Acusan a directivo de Salud por despidos injustificados

Gloria Reza M.
18 de enero de 2014
Edicion Jalisco, Jalisco

No conforme con sacar ventajas indebidas con su cargo público, según denuncias de trabajadores del sector Salud, el doctor Sergio Eduardo Zaragoza –quien dirige la región sanitaria X– permite o participa de los despidos injustificados contra quienes se atreven a protestar por sus arbitrariedades o simplemente porque los allegados suyos o de otros funcionarios quieren las plazas. Son los testimonios de una extrabajadora y de un líder sindical.


A partir de que este semanario dio a conocer testimonios de trabajadores de la Secretaría de Salud que señalan al director de la región sanitaria X, Sergio Eduardo Zaragoza, por hacer negocios desde su cargo público y con la complicidad de su subalterna Norma Elizabeth Jacobo (Proceso Jalisco 479), la exempleada de esa dependencia Luz Imelda García Jáuregui confirma esas irregularidades y denuncia que fue despedida de manera injustificada.
El pasado 12 de diciembre, García presentó una queja ante el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM, registro F574) y otra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ, 9187/2013/1). En ambas instancias solicita “apoyo para denunciar públicamente los hechos y abusos de los que he venido siendo objeto por parte de Sergio Eduardo Zaragoza Mestas”.
Confirma que el directivo “no tiene horario, por lo que su presencia en la región es nula, ya que se ausenta para atender sus asuntos personales como doctor y empresario”. Y dice que Norma Jacobo fue nombrada en su puesto actual para que, “como coordinadora de Salud Pública (subjefa), cuidara su ausentismo”.
De acuerdo con la exempleada, Jacobo ha sido prepotente con el personal de la región. Parece “enferma de poder, usa el hostigamiento como intimidación, agregándole la celotipia en contra de las mujeres que trabajan en la Secretaría de Salud”.
Con las atribuciones que le dio el doctor Zaragoza, Jacobo comenzó a mover el personal “de cada departamento que forma la región –narra Imelda García–; a mí, de ser supervisor administrativo, me indicó que mi lugar es ser secretaria del departamento de Estadísticas”.
Esto hizo reaccionar a los trabajadores. “Cansados de los abusos, un grupo de compañeros y yo decidimos manifestarnos elaborando un escrito, que fechamos el 26 de noviembre de 2013, y en el cual narramos los abusos para que se tomaran de inmediato cartas en el asunto, ya sea para remover a la doctora Jacobo o solicitarle que cambiara su actitud. El plan era enviar el escrito al gobernador, Aristóteles Sandoval, con copia al secretario de Salud estatal, Jaime Agustín González Álvarez”, relata.
Sin embargo, al enterarse de ello, el director de la región sanitaria X amenazó a cada uno de los 75 que firmaron el documento: “Mis compañeros lo destruyeron por miedo a las represalias”, comenta la entrevistada en el documento que entregó al IJM y a la CEDHJ.
Agrega: “Sin hacer alguna investigación y sin invitarme a dialogar para aclarar cualquier inconformidad que él tuviera hacia mí, el doctor Sergio Eduardo Zaragoza me señaló como la única persona que quiso manifestarse, refiriendo que yo quería armar un complot contra él.
“Convenció a mi sindicato de que había actuado fuera de toda norma, sin darme la oportunidad de aclarar nada (…) Después, el 27 de noviembre, me notificó mi administrador que debo presentarme a otra región sanitaria a laborar a partir del día 28, esto de un día para otro, mostrándome un oficio firmado por el director donde se me informa que me está cambiando de lugar de adscripción sin que lo soporte una justificación, abusando de su poder, pasando por altos mis derechos y toda normatividad.”
Como García se negó a firmar el documento, sus superiores le dijeron que tenía cinco días para inconformarse y el 29 de noviembre tomaron otra medida contra ella: “Eliminaron mi registro de entrada en el reloj checador sin haberme notificado el porqué de dicha decisión. Me vi en la necesidad de grabarme frente al reloj y opté también por registrarme en la libreta de visitas, solicitando la firma de visto bueno de la coordinadora de Recursos Humanos, Nayeli Gaspar Martínez, o en su defecto del administrador de la región sanitaria, José Manuel Velasco Vera, para no verme afectada con descuentos”.
De nada sirvió su estrategia. Dos guardias privados le impidieron entrar a las instalaciones de la región sanitaria, en avenida Las Palmas 164, Ciudad Granja, municipio de Zapopan. Lo mismo le sucedió a su amiga Brenda Lizette Gutiérrez.
La entrevistada trabajaba en la Secretaría de Salud desde hacía 13 años como personal de base. “Mi expediente está limpio; jamás me han aplicado un descuento por faltas u omisión. Al contrario, cada año me hacía acreedora a los estímulos por puntualidad, asistencia y buen desempeño. Si acaso hay incapacidades, pero fueron por accidentes de trabajo”.
Comenta que el 6 de diciembre ella, Brenda Lizette Gutiérrez y su delegado sindical, Israel González, se reunieron con el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, y su director jurídico, Fernando Letipichia. Ahí las afectadas expusieron las irregularidades que cometieron Zaragoza y Jacobo en su contra.
“Anteriormente le habíamos notificado al secretario a través de un documento todo lo sucedido –recuerda–, pero al parecer nunca leyó nuestra petición. Dialogamos por espacio de 10 minutos y nos indicó que el 9 de diciembre nos presentáramos como de costumbre y que ya se nos iba a permitir el ingreso, pues él mismo buscaría a nuestro director para platicar con él de manera urgente.”
Así lo hicieron García y Gutiérrez, pero se les volvió a negar el ingreso. El 11 de diciembre, añade, “nos llamaron de la dirección de Recursos Humanos de las oficinas centrales, pues querían hablar con nosotras. Pero sólo fue para decirnos que nuestros cobros de quincenas y medidas de fin de año no se nos iban a entregar, salvo que firmáramos los oficios donde aceptamos que se nos reubique, o lo que es lo mismo, nos condicionaron nuestros cobros”. Sólo firmó Brenda Gutiérrez.
Imelda García interpuso el juicio laboral 23289/2013 en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el estado en contra de la Secretaría de Salud por despido injustificado.
Apenas el miércoles 8 la Procuraduría del Trabajo citó a la Secretaría de Salud “con la finalidad de encontrar una solución amistosa respecto de la problemática expuesta por la parte obrera”. La dependencia no envió a ningún representante pese a la advertencia de que “en caso de no comparecer en la fecha y hora señaladas, se procederá a solicitar la intervención de las autoridades de Inspección del Trabajo y en su caso interponer formal demanda en su contra”.
La Procuraduría del Trabajo ordenó enviar un segundo citatorio para que la secretaría se presente el lunes 20.
Impunidad total

