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La Auditoría Superior de la Federación y la corrupción
Autor:
Álvaro Cepeda Neri *
I. En el Artículo 79 constitucional se funda
el desempeño del único órgano que ha estado cumpliendo con su deber, es
decir con sus obligaciones, funciones y facultades para fiscalizar los
ingresos y egresos del gobierno federal: el manejo, la custodia y
aplicación de fondos y recursos de los tres poderes de la Unión y de los
entes públicos federales. También de auditar el desempeño y
cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Y fiscalizar
los recursos federales que administren o ejerzan las 32 entidades
federativas y los municipios. Es una institución de suma importancia que
con su autonomía técnica y de gestión, no obstante estar en el
organigrama de la Cámara de Diputados, fiscaliza a ésta, a los
senadores, Presidencia de la República y a toda la estructura del poder
Judicial de la Federación. Los cuatro incisos de ese artículo son de
vital e indispensable vigencia, con raíces en lo que fue la Contaduría
Mayor (cuyo rastreo hice en 1974, con una publicación que lleva ese
nombre, y cuyos antecedentes históricos llegaron con la Conquista y la
Colonia).
II. Creada por el Constituyente de 1916-1917 que reformó la de 1857, nuestra vigente Constitución ha cumplido 101 años. Tiene 136 artículos y sus más de 700 cambios y modificaciones que rayan en contrarreformas han ido en dirección de aumentar el presidencialismo antidemocrático. De ellos el Artículo 79, para controlar a ese presidencialismo, los gobernadores, presidentes municipales y demás órganos federales, es de los pocos que han funcionado publicitando sus fiscalizaciones para conocimiento de los mexicanos. Es verdad que la Auditoría Superior de la Federación ha estado cumpliendo su tarea fiscalizadora, arrojando en el sexenio presidencial que está por concluir la corrupción en el manejo de los ingresos, y peor aún en su gasto. Si ha de calificarse ese ejercicio anual, donde la honradez está ausente, no hay mejor adjetivo que el de botín, por parte de los funcionarios. Reciben dinero del pueblo y lo malgastan por medio del robo. No hay una auditoría que no arroje “manejo discrecional” del gasto público federal.
III. No hay legalidad ni imparcialidad. Pues no son funcionarios si no rateros. Y, empezando por el presidente de la República, no son confiables. Este año la Auditoría ha estado rindiendo informes de las fiscalizaciones de 2016. Falta el 2017. Pero en los 4 años de Peña, el saldo es que en lugar de diputados, senadores, jueces, magistrados, ministros, secretarios del despacho presidencial, gobernadores y presidentes municipales tenemos ladrones que disponen del dinero del pueblo como botín. Es un robo generalizado y por eso el país como gobierno, sociedad y Estado son presa de la corrupción. Esto por más que la Auditoría Superior de la Federación exhiba los faltantes multimillonarios. Ese órgano cumple con revisar el gasto federal y nos informa que en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como en las 32 entidades y más de 3 mil municipios, todos a una roban impunemente pues no hay sanciones pecuniarias ni penales para estos rateros.
cepedaneri@prodigy.net.mx
II. Creada por el Constituyente de 1916-1917 que reformó la de 1857, nuestra vigente Constitución ha cumplido 101 años. Tiene 136 artículos y sus más de 700 cambios y modificaciones que rayan en contrarreformas han ido en dirección de aumentar el presidencialismo antidemocrático. De ellos el Artículo 79, para controlar a ese presidencialismo, los gobernadores, presidentes municipales y demás órganos federales, es de los pocos que han funcionado publicitando sus fiscalizaciones para conocimiento de los mexicanos. Es verdad que la Auditoría Superior de la Federación ha estado cumpliendo su tarea fiscalizadora, arrojando en el sexenio presidencial que está por concluir la corrupción en el manejo de los ingresos, y peor aún en su gasto. Si ha de calificarse ese ejercicio anual, donde la honradez está ausente, no hay mejor adjetivo que el de botín, por parte de los funcionarios. Reciben dinero del pueblo y lo malgastan por medio del robo. No hay una auditoría que no arroje “manejo discrecional” del gasto público federal.
III. No hay legalidad ni imparcialidad. Pues no son funcionarios si no rateros. Y, empezando por el presidente de la República, no son confiables. Este año la Auditoría ha estado rindiendo informes de las fiscalizaciones de 2016. Falta el 2017. Pero en los 4 años de Peña, el saldo es que en lugar de diputados, senadores, jueces, magistrados, ministros, secretarios del despacho presidencial, gobernadores y presidentes municipales tenemos ladrones que disponen del dinero del pueblo como botín. Es un robo generalizado y por eso el país como gobierno, sociedad y Estado son presa de la corrupción. Esto por más que la Auditoría Superior de la Federación exhiba los faltantes multimillonarios. Ese órgano cumple con revisar el gasto federal y nos informa que en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como en las 32 entidades y más de 3 mil municipios, todos a una roban impunemente pues no hay sanciones pecuniarias ni penales para estos rateros.
cepedaneri@prodigy.net.mx
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