Guerrero: pragmatismo o cambio
Guerrero inicia este año electoral sumido en la incertidumbre. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,
ya advirtió sobre un posible “reajuste” de su calendario electoral. La
tragedia de Ayotzinapa ha catalizado una amplia movilización social en
el estado. Sin embargo, los grupos que se han movilizado,
particularmente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
de Guerrero (CETEG), han optado exclusivamente por la confrontación; no
por abonar a la construcción de una alternativa política viable para el
estado. En las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre
la CETEG –que ha hecho público su empeño de obstaculizar las elecciones–
y elementos policiales. Sólo en el último trimestre de 2014 se
registraron al menos 50 “tomas de instalaciones”, así como 39 incendios
provocados en la entidad, principalmente como resultado de
movilizaciones en repudio a las autoridades.
Guerrero es probablemente la entidad que enfrenta los mayores desafíos en materia de seguridad y gobernabilidad. Por una parte, se ubica entre los estados más pobres, con un PIB per capita sólo superior a los de Oaxaca y Chiapas. El turismo, concentrado en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, es el principal motor de la economía del estado, y fuera de estos dos polos, la actividad económica es marginal. Por otra parte, Guerrero tiene, a diferencia de Oaxaca y Chiapas, una importante participación en la producción y trasiego de drogas, particularmente el cultivo de amapola. Lo anterior significa que, en el interior del estado, como en ninguna otra parte del país, los intereses económicos del crimen organizado prácticamente no tienen contrapeso.
Actualmente se tiene registro de 22 bandas del crimen organizado que mantienen operaciones en Guerrero. La mayoría tienen su origen en la organización de los hermanos Beltrán Leyva (Guerreros Unidos, Los Pelones, Los Rojos y el Nuevo Cártel de la Sierra, entre otros), pero también existen grupos asociados al Cártel de Sinaloa (La Barredora y el Comando del Diablo), el Cártel de Jalisco-Nueva Generación (Los Guerreros) y Los Caballeros Templarios (Pueblos Liberados).
La única nota esperanzadora es que, en términos generales, se observa una tendencia de disminución en la violencia vinculada con el crimen organizado. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, la violencia en Guerrero ha disminuido de forma sostenida desde 2011, cuando se registró un máximo de mil 752 ejecuciones; en 2014 se observaron 964, una disminución de 45 por ciento. Sin embargo, el grueso de esta disminución tuvo lugar en Acapulco, municipio que pasó de concentrar el 50 por ciento de las ejecuciones en 2011, a cerca del 35 por ciento en el último año. En el resto de los municipios de la entidad la disminución de la violencia ha sido modesta.
Cabe preguntarse si existe alguna coalición política, ajena a los intereses del crimen organizado, que estaría dispuesta a buscar la gubernatura en 2015. Hasta la semana pasada, el senador Armando Ríos Piter se perfilaba como el puntero dentro de la contienda interna del PRD. La participación de Ríos Piter era un signo alentador. Ríos Piter buscaba impulsar una necesaria agenda de modernización en el estado y mantiene una sana distancia con los grupos políticos que al parecer representan de forma más directa los intereses de organizaciones criminales como Guerreros Unidos. Sin embargo, Ríos Piter anunció que dejaba la contienda después de que Jesús Ortega, el líder de la corriente Nueva Izquierda, le sugiriera “pactar” con el exgobernador Aguirre.
La disputa al interior del PRD por la candidatura en Guerrero es reflejo de un problema mayúsculo, que marcará por años la política local en varios estados de la República, donde el crimen organizado logró establecer una relación estrecha con los liderazgos políticos de mayor arraigo. En la mayor parte de los municipios de dichos estados, las etiquetas partidistas importan poco (pocos meses antes de la elección, el propio José Luis Abarca se debatía entre el PRI y el PRD). En los hechos, un pequeño grupo de familias comparten o se turnan el control político, y los acuerdos con ellas son el principal factor que determina el grado de éxito electoral de los partidos políticos nacionales. En Guerrero y en otros lugares el contubernio entre esta clase política y los criminales es un secreto a voces. Si a esto sumamos que las pocas organizaciones que podrían articular una alternativa (como el movimiento magisterial) han optado por estrategias porriles, el panorama resulta francamente desolador.
La reconstrucción de la paz en el estado pasa necesariamente por un acuerdo político de alto nivel, en el que todas las fuerzas se comprometan a dejar del lado el “pragmatismo” electoral que denunció Ríos Piter, y a acotar la influencia de los grupos cercanos a Guerreros Unidos y los otros cárteles. En Guerrero también es urgente reemplazar el liderazgo social que actualmente ostentan los criminales. El Estado debe demostrarle a los ciudadanos que hay alternativas a pagar “cuota”, o a trabajar como halcones (lo que implica, entre otras medidas, articular el despliegue de las agencias de seguridad con una mayor presencia en campo de las dependencias encargadas de la política social). No habrá salidas fáciles. Sin embargo, no hay una apuesta por los cambios de fondo que son indispensables. ¿Cuántas tragedias más serán necesarias?
