Sanciones financieras contra Nicaragua

domingo, 15 de octubre de 2017

Sanciones financieras contra Nicaragua

Por Hedelberto López Blanch.

Nuevamente, Estados Unidos lanza sanciones económicas contra otro gobierno latinoamericano cuyo “delito” ha sido llevar beneficios sociales y económicos a la mayoría del pueblo y no obedecer las directrices de Washington de implantar el sistema capitalista neoliberal.

En esta ocasión, Nicaragua es el país amenazado con aplicársele un bloqueo económico-financiero, al aprobar en primera instancia la Cámara de Representantes el proyecto de Ley Nica Act, debido a que el Gobierno Sandinista, encabezado por su presidente Daniel Ortega desde 2007, ha impulsado un desarrollo nacional independiente y a la par, estrechado relaciones con países catalogados por Estados Unidos como enemigos, entre los que aparecen Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Rusia, China, irán.

El proyecto fue presentado por los ultraderechistas Ileana Ros Lehtinen y Albio Sires, ambos de origen cubano, que se han caracterizado por sus posiciones extremistas en contra de cualquier país latinoamericano que no obedezca las órdenes de la Casa Blanca.

La Nica Act (Ley de Condicionamiento a la Inversión Nicaragüense) pretende impedir que el gobierno Sandinista tenga acceso a créditos o inversiones de instituciones financieras internacionales.

Para levantar las sanciones o mejor dicho, el bloqueo financiero, Nicaragua deberá “tomas medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes, combatir la corrupción y respeto a partidos opositores”. Solo faltó poner en el documento, y entregar a Estados Unidos y las compañías transnacionales el control del país.

El proyecto pasará al Senado que al contar con mayoría republicana se da por descontado que lo apruebe. En septiembre de 2016 (antes de las elecciones generales donde fueron elegidos Daniel Ortega y Rosario Murillo con el 72,5 % de las boletas) la Nica Act no se llevó a votación en esa instancia legislativa por no contar con los sufragios necesarios.

Para el gobierno sandinista, la “Nica Act 2017 es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país”.

Lo que ocurre actualmente es que Estados Unidos ha retornado a su larga historia de mantener como su patio trasero, por cualquier medio, a todas las naciones de América Latina. Pero esos tiempos ya han pasado.

Las verdaderas razones de esa agresiva política es la de derrocar a un Gobierno que ha alcanzado éxitos económicos y sociales desde que en 2007 el Sandinismo regresó al poder después de 16 años de nefastos regímenes neoliberales.

Vale la pena hacer un poco de historia para entender mejor el porqué de las sanciones económicas.

Nicaragua sufrió a principios del siglo XX, varias invasiones e intervenciones norteamericanas las que combatió fuertemente, bajo la dirección del general Augusto César Sandino. En 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) alcanzó el poder tras una larga lucha contra la dictadura somocista, impuesta y apoyada por Washington.

Durante 10 años, (1979-1989) el FSLN llevó a cabo transformaciones socio-económicas: grandes campañas de alfabetización; introdujo la atención médica gratuita e inició una reforma agraria para beneficiar al empobrecido campesinado, pero una violenta guerra impuesta desde Estados Unidos, desangró al país y le abrió las puertas a las fuerzas de derecha que ocuparon la presidencia en 1990.

Siguieron 16 años de profundas políticas neoliberales. Se sucedieron tres regímenes de derecha que aplicaron y llevaron adelante las políticas de privatización diseñadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) las que provocaron graves afectaciones a los programas sociales y a la débil economía nicaragüense.

Datos del Banco Mundial señalaban que el 46 % de los nicaragüenses sobrevivía con poco más de un dólar al día y el desempleo alcanzaba al 60 % de la Población. El analfabetismo subía al 35 % y casi un millón de menores estaban fuera del sistema educacional. Como consecuencia directa, en 2006 existían más de 1.400.000 personas pobres, en su mayoría niños, y el país tenía el índice más alto de desnutrición de Centroamérica.

Al retornar el FSLN y Daniel Ortega a la presidencia en 2007, se dio un vuelco completo a esa política neoliberal. Se restablecieron la educación y la atención médica gratuita en las instituciones públicas. Se logró alfabetizar a toda la población con el programa cubano Yo Si Puedo y Nicaragua fue declarada por la UNESCO en 2009 como el tercer país del área, libre de ese flagelo. Con la ayuda económica entregada a las familias disminuyó la alta deserción escolar debido a que ya los menores no tenían que buscar sus propios sustentos en infames labores.

La salud pública llegó a todo el país y se establecieron programas como la Operación Milagro (en colaboración con Cuba y Venezuela) que ha devuelto la visión a miles de ciudadanos. La misión Todos con Voz detectó a personas con discapacidad para atenderlas gratuitamente.

A través del convenio Usura Cero se ofrecen micro créditos a bajos intereses a los pobladores de las zonas rurales para incrementar los pequeños negocios familiares lo cual ha favorecido a miles de ciudadanos.

Mediante el programa Hambre Cero, familias pobres que poseen pequeños pedazos de tierra, reciben ayuda financiera y animales de crianza para mejorar e incrementar las crías y poderlas comercializar.

Se han otorgado 28.000 inmuebles a familias pobres que solo disponían de chozas cubiertas de cartón y pedazos de lata.

Si en el 2006 Nicaragua apenas cerró con 280 millones de dólares en inversiones, para el 2016 alcanzó más de 1.500 millones, mientras el número de países inversionistas se duplicó de 20 a 40 en ese mismo período.

Una encuesta del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, detalló que en el período 2009-2014, hubo una disminución de 13 puntos porcentuales en la pobreza nacional, que descendió de 42.5 % a 29.6 %. Para el mismo período, la pobreza extrema presentó una disminución de 6 %, al pasar del 14.6 % al 8.3 %.

Las palabras y los datos huelgan. La realidad es que Estados Unidos no quiere gobiernos progresistas en la región y trata por todos los medios de desestabilizarlos.