Las denuncias realizadas por empresarios gasolineros de
distintos estados del país en relación a un grupo de exfuncionarios
públicos que laboraban en la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) y ahora se dedican a vender información confidencial a los
dueños de las estaciones de servicio de cuándo, dónde y a quién pasarían
a revisar lo verificadores de la dependencia federal se darán a conocer
ante las autoridades pertinentes.
Rogelio Cerda, actual Procurador de la Profeco, aseguró que el caso de estos exfuncionarios identificados como Salvador Farías Higareda, ex Subprocurador de Verificación del órgano encargado de velar por los consumidores, y Gerardo Cabrera Trejo, exasistente del Director General de Combustibles, serán turnados ante el Órgano Interno de Control de la dependencia que dirige.
“Le voy a pedir muy encarecidamente y con gran puntualidad al Órgano Interno de Control de la Profeco, el cual no depende de nosotros sino de la Secretaría de la Función Pública, que agote una indagatoria con respecto al tema.
“Él (Rodrigo Iván Infante) tiene razón, no tiene nada que ver en la verificación de combustibles, esto es cierto. Yo creo que ahí se exageró un poco la postura del delegado en Aguascalientes pero él no tiene ninguna relación en el proceso de verificación de las gasolineras”.
La semana pasada, Raymundo Rodríguez Diego, actual Subprocurador sostuvo ante medios locales del estado hidrocálido que es fundamental que los acusadores presenten sus denuncias de manera formal ante la autoridad, para que además de notificar al Órgano Interno de Control de la Profeco por el tema de tráfico de información, si los servidores públicos están extorsionando como algunos de los empresarios aseguran, también se haga del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR); institución responsable de investigar dicho delito.
Raymundo Rodríguez, también explicó que la importancia de presentar las pruebas ante la PGR se debe a que ayuda a fortalecer el caso en contra de aquellos que cometen una ilegalidad, pues sin una investigación formal, no se puede proceder a despedirlos, ya que sería de manera injustificada y los acusados podrían interponer una demanda.
De manera más específica, los empresarios de Aguascalientes y uno del estado de Coahuila, dijeron no denunciar por miedo a los huachicoleros, ya que Gerardo Cabrera Trejo, uno de los principales involucrados en el tráfico y venta de información ha sido acusado de ser uno de los principales huachicoleros en la zona del bajío.
“Yo lo que quiero es mantenerme al margen de este tipo de situaciones porque pues ahí también entra el tema del narcotráfico y prefiero mantenerme a raya y llevar mi negocio bien, algunas de estas personas han sido acusadas de ser huachicoleros, ahí están las publicaciones de los medios locales, y pues prefiero no involucrarme”, comentó en entrevista el empresario gasolinero de Coahuila.
La Procuraduría Federal del Consumidor realiza un informe año con año en el cual da a conocer el número de verificaciones realizadas, el estado, el municipio y el número de mangueras que fueron inmovilizadas por haber presentado algún tipo de anomalía.
De acuerdo con ese registro se puede ver que en los tres municipios antes mencionados el número de mangueras clausuradas es mínimo en comparación con el número de verificaciones realizadas, un hecho que coincide con los señalamientos de diversos empresarios gasolineros que aseguraron que sus homólogos fueron beneficiados de este tráfico de información confidencial.
Sin embargo, también es importante destacar que no siempre que una manguera se inmoviliza es porque esa bomba esté vendiendo litros de menos o de más, ya que hay diversas normas y regulaciones que deben de cumplir a cabalidad para poder seguir operando.
Rogelio Cerda, actual Procurador de la Profeco, aseguró que el caso de estos exfuncionarios identificados como Salvador Farías Higareda, ex Subprocurador de Verificación del órgano encargado de velar por los consumidores, y Gerardo Cabrera Trejo, exasistente del Director General de Combustibles, serán turnados ante el Órgano Interno de Control de la dependencia que dirige.
“Le voy a pedir muy encarecidamente y con gran puntualidad al Órgano Interno de Control de la Profeco, el cual no depende de nosotros sino de la Secretaría de la Función Pública, que agote una indagatoria con respecto al tema.
