimos que sí (tenemos derecho a tener grupo parlamentario); vamos a ver lo que dice la ley, nosotros decimos que sí (…) Vamos a litigar”, comentó en entrevista Hugo Eric Flores, presidente del PES.
En cálculos previos al reparto de diputados plurinominales, el INE presentó un cálculo preliminar en el que el PT tendría 61 diputados y el PES se quedaría con 55. Morena alcanzaría los 200 congresistas.
El segundo problema que enfrentarán las bancadas de la coalición Juntos Haremos Historia es que habrá movimientos una vez que comience la Legislatura, pues por el convenio de coalición de los tres partidos, algunos diputados fueron clasificados en un partido al que no pertenecen, lo que se solucionará solamente con cambiarse de grupo parlamentario.
El propio González Yáñez entró como diputado de Morena, cuando él es militante del PT.
La incorporación al PT de los diputados del PES duplicaría el músculo del primero, que se volvería determinante para lograr la mayoría en la Cámara baja.

“Y eso le va a garantizar al compañero Andrés, independientemente de los números, vamos a garantizar la estabilidad de la Cámara y vamos a garantizar nuestro respaldo total a López Obrador”
- Óscar González Yáñez
Diputado electo del PT

“Si nosotros llegáramos a ser factor de mayoría, junto con Morena, esto va a caminar”, expuso González Yáñez.

Huyen a la disciplina

El petista reveló que algunos legisladores de Morena —que pertenecerán a esa bancada, pero no son militantes— se han acercado a ellos con la intención de cambiarse a la bancada del PT.
La razón es meramente económica: los próximos diputados de Morena han expresado que no les gusta la férrea disciplina a la que están sometidos en su partido.
“Es por el tema de la disciplina tan estricta que trae Morena, que nosotros no tenemos. En el PT, las cuotas son del 20 por ciento, todos pagamos eso al partido; pero eso solo se le exige a los que son militantes, no a los que no militan. Así están nuestros estatutos, eso ni siquiera está a discusión.
“Como nuestra decisión ha sido seguir manteniendo la coalición legislativa de Morena, el PT y el PES, entonces muchos legisladores sienten más a gusto de estar en una bancada con reglas administrativas diferentes, pero con la misma lógica política.

No estarías traicionando a Andrés Manuel, ni estás traicionando tus principios ni a quien te llevó al cargo. Eso sí está sucediendo, para serte sincero”, confesó el petista

Sin embargo, su partido ha rechazado estas peticiones de cambio, pues consideran “mezquino” hacerse de más legisladores por esa razón.
“Me parecería muy mezquino que nosotros, en función de ofertar eso del salario, que se quisieran pasar a nuestra bancada. La verdad no quisiéramos tampoco legisladores así (…) nosotros les decimos que si son de Morena, se vayan a Morena”, sentenció.

Coordinador de facto

Las bancadas del PT en la Cámara de Diputados y en el Senado enfrentan otro reto: la definición de sus coordinadores.
Aunque se había dicho que el mexiquense Óscar González coordinaría la bancada en San Lázaro, su hermano Alejandro González ganó la elección al Senado en Durango, y será el líder del PT en la Cámara alta.
Esto ha metido en un lío a los petistas, pues el hecho de que dos hermanos dirijan las dos bancadas en el Congreso de la Unión sería mal visto públicamente.
Sin embargo, para Óscar González esto no representa un problema pues, asegura, él sería el coordinador de facto.
“Independientemente que yo tenga la coordinación oficial o no, pues yo voy a dirigir la bancada, que es lo que me genera tranquilidad.
“Podemos poner a cualquiera y ya que en los hechos sea yo, ¿no? Y poner a cualquiera, de plano; incluso a alguno de bajo perfil para que se entienda que el otro es el que maneja todo”, comentó.
En 2017, Óscar González Yáñez era candidato a gobernador del Estado de México por el PT y, tras negociaciones con Morena, declinó a su aspiración y expresó su apoyo a Delfina Gómez, candidata de ese partido.

