Los
primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y
los que lo han seguido hasta el momento definen ya situaciones de lo
que será un sexenio muy conflictivo. Conflictivo tanto en lo que
respecta a la política interior como a la exterior, como se dice
tradicionalmente. En realidad se trata de una sola política con sus
vertientes interiores y exteriores. Si no, veamos: ¿qué significa la
fundación y puesta en pie de la Guardia Nacional (GN) sino el
reforzamiento de los aparatos represivos del estado mexicano que los
grupos dominantes capitalistas internos y externos requieren para la
estabilidad de sus multimillonarios negocios? Los Slim, Salinas Pliego,
Azcárraga, Bailleres y Larrea, así como las poderosas transnacionales
que operan en México, aplauden la creación de la GN para que la
violencia desatada en el país desde hace más de una década amaine o por
lo menos sea controlada más eficazmente. Por su parte Trump no puede
sino reconocer que el reforzamiento de los aparatos represivos es
también una respuesta a las exigencias que con sus aspavientos,
exabruptos y amenazas escandalosas le ha exigido a AMLO para que siga
haciéndole el trabajo sucio y detenga los flujos incontenibles de
centroamericanos que atraviesan por el territorio mexicano para llegar a
la frontera con Estados Unidos.
Profundización de la militarización
AMLO confirmó que el comandante en jefe de la GN será un militar en activo cuya identidad así como la de los integrantes del Estado mayor de la corporación (uno del Ejército, otro de la Marina y uno de la Policía Federal) se dará a conocer los próximos días, confirmación que origina polémica entre legisladores que consideran que el presidente no está respetando la ley fundadora de la GN. (La Jornada, 06.04.2019). Sea o que fuere la palabra presidencial constata así contundentemente que la GN será una especie de extensión de las fuerzas armadas, ubicada en la Secretaria de Seguridad Nacional pero controlada desde la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
De esta forma se está a punto de poner en práctica las metas de conseguir la estabilidad y la paz de la reforma constitucional impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y apoyada por el PRI que viene a “sustituir” la política de “seguridad nacional” de Calderón y Peña Nieto, considerada por AMLO como torpe e ineficaz. Sin embargo, lo que está sucediendo es que en realidad la GN es un engendro del obradorismo que sigue los pasos de la política de militarización de la seguridad pública de los presidentes anteriores, superándola en muchos aspectos cuantitativos y cualitativos.
La reforma constitucional aprobada lleva como guía “el apego al respeto de las garantías fundamentales”. La GN participaría a partir de hoy en la “salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno derecho de las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden de paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. Para este ambicioso programa de gobierno sólo se definen con claridad los recursos represivos, los vinculados con los métodos policiacos y militares. Para ello existen hoy 220 mil elementos del Ejército, 40 mil de la Marina y se incorporarán en los próximos tres años entre 50 y 60 mil nuevos elementos que integrarán la GN. Un aumento considerable en comparación a los 37 mil efectivos militares que puso en acción el presidente panista Calderón en 2006. Esta militarización multiplicada corresponde a la tendencia creciente de la participación de las fuerzas armadas en las labores de la seguridad pública que se extiende en toda América Latina. (México y Brasil son los dos países latinoamericanos en donde la participación militar en los gobiernos ha crecido con más fuerza en los últimos veinte años).
En el umbral de una nueva crisis política
El asunto de la GN es muy importante pues es el proyecto estrella de AMLO, en el cual ha puesto en gran medida la garantía del éxito del inicio de su gobierno arriesgándose a contradecirse y retroceder en muchas de sus promesas electorales. Durante el periodo de gestación de la reforma constitucional con los procedimientos laberínticos legislativos y jurídicos del Congreso de la Unión, ante las críticas de la oposición e incluso de sectores de su propio partido, AMLO contestaba airado y a veces claramente enojado: “no sólo critiquen, propongan algo”. Claro, pero hoy por hoy el apoyo abrumador con el que cuenta AMLO es necesario que en el transcurrir del tiempo mismo vayan surgiendo propuestas que contrastando con las suyas comiencen a tener más eco y credibilidad. Más de lo mismo no es de ninguna manera la solución a la inseguridad reinante. Pero para que se comprenda en los más amplios núcleos populares que la seguridad nacional se construirá desde abajo, calle por calle, municipio por municipio, en una movilización social independiente y democrática, por supuesto sin la participación hegemónica de las fuerzas armadas represoras, será necesario que transcurra cierto tiempo.
