lunes, 6 de agosto de 2018

Europa necesita denunciantes/whistleblowers protegidos

Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España
La realidad nos muestra que el combate contra la corrupción política requiere la intervención activa de aquellos ciudadanos más concienciados en la aplicación de las leyes y la defensa del interés general que tienen noticia de hechos delictivos; pero necesitan protección legal para impedir represalias. Gracias a las denuncias públicas, entre otras a las de la funcionaria Ana Garrido, interventora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (un municipio de Madrid de 50,000 habitantes), pudo llevarse a los tribunales a la trama nacional de Gürtel, el importante caso judicial – del que Garrido ha sido testigo – que implica a dirigentes del Partido Popular y que en Mayo pasado motivó la caída del Gobierno Rajoy. Antes y después de esas denuncias esta funcionaria hubo de sufrir una virulenta campaña de acoso que llegó hasta su despido, por negarse a firmar informes sesgados favorables a empresas adjudicatarias, que más tarde aparecieron ligadas a la referida trama de corrupción política y financiación ilegal de un partido político en España. Sn embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que había condenado al dicho Ayuntamiento al pago de una indemnización por acoso laboral a dicha ex funcionaria, pero ratificando la pérdida del empleo que había ejercido durante veinte años.
Asimismo, para la erradicación del fraude fiscal o financiero en un mundo bancario globalizado y complejo es imprescindible que los empleados o clientes denunciantes dispongan de canales apropiados y de garantías legales. El caso Falciani es paradigmático. En 2006 y 2007, el ciudadano franco-italiano Hervé Falciani, empleado como técnico informático en la filial suiza del HSBC, trasladó al entonces Ministro de Finanzas francés, Christine Lagarde, los datos bancarios de más de 100.000 clientes adinerados que tenían sus cuentas en dicho banco. Y el gobierno francés compartió esa información con sus contrapartes de la UE en España, Alemania y Grecia, lo que resultó en unos considerables ingresos fiscales adicionales de alrededor de 135.000 millones de euros. Pero Falciani fue condenado a prisión en Suiza por haber violado el secreto bancario; y actualmente permanece en prisión provisional en España, pendiente de la extradición solicitada por la Confederación Helvética.
Y la inquietante opacidad de los negocios ilícitos montados sobre los big data o megadatos solamente podrá ser horadada y regulada con la cooperación de quienes conocen sus interioridades. Lo prueba el alcance mundial que han tenido las revelaciones a los medios, confirmadas luego ante el Senado de los EEUU, de Christopher Wylie, un joven informático de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica, que denunció la masiva explotación comercial ilícita de los millones de datos personales de los suscritores de Facebook; y, en particular, su utilización técnica para contribuir a la campaña electoral del presidente Donald Trump durante 2016; y asimismo como ayuda de la campaña del referéndum británico en favor del Brexit.
A estos casos podríamos sumar la mención de muchos otros que han generado los recientes escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks o los papeles de Panamá, que han sido desencadenados por ciudadanos anónimos en defensa del interés general.
Que es un whistleblower o denunciante
Todos esos escándalos son el resultado de comportamientos de personas que son denominadas en inglés con la palabra whistleblower (literalmente: persona que hace sonar un silbato o pito), un ciudadano, empleado en el sector público o privado, que decide dar a conocer a las autoridades u organismos públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, un hecho que puede constituir un fraude u otro delito o una grave irregularidad, del que en un momento dado dispone de información que se oculta o está siendo silenciada en perjuicio público. El diccionario de Cambridge define whistleblower (traducción) como “una persona que le dice a alguien con autoridad sobre algo ilegal que está sucediendo, especialmente en un departamento gubernamental o una empresa”. Por el contrario, en español disponemos de vocablos equivalentes pero que designan tal conducta peyorativamente como chivato, delator, alertador, informador o denunciante e incluso soplón en algunos países.
La Comisión europea parece haber zanjado el tema optando por el vocablo denunciante para denominar aquellas personas que pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Y en abril de 2018, el ejecutivo de Bruselas ha propuesto una nueva directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades e ilegalidades en toda la UE.