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Todo para nada

Una vez más, el Instituto Nacional Electoral dejó en claro que la fiscalización es su Talón de Aquiles.
Ni el sistema para registrar el gasto de los candidatos en tiempo real, ni el marcaje personal a los aspirantes para observar sus actos de campaña y asegurar que se limitaran al tope de gastos establecido, ni la exigencia de que se presentaran informes parciales del dinero utilizado a lo largo del proceso electoral fueron suficientes para que el INE cumpliera con su obligación de fiscalizar a detalle las elecciones del 1 de julio.
Esta realidad provocó que partidos políticos y candidatos optaran por pagar multas simbólicas a cambio de gastar más y de romper las reglas.

Hoy el INE dará a conocer los dictámenes de los resultados de fiscalización de los 17 mil 699 candidatos que compitieron en los comicios del pasado 1 de julio y adelantó que las multas por las faltas a los reglamentos fiscales para la elección ascienden a 329.5 millones de pesos

La profunda revisión de la utilización de recursos es muy complicada para el INE, y aunque éste cuenta con mecanismos para registrar los desembolsos que se dan en campañas como la publicidad exterior o el pago de promociónes en redes sociales, esto sólo ocurre en ciertos casos, comenta Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, hoy INE.

“Cualquier organización, incluido el INE, es incapaz de fiscalizar de manera comprensiva y profunda 17 mil informes de campaña. Entonces lo que ocurre es que el INE revisa los informes que en general están subrepresentados, es decir, que se informa parte de lo que se gasta por razones de no rebasar el tope”
- Luis Carlos Ugalde
Exconsejero Presidente del IFE

Los partidos políticos y sus candidatos simplemente no entienden la necesidad de reportar sus gastos en tiempo y forma al árbitro electoral, pues en toda elección, ya sea federal o local, existen impugnaciones entre adversarios en torno al rebase en el tope de gastos de campaña, en la compra del voto o por irregularidades en la manera de entregar sus reportes del dinero utilizado.

La simulación por parte de los partidos que entregan cuentas incompletas es una práctica recurrente debido a la impunidad que impera cuando se cometen faltas a los códigos electorales del país

Pese a que la Constitución señala en su artículo 41, fracción 6, que una elección federal o local debe ser anulada cuando se determina que se excedió el tope de gastos de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, los candidatos optan por retar tanto al INE como al TEPJF debido a que los casos de nulidad son mínimos en el país.
No obstante, se han dado situaciones en anteriores elecciones como la del gobernador de Coahuila, celebrada en el 2017, donde a pesar de que el ganador de la contienda, el priista Miguel Riquelme, superó el tope de gasto según el INE, la elección fue declarada como válida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene la última palabra, aun cuando el Consejo General del INE enlistó los desembolsos y entregó el dictamen con los argumentos que demostraban el rebase.
Pero calificar y revisar la manera en la que candidatos y partidos utilizaron sus recursos no es el único reto que enfrenta el INE, pues apenas ha pasado un mes de que organizaron las elecciones más complejas de la historia del país y ya deben prepararse para garantizar que los próximos comicios se lleven a cabo correctamente.
Por este motivo, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLEs) del Instituto Nacional Electoral aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019.
En total se elegirán 142 cargos: 11 alcaldías en Aguascalientes y un gobernador, 5 alcaldías y 25 diputaciones en Baja California; 39 alcaldías en Durango; 25 diputaciones en Quintana Roo y 36 diputaciones en Tamaulipas.
Aunada a esta labor, el Instituto también tendrá que determinar qué papel jugará en las consultas populares que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador con respecto a temas como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; si llevará a cabo reformas a la ley electoral, cómo abordaran el recorte de presupuestos y qué harán para garantizar una mayor participación por parte de los votantes que se encuentran en el extranjero.

Castigos blandos

Tras el proceso de revisión de los recursos gastados en las elecciones del pasado 1 de julio por parte de los candidatos, el INE informó mediante el Consejero Ciro Murayama, quien preside la Comisión de Fiscalización, que en 79 dictámenes hubo rebase de topes de campaña. De esos casos, 9 pertenecieron a cargos federales y 70 a locales.
El consejero también aseguró que ninguna elección en el país corría el riesgo de nulidad debido a que quienes rebasaron el tope de gastos no lo hicieron por más del 5 por ciento.

