El gobierno de Peña sanciona a más de 8,000 funcionarios
Diciembre 02, 2013
Julián Olivas Ugalde, encargado de despacho de la SFP, señaló que en total a estos 9,822 servidores públicos se les aplicaron más de 10,500 sanciones; este número es mayor, explicó, porque a algunos se les aplica doble castigo.
“En ocasiones, un mismo funcionario público puede recibir no una, sino dos sanciones: cuando se trata de destitución y adicionalmente otra de carácter económico”, explicó Olivas Ugalde al clausurar los trabajos de la 51° Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que se llevó a cabo en la Ciudad de Zacatecas.
El funcionario, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, informó que hasta el 15 de noviembre pasado, la Secretaría de la Función Pública logró reintegrar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 2,196 millones de pesos.
De esa cantidad, los órganos internos de control recuperaron 1,457.8 millones de pesos, y los 738.6 millones restantes provienen de las auditorías de recursos federales practicadas a estados y municipios.
La SFP continúa con sus labores a pesar de que una iniciativa del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, enviada al Congreso de la Unión a través de la bancada del PRI en el Senado en noviembre de 2012, plantea su desaparición y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.
Debido a su intención de transformar el organismo, Peña Nieto no nombró a un nuevo secretario de la Función Pública y, en su lugar, designó a Olivas Ugalde como encargado de despacho. Su labor es investigar los posibles actos de corrupción que suceden en la administración pública.
La iniciativa de Peña Nieto para crear el nuevo organismo anticorrupción fue enviada al Senado, donde aún no ha sido dictaminada en las comisiones a las que fue turnada.
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