Los abusos de militares han disminuido en México, pero quedan impunes

Los abusos de militares han disminuido en México, pero quedan impunes






LUIS PABLO BEAUREGARD, El País

Los años de la guerra contra el narcotráfico han dejado como herencia algunas graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas armadas. La estrategia implementada en el anterior Gobierno sacó a soldados y marinos de los cuarteles a las calles para que se hicieran cargo de tareas policiales. La escasa preparación de los militares en esta materia se tradujo en un aumento de las quejas en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) desde 2006, el año en que comenzó la Administración de Felipe Calderón.

En 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 182 quejas contra los militares. Un lustro después, en 2011, uno de los años más violentos, la cifra llegó a 1.791. “Esto se explica a partir de la intervención de las fuerzas armadas en seguridad pública”, señala Marat Paredes, el segundo visitador, encargado de investigar las violaciones a derechos cometidas por el Ejército, la Armada y la Policía Federal.

Los asesinatos fueron una parte pequeña de estas quejas compuestas por vejaciones, desapariciones, torturas, allanamientos ilegales y faltas en los procesos de detención de ciudadanos. En 2007 solo hubo 17 quejas por ejecuciones extrajudiciales. El pico volvió a llegar en 2011, cuando la comisión investigó 52 casos cometidos.

Las cifras comenzaron a disminuir a partir de la salida de Felipe Calderón de la presidencia, en 2012. Para 2013 la CNDH ya había registrado una reducción del 50% en las quejas, llegando a 811. Cerca de 40 fueron por asesinatos extrajudiciales. En 2014 se han recibido siete quejas por “privación de la vida”, ninguna de ellas por los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 civiles armados murieron tras un supuesto enfrentamiento con soldados.

“No hemos recibido una queja de los hechos. Cuando se recibe una queja pedimos un informe a las autoridades y hacemos diligencias en el lugar de los hechos”, dice Paredes. La CNDH tampoco ha comenzado una investigación de oficio, algo que ha indignado a las ONG. “Hay un silencio total. No hay un solo pronunciamiento en lo del Estado de México. Es un asunto que debe investigarse sin lugar a dudas”, dice Araceli Olivos, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El descenso de violaciones a derechos humanos coincidió también con la capacitación otorgada por la CNDH a “cientos de miles” de militares. Se creó un protocolo para dejar claro a soldados y marinos los casos donde es correcto usar las armas de fuego. “Únicamente cuando esté en peligro la vida de elementos o de terceros”, agrega el visitador.

La situación, sin embargo, no significa que haya justicia en los casos de abusos del pasado. Los tribunales siguen teniendo pendientes cientos de expedientes que deben de juzgar a militares. Las quejas ante la CNDH han motivado 495 denuncias penales. Solo 57 se han consignado ante un juez. El resto continúa en la etapa de investigación.

El caso de Otilio Cantú, asesinado en Monterrey en 2011 por soldados que le sembraron un arma para incriminarlo, lleva tres años aguardando justicia en un kafkiano proceso entre tribunales militares y civiles, que discuten quién es competente para dictar una sentencia. Hasta mediados de este año el fuero militar se mantuvo vigente en México. Gracias a él los militares que cometían delitos seguían sus procesos en tribunales castrenses, lo que obstaculizó la justicia por muchos años, según señalaron varias ONG y organismos internacionales como la ONU. Una reforma al Código de Justicia Militar en junio pasado acotó el aforamiento y obligó a que las violaciones graves a derechos humanos sean competencia de los tribunales civiles.

En un país donde el 98.5% de los delitos quedan impunes la sociedad aguarda a que los crímenes cometidos por autoridades no abonen esa estadística.