Mientras tanto, aunque el triunfo electoral, sin duda arrollador, de AMLO le da un amplísimo margen de maniobra que se refleja en los altos porcentajes de aprobación en las encuestas, han comenzado a surgir grietas y contradicciones en ese apoyo social y político que son muy significativas. Una es la brutal forma en que AMLO actuó con respecto a la imposición del Proyecto Integral Morelos (la termoeléctrica de Huexca) que abarca a pueblos de Puebla, Morelos y el estado de México. En su campaña electoral se comprometió a vetar tal proyecto que afecta el suministro de agua de toda la región pero hoy cínicamente lo promueve atacando a quienes se oponen al mismo hasta de provocadores. Dichos pueblos votaron abrumadoramente por él y sin embargo AMLO mostró una crudeza y falta de sensibilidad completas cuando fue asesinado su principal dirigente poco después del 1° de diciembre pasado. Algo parecido se está gestando con la promoción de una encuesta “a modo” que se prepara para construir el Tren Maya en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y el Proyecto Transísmico en Veracruz y Oaxaca. Los sectores indígenas y mestizos principalmente afectados con estos proyectos son los agrupados alrededor del Congreso Nacional Indígena y la Red de Redes Nacional de Pueblos y Comunidades, una amplia coalición profundamente influenciada por el EZLN. Ciertamente la política de este último con respecto a AMLO se ha caracterizado por un ultimatismo sectario que más que ayudarle a superar el cerco gubernamental, profundiza su aislamiento de las grandes concentraciones urbanas del centro y el norte del país. No obstante ello, el prestigio enorme que ante muchos sectores populares sigue gozando el EZLN lo hacen una referencia indudable del embrión de una oposición anticapitalista masiva.
Precisamente ese ha sido el mensaje, clara e inequívocamente anticapitalista que el viejo patriarca intelectual de la izquierda nacional y socialista tradicional, vinculado estrechamente desde 1994 al EZLN, el sociólogo y ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova ha lanzado en su reciente escrito-manifiesto titulado “A dónde va México”. En parte de sus líneas finales afirma:
Es el caso que, para sorpresa de muchos, la restructuración del poder como su ejercicio [....] tienen más que ver con el neoliberalismo populista en sus explicaciones y en sus reformas o proyectos de reforma institucional, y que no es exagerado afirmar que estas reformas son neoliberales tanto cuando dan más importancia a la corrupción que al capitalismo como causa de la inmensa desigualdad, criminalidad y amenazas de ecocidio con sus proyectos de muerte tanto aislados como sumados que se atribuyen a la corrupción y no al modo de dominación y acumulación movido por la maximización del poder y riqueza del capitalismo, y en la inmensa mayoría de las medidas que el Ejecutivo toma para un desarrollo de políticas de muerte que de micro a lo macro están llevando al término de la vida en la Tierra. (La Jornada, 07.04.2019)
En otros espacios, más vinculados al movimiento de los trabajadores organizados, el de los maestros independientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes también no sería exagerado afirmar que en su abrumadora mayoría votaron por AMLO, se han encontrado con el muro de la intransigencia de éste que se inclina más por mantener la “reforma educativa” de Peña Nieto, concebida a modo de las corporaciones y los grandes empresarios, que en cumplir sus promesas de derogación de la tal reforma hechas a los maestros insurgentes durante la campaña electoral.
Y comienzan a soplar vientos provenientes de rumbos desconocidos o simplemente que permanecían silenciosos. Trabajadores de las maquilas de empresas estadounidenses, japonesas, coreanas y de otras nacionalidades que han crecido durante las últimas tres décadas como hongos a lo largo de la frontera norte de Tijuana a Matamoros han comenzado a estallar huelgas, algunas por primera vez en su historia de trabajadores (en su mayoría mujeres) superexplotados. Durante febrero y marzo miles de trabajadores y trabajadoras estallaron huelgas principalmente en Matamoros, y los secretarios de Estado recién estrenados del gobierno obradorista se vieron torpes e ineficaces en su trato de los conflictos. Aquí se gesta también un proceso pleno de potencialidades pues el líder de los metalúrgicos Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, prepara la fundación de una nueva central sindical, lo cual provoca ya polémica y fricciones con uno de los sectores más reaccionarios y contrarrevolucionarios heredados del viejo imperio priista: el charrismo sindical.
