Por unanimidad, Senado aprueba reforma constitucional en materia de desaparición forzada y tortura
Escrito por El Zappo
El
Senado de la República aprobó por unanimidad, en lo general y en lo
particular, el dictamen que modifica el artículo 73 de la Constitución, a
fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes
generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas
de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Respaldado con 104 votos a favor, el
proyecto dispone que dichos ordenamientos deberán expedirse dentro de
los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto y establecer,
como mínimo, los tipos penales y sanciones para quienes cometan estas
conductas delictivas.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez,
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que
con la aprobación de esta modificación a la Carta Magna se da un paso
firme en momentos en el que el país vive la más profunda crisis de
derechos humanos después de 1968, en un contexto de impunidad, abuso de
poder y responsabilidad directa del Estado mexicano en la desaparición
forzada de personas y tortura.
Advirtió que el día de hoy el enemigo
interior ya no es solamente el disidente u opositor político, sino que
toda la población está en riesgo debido a este tipo de prácticas, ya que
en la guerra contra el narcotráfico, establecida unilateralmente por el
Ejecutivo federal, se permitió la salida del Ejército a las calles, y
con ello, la militarización del país.
Refirió que el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas contabiliza 25 mil 821 ciudadanos en esa
condición, sin que a la fecha ninguna autoridad haya rendido cuentas o
explicado cuáles fueron las causas de la desaparición de estos
individuos.
En la discusión en lo general del
dictamen, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge
Aréchiga Ávila, destacó que facultar al Congreso para legislar en
materia de tortura y desaparición forzada de personas permitirá adecuar
el marco jurídico y cimentar la prevención, combate y eliminación de
este tipo de ilícitos que perjudican las libertades personales y
trasgreden derechos fundamentales.
El senador del Partido de la Revolución
Democrática, Zoé Robledo Aburto, detalló que con esta reforma el
Legislativo también podrá contemplar en las leyes otras formas de
privación de la libertad, como el desplazamiento forzado de personas en
el interior del país. Estas poblaciones no son libres porque abandonan
su entorno en contra su voluntad e interrumpen su vida, explicó.
Para la senadora del Partido Acción
Nacional, Sonia Rocha Acosta, las desapariciones forzadas son una
práctica añeja de control político y social, heredada de un pasado
caracterizado por una política de Estado cerrada a las exigencias
sociales, que reprimía movimientos sociales, que tuvo resultados
lamentables en cuanto a violaciones múltiples a derechos humanos.
A favor del dictamen, el senador Omar
Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, indicó que los
legisladores no pueden “hacer oídos sordos” a las demandas de la
sociedad, pues hay un antes y un después por el caso de la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
El senador del PRD, Isidro Pedraza
Chávez, dijo que la ley establece una base para prevenir y erradicar la
tortura, la cual no es castigada; pues de acuerdo con datos del Consejo
de la Judicatura Federal, del año 2005 al 2013, los tribunales federales
tramitaron 123 enjuiciamientos por este tipo de casos y tan sólo siete
derivaron en condenas.
La senadora del PAN, Mariana Gómez del
Campo, refirió que según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y
Desaparecidas, entre enero y octubre de 2014 se denunciaron cinco mil 98
víctimas, lo que es una cifra alarmante que no tiene precedentes en la
historia del país. Asimismo, comentó que las entidades donde se tiene
mayor registro de este delito son: Tamaulipas, Jalisco, Estado de
México, Distrito Federal y Coahuila.
Del PRI, la senadora Cristina Díaz
explicó que esta reforma tiene la finalidad de facultar al Congreso de
la Unión para expedir, en un lapso de 180 días, las leyes generales que
establezcan los tipos penales y sanciones, acorde con los tratados
internacionales, en materia de desaparición forzada de personas y otras
formas de privación de libertad, tortura, así como tratos crueles e
inhumanos o degradantes.
El dictamen abre la puerta para trabajar
con mayor incidencia desde el Congreso y contribuirá a esclarecer y
conocer la verdad jurídica de la desaparición forzada de los 43
estudiantes de Ayotzinapa y sancionar a los responsables. Estamos ante
un tema que muchos sectores de la sociedad esperan y que es clave en el
fortalecimiento de la democracia del país, manifestó en su turno la
senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD.
La senadora Silvia Garza Galván, del
PAN, consideró necesario aprobar el dictamen para trabajar de inmediato
en la legislación pendiente; sin embargo, no debemos caer en la
tentación de elaborar una ley al vapor, advirtió.
A su vez, la senadora Diva Hadamira
Gastélum Bajo, del PRI, refirió que una encuesta de Parametría reveló
que el tema de desaparición forzada preocupa a la sociedad, pues de cada
diez hombres y mujeres consultados, nueve dijeron estar preocupados por
ese delito y un tercio consideró que sucede más entre jóvenes y niños.
El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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