Guerrero es probablemente la entidad que enfrenta los mayores desafíos en materia de seguridad y gobernabilidad. Por una parte, se ubica entre los estados más pobres, con un PIB per capita sólo superior a los de Oaxaca y Chiapas. El turismo, concentrado en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, es el principal motor de la economía del estado, y fuera de estos dos polos, la actividad económica es marginal. Por otra parte, Guerrero tiene, a diferencia de Oaxaca y Chiapas, una importante participación en la producción y trasiego de drogas, particularmente el cultivo de amapola. Lo anterior significa que, en el interior del estado, como en ninguna otra parte del país, los intereses económicos del crimen organizado prácticamente no tienen contrapeso.
Actualmente se tiene registro de 22 bandas del crimen organizado que mantienen operaciones en Guerrero. La mayoría tienen su origen en la organización de los hermanos Beltrán Leyva (Guerreros Unidos, Los Pelones, Los Rojos y el Nuevo Cártel de la Sierra, entre otros), pero también existen grupos asociados al Cártel de Sinaloa (La Barredora y el Comando del Diablo), el Cártel de Jalisco-Nueva Generación (Los Guerreros) y Los Caballeros Templarios (Pueblos Liberados).
La única nota esperanzadora es que, en términos generales, se observa una tendencia de disminución en la violencia vinculada con el crimen organizado. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, la violencia en Guerrero ha disminuido de forma sostenida desde 2011, cuando se registró un máximo de mil 752 ejecuciones; en 2014 se observaron 964, una disminución de 45 por ciento. Sin embargo, el grueso de esta disminución tuvo lugar en Acapulco, municipio que pasó de concentrar el 50 por ciento de las ejecuciones en 2011, a cerca del 35 por ciento en el último año. En el resto de los municipios de la entidad la disminución de la violencia ha sido modesta.
Cabe preguntarse si existe alguna coalición política, ajena a los intereses del crimen organizado, que estaría dispuesta a buscar la gubernatura en 2015. Hasta la semana pasada, el senador Armando Ríos Piter se perfilaba como el puntero dentro de la contienda interna del PRD. La participación de Ríos Piter era un signo alentador. Ríos Piter buscaba impulsar una necesaria agenda de modernización en el estado y mantiene una sana distancia con los grupos políticos que al parecer representan de forma más directa los intereses de organizaciones criminales como Guerreros Unidos. Sin embargo, Ríos Piter anunció que dejaba la contienda después de que Jesús Ortega, el líder de la corriente Nueva Izquierda, le sugiriera “pactar” con el exgobernador Aguirre.
La disputa al interior del PRD por la candidatura en Guerrero es reflejo de un problema mayúsculo, que marcará por años la política local en varios estados de la República, donde el crimen organizado logró establecer una relación estrecha con los liderazgos políticos de mayor arraigo. En la mayor parte de los municipios de dichos estados, las etiquetas partidistas importan poco (pocos meses antes de la elección, el propio José Luis Abarca se debatía entre el PRI y el PRD). En los hechos, un pequeño grupo de familias comparten o se turnan el control político, y los acuerdos con ellas son el principal factor que determina el grado de éxito electoral de los partidos políticos nacionales. En Guerrero y en otros lugares el contubernio entre esta clase política y los criminales es un secreto a voces. Si a esto sumamos que las pocas organizaciones que podrían articular una alternativa (como el movimiento magisterial) han optado por estrategias porriles, el panorama resulta francamente desolador.
La reconstrucción de la paz en el estado pasa necesariamente por un acuerdo político de alto nivel, en el que todas las fuerzas se comprometan a dejar del lado el “pragmatismo” electoral que denunció Ríos Piter, y a acotar la influencia de los grupos cercanos a Guerreros Unidos y los otros cárteles. En Guerrero también es urgente reemplazar el liderazgo social que actualmente ostentan los criminales. El Estado debe demostrarle a los ciudadanos que hay alternativas a pagar “cuota”, o a trabajar como halcones (lo que implica, entre otras medidas, articular el despliegue de las agencias de seguridad con una mayor presencia en campo de las dependencias encargadas de la política social). No habrá salidas fáciles. Sin embargo, no hay una apuesta por los cambios de fondo que son indispensables. ¿Cuántas tragedias más serán necesarias?
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