The
Wall Street Journal y el tango petrolero
Escrito por Jenaro Villamil el 08 noviembre 2013 a
las 10:00 am
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante su
participación en un foro organizado por The Economist. Foto: EFE/Mario Guzmán)
Un “trascendido” informativo presentado como nota exclusiva
en The Wall Street Journal volvió a alborotar el gallinero en medio del
pasmo legislativo en el que se encuentra la reforma energética.
No es para menos. La prensa anglosajona ha tenido el
privilegio de tener por adelantado algunas de las medidas más importantes del
gobierno de Enrique Peña Nieto. Él mismo sugirió las líneas de los cambios en
Pemex y en el sector petrolero en notas publicadas en diciembre de 2012 en The
Economist y en The Financial Times, mucho antes de anunciar su
iniciativa de reforma constitucional en materia energética.
La nota del periódico más famoso del mundo de los negocios
no precisa fuentes ni cita documento alguno, pero lanza un provocador
escenario: el gobierno peñista y el PAN negocian un modelo más audaz que el de
los “contratos de utilidad compartida” que planteó Peña Nieto en su iniciativa
de reforma constitucional de los artículos 27 y 28, el pasado mes de agosto.
Según el reportero Juan Montes se trata de “contratos de producción compartida”
que podrían usarse en campos más riesgosos.
“Los negociadores también están esbozando un tercer tipo de
contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto,
en los que la empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos”,
agrega The Wall Street Journal.
Según la nota de Montes, se trata de una negociación directa
entre el gobierno y “miembros importantes del PAN”, al margen de lo que está
realizando el Senado de la República, la cámara de origen para dictaminar la
reforma energética.
Hasta ahora, los foros convocados por la Comisión de Energía
resultaron un fiasco. El monólogo de quienes están a favor de la reforma
constitucional perdió encanto ante el retiro de los senadores del PRD y del PT,
y de la actitud fría del PAN –su único aliado en este terreno– tras la
aprobación de la reforma fiscal.
Lo impresionante es que nuevamente comenzó un baile de
máscaras, de declaraciones, de amagos y de desplantes frente a este
“trascendido” de The Wall Street Journal, reforzado por un análisis de
la agencia Bloomberg.
El primero en atizar el fuego ha sido el propio Peña Nieto.
En un extenso discurso durante la Cumbre México 2013, organizado por la revista
británica The Economist, el primer mandatario ya perfila una coartada
discursiva para justificar un primer año de desastre económico de su sexenio:
el bajo crecimiento se debe a la falta de una reforma energética.
“De no hacer algo nuestro país –advirtió Peña Nieto–, de no
convertirnos en un país que explote de manera más amplia, racional y, sobre todo,
que le dé a nuestro país condiciones de mayor competitividad por la oferta de
recursos energéticos, o de insumos energéticos, México perderá competitividad”.
“Y contrario a lo que hemos venido observando en estos
primeros 11 meses de la administración, las inversiones productivas podrían
tener el riesgo de irse a otra parte; precisamente, a donde la energía es más
barata y lo está haciendo al otro lado de la frontera.
“México no puede quedarse atrás. Ya de por sí se rezagó
frente a lo que otras naciones, especialmente de la región de América Latina,
estuvieron logrando en los últimos años, precisamente en materia energética,
aprovechando de mejor manera sus recursos y ampliando la explotación de los
mismos”.
En otras palabras, si no se aprueba este año la reforma
energética que propuso su gobierno, Peña Nieto sugiere un escenario de pérdida
de competitividad y de inversiones.
En este sentido, el primer mandatario baila el tango de la
nota de The Wall Street Journal: es un llamado urgente para tener algo
que ofrecer a los inversionistas que anticipadamente adelantaron el “Momento
Mexicano” y ahora se encuentran decepcionados.
En otro foro, con otro significado político y tecnocrático,
el director general de Pemex, Emilio Lozoya, “desmintió” a medias lo publicado
por el rotativo norteamericano. Afirmó que Pemex no se privatizará y que “el
diseño final de los contratos propuestos por el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto para permitir la participación de empresas privadas en la industria
petrolera, está en manos del Congreso”.
La bola se la pasan a la cancha del Senado, donde
rápidamente desmintieron las presuntas negociaciones “en lo oscurito” tanto el
coordinador de PRI, Emilio Gamboa Patrón, como el del PAN, Jorge Luis Preciado.
El líder de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, aprovechó el viaje para amagar
legislativamente: los senadores perredistas se levantaron de la mesa de
negociaciones de la reforma política, condición impuesta por Acción Nacional
para que se dictamine y apruebe cualquier cambio en materia energética.
En medio de este tango, el ex candidato presidencial de las
izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, vio en la publicación de The Wall
Street Journal la confirmación de lo que ha venido argumentando desde el
inicio de sus movilizaciones en defensa del petróleo.
López Obrador ganó otra vez en timming porque la
publicación de las presuntas negociaciones ocurrieron poco después que él
anunció el envío de cartas a directivos de Exxon, Shell y Chevron, entre otras
grandes multinacionales petroleras, para recordarles que el petróleo no es de
Peña “ni del gobierno, ni siquiera del Estado: por justicia y derecho es del
pueblo y de la nación”.
En su misiva, el ex jefe de Gobierno capitalino les advirtió
a las “grandes hermanas” petroleras que “midan las consecuencias de establecer
relaciones de negocios con un gobierno que pretende transgredir los principios
básicos y espíritu de nuestra ley fundamental”.
El tango no ha terminado.
Los únicos que no bailan y que no cuentan son los propios
mexicanos. Tanto el gobierno federal como el PAN y el PRI han hecho caso omiso
a la reiterada propuesta de las izquierdas partidistas, sociales y académicas
para convocar a una consulta pública nacional, bajo los principios del artículo
35 constitucional reformado, para definir si se modifican o no los artículos 27
y 28 de la Carta Magna.
El último párrafo de la nota de The Wall Street Journal no
se equivoca en su pronóstico:
“Una ley más ambiciosa podrá desatar una nueva ola de
protestas en un país con un largo historial de nacionalismo petrolero. Los
detractores ven los cambios como una manera de privatizar la industria. Además,
algunos expertos creen que contar con demasiados modelos podría convertirse en
un dolor de cabeza burocrático para el país y que éste debería centrarse en las
licencias”.
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