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proceso.com.mxMorena denuncia “estafa maestra” en el gobierno de Moreno Valle
PUEBLA, Pue. (apro).- El gobierno de Rafael Moreno Valle instrumentó
su propia “estafa maestra” en confabulación con universidades
particulares, denunció Morena.
Carlos Figueroa Ibarra y David Méndez, voceros de la campaña del candidato a la gubernatura de esa fuerza política, Luis Miguel Barbosa, dieron a conocer documentos que presuntamente ponen en evidencia un “modus operandi” con el que se triangulaban recursos para desfalcar el erario estatal.
En esos documentos se hace referencia a la entrega de recursos públicos a instituciones de educación superior locales, entre ellas la Universidad Tolteca, la Unimetropolitana de Teziutlán, el Centro Universitario (CU) Irlandés y la Universidad Interamericana, pero se presume que el esquema se usó con otras escuelas y de manera sistemática durante el sexenio.
De acuerdo con la información, esas instituciones educativas recibían recursos para la elaboración de supuestos diagnósticos “que no estaban técnicamente en posibilidades de hacer”, pero al momento que recibían el dinero sólo se quedaban con el 10% y el resto lo regresaban a funcionarios de la Secretaría de Finanzas del estado.
Figueroa indicó que este esquema iniciaba cuando los directivos de instituciones educativas solicitaban al gobierno estatal apoyos, ampliaciones presupuestales y ayudas sociales.
La Secretaría de Finanzas, que en ese entonces estaba a cargo de Roberto Moya Clemente, actual suplente de Moreno Valle en la candidatura al Senado, solicitaba la ampliación presupuestal, que se autorizaba con la clave 11043 OUDE250441EO6924150 y se justificaba con la elaboración de un diagnóstico de los planes de estudio y capacitación para hacer mejoras.
Estas partidas eran autorizadas directamente por el entonces subsecretario de Finanzas, Eduardo Tovilla Lara, y por el director de Presupuesto, Raúl Egremy Palomeque. El segundo paso era firmar Convenios de Apoyo Financiero con las instituciones educativas.
“Una vez que el gobierno transfería los recursos a las instituciones, éstas se quedaban sólo con el 10% de los recursos y el 90% lo devolvían a los servidores públicos a través de depósitos bancarios o se entregaba directamente en la oficina del subsecretario de Finanzas”, explicó Figueroa.
En la documentación presentada por el equipo de Morena destaca la entrega de 34.8 millones de pesos a las instituciones académicas señaladas, por un monto total de 34.8 millones de pesos.
Un caso para ejemplificar esta presunta “estafa maestra” poblana es la firma del convenio que hizo el gobierno estatal con el Centro Universitario Irlandés, fechado el 22 de julio de 2011: la institución entregó una factura por la cantidad de 5 millones el 4 de agosto de ese año, y el 17 de septiembre emitió un reporte para justificar los pagos.
Entre las actividades que supuestamente realizó ese centro para recibir una ayuda financiera de 10 millones de pesos, por parte del gobierno estatal, se menciona la elaboración de estudios para identificar a la población objeto de programas gubernamentales, promoción de participación solidaria de comunidades, levantamiento y análisis de encuestas, y seguimiento de programas.
La documentación presentada en el caso de la Universidad Tolteca es muy similar: se firma un convenio prácticamente idéntico al que signó el CU Irlandés, con fecha 13 de julio de 2011. Posteriormente, el 12 de septiembre del mismo año, la institución entrega a la Secretaría de Educación de Puebla un reporte de avance de actividades por las cuales reconoce haber recibido una “ayuda financiera” de 10 millones de pesos.
Los términos del convenio y el reporte de actividades firmados por ambas instituciones son exactamente los mismos.
“De estas instituciones llama la atención dos cosas: son universidades sin capacidad para llevar a cabo los estudios solicitados por los cuales se les asignaron los recursos, no son las instituciones privadas más prestigiadas o de más trascendencia en Puebla, y luego sus propietarios han estado vinculados de alguna manera a la política local”, expresó Figueroa.
