Una inmensa prisión llamada Palestina: la estrategia de encarcelar como modo de dominación
Desde el
comienzo de la ocupación israelí del Territorio Palestino en 1967, más
de 750.000 ciudadanos palestinos han sido detenidos. Entre ellos, 15.000
mujeres y decenas de miles de niños. Desde el año 2000 hasta este día,
más de 85.000 casos de detenciones han sido registrados. Entre ellos
más de 10.000 son niños (menores de 18 años) y aproximadamente 1.200 son
mujeres, más de 65 ministros o miembros del Consejo Legislativo
Palestino y más de 24.000 bajo detenciones administrativas[1] que pueden
renovarse varias veces. Durante los últimos cuatro años, ha comenzado a
quedar claro que los niños palestinos son objetivos de detenciones. Se
registraron más de 3.755 casos de detenciones a niños, de los cuales
1.266 ocurrieron durante 2014. Durante el primer trimestre del año en
curso, más de 200 casos de detenciones a niños han sido registrados sin
consideración a su edad o debilidad física y sin atender a sus
necesidades básicas. Han sido tratados duramente, torturados, sus
derechos humanitarios básicos negados, sentenciados y condenados a
prisión, multados y confinados en sus hogares. Más de 95% de los niños
liberados de las cárceles aseguran que han sufrido torturas y maltrato
durante el interrogatorio y la detención. Estas acciones suponen una
amenaza real a la niñez palestina y su futuro.
Más
de 7000 presos políticos se encuentran aún en las cárceles de la
ocupación israelí. Entre ellos 478 condenados a cadena perpetua una o
varias veces, 70 mujeres, 104 niños menores de 16 años, 414 niños
menores de 18, 715 bajo el régimen de Detención Administrativa, tres
miembros del Consejo Legislativo Palestino, 1500 enfermos de los cuales
80 están en grave estado de salud, 30 están detenidos desde antes de los
Acuerdos de Oslo de 1994, 459 con sentencias de más de veinte años, 16
pasaron más de 25 años en prisión tal como Karim Younis y Maher Younis
que hace 33 años ininterrumpidos que están en la cárcel y 65 de ellos
siguen en prisión a pesar de haber cumplido condenas de 20 años.. Los
presos políticos palestinos están distribuidos en 22 cárceles y centros
de detención israelíes, las más destacadas son Nafha, Remon, Asqalan,
Beir Sabee, Hadareem, Jalbou, Shata, Ramlah, Damoun , Hasharoon,
Hadarim, Naqab, Ofar y Majedo.[2]
Nuestra experiencia directa
Durante
los días que estuve en Palestina, la cuestión de los presos políticos
se imponía en cada encuentro. Difícil encontrar algún dirigente social o
político que no haya pasado por alguna forma de encierro y más difícil
que en las entrevistas en los campos de refugiados, las barriadas de
Jerusalén Oriental o los movimientos sociales de Cisjordania no
surgieran referencias muy directas a los presos políticos.
El
autor de estas líneas tiene alguna idea de la cuestión. Tuvo su propia
experiencia de permanencia en un centro clandestino, La Cuarta de Santa
Fe, y una cárcel, Coronda; además durante algunos años, bajo la
dictadura, trabajó como receptor de denuncias en la sede de la Liga de
Rosario, en la mítica Ricardone 74, y en los últimos diez años ha
compartido con los equipos jurídicos de la Liga la participación en
decenas de juicios donde ha escuchado cientos de testimonios sobre los
centros y las cárceles de la dictadura.
Lo
primero que debo decir que todo fue rebasado en Palestina. Por el
número (se calcula que el 40% de los palestinos varones han pasado por
la cárcel desde 1967) y por la perversión industrializada. Los
organismos defensores de los derechos humanos del pueblo palestino han
identificado más de cien técnicas de tortura.
De
ellas nos habló Yacoub Odeh, miembro del Consejo Directivo de Addameer
(la entidad que nos invitó y organizó la gira política por Palestina)
quien pasó diecisiete años en prisión por ser parte de la resistencia a
la ocupación militar de 1967 y quien, por las razones ya explicadas de
solo contar con “permiso de residencia” hace más de siete años que no
puede salir de Jerusalén.