Así en los primeros cien días y pico del gobierno obradorista se comienzan a dibujar las líneas de fisuras y conflictos que hoy por hoy son sólo potencialidades de crisis mayores ante la situación privilegiada de la cual goza un presidente que ha llegado al Palacio Nacional con un colosal apoyo social.
Manuel Aguilar Mora. Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Profundización de la militarización
AMLO confirmó que el comandante en jefe de la GN será un militar en activo cuya identidad así como la de los integrantes del Estado mayor de la corporación (uno del Ejército, otro de la Marina y uno de la Policía Federal) se dará a conocer los próximos días, confirmación que origina polémica entre legisladores que consideran que el presidente no está respetando la ley fundadora de la GN. (La Jornada, 06.04.2019). Sea o que fuere la palabra presidencial constata así contundentemente que la GN será una especie de extensión de las fuerzas armadas, ubicada en la Secretaria de Seguridad Nacional pero controlada desde la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
De esta forma se está a punto de poner en práctica las metas de conseguir la estabilidad y la paz de la reforma constitucional impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y apoyada por el PRI que viene a “sustituir” la política de “seguridad nacional” de Calderón y Peña Nieto, considerada por AMLO como torpe e ineficaz. Sin embargo, lo que está sucediendo es que en realidad la GN es un engendro del obradorismo que sigue los pasos de la política de militarización de la seguridad pública de los presidentes anteriores, superándola en muchos aspectos cuantitativos y cualitativos.
La reforma constitucional aprobada lleva como guía “el apego al respeto de las garantías fundamentales”. La GN participaría a partir de hoy en la “salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno derecho de las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden de paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. Para este ambicioso programa de gobierno sólo se definen con claridad los recursos represivos, los vinculados con los métodos policiacos y militares. Para ello existen hoy 220 mil elementos del Ejército, 40 mil de la Marina y se incorporarán en los próximos tres años entre 50 y 60 mil nuevos elementos que integrarán la GN. Un aumento considerable en comparación a los 37 mil efectivos militares que puso en acción el presidente panista Calderón en 2006. Esta militarización multiplicada corresponde a la tendencia creciente de la participación de las fuerzas armadas en las labores de la seguridad pública que se extiende en toda América Latina. (México y Brasil son los dos países latinoamericanos en donde la participación militar en los gobiernos ha crecido con más fuerza en los últimos veinte años).
En el umbral de una nueva crisis política
El asunto de la GN es muy importante pues es el proyecto estrella de AMLO, en el cual ha puesto en gran medida la garantía del éxito del inicio de su gobierno arriesgándose a contradecirse y retroceder en muchas de sus promesas electorales. Durante el periodo de gestación de la reforma constitucional con los procedimientos laberínticos legislativos y jurídicos del Congreso de la Unión, ante las críticas de la oposición e incluso de sectores de su propio partido, AMLO contestaba airado y a veces claramente enojado: “no sólo critiquen, propongan algo”. Claro, pero hoy por hoy el apoyo abrumador con el que cuenta AMLO es necesario que en el transcurrir del tiempo mismo vayan surgiendo propuestas que contrastando con las suyas comiencen a tener más eco y credibilidad. Más de lo mismo no es de ninguna manera la solución a la inseguridad reinante. Pero para que se comprenda en los más amplios núcleos populares que la seguridad nacional se construirá desde abajo, calle por calle, municipio por municipio, en una movilización social independiente y democrática, por supuesto sin la participación hegemónica de las fuerzas armadas represoras, será necesario que transcurra cierto tiempo.
