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Estados Unidos, a un paso de convertirse en el último paraíso fiscal

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Arco de entrada de Reno, la ciudad de Nevada de moda como paraíso fiscal. FOTO: Ken Lud / Flickr

Estados Unidos será el último gran paraíso fiscal del mundo en apenas dos años. Este mismo enero opera ya el acuerdo de Intercambio Automático de Información ( Common Reporting Standard [CRS]) que facilitará que 104 jurisdicciones (algunos son estados asociados o territorios que difícilmente se pueden llamar países) conozcan todos los activos financieros que sus residentes tienen en el extranjero. El acuerdo, auspiciado por la OCDE, permitirá acabar con la opacidad fiscal de prácticamente todos los paraísos que existen en la actualidad. Salvo Estados Unidos.
Paradójicamente, Washington inspiró la regulación inicial que ha dado origen a este acuerdo pero luego no ha querido seguir el proceso internacional. Estados Unidos inició a raíz de los atentados del 11-S una cruzada contra los paraísos fiscales (gracias a los cuales había montado una estructura financiera Osama Bin Laden) que culminó con la firma de acuerdos bilaterales del sistema FATCA. Con este sistema, Estados Unidos intercambia información tributaria con otras haciendas. Sin embargo, desde su origen este acuerdo ha sido asimétrico. Estados Unidos pide las posiciones de todos los ciudadanos estadounidenses, sean residentes fiscales o no. Además, solo facilita las cuentas a nombre de residentes fiscales extranjeros siempre y cuando sean personas físicas. Sin embargo, al otro lado, un país como España está obligado al firmar el FATCA a ofrecer todo tipo de datos de estadounidenses, incluidas estructuras societarias o trust.
El acuerdo que ahora entra en vigor ha sido impulsado por la OCDE y mejora estas ineficiencias del FATCA. La reciprocidad es total. Se intercambian datos de residentes fiscales incluidas las sociedades. Los sujetos de obligado cumplimiento son los bancos, de ahí que a la mayoría de clientes se les pidiera el año pasado en España que actualizaran sus datos como el NIE o la residencia fiscal. Si no se sabe cuál es el propietario de una sociedad, el banco tiene que identificarlo.
Este nivel de detalle ha hecho que un buen puñado de jurisdicciones no se encuentren en disposición de implementar el sistema para 2017 y lo hayan retrasado hasta 2018. Casi todos los países de la UE sí han dicho que estarán preparados en este ejercicio excepto Austria.

Los países que se han acogido al acuerdo automático de información

Fuente: OCDE

Pero más llamativo es el número de paraísos fiscales que se han adherido a esta iniciativa y que ya intercambiarán datos tributarios del ejercicio 2016. Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cayman, Curaçao, Guernsey o Bermuda son algunos de los países que ya están listos para decir qué clientes tienen dinero en sus bancos. En 2018 será el turno de Andorra, Aruba, Singapur, Panamá o Macao.
Para 2018 se podría decir que el mundo ya estaría libre de grandes refugios fiscales. Salvo por Delaware, Nevada, South Dakota o Miami. Los lobbies financieros de estos Estados consiguieron frenar la intención de Barack Obama de frenar el acuerdo que se quedó postpuesto para otro mandato demócrata. Con Donald Trump, nadie duda de que este acuerdo no se llegará a firmar. Son muchos los reportajes en prensa estadounidense que han explicado el fenómeno de EEUU como paraíso fiscal. Por ejemplo aquí, aquí y aquí al conocer al país como “la nueva Suiza”.
Como el capital siempre encuentra su cauce, los expertos fiscalistas consultados dan por seguro de que las estructuras societarias opacas migrarán a Estados Unidos. Hay otro puñado de países que no han firmado el acuerdo, principalmente africanos y algunos de Asia central y de Latinoamérica, pero no cumplen los requisitos de seguridad jurídica que brinda el suelo americano. Tal y como está la situación en la actualidad, el lugar con mejor intendencia para soportar una estructura opaca. Además, para un país que no tenga firmado un FATCA, como Rusia por ejemplo, la impunidad de sus nacionales para tener dinero escondido en Estados Unidos es mucho más alta.

Calendario y penalizaciones

Aunque la ausencia de Estados Unidos pone en peligro la efectividad del plan, lo cierto es que es un paso de gigante en la lucha contra el fraude. A diferencia de otros acuerdos o planes, al ser los bancos los sujetos de obligado cumplimiento (y no los contribuyentes), se garantiza que se facilite un alto número de información. El desafío ha sido para las entidades financieras de todos los países ponerse al día en la recolección de estos datos que aún no saben cómo transmitirán a la hacienda pública española. El modelo para remitir la información está por ser aprobado, pero a priori será muy similar al del FACTA que funciona hace ya varios años.
Desde el Gobierno esperan comenzar a recibir estos datos tributarios en mayo, respecto al ejercicio fiscal completo de 2016. Luego, deben hacer una criba, empaquetarlos y enviarlos a los países de destino, algo que esperan hacer en septiembre de 2017. Para entonces ya estarán hechas las declaraciones de la renta (al menos en España) así que cuando Madrid reciba estos datos los podrá cotejar con los que se han presentado.
El contribuyente no tiene que hacer nada (salvo no mentir) ya que a partir de ese momento los datos aparecerán de forma automática, como el que tiene un depósito o unos ahorros en España. Pero los que hayan mentido antes, tienen ahora muchas papeletas de ser pillados. Estos datos se podrán cruzar con el famoso modelo 720, en el que se declaraban los bienes en el extranjero.
El 720 es una relación aún más amplia que la que se ha firmado con el CRS ya que también deben aparecer inmuebles, algo que no se facilitará en este intercambio (al hacerse en realidad desde los bancos). Pero si se han ocultado activos financieros, jugándosela ante la perspectiva de no ser cazado, su tiempo ha llegado.
Después de la amnistía fiscal, Hacienda fijó unas fuertes penalizaciones para los que no hubieran declarado sus bienes en el exterior que llegan a sanciones equivalentes al 150% del valor de lo ocultado.
Por el momento, los efectos de esta normativa en España no están cuantificados ni por el Gobierno ni por la patronal bancaria. Tampoco países que han tenido como un gran atractivo en la opacidad, como Andorra, quieren revelar cuánto negocio o clientela les drenará este nuevo marco de juego.
Lo que está claro es que si un defraudador se quiere ocultar, ya no habrá que buscarlo en montañas muy lejanas o en paradisiacos archipiélagos. Mejor prestar atención a uno de los casinos de Reno (Nevada).