El líder del Sindicato Independiente del Sector Salud, el abogado Israel González, lleva la defensa de al menos 120 trabajadores de la Secretaría de Salud que fueron despedidos de manera injustificada y cuyos asuntos se radicaron en la mesa 11 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
A estos casos se sumarán otros 40 “si, a más tardar el 16 de enero, no se arregla una petición que le hicimos al secretario de Salud de no despedir ni descansar al personal”, comenta González.
Él presentó la primera demanda por despido injustificado en septiembre pasado, pero aún no hay avances. “Me dijeron en la secretaría que estaba saturando la mesa, pero también hay una rara actuación de las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque a todas las demandas que meto les van poniendo trabas, como que la firma no coincide, y las tengo que subsanar”, señala.
Estima que por el número de demandas, de ganar los demandantes la entrega de sueldos caídos, la Secretaría de Salud tendría que pagar entre 4 y 5 millones de pesos anuales. “Ellos saben que las van a perder, incluso el propio director jurídico me lo comentó”, dice.
El mayor número de despidos se registra en la zona de Los Altos, que comprende Tepatitlán, y Yahualica, entre otros municipios. Según el líder sindical, esto se debe a que el diputado local panista Elías Octavio Íñiguez Mejía hizo un acuerdo con el director del Seguro Popular en Jalisco, Antonio Cruces Mada, y con el secretario de Salud “para acomodar a su gente”.
Y plantea: “Yo no sé cuál es la pretensión del secretario de Salud, o si de plano él no tenga el control, porque parece que quien mueve los hilos es el doctor Antonio Cruces, porque la mayoría de los trabajadores dependen del Seguro Popular. Es una acción continua el despido sin motivo alguno y el ingreso de allegados a ellos”.
Actúan con total impunidad: “Si alguien tiene interés en otro puesto y tiene la posibilidad de ejercer el influyentismo, nada más lo señala, y es tan sencillo como que les digan a los que ocupan esa plaza: ya no vengas el día de mañana y ponte a disposición de Recursos Humanos. No dan ninguna explicación y comúnmente no dan nada por escrito. Nada más de la noche a la mañana no los dejan entrar; les quitan su clave para checar y les ponen un guardia de seguridad para impedirles el acceso”.
Detalla que de esa forma han afectado a personal de todas las categorías: “Tengo casos de vacunadores y fumigadores que ganan unos 4 mil pesos al mes. También afectaron a jefes, médicos y enfermeras. Conforme requieren los puestos, los van sacando, y como no había un sindicato que los protegiera era una práctica muy común”. Calcula que cada mes se despiden hasta 300 empleados.