El INE decidió que para el proceso electoral del pasado 1 de julio reduciría en una tercera parte las multas por gastos no reportados y que las máximas sanciones a un partido sean del 25 por ciento de su presupuesto y no del 50 como era anteriormente

De igual manera señaló que del monitoreo en el territorio nacional en redes sociales y en prensa, así como de las visitas de verificación a actos y casas de campaña, el INE detectó gastos no reportados por 368 millones de pesos, de los cuales 203.5 millones corresponden a campañas federales y 164.5 millones a campañas locales.
Sin embargo, aunque al Instituto Nacional Electoral le compete definir los castigos para los candidatos que cometen faltas a las leyes electorales, la Comisión de Fiscalización perteneciente al órgano aprobó reducir las multas o dar comodidades para su pago a los infractores.
Los criterios para imponer sanciones por parte de la Comisión de Fiscalización tuvieron una reducción de una tercera parte en las multas por gastos no reportados, y también consideraron que las multas máximas a un partido sean del 25 por ciento de su presupuesto y no del 50 como era anteriormente.
Al respecto, Jaime Cárdenas, exconsejero del antes llamado Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que es muy importante que exista en el INE mucha claridad sobre los criterios de sanción a los partidos políticos en los procesos de fiscalización.
“En otros años y en otros casos el INE ha aplicado otro tipo de medidas, entonces es importante que en materia de fiscalización tenga criterios imparciales que respondan al principio de tratar casos análogos de manera igual y no diferenciada”, comenta.
Cabe destacar que de los cuatro consejeros que conforman la Comisión encargada de fiscalizar, la consejera Pamela San Martín fue la única en votar en contra de los descuentos en castigos, tras argumentar que eso no incentiva a que los candidatos reporten debidamente y en tiempo sus desembolsos.
El lunes estos criterios serán dados a conocer al Consejo General del INE cuando se presenten también los 17 mil 699 dictámenes de fiscalización.

La simulación del gasto

Para el exconsejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, el hecho de que los partidos políticos escondan el dinero que gastan es un acto de simulación que en diversas ocasiones puede superar lo permitido en el tope impuesto por el Instituto hasta en 10 veces.
“Buena parte de lo que realmente se gasta en una campaña queda debajo de la mesa, no se ve. Esa es la realidad. Y este sistema de tiempo real no te permite detectar esos gastos”, dice el también director de Integralia Consultores.
En mayo pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Integralia Consultores presentaron el estudio “Dinero Bajo la Mesa”, el cual estimó que en el caso de las 15 elecciones a gobernadores organizadas entre el 2016 y 2017, en promedio hubo un gasto de 15 pesos por cada peso que se reportó al INE.
“En esta elección de 9 gubernaturas, es probable que el gasto promedio de candidatos exitosos y competitivos haya sido en promedio entre 300 y 500 millones de pesos, cuando el tope es de 30 a 40 millones, esos candidatos si tú revisas sus informes de gastos de campaña te darás cuenta que fueron hechas para cumplir con la norma y el INE difícilmente será capaz de saber cuándo ocurrió”, advierte Ugalde.

En el caso de las elecciones a gobernador, el INE anunció que en ningún caso se superó el tope de gastos de campaña

Para el caso de la Presidencia, no existió ningún rebase y el tope de gastos fue de 429.6 millones de pesos; mientras que para diputaciones fue de 1.4 millones de pesos.
En las elecciones para las senadurías el tope máximo se determinó por entidad de la República y rondó entre los 2.8 y 28.6 millones de pesos.

Los próximos comicios

Apenas ha pasado un mes de que el INE tuvo que organizar las elecciones más complejas en la historia de México y ya se están preparando para repetir el proceso a finales de esta año y a principios del próximo.
De acuerdo con la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPL) del Instituto Nacional Electoral ya se aprobó el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019.

Las siguientes elecciones que le corresponderá organizar al INE se llevarán a cabo a finales de 2018 y principios de 2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas

En total se elegirán 142 cargos: 11 alcaldías y un gobernador en Aguascalientes; 5 alcaldías y 25 diputaciones en Baja California; 39 alcaldías en Durango; 25 diputaciones en Quintana Roo y 36 diputaciones en Tamaulipas.
La Comisión determinó por unanimidad aprobar el Plan y Calendario de actividades debido a que las disposiciones establecidas en las legislaciones electorales de estas entidades y de acuerdo con las determinaciones adoptadas por los OPL, los procesos electorales locales iniciarán con Baja California y Tamaulipas a más tardar el 9 de septiembre, Aguascalientes y Durango el 7 de octubre y 1 de noviembre de 2018, respectivamente. Mientras que Quintana Roo comenzará su proceso electoral el 6 de enero de 2019.
En el documento de aprobación emitido se estableció que el número de actividades electorales en total que se llevaran a cabo será de aproximadamente 907.
“Aguascalientes tendrá 176 actividades, Baja California 200, Durango 179, Quintana Roo 172 y Tamaulipas 175; todas se encuentran sustentadas en las legislaciones locales en materia electoral, compuesta por la respectiva Constitución Estatal y las leyes secundarias”, señaló el INE a través de un comunicado.

El INE estableció que el número de actividades electorales en total que se llevaran a cabo será de 907 en las 5 entidades

En este sentido, el Consejero Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Vinculación, dijo que el instituto aprovechó la experiencia de los procesos electorales recientes con el objetivo de mejorar el acompañamiento a los OPLEs y fortalecer las atribuciones del INE durante las elecciones locales 2019.
En relación a la situación por la que atraviesa cada Órgano Electoral Estatal, Jaime Cárdenas, asegura que es fundamental que se establezcan normas claras para determinar cómo se fijarán los topes de campaña en cada entidad.
“Actualmente cada órgano electoral estatal (OPLE) fija el tope de gastos de campaña y se dan diferencias muy grandes como lo vimos en 2017, por ejemplo, en Coahuila el tope de gastos para la elección a gobernador era de 19 millones de pesos, mientras que en Colima, que es un estado mucho más pequeño territorialmente, el tope fue de aproximadamente 100 millones.
Entonces debe de haber una regla clara que dé homogeneidad a esta cuestión para que no sea un criterio tan absurdamente diferenciado”, explica el exconsejero del IFE.

Ante la situación por la que atraviesa cada OPLE es fundamental que se establezcan normas claras para determinar cómo se fijarán los topes de campaña en cada entidad

Los retos a enfrentar

Más allá de la responsabilidad de organizar las elecciones tanto locales como federales en todo el país, el Instituto Nacional Electoral tiene por delate un sinfín de retos más por cumplir y de obstáculos por superar.
Para Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, la primera prueba que llegará para el INE con la entrada de la nueva administración será en el tema de la austeridad.
“Lo primero que el INE va a enfrentar es la cuestión de la austeridad que ya va a estar incluida en el presupuesto del próximo año, y no me refiero solamente a la posible disminución de los salarios de los consejeros electorales, sino también a otras medidas que puedan impactar significativamente en el dinero que se le asigne al INE”, indicó Cárdenas.
El INE también tendrá que involucrarse en temas que no le competen de manera directa como lo es el caso de la violencia política y la compra y coacción del voto
En segundo lugar, el Instituto que preside Lorenzo Córdova, también tendrá que determinar cuál será su papel en el empleo de herramientas de democracia participativa como las consultas populares que pretende implementar el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para temas como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la revocación de mandato a la mitad de su gestión.
En un principio, los consejeros se negaron a formar parte de estas actividades argumentando que legalmente para ellos era imposible coordinar dicho esfuerzo debido a que el INE sólo puede organizar consultas populares cuando hay elección federal, sin embargo, terminaron por cambiar de opinión y dijeron que están dispuestos a escuchar las propuestas de Obrador siempre y cuando se hagan también las modificaciones legales requeridas.
Otro de los retos que tendrá por delante el INE de acuerdo con Jaime Cárdenas será el de revisar los mecanismos mediante los cuales se nombran a los consejeros electorales y magistrados.
“Todos los consejeros electorales que están hoy vigentes han sido designados por los tres partidos que antes eran mayoritarios: PRI, PAN y PRD; y los magistrados electorales por el PAN y por el PRI, entonces debe de haber otro mecanismo que les dé realmente independencia para que no sean correas de transmisión de los partidos que los nombraron”, dice el exconsejero.
La promesa de mejorar el sistema para que los mexicanos que radican en el extranjero puedan ejercer su derecho ciudadano y la pérdida de registro de los partidos que no alcanzaron el 3 por ciento de los apoyos en cualquiera de las elecciones también son pendientes que el INE aún tiene que resolver.
Aunado a todas estas cuestiones, el órgano autónomo también tendrá que involucrarse en otros temas que no le competen de manera directa pero que afectan gravemente a la democracia del país como lo es el caso de la violencia política en contra de los candidatos, la compra y coacción del voto y el uso de programas sociales con fines electorales.

“El INE debe tener una actitud mucho más abierta para colaborar con otras instituciones y generar convenios con la Auditoría Superior de la Federación, con las auditorías superiores de los estados, con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con las contralorías estatales y con la Secretaría de la Función Pública para verdaderamente salvaguardar la democracia en el país”
- Jaime Cárdenas
Exconsejero electoral del IFE

Por último, el exconsejero del IFE dice que el INE en este momento atraviesa por un problema de legitimidad muy grave a pesar de los resultados electorales del pasado 1 de julio porque no tiene una adecuada cercanía con la sociedad.
“El Instituto tiene que plantearse un esquema de cómo acercarse a la sociedad, a las ONG´s, a los grupos sociales y a los sectores más pobres para recuperar la credibilidad perdida.
Tuvieron suerte con el resultado electoral pero es importante que replanteen su relación no solamente con otros órganos del poder público sino con la sociedad. Igualmente hace falta una labor pedagógica con los ciudadanos para que éstos sepan qué le toca a cada órgano electoral del país”, finaliza.

El órgano encargado de organizar los comicios en el país aún tiene muchos obstáculos que superar como el tema de la austeridad que busca implementar el gobierno entrante, la violencia política y las consultas populares

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En 10 años, el comedor de Los Pinos costó 28.5 millones, entre finas vajillas, carnes, mariscos...

[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | Adiós a Los Pinos. El virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha dado la despedida a la legendaria casona donde en los últimos 84 años han habitado los Primeros Mandatarios con sus familias bajo el manto de la discreción. Pocos podían verlos en su cotidianidad o tener acceso a los interiores de ese domicilio de Constituyentes que jamás tuvo número exterior. Contratos publicados en el Portal de Obligaciones y Transparencia permiten avizorar que dentro de esa residencia hubo un lujoso estilo de vivir. Sólo en lo que concierne al comedor de Los Pinos, las compras del Gobierno indican que siempre hubo manteles largos.

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) invirtió en mantelería, vajillas y cubiertos finos un millón 825 mil pesos. Pese a la compra, Enrique Peña Nieto (2012-2018) volvió a adquirir lo mismo y gastó poco más de un millón de pesos. Los dos tuvieron contratos de cientos miles de pesos para que les llevaran carnes y mariscos frescos, así como abarrotes de alta calidad. En total, el montaje del comedor de Los Pinos en la última década costó 28 millones 560 mil 553 pesos, lo que habría alcanzado para 14 viviendas en una colonia céntrica de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- En 1934, Lázaro Cárdenas del Río asumió como Presidente de México. En esa época, los Primeros Mandatarios y sus familias se instalaban en el Castillo de Chapultepec para vivir. Cárdenas tenía 39 años de edad y su estilo político contrastaba con el lujo de ese recinto. Con el argumento de la austeridad republicana, rechazó vivir ahí y habilitó el rancho de La Hormiga como residencia oficial. Lo llamó “Los Pinos” en honor al sitio donde conoció a su esposa, Amalia Solórzano.
Han pasado 84 años y Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, tiene la misma justificación –la austeridad republicana– para no vivir ni despachar en Los Pinos, la residencia que después del Gobierno de Cárdenas se convirtió en un espacio de lujo con remodelaciones según el gusto del Ejecutivo en turno y una mesa para que inquilinos e invitados comieran bien.
Eso dicen los contratos que en torno al comedor de Los Pinos se hicieron en los dos últimos sexenios, los de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Se compraron utensilios finos como vajillas, cubiertos, mantelería y se rentó el suministro de alimentos perecederos de alta calidad como carnes y mariscos, así como abarrotes.