A su vez, David Márquez señaló que los documentos “llegaron” a Morena porque el morenovallismo “está haciendo agua” y muchos excolaboradores se han animado a revelar cómo operó el desvío de recursos en esa administración.
“Aquí hay otra muestra más de cómo fuimos saqueados las poblanas y los poblanos en la administración de Moreno Valle”, subrayó.
Añadió: “Lo que presentamos es una muestra de lo que a nuestras manos ha llegado, no sabemos de qué magnitud fue y qué tantas más instituciones de educación estén involucradas en esto, pero con estas cuatro que mostramos nos queda claro todo un modus operandi que implicó un desfalco de dinero”.
Finalmente sostuvo que la documentación obtenida tiene firmas y sellos de recibido del gobierno estatal, y es analizada por el área jurídica del partido para determinar si se presenta una denuncia formal sobre el hecho.
El PAN lo niega
El Partido Acción Nacional (PAN) rechazó los señalamientos y, aunque reconoció que en la administración morenovallista sí se entregaron apoyos a instituciones educativas, éstos –dijo– fueron otorgados en “estricto apego a la ley y la normatividad vigente”.
“Todos y cada uno de los apoyos cuentan con el soporte legal y documental y en ningún caso hubo una ‘devolución’ como afirman, sin probar, los voceros (de Morena)”, señaló.
De igual manera, refirió que las cuentas públicas de Moreno Valle fueron aprobadas por el Congreso local y revisadas por la Contraloría del estado, la Secretaría de la Función Pública Federal, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, y avaladas por el despacho externo Price Waterhouse Coopers.
“Adicionalmente, esa administración se caracterizó por su transparencia en el manejo de las finanzas públicas, obteniendo el primer lugar nacional en ese rubro por el IMCO y Aregional”, agregó.
En un escrito para responder a las acusaciones de Morena, el PAN aseguró que rayan en lo “absurdo y únicamente reflejan la desesperación de ese partido por ir abajo en las encuestas rumbo a la gubernatura”.
Remató: “Es probable que el sr. (Luis Miguel) Barbosa considere que apoyar a la educación sea un delito, sin embargo, para la pasada administración estatal, la formación escolar de los jóvenes poblanos fue siempre una prioridad”.
Carlos Figueroa Ibarra y David Méndez, voceros de la campaña del candidato a la gubernatura de esa fuerza política, Luis Miguel Barbosa, dieron a conocer documentos que presuntamente ponen en evidencia un “modus operandi” con el que se triangulaban recursos para desfalcar el erario estatal.
En esos documentos se hace referencia a la entrega de recursos públicos a instituciones de educación superior locales, entre ellas la Universidad Tolteca, la Unimetropolitana de Teziutlán, el Centro Universitario (CU) Irlandés y la Universidad Interamericana, pero se presume que el esquema se usó con otras escuelas y de manera sistemática durante el sexenio.
De acuerdo con la información, esas instituciones educativas recibían recursos para la elaboración de supuestos diagnósticos “que no estaban técnicamente en posibilidades de hacer”, pero al momento que recibían el dinero sólo se quedaban con el 10% y el resto lo regresaban a funcionarios de la Secretaría de Finanzas del estado.
Figueroa indicó que este esquema iniciaba cuando los directivos de instituciones educativas solicitaban al gobierno estatal apoyos, ampliaciones presupuestales y ayudas sociales.
La Secretaría de Finanzas, que en ese entonces estaba a cargo de Roberto Moya Clemente, actual suplente de Moreno Valle en la candidatura al Senado, solicitaba la ampliación presupuestal, que se autorizaba con la clave 11043 OUDE250441EO6924150 y se justificaba con la elaboración de un diagnóstico de los planes de estudio y capacitación para hacer mejoras.
Estas partidas eran autorizadas directamente por el entonces subsecretario de Finanzas, Eduardo Tovilla Lara, y por el director de Presupuesto, Raúl Egremy Palomeque. El segundo paso era firmar Convenios de Apoyo Financiero con las instituciones educativas.
“Una vez que el gobierno transfería los recursos a las instituciones, éstas se quedaban sólo con el 10% de los recursos y el 90% lo devolvían a los servidores públicos a través de depósitos bancarios o se entregaba directamente en la oficina del subsecretario de Finanzas”, explicó Figueroa.
En la documentación presentada por el equipo de Morena destaca la entrega de 34.8 millones de pesos a las instituciones académicas señaladas, por un monto total de 34.8 millones de pesos.
Un caso para ejemplificar esta presunta “estafa maestra” poblana es la firma del convenio que hizo el gobierno estatal con el Centro Universitario Irlandés, fechado el 22 de julio de 2011: la institución entregó una factura por la cantidad de 5 millones el 4 de agosto de ese año, y el 17 de septiembre emitió un reporte para justificar los pagos.
Entre las actividades que supuestamente realizó ese centro para recibir una ayuda financiera de 10 millones de pesos, por parte del gobierno estatal, se menciona la elaboración de estudios para identificar a la población objeto de programas gubernamentales, promoción de participación solidaria de comunidades, levantamiento y análisis de encuestas, y seguimiento de programas.
La documentación presentada en el caso de la Universidad Tolteca es muy similar: se firma un convenio prácticamente idéntico al que signó el CU Irlandés, con fecha 13 de julio de 2011. Posteriormente, el 12 de septiembre del mismo año, la institución entrega a la Secretaría de Educación de Puebla un reporte de avance de actividades por las cuales reconoce haber recibido una “ayuda financiera” de 10 millones de pesos.
Los términos del convenio y el reporte de actividades firmados por ambas instituciones son exactamente los mismos.
“De estas instituciones llama la atención dos cosas: son universidades sin capacidad para llevar a cabo los estudios solicitados por los cuales se les asignaron los recursos, no son las instituciones privadas más prestigiadas o de más trascendencia en Puebla, y luego sus propietarios han estado vinculados de alguna manera a la política local”, expresó Figueroa.
A su vez, David Márquez señaló que los documentos “llegaron” a Morena porque el morenovallismo “está haciendo agua” y muchos excolaboradores se han animado a revelar cómo operó el desvío de recursos en esa administración.
“Aquí hay otra muestra más de cómo fuimos saqueados las poblanas y los poblanos en la administración de Moreno Valle”, subrayó.
Añadió: “Lo que presentamos es una muestra de lo que a nuestras manos ha llegado, no sabemos de qué magnitud fue y qué tantas más instituciones de educación estén involucradas en esto, pero con estas cuatro que mostramos nos queda claro todo un modus operandi que implicó un desfalco de dinero”.
Finalmente sostuvo que la documentación obtenida tiene firmas y sellos de recibido del gobierno estatal, y es analizada por el área jurídica del partido para determinar si se presenta una denuncia formal sobre el hecho.
El PAN lo niega
El Partido Acción Nacional (PAN) rechazó los señalamientos y, aunque reconoció que en la administración morenovallista sí se entregaron apoyos a instituciones educativas, éstos –dijo– fueron otorgados en “estricto apego a la ley y la normatividad vigente”.
“Todos y cada uno de los apoyos cuentan con el soporte legal y documental y en ningún caso hubo una ‘devolución’ como afirman, sin probar, los voceros (de Morena)”, señaló.
De igual manera, refirió que las cuentas públicas de Moreno Valle fueron aprobadas por el Congreso local y revisadas por la Contraloría del estado, la Secretaría de la Función Pública Federal, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, y avaladas por el despacho externo Price Waterhouse Coopers.
“Adicionalmente, esa administración se caracterizó por su transparencia en el manejo de las finanzas públicas, obteniendo el primer lugar nacional en ese rubro por el IMCO y Aregional”, agregó.
En un escrito para responder a las acusaciones de Morena, el PAN aseguró que rayan en lo “absurdo y únicamente reflejan la desesperación de ese partido por ir abajo en las encuestas rumbo a la gubernatura”.
Remató: “Es probable que el sr. (Luis Miguel) Barbosa considere que apoyar a la educación sea un delito, sin embargo, para la pasada administración estatal, la formación escolar de los jóvenes poblanos fue siempre una prioridad”.
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