“Si el Órgano Interno detecta irregularidades más allá de la ley pues le daremos vista a la autoridad competente para que haga lo que tenga que hacer”En relación a las declaraciones realizadas por el delegado de la Profeco en Aguascalientes, Rodrigo Iván Infante, respecto a las acusaciones de los empresarios en la entidad en donde él se deslindó por completo de las labores de los verificadores que presuntamente fueron acusados de extorsión y de cobrar cuotas de hasta 30 mil pesos a los empresarios gasolineros, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dijo que éste, aunque se “pasó un poco de la raya” está en lo correcto.
- Rogelio Cerda
Procurador Federal del Consumidor
“Él (Rodrigo Iván Infante) tiene razón, no tiene nada que ver en la verificación de combustibles, esto es cierto. Yo creo que ahí se exageró un poco la postura del delegado en Aguascalientes pero él no tiene ninguna relación en el proceso de verificación de las gasolineras”.
La semana pasada, Raymundo Rodríguez Diego, actual Subprocurador sostuvo ante medios locales del estado hidrocálido que es fundamental que los acusadores presenten sus denuncias de manera formal ante la autoridad, para que además de notificar al Órgano Interno de Control de la Profeco por el tema de tráfico de información, si los servidores públicos están extorsionando como algunos de los empresarios aseguran, también se haga del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR); institución responsable de investigar dicho delito.
Raymundo Rodríguez, también explicó que la importancia de presentar las pruebas ante la PGR se debe a que ayuda a fortalecer el caso en contra de aquellos que cometen una ilegalidad, pues sin una investigación formal, no se puede proceder a despedirlos, ya que sería de manera injustificada y los acusados podrían interponer una demanda.
Sin denuncia no hay castigo
De todos los empresarios que denunciaron los hechos a Reporte Indigo, tanto el tráfico de información como los intentos de extorsión, ninguno quiso levantar una denuncia formal ante la autoridad correspondiente y pidieron que sus nombres se mantuvieran en el anonimato.De acuerdo con las Procuraduría Federal del Consumidor, las autoridades encargadas de investigar este tipo de delitos requieren de una denuncia formal para poder realizar las investigaciones pertinentes, de lo contrario, ellos no pueden hacer nadaSin embargo, ninguna de las personas agraviadas dijo estar dispuesta a cumplir con este deber ciudadano, ya que todos ellos temen ser víctimas de represalias ya sea por parte de las autoridades o de los delincuentes que realizan este tipo de actividades ilícitas.
De manera más específica, los empresarios de Aguascalientes y uno del estado de Coahuila, dijeron no denunciar por miedo a los huachicoleros, ya que Gerardo Cabrera Trejo, uno de los principales involucrados en el tráfico y venta de información ha sido acusado de ser uno de los principales huachicoleros en la zona del bajío.
“Yo lo que quiero es mantenerme al margen de este tipo de situaciones porque pues ahí también entra el tema del narcotráfico y prefiero mantenerme a raya y llevar mi negocio bien, algunas de estas personas han sido acusadas de ser huachicoleros, ahí están las publicaciones de los medios locales, y pues prefiero no involucrarme”, comentó en entrevista el empresario gasolinero de Coahuila.
Ninguna de las personas agraviadas dijo estar dispuesta a denunciar, ya que temen ser víctimas de represalias por parte de las autoridades o de los delincuentes
Clausuras mínimas
Los empresarios gasolineros de Aguascalientes dijeron que los tres municipios donde principalmente se estuvo ofreciendo la venta de información para alertar a los dueños de las estaciones de servicio y evitar ser clausurados son Aguascalientes capital, Pabellón de Arteaga y Jesús María.La Procuraduría Federal del Consumidor realiza un informe año con año en el cual da a conocer el número de verificaciones realizadas, el estado, el municipio y el número de mangueras que fueron inmovilizadas por haber presentado algún tipo de anomalía.
De acuerdo con ese registro se puede ver que en los tres municipios antes mencionados el número de mangueras clausuradas es mínimo en comparación con el número de verificaciones realizadas, un hecho que coincide con los señalamientos de diversos empresarios gasolineros que aseguraron que sus homólogos fueron beneficiados de este tráfico de información confidencial.
Sin embargo, también es importante destacar que no siempre que una manguera se inmoviliza es porque esa bomba esté vendiendo litros de menos o de más, ya que hay diversas normas y regulaciones que deben de cumplir a cabalidad para poder seguir operando.
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