Atilio A. Boron
Lo que sigue son tres consideraciones de orden político y a la vez metodológico.
Por Atilio A. Boron
Hola todas y todos. Les cuento que desde hoy este será mi portal de noticias y análisis sobre la política nacional e internacional. Por si acaso la dirección será
https://atilioboron.wordpress.com
Y quiero inaugurarlo con una
reflexión sobre la gran novedad producida en la política argentina con
el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de
Kirchner. Lo que sigue son tres consideraciones de orden político y a la
vez metodológico. No me voy a referir a la fórmula en sí porque ya está
decidida y no tiene sentido especular sobre otras que, a mi entender,
podrían haber sido mejores; es decir, dotadas de una mayor capacidad de
atracción sobre una franja del electorado que sin ser kirchnerista
tampoco es anti y posiblemente se hubiera sentido más representada por
un binomio diferente. En todo caso y ante la poca información disponible
acerca de las circunstancias que llevaron a CFK a decidir como lo hizo,
aquel ejercicio sería ahora un anacronismo. Más adelante podríamos
reflexionar sobre si tal cosa fue un acierto o un error, pero será el
tiempo quien brinde el veredicto final sobre esta decisión.
Quedan en pie, sin embargo, tres consideraciones.
¿Suma o resta?
Primero, cabe preguntarnos si la candidatura presidencial de Alberto
Fernández le agrega votos al caudal propio de CFK o si, por el
contrario,podría desatar una fuga de sufragios producto de la desilusión
que provoca en el núcleo duro del kirchnerismo. Algo de eso ocurrió en
el 2015 cuando un sector importante del electorado K le dio la espalda a
la candidatura de Daniel Scioli. Si en las presidenciales del 2011 CFK
había obtenido 11.865.055 votos imponiéndose en la primera vuelta con el
54.11 % de los sufragios emitidos, cuatro años más tarde Scioli
obtendría en la primera vuelta 9.338.490 votos, casi dos millones y
medio menos. No obstante, hay que interpretar esto con mucha cautela y
ser muy cuidadosos a la hora de evaluar la situación actual, porque las
circunstancias son muy diferentes. Señalo sólo una, para no extender
demasiado este comentario. Scioli tenía como compañero de fórmula a
Carlos Zannini, y Alberto Fernández a CFK, es decir, a la dirigente
política con mayor intención de voto en el país, lo cual debería ser un
llamado a la sobriedad y la mesura para quienes se entretienen aventando
comparaciones lineales entre la elección del 2015 y la que se viene. El
hecho de que esté Cristina en la fórmula no es un dato para nada menor.
¿Es todo? No. Porque sería erróneo cerrar esta primera reflexión sin
señalar al mismo tiempo que AF podría allegar votos de sectores del
electorado que no estaban dispuestos a votar por CFK como presidenta
pero que ven en el nuevo candidato un signo de moderación y propensión
al diálogo y a la formación de consensos que, por distintas razones, no
veían en Cristina. Que esto sea cierto o no es irrelevante desde el
punto de vista electoral. Lo importante es que hay un sector que así lo
percibe y que, en consecuencia, si antes era completamente refractario a
otorgar su voto a una fórmula encabezada por CFK ahora, con AF como
candidato a presidente, podría llegar a revisar convicciones y volcar su
preferencia a favor de la misma. Es más, no son pocos los que ven esta
candidatura como una tácita (y largamente esperada) autocrítica de CFK,
teniendo en cuenta la radicalidad de las críticas que el hoy candidato
presidencial diera a conocer sobre el segundo mandato de Cristina hasta
hace poco tiempo. El tiempo dirá cuál es el resultado de esta suma
algebraica de votos que se agregan y otros que se fugan del binomio
AF-CFK.