El
testimonio de Yacoub Odeh es casi insoportable de receptar: hasta le
arrancaron el cuero cabelludo y los daños que recibió en las
interminables sesiones de tortura todavía se muestran a flor de piel.
Sin embargo, ni una sombra de odio hay en su discurso donde abundan
reflexiones humanistas y la convicción de que solo ganando una parte de
la sociedad israelí y buena parte de la opinión publica mundial se podrá
encontrar salida a la aparente encerrona del “conflicto”
En
un barrio palestino de la Jerusalén Oriental visitamos la familia de
Majd Barbar; él está preso desde hace quince años acusado de instigar la
Segunda Intifada del 2000. Tomamos te con su compañera y sus dos
hijos, de dieciséis años el muchacho y de quince años la muchacha.
Ambos vestidos al modo occidental, estudiantes de una escuela católica
que les permite estudiar a pesar de que ellos son musulmanes no
practicantes. La niña no más que intentó decir algo que se emocionó
tanto que salió corriendo de la habitación donde estábamos. Su madre la
disculpa y explica que todavía está conmovida por un hecho
extraordinario: por primera vez en quince años de encierro de su padre
la han dejado darle un abrazo, tocarlo, y sacarse una foto. Sería la
segunda que tiene con su padre (a dos semanas no se la habían dado y
podría ocurrir que la seguridad estatal decida que la foto es un peligro
para la seguridad de Israel, así de absurdo y perverso es todo), en la
primera ella tenía dos semanas y su padre quince años menos. La madre
cuenta que cuando fue detenido su esposo también detuvieron su hermano y
que en una ocasión, cuando ambos ya tenían meses de detención la
llevaron a ella para torturarla delante de ellos, para quebrar su
voluntad de resistir. Lo cuenta con la humildad y la naturalidad de
quienes han hecho del patriotismo y la dignidad una opción de vida que
no admite opción. Tiene prohibido trabajar en cualquier empresa israelí,
pero ha conseguido empleo en una ONG de ayuda al pueblo palestino. Su
ilusión es que finalmente su marido salga (falta muy poco para el
cumplimiento de la condena, pero eso no es ninguna garantía) y se
preocupa por el estudio y salud de sus hijos. Está particularmente
temerosa de que el muchacho se enrede en alguna pelea con los israelíes
que actúan como matones en las calles. Los escupen y golpean, amparados
en la policía israelí. El muchacho explica que él se cruza de calle
cuando los ve pero que ellos lo provocan, lo empujan. Se adivina el
conflicto: el muchacho no tiene mucha más paciencia, la madre tiene
terror a que lo encarcelen antes que salga el padre.
En
el campo de refugiados de Ramalah, Al Jalazoon, nos encontramos con ese
drama. Resulta que Murad Nakhla está a punto de salir luego de quince
años de prisión (todos son los presos de la Intifada del 2000, la
Segunda Intifada) y la visita se programó porque en estos casos, los
vecinos pintan murales, tiran luces de colores y todo el barrio se
prepara para la recepción. Eso lo vimos en el Campo de Refugiados Aída
de Belén. Pero aquí la fiesta se aguó. La noche anterior a nuestra
visita el Ejercito Israelí asaltó el Campo y allanó la vivienda de Murad
Nakhla para detener a su hijo de quince años Osaid. La autoridad
militar israelí no proporcionó ninguna información y se sabe que está en
“interrogatorios” donde seguramente será torturado salvadamente, sin
que las sesiones tengan que ser filmadas o grabadas gracias a la gracia
de la Corte Suprema Israelí que desafía la comunidad internacional y
permite la tortura del Ejercito aún contra los niños.
El clima es tenso, dramático. Nuestro discurso se vuelve inútil. Tonto.
En
un momento muy duro en Jerusalén, cuando nosotros repetimos el discurso
de la solidaridad internacional, el muchacho nos preguntó qué podíamos
hacer por su padre y nosotros dijimos que podíamos hacerlo más visible.