Así, en la mesa de Los Pinos, ambos mandatarios invirtieron 28 millones 560 mil 553 pesos, según un cálculo con datos oficiales de la Unidad de Datos de SinEmbargo. Fue un gasto a discreción, pues jamás se supo por qué y para qué se adquirían cosas o determinados alimentos. Fue un gasto que hubiera alcanzado para comprar unas 14 viviendas en en una colonia céntrica de la Ciudad de México.

Los gastos siempre estaban rodeados por el misterio. Por ejemplo, en septiembre de 2011, a punto de dejar la residencia, Felipe Calderón compró utensilios por 40 mil pesos en la Comercializadora y Distribuidora Dumar. Por su parte, Enrique Peña Nieto, apenas llegó, aseguró el suministro de pescados y mariscos por un millón 574 mil pesos con Operadora Promotter, de marzo a diciembre de 2013.
Los Pinos es un lugar bello y crudo. La escena, hasta ahora, ha sido así: sus 56 mil metros cuadrados están rodeados por elementos del Estado Mayor Presidencial, desde la salida del Metro Constituyentes hasta el Castillo de Chapultepec. En plena Ciudad de México, un bosque de cortezas rojizas rodea la casona donde no viven más que ellos, los integrantes de la familia presidencial, bajo el manto de la opacidad.
Pese al marco jurídico de la Transparencia en México, nada obligaba – y hasta ahora, nada la obliga- a la familia del Presidente a decir cómo usufructuaba la residencia. Mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la Presidencia se resistió a detallar, por ejemplo, cuánto erogó en las remodelaciones de la casa-habitación cada vez que cambiaba el Gobierno. Tampoco quiso decir cómo vivían los inquilinos: cómo se alimentaban o cuántos elementos del Estado Mayor Presidencial estaban asignados a sus personas. Y todos esos eran gastos del ámbito público porque se trata de una propiedad que le pertenece a los ciudadanos.
Para adornar el comedor de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa compró mantelería fina mientras gobernó de 2006 a 2012. Se fueron en ello 509 mil 747 pesos. Pero, ¿qué ocurrió con estos artículos? Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la casona, se volvió a comprar mantelería por 337 mil 155 pesos. Los proveedores de Los Pinos mientras gobernó Calderón Hinojosa fueron Bariolés y Silvia Hernández Alfaro. Las de Peña Nieto fueron Dulce María Balbuena Carrillo y Verónica González García.
También se compraron utensilios como vajillas y cubiertos finos. Una vez que se diga adiós a Los Pinos, ¿dónde van a quedar estos objetos? En su Administración, Felipe Calderón invirtió en este tipo de artículos para mesa un millón 315 mil 621 pesos. Luego, Peña Nieto volvió a comprar por 666 mil 697 pesos.

Para adornar el comedor de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa compró mantelería fina mientras gobernó de 2006 a 2012. Se fue en ello 509 mil 747 pesos. Pero, ¿qué ocurrió con estos artículos? Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la casona, se volvió a comprar mantelería por 337 mil 155 pesos. Los proveedores de Los Pinos mientras gobernó Calderón Hinojosa fueron Bariolés y Silvia Hernández Alfaro. Las de Peña Nieto fueron Dulce María Balbuena Carrillo y Verónica González García.

También se compraron utensilios como vajillas y cubiertos finos. Una vez que se diga adiós a Los Pinos, ¿dónde van a quedar estos objetos? En su Administración, Felipe Calderón invirtió en este tipo de artículos para mesa un millón 315 mil 621 pesos. Luego, Peña Nieto volvió a comprar por 666 mil 697 pesos más platos y cubiertos.
En cuanto a lo que se servía en ese comedor, los contratos también reflejan un estilo de vida. Felipe Calderón invirtió en carne, pollo, pescados, mariscos y abarrotes de alta calidad poco más de once millones de pesos. Peña Nieto gastó 13 millones 883 mil 772 en lo mismo.

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lunes, 6 de agosto de 2018

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