El programa
Esta es la segunda cuestión. La fórmula puede ser mejor o peor, pero
lo que no puede ser así es el programa de gobierno. Esto requiere por
una parte una gran claridad para transmitir al electorado cuáles serán
los objetivos prioritarios del nuevo gobierno y sobre todo cómo,
concretamente, se hará para alcanzarlos. No será suficiente decir
vaguedades como que se va a reducir la pobreza, reactivar la economía y
combatir la inflación sino que habrá que ser muy específicos diciendo
cómo se lo hará. Y así con cada una de las principales medidas que
deberá tomar un gobierno que, independientemente de la mayor o menor
mesura de sus declaraciones y de sus inclinaciones prácticas, deberá ser
de salvación nacional, de reconstrucción de un país devastado por una
banda de saqueadores locales con la inestimable ayuda de los
delincuentes de cuello blanco anidados en Washington y Nueva York,
bandidos todos que llegaron a establecer en este país un humillante
co-gobierno en donde las autoridades surgidas del voto popular en el
2015 han cedido por completo el control de las decisiones económicas al
Fondo Monetario Internacional y a la gran banca, todo lo cual ha
desangrado financieramente a la Argentina.
Por lo tanto, habrá que ser muy precisos en definir los principales
lineamientos del nuevo gobierno. Asuntos insoslayables e impostergables
serán la realización de una auditoría integral de la monstruosa deuda
externa contratada por el gobierno de Mauricio Macri, tal como lo
hiciera en su momento Rafael Correa en el Ecuador con el auxilio de un
comité de expertos nacionales e internacionales. Deuda que ha servido
más que nada para financiar una gigantesca fuga de divisas de los amigos
del régimen. Habrá que revisar también los contratos con las
principales proveedoras de los servicios: electricidad, gas, transporte,
y los firmados con las empresas del sector hidrocarburífero y minero,
incluyendo por supuesto el litio. Y en función de la auditoría y la
revisión decidir como sigue, o no, la vinculación de esas grandes
empresas con nuestro país. Tendrá que nacionalizarse el comercio
exterior y poner fin a la reglamentación del macrismo que permite que
los exportadores del agro y la minería liquiden en el mercado local lo
producido por sus exportaciones cuando y si lo desean pues no están
obligados a ello. Lo que se exporta son bienes comunes de las y los
habitantes de este país, y el dinero producido en el marco del comercio
internacional no puede ser capturado por una minoría privilegiada que
dispone de ellos a su antojo. El crónico problema de la devaluación del
peso y la huida hacia el dólar tienen su causa principal precisamente en
la apropiación privada de los beneficios de los ingresos por las
exportaciones. El gobierno tendrá asimismo que producir la tan demorada
reforma tributaria, para acabar con uno de los regímenes impositivos más
regresivos del planeta y sin la cual no habrá recursos fiscales
suficientes para financiar las políticas económicas y sociales de
combate a la pobreza, recomposición de salarios y haberes jubilatorios,
de reactivación económica y de expansión del empleo, decisivos a la hora
de luchar contra el flagelo de la pobreza. Sin aquella reforma,
claramente planteada, estos tres objetivos se convertirían en
demagógicas frases de campaña. Tendrá también que establecer cómo es que
se librará el crucial combate contra la inflación y que medidas será
tomadas para controlar la injerencia nefasta de una oligarquía formadora
de precios que esquilma al productor directo tanto como a los
consumidores. El nuevo gobierno deberá sin más demora impulsar una
reforma del Poder Judicial, y declarar en comisión de servicios a la
casi totalidad de la Justicia Federal. No es un dato menor que en una
encuesta realizada por la Universidad de San Andrés el año pasado fueron
los jueces quienes obtuvieron el mayor repudio de la población, cayendo
por debajo de los sindicalistas y los partidos políticos. Sólo el 11 %
de los entrevistados dijo tener una opinión muy buena de ellos, contra
15 % de los sindicatos y 16 % de los partidos políticos. La reforma
judicial, estragada por escandalosos casos de “
lawfare”
y connivencia con los servicios de inteligencia es imprescindible e
impostergable. La democratización de los medios de comunicación será
otro imperativo categórico del nuevo gobierno porque, con la estructura
altamente concentrada y oligopolizada de los medios actuales no habrá
democracia que funcione en la Argentina. No hay democracia política si
no hay democracia en el espacio público, y el sistema nervioso del
espacio público son los medios masivos de comunicación. Otra tarea
urgente será la inmediata liberación de los presos políticos y de
quienes están en prisión preventiva por años, en causas manejadas a
discreción por el Ejecutivo nacional y en no poca medida por la prensa
hegemónica. Un gobierno que deberá conceder un lugar prioritario a la
defensa de los derechos humanos y el juicio y castigo a los culpables de
sus violaciones. Por último, que tendrá que abandonar una política
exterior de obsecuencia rastrera con los dictados del imperialismo
norteamericano y forjar una agenda propia, en defensa del interés
nacional y para fortalecer la unidad latinoamericana, imprescindible
para asegurar una inserción creativa y productiva en el orden multipolar
que ya se ha instaurado y que no hará sino fortalecerse con el paso del
tiempo.