Que podíamos protestar ante la embajada de Israel. El nos preguntó si
alguna acción nuestra podría obligar a Israel a liberar a su padre o
algún preso y cuando le dijimos que no entonces él dijo que no podíamos
hacer nada por él.
Seguramente
que un análisis fino de la cuestión nos daría la razón y la idea de la
acumulación de críticas y de acciones finalmente traerá algún resultado,
pero creo que el muchacho, igual que aquel otro de Hebrón que agarró
una piedra cuando el soldado le prohibió cruzar la reja para acompañarme
hasta la Mesquita, está al borde de la paciencia, de la rebelión,
aunque no tengan ni plan ni estrategia de victoria.
En
el campo Al Jalazoon nos llevan de casa en casa. Todos tiene
familiares presos o asesinados por el Ejercito. En todas está la foto
de los compañeros en un sitio de honor. Las madres de ellos son
honradas como también lo son las madres de mártires y es algo muy
profundo en la cultura palestina, árabe y musulmana. Recuerdo algunos
nombres. Alí Safí asesinado por el Ejercito. Khaled Safi preso desde
hace años.
Los
israelíes pretenden darle a toda su política de encarcelamiento masivo y
sin causa una pátina de legalidad. Tienen todo un menú de opciones para
encarcelar por que sí a los palestinos pero en todos los casos, fingen
una instancia judicial. Claro que no se aplican los derechos humanos
del derecho internacional, ni siquiera el derecho que protege las
acciones de guerra o las de las personas que quedan bajo dominio de un
ocupante militar. No por casualidad Israel se niega a adherir a la
Corte Penal Internacional y cuestiona toda labor de los organismos
internacionales que sistemáticamente condenan su accionar. El
autoritarismo es tan perverso y cínico que han llegado a sancionar una
ley que prohíbe la huelga de hambre, casi el único recurso que le
quedaba a los presos para manifestarse. En efecto, el 30 de de julio de
2015 la Knesset israelí (el parlamento) aprobó la “Ley para prevenir
daños causados por Huelga de Hambre”, que permite la alimentación
forzada de los palestinos en huelga de hambre en cárceles de la
ocupación Israelí quitando el último recurso de ejercer la voluntad para
los presos.
Junto
a la abogada de Addameer, Farah Bayadsi, tuvimos la oportunidad de
presenciar un juicio en la Corte Militar de Ramalah, adjunta a la Cárcel
de Ofer.
Llegar al
recinto fue toda una travesía. Cruzar una vez y otra y otra vez los
controles militares. Someterse a los chequeos, presentar una y otra vez
los documentos para finalmente esperar en un patio alambrado el turno
para entrar al momento de la apelación final. El joven palestino
llevaba un año en prisión, sus padres vinieron de Hebrón y estaban
sentados solos en una pequeña sala. La acusación era que había tirado
una piedra contra un soldado israelí y eso constituye según el ocupante
militar el delito de agresión a la autoridad y el fiscal pidió dos años y
una multa de cuatro mil new sheckel (la moneda israelí,
aproximadamente unos mil dólares, una suma importante para la economía
palestina) que de no pagarse aumentaba la pena.
La
mayoría de los juicios se tramitan como los “juicios abreviados” de
Argentina. La autoridad militar impone la situación de que si no se
acepta la culpa del delito por el cual es acusado, la espera del juicio
será mucho más que la posible condena. De este modo, toda la discusión
es sobre el monto de la pena y no sobre la inocencia o culpa del
acusado. La mayoría de los casos se constituyen con el testimonio del
soldado o de los Servicios de Inteligencia como única prueba, suficiente
para el “orden jurídico militar” que por supuesto presupone la
credibilidad de la palabra militar y la falsedad del testimonio del
acusado palestino. El nivel de absoluciones es mínima y la pena por
tirar una piedra oscila entre los dos a los cinco años.
Cinco años por tirar una piedra y pueden ser condenados hasta los niños.
La
ley dice que solo pueden ser condenados a los 16 años, pero no prohíbe
apresarlos antes y esperar que cumplan los años necesarios en prisión.