Mientras tanto, aunque el triunfo electoral, sin duda arrollador, de AMLO le da un amplísimo margen de maniobra que se refleja en los altos porcentajes de aprobación en las encuestas, han comenzado a surgir grietas y contradicciones en ese apoyo social y político que son muy significativas. Una es la brutal forma en que AMLO actuó con respecto a la imposición del Proyecto Integral Morelos (la termoeléctrica de Huexca) que abarca a pueblos de Puebla, Morelos y el estado de México. En su campaña electoral se comprometió a vetar tal proyecto que afecta el suministro de agua de toda la región pero hoy cínicamente lo promueve atacando a quienes se oponen al mismo hasta de provocadores. Dichos pueblos votaron abrumadoramente por él y sin embargo AMLO mostró una crudeza y falta de sensibilidad completas cuando fue asesinado su principal dirigente poco después del 1° de diciembre pasado. Algo parecido se está gestando con la promoción de una encuesta “a modo” que se prepara para construir el Tren Maya en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y el Proyecto Transísmico en Veracruz y Oaxaca. Los sectores indígenas y mestizos principalmente afectados con estos proyectos son los agrupados alrededor del Congreso Nacional Indígena y la Red de Redes Nacional de Pueblos y Comunidades, una amplia coalición profundamente influenciada por el EZLN. Ciertamente la política de este último con respecto a AMLO se ha caracterizado por un ultimatismo sectario que más que ayudarle a superar el cerco gubernamental, profundiza su aislamiento de las grandes concentraciones urbanas del centro y el norte del país. No obstante ello, el prestigio enorme que ante muchos sectores populares sigue gozando el EZLN lo hacen una referencia indudable del embrión de una oposición anticapitalista masiva.
Precisamente ese ha sido el mensaje, clara e inequívocamente anticapitalista que el viejo patriarca intelectual de la izquierda nacional y socialista tradicional, vinculado estrechamente desde 1994 al EZLN, el sociólogo y ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova ha lanzado en su reciente escrito-manifiesto titulado “A dónde va México”. En parte de sus líneas finales afirma:
Es el caso que, para sorpresa de muchos, la restructuración del poder como su ejercicio [....] tienen más que ver con el neoliberalismo populista en sus explicaciones y en sus reformas o proyectos de reforma institucional, y que no es exagerado afirmar que estas reformas son neoliberales tanto cuando dan más importancia a la corrupción que al capitalismo como causa de la inmensa desigualdad, criminalidad y amenazas de ecocidio con sus proyectos de muerte tanto aislados como sumados que se atribuyen a la corrupción y no al modo de dominación y acumulación movido por la maximización del poder y riqueza del capitalismo, y en la inmensa mayoría de las medidas que el Ejecutivo toma para un desarrollo de políticas de muerte que de micro a lo macro están llevando al término de la vida en la Tierra. (La Jornada, 07.04.2019)
En otros espacios, más vinculados al movimiento de los trabajadores organizados, el de los maestros independientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes también no sería exagerado afirmar que en su abrumadora mayoría votaron por AMLO, se han encontrado con el muro de la intransigencia de éste que se inclina más por mantener la “reforma educativa” de Peña Nieto, concebida a modo de las corporaciones y los grandes empresarios, que en cumplir sus promesas de derogación de la tal reforma hechas a los maestros insurgentes durante la campaña electoral.
Y comienzan a soplar vientos provenientes de rumbos desconocidos o simplemente que permanecían silenciosos. Trabajadores de las maquilas de empresas estadounidenses, japonesas, coreanas y de otras nacionalidades que han crecido durante las últimas tres décadas como hongos a lo largo de la frontera norte de Tijuana a Matamoros han comenzado a estallar huelgas, algunas por primera vez en su historia de trabajadores (en su mayoría mujeres) superexplotados. Durante febrero y marzo miles de trabajadores y trabajadoras estallaron huelgas principalmente en Matamoros, y los secretarios de Estado recién estrenados del gobierno obradorista se vieron torpes e ineficaces en su trato de los conflictos. Aquí se gesta también un proceso pleno de potencialidades pues el líder de los metalúrgicos Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, prepara la fundación de una nueva central sindical, lo cual provoca ya polémica y fricciones con uno de los sectores más reaccionarios y contrarrevolucionarios heredados del viejo imperio priista: el charrismo sindical.
Así en los primeros cien días y pico del gobierno obradorista se comienzan a dibujar las líneas de fisuras y conflictos que hoy por hoy son sólo potencialidades de crisis mayores ante la situación privilegiada de la cual goza un presidente que ha llegado al Palacio Nacional con un colosal apoyo social.
Manuel Aguilar Mora. Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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