La ingeniería de la campaña
Y esta es la tercera y última
cuestión. Admitamos que la fórmula es la mejor posible y que el programa
de gobierno es a la vez realista y atractivo para grandes mayorías de
la población. Pero enseguida aparece un nuevo y formidable desafío:
¿cómo organizar la campaña electoral? Los temibles y amenazantes avances
de las neurociencias y las comunicaciones han creado una parafernalia
de técnicas y tácticas de control del comportamiento humano cuya más
inofensiva expresión son las campañas para vender productos tales como
automóviles, celulares o pastas dentales. Como Noam Chomsky lo dijera
hace ya décadas todos esos experimentos tienen como objetivo esencial
aprender a manipular la voluntad política del electorado. Las técnicas
utilizadas en la Argentina en la campaña del 2015, salvo en alguna
medida las de Cambiemos, pertenecen al museo de la tecnología de las
campañas políticas. Hoy el arsenal propagandístico liderado por los
principales medios hegemónicos, acompañado por un torbellino de “fakenews”
e incisivas incursiones en los metadata proporcionados por las redes
sociales tienen un potencial infinitamente superior al de los
dispositivos tradicionales. Expertos del Pentágono, recuerdan una vez
más, que el poder militar reside más en el dominio de las mentes y las
voluntades que en la disponibilidad de armas convencionales; ese es y
será el objetivo de la guerra psicológica: la guerra por los corazones y
las mentes. En consecuencia, los terrenos de la batalla son “el
pensamiento, las emociones, las valoraciones, las actitudes, los
sentimientos y la imaginación” de los grupos sociales. A partir de allí
las técnicas propagandísticas de la “guerrilla neocortical” y la
“ciberguerrilla”, como las denomina la Corporación Rand, pasan a ser
esenciales en cualquier campaña política administrando maliciosamente el
engaño, la ilusión y el temor, y ocultando todo aquello que pudiera
perjudicar a quien lanza esta campaña. La gran pregunta es si en la
oposición, y principalmente en la fórmula AF-CFK, se está al tanto de
estas novedades y si hay voluntad de dar la batalla también en este
terreno. El éxito de Jair Bolsonaro en Brasil se debió en buena medida a
la efectividad de estas nuevas y perversas tecnologías. Y Steve Bannon,
el gurú de la campaña de Donald Trump jugó en Brasil un papel de
decisiva importancia. No sería raro que intentara replicar el éxito que
obtuvo en aquel país interviniendo con su arsenal de guerra por los
corazones y las mentes en la Argentina. Sería un acto de imperdonable
ingenuidad pensar que el abierto, por momentos desmesurado respaldo de
la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y el FMI al actual gobierno
argentino pudiera prescindir de tan eficaz ayuda en las próximas
elecciones.
Por Atilio A. Boron