De
todo esto hablamos mucho con el encargado de la autoridad palestina
para los asuntos de los presos políticos, un cargo insólito para un
funcionario de gobierno, pero Issa Qaraqa no se amilana y enumera las
acciones que su oficina realiza: desde acciones de esclarecimiento de
los derechos que le corresponden a los presos políticos hasta el
sostenimiento de un equipo de abogados que intenta, en las condiciones
más adversas por que la Justicia Israelí permite el uso de prueba
secreta o que los compañeros lleguen al juicio oral sin haber visto al
abogado, quien a su vez conoce la acusación en el momento mismo de la
audiencia oral lo que convierte la labor jurídica en un burdo remedo del
“debido proceso” y demás condiciones que hacen a un Estado de Derecho,
que a todas luces Israel no respeta ni por asomo.
Quisiera
terminar esta crónica con la opinión de una periodista israelí, Amira
Hass, publicada en abril de 2013, ante una seguidilla de detenciones de
palestinos acusados de tirar piedras. . El artículo se titula: La sintaxis interna de las piedras palestinas y
afirma: “Lanzar piedras es el derecho y el deber de toda persona
sometida a la dominación extranjera. Lanzar piedras es una acción tanto
como una metáfora de la resistencia. Perseguir a los que arrojan
piedras, incluyendo a los de 8 años de edad, es parte inseparable
-aunque no siempre explícita- de los requisitos laborales del gobernante
extranjero; no menos que disparar, torturar, robar tierras, restringir
la libertad de movimiento y asegurar la distribución desigual del agua.
La violencia de los soldados de 19 años de edad, de sus comandantes de
45, y de los burócratas, juristas y abogados, es dictada por la
realidad. Su trabajo consiste en proteger los frutos de la violencia
intrínseca en la ocupación extranjera: recursos, lucro, poder y
privilegios. (…) A menudo el lanzar piedras es producto del
aburrimiento, el exceso de hormonas, la emulación, la jactancia y la
competencia. Pero en la sintaxis interna de la relación entre el
ocupante y el ocupado, el lanzamiento de piedras es el adjetivo que
acompaña al sujeto: “Ya hemos tenido suficiente de ustedes, ocupantes”.
Otro
israelí, Guideon Levy, comentó el texto diciendo que el comentario de
Hass fue publicado pocos días después que los judíos leyeran la Hagadá
[lectura de Pascua], que relata su historia de liberación, “una lucha
que incluyó calamidades mucho más terribles que las piedras lanzadas
contra los que les negaban la libertad. Generaciones de judíos leen este
texto con temor y asombro, y se lo narran a sus hijos. Pero no están
dispuestos a aplicar la misma regla básica (…) según la cual la
resistencia, incluyendo la resistencia violenta, es el derecho y el
deber de toda nación oprimida”; porque “En la experiencia israelí está
profundamente arraigada la idea de que lo que está permitido al pueblo
judío está prohibido a los demás.” Levy afirma una verdad de Perogrullo,
pero a menudo soslayada por los defensores de Israel: “La única manera
de acabar con [la violencia] es poner fin a la ocupación.”[3]
En
una entrevista con Ahmad Attoun, ex preso político y parlamentario por
Hamas de Jerusalén Oriental, hoy expulsado de su vivienda y radicado en
Ramalah, dijo algo parecido: “la etapa actual del movimiento de
liberación nacional palestino es terminar con la ocupación militar, así
se podría discutir democrática y con total libertad el modo de organizar
el estado palestino y el tipo de sociedad que los palestinos quieren
para sí”.
Es que lo
primero es lo primero y no tengo ninguna duda que en Palestina, lo
primero es terminar con la ocupación militar, causante de todas las
injusticias y desigualdades, de la prisión política y de las políticas
de apartheid que no solo denigran y humillan al pueblo palestino que la
sufre, también denigran y degradan a la parte del pueblo de Israel que
las consiente y aprueba. Hay otros israelíes que resisten la ocupación y
la fascistización de Israel pero su valiente lucha amerita otra crónica
palestina: la de los que construyen la paz a pesar de todo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario