Estudio prevé fracaso del programa de prevención del delito
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La directora de México Evalúa, Edna Jaime, presentó el informe sobre prevención del delito ante Roberto Campa, subsecretario de la Segob.
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- Cuartoscuro
Enero 30, 2014
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia podría fracasar si no se realizan ajustes en su diseño e implementación, advierte un estudio de la organización México Evalúa.
Edna Jaime, directora de este centro de análisis de políticas públicas, alertó sobre el riesgo de que no se obtengan resultados satisfactorios con los programas financiados con 2,500 millones de pesos durante 2013 en 57 demarcaciones geográficas del país, al destacar que estos proyectos –en su mayoría– no están basados en evaluaciones ni metas planteadas de forma profesional.
"No hay diagnósticos, no se está definiendo el problema, las actividades no están bien alineadas con los objetivos que se persigue, no hay una debida fiscalización de recursos, no está claro cómo se llegó a las demarcaciones.
"Sería muy difícil que estas acciones tuvieran impacto, cuando no cumplen con estos requisitos que son tan básicos en una política pública que tiene posibilidades de ser exitosa", explicó a ADNPolítico.com.
Jaime dijo ante el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, que sin atender estas deficiencias, la estrategia de prevención del delito –presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de febrero de 2013– podría terminar sin cumplir sus objetivos.
"Para estos programas, para este proyecto concreto, que desea intervenir a nivel muy local en factores de riesgo muy reconocibles, tal como está, creo que no tendría el efecto deseado.
"Sería lamentable que estos procesos, estos métodos, no se corrigieran, porque podríamos llegar al final de la administración, Roberto, con las manos vacías", señaló este miércoles durante la presentación del informe "Prevención del delito en México, ¿dónde quedó la evidencia?".
LAS FALLAS
El reporte de México Evalúa critica que no se conoce públicamente la metodología precisa para definir las 57 demarcaciones de intervención prioritaria. Se sabe que fueron considerados criterios como población, cobertura territorial e índices delictivos, pero no la manera exacta en que se incluyeron o no.
Esto pudo prestarse a discrecionalidad, pues –indica el informe– fueron incluidas localidades que no están entre las que tienen mayores factores de riesgo (Mérida, por ejemplo).
En tanto, fueron excluidos todos los municipios de Michoacán, excepto Morelia y Uruapan, a pesar de la crisis de inseguridad y violencia en dicha entidad. Otras localidades excluidas fueron Chalco, Estado de México, o Tecate, Baja California, con considerables factores de riesgo.
Además, la organización menciona que la selección de localidades para la asignación de recursos "nada tiene que ver con el objetivo" del programa, pues para la definición de las "demarcaciones proritarias" sólo se consideraron los factores de proporción de población y de homicidios.
Los recursos se repartieron sin dejar clara la relación con los problemas y objetivos a perseguir ni con un diagnóstico sobre los factores de riesgo de generación de violencia, sino que se presupuestó una cantidad base igual para todas las demarcaciones (16 millones 367,647.60 pesos), más dos extra definidas por las proporciones de población y de homicidios en cada una de las localidades seleccionadas.
México Evalúa agrega que la mayoría de los diagnósticos carecen de evidencia empírica y sólida que los sustente, y en su lugar presentan "meras justificaciones" o "conjeturas". Esto, de acuerdo con este think tank, dificulta conocer el impacto en el problema que se busca atender.
También se destaca la ausencia de indicadores y metas que hagan posible la evaluación del impacto de los programas financiados.
Carlos Vilalta, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que aún no se puede saber si estas fallas son suficientes para afectar la efectividad de la estrategia.
"A ciencia cierta, no lo sabemos. En este momento, y por las definiciones propias de estas limitaciones, no podemos estimar si los efectos en estas demarcaciones van a ser los esperados", agregó en el evento.
LO POSITIVO
Edna Jaime, directora de México Evalúa, destacó que a pesar de estas deficiencias, el Gobierno de la República ha mostrado apertura para escuchar las observaciones de la sociedad civil, como se evidenció con la presencia del subsecretario Campa Cifrián en la presentación del informe.
"El hecho de que haya dado la cara, de que haya estado presente, me parece un dato muy interesante", comentó en entrevista.
La especialista añadió que esta Subsecretaría de la Segob ha respondido a los señalamientos que la organización civil le ha puesto sobre la mesa, y admitió que las autoridades federales tienen restricciones en su actuar como la "debilidad" de los gobiernos locales.
Campa Cifrián defendió los parámetros con los que la Segob ha guiado la selección de municipios y la asignación de recursos, aunque se manifestó abierto para enriquecer el programa de prevención del delito con las aportaciones de la sociedad civil.
"El programa es perfectible, y estamos trabajando con la información que se presentó el día de hoy para hacerlo mejor", dijo a ADNPolítico.com.
El funcionario federal declinó aceptar o rechazar que el éxito de la estrategia esté en riesgo, como señala México Evalúa.
"Estoy convencido de que con la participación de la ciudadanía y de los expertos vamos a mejorar y a tener un programa muy eficaz", se limitó a respoder tras ser cuestionado sobre este planteamiento del informe.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, resaltó que por primera vez se destina una cantidad considerable de recursos para un programa particular de prevención del delito.
"Los recursos para preveción siempre habían sido una burla", recordó durante la presentación del informe.
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