Por: Diego Legrand y Edmundo Vázquez
(06
de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Entre el 28 de octubre y el
27 de noviembre 2015, seis jóvenes originarios de la ciudad de Puebla
fueron secuestrados uno por uno, ejecutados e incinerados por guardias
privados del empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio, con la ayuda
de dos policías ministeriales del Estado, en activo.
De acuerdo
con la versión de la Fiscalía General del Estado, se trataba de cuatro
sujetos responsables de un robo con violencia a la casa del empresario
unos meses antes y de dos inocentes, cuyos restos fueron fundidos en
ácido y desechados a una coladera por sus captores.
El
caso fue cobrando relevancia, de los medios locales pasó a interesar
periódicos nacionales e internacionales, hasta que el 20 de febrero
2016, elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (Fisdai) arrestaron al
hombre de negocio y a sus escoltas; quienes fueron acusados de haber
mandado a asesinar a los seis jóvenes en represalia por el hurto
cometido en su casa; bajo el cargo de secuestro agravado.
Pero la
irrupción de un comando armado, que asesinó a dos personas y secuestró
por lo menos a veinte en un palenque de Cuautlanzingo, Puebla, este
primero de marzo, parece indicar que lo que en un principio fue
presentado por la fiscalía como un simple caso de venganza, podría
marcar el principio de una historia violenta en la región.
I
El
primero de los seis en desaparecer fue el lechero de la colonia Lomas
de San Miguel, Marco Antonio Cuautle Cuautle, el 19 de octubre 2015. De
acuerdo con las cámaras de seguridad que captaron la escena, el hombre
fue asaltado y secuestrado mientras manejaba su camioneta Chevrolet
Silverado sobre la avenida Camino al Batán, cerca de donde trabajaba. A
los nueve días, el 28 de noviembre, unos individuos que se presentaron
como policías ministeriales también “levantaron” a su amigo Román Limón
Gómez, quien viajaba en compañía de su esposa y su hija.
Allí sí
que les presentamos nuestras disculpas a las familias, porque ellos no
tenían nada que ver, explicó el propio fiscal de alto impacto, Fernando
Rosales, a los parientes de las víctimas, según el relato de dos
familiares. Se trató de un error.
Durante
casi dos meses, dos hombres contratados por Jorge Aduna vigilaron la
colonia, recolectaron información y finalmente procedieron a secuestrar a
Antonio Cuautle y a Fernando Rosales. A cada uno se les pagó la suma 60
mil pesos, pero se equivocaron de personas. Para reemplazarlos, el
empresario contrató a un profesional: Antonio Cantú García.
Las
siguientes víctimas serían Pedro Negrete Orea y Luis Ángel Flores
Gutiérrez, herreros ambos, el 12 de noviembre 2015. Fueron engañados
mediante falsas promesas de empleo, por parte del sicario.
“En ese
momento empezó a correr el rumor de que se habían metido a robar a la
casa de un alto funcionario y que habían violado a alguien”, cuentan los
vecinos de la colonia. En la averiguación previa de la fiscalía consta
que en esos días llegó un mensaje de texto al celular del padre de Bryan
Gerardo Sandoval, explicando que su hijo y otros habían entrado a robar
“a casa de un judicial” y que “El píter” (Pedro Negrete) había violado a
una mujer.
De hecho, esos mensajes son una de las únicas pruebas
con que cuenta la fiscalía para asegurar que efectivamente hubo robo con
violencia en una propiedad del empresario poblano, ya que nunca se
levantó denuncia por ese hecho.
El 26 y 27 de noviembre,
finalmente, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Sandoval también
desaparecieron después de entrar en contacto con el sicario Cantú
García. En las últimas imágenes de que se disponen, se ve a Bryan
acompañar a un hombre con sombrero hasta un Oxxo situado en la esquina
del crucero en el que trabajaba como limpiaparabrisas; luego sale del
campo de visión. Todos vivían en el mismo barrio, a unas cuadras de
distancia y solían juntarse para jugar fútbol.
De acuerdo con el
relato presentado por el fiscal general Victor Carrancá en conferencia
de prensa, además de Antonio Cantú, participaron en las tareas de
vigilancia, secuestro y desaparición de cuerpos los dos escoltas de
Jorge Aduna Villavicencio: Alejandro Páez Valenzuela y José Emanuel
Limón Meneses; el antiguo policía ministerial reprobado en los exámenes
de confianza Ricardo López Meza; y el ex agente Federal de Investigación
Yosafhat Berlanga. Para ello, contaron con información oficial recabada
desde la plataforma México (una base de datos interna de la policía)
por los agentes en activo de la policía ministerial en Puebla Javier
Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández.
Estos hombres
descuartizaron y calcinaron los cadáveres de sus seis víctimas, antes de
disolverlos en bidones con ácido y diesel. Así desaparecieron Marco
Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis
Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Sandoval.
Un hecho inusitado en la discreta ciudad de Puebla.
La casa de la
familia Sandoval se encuentra en la parte no pavimentada de la avenida
José Rojas, a unos metros del altar dedicado a las víctimas del
multihomicidio. Es una pequeña vivienda en obra gris, en la que ya no
viven Isabel ni su marido, por miedo a represalias.
“Mi
hijo no tenía dinero y por eso salió ese día al crucero, porque tenía
mala a la chiquita y necesitaba comprarle medicina” explica la madre de
Bryan, sentada en la sala de su antiguo domicilio. “Le decían el Melones
porque vendía frutas y limpiaba parabrisas. Nosotros le pedimos que se
quedara en casa ese día pero él no quiso, dijo que no tenía miedo porque
no había hecho nada y salió a trabajar como siempre”, detalla la mujer
de cabello negro y piel oscura.
Para la mayoría de los familiares
queda claro que si sus hijos y maridos cometieron el crimen del que se
les acusa, deberían haber pagado por él, pero que el tamaño de la
venganza por mano propia fue desproporcionado. Como el resto de la
historia.
II
Si el arresto de Jorge Aduna fue tan sorpresivo
para los poblanos, es porque se trata de un empresario importante en la
región, ligado al gobernador Rafael Moreno Valle. Antes de ser conocido
como el gallero del sexenio, Aduna era simplemente el hijo mayor de una
poderosa familia de comerciantes relacionados con la venta de pipas de
agua en la región. “Unos tipos recios, pero rectos”, explica una fuente
cercana al empresario, bajo cubierto de anonimato.
“Jorge Aduna
Padre es un empresario respetado en la región, por eso me extraña lo que
hizo su hijo; mi teoría es que a los tipos les encargaron una
calentadita y se les pasó la mano”, añade el hombre bien vestido, que
afirma haber tenido contacto reciente con el acusado.
Durante la
campaña para las elecciones estatales de 2011, a las que Moreno Valle se
presentó como candidato de la coalición de partidos PAN, PRD,
Convergencia y Nueva Alianza, fue él quien prestó la camioneta Suburban
blindada en que circuló el ahora gobernador, además de financiar otros
medios de transporte aéreo. A cambio, obtuvo la concesión del Palenque
de Puebla a nombre de la empresa Gallística del Noroeste, junto con sus
socios Miguel Ángel Cejo y Manuel Lucero, según