La necesidad de protección legal de los denunciantes
En el conjunto de la Unión Europea las acciones de los delatores de fraudes fiscales o de la corrupción política carecen de amparo legal que asegure su exposición frente a las represalias de las entidades denunciadas, públicas o privadas. En la actualidad, la protección ofrecida a los denunciantes de irregularidades o ilegalidades en toda la UE es dispersa y desigual. Según informa la Comisión, solo diez Estados miembros de la UE garantizan la plena protección de los denunciantes de ilegalidades e irregularidades. Y España se sitúa a la cola de los países de la Unión en materia de protección legal y social de los denunciantes de corrupción o whistleblower, según un estudio de 2017 coordinado por FIBGAR (la Fundación que lidera el juez Baltasar Garzón) que analiza la situación legal, judicial, social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos. Hasta hoy carecemos de una ley específica sobre la protección de denunciantes en nuestro país y la legislación actual se refiere sólo de manera indirecta a la denuncia de ilegalidades e irregularidades. En los demás países, según la Comisión, la protección concedida al denunciante es parcial y se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores.
Con la inaceptable lentitud tradicional de los procesos legislativos en las instituciones de la UE, la citada propuesta de la Comisión responde a una Recomendación del Consejo de Europa de 2014 que abogaba por que «los Estados miembros creen un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de sus relaciones laborales, informen o revelen información sobre amenazas o perjuicios para el interés público» y establece principios para orientar a los Estados cuando introduzcan o revisen dichos marcos.
La propuesta de la Comisión europea pretende garantizar un elevado nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE; que prevean canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. El vicepresidente primero, Frans Timmermans, reconocía que: «Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la evasión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, la propuesta europea también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la defensa de la libertad de expresión y de medios de comunicación en Europa».
Los denunciantes de ilegalidades e irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa libre desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, estos denunciantes necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias, impidiendo que los ciudadanos que revelen actividades ilegales no sean castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.
Amplitud de la protección legal prevista
La referida propuesta pretende garantizar una protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación europea en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplicará a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la Unión. La Comisión alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.
Asimismo la propuesta prevé que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales, regionales y locales. Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse se incluyen: canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad; la notificación a las autoridades competentes si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen (por ejemplo, si el uso de los canales internos podría poner en peligro la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes); y la notificación a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.
La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público, contemplando salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación.
Valoración positiva de ONGs
La propuesta “no podría llegar en un momento más vital“, se afirma en un comunicado de prensa de Transparency International, la conocida ONG que combate la corrupción. Esta organización, que ha estado haciendo campaña por la protección de denunciantes durante mucho tiempo, estima que la Comisión Europea ha producido una propuesta ambiciosa que tendrá que reforzarse para garantizar que los denunciantes estén protegidos, sin importar quiénes puedan ser o dónde trabajan. Transparencia Internacional España viene trabajando desde hace tiempo en materia de Protección de denunciantes o whistleblowing, tanto a nivel nacional como internacional, buscando como objetivo principal la aprobación de una Ley para proteger a los denunciantes corrupción en nuestro país. Entre las varias acciones emprendidas, destaca en especial la elaboración de propuestas para que los Partidos políticos incluyan la protección de denunciantes en sus programas electorales o la publicación de recomendaciones a la Proposición de Ley Integral contra la Corrupción que se debate en el Congreso de los diputados en España.
Para FIBGAR esta propuesta de la Comisión europea es un hito importantísimo que cuenta con aspectos positivos gracias a la implicación de muchas organizaciones expertas, y sobre todo de cara a que estas propuestas se implementen en los distintos países miembros, todo un desafío para España. El proceso legislativo iniciado prevé no sólo abarcar al mercado financiero de la Unión Europea o el funcionamiento de los mercados individuales, sino que también considera garantizar la protección a los que presenten información de malas prácticas contra el medioambiente, en asuntos nucleares, de protección de la privacidad y datos personales, sistemas de salud, entre otros.
Sin embargo, en opinión del autor de este blog, esta pretensión europea de una legislación ómnibus en materia de protección de whistleblowers corre el riesgo de ofrecer una normativa demasiado generalista de limitada virtualidad; y que su desarrollo en algunos de los países miembros les reste eficacia práctica. Concretamente, una regulación sólida de la protección de las denuncias frente a los fraudes financieros tendría que ir precedida de un profundo análisis de las prácticas y mecanismos que aplican la banca y las firmas que operan en los mercados. Y subrayemos que la reforma financiera del Presidente Obama de 2010 ya incluyó unas primeras medidas legales en este campo a las que siguieron leyes específicas; mientras que la UE ha comenzado el largo proceso de regulación de los denunciantes unos diez años más tarde. Y un problema congénito de la legislación de la UE es que el diablo está en los detalles, según el dicho británico.-
Publicado por
LA EUROPA OPACA DE LAS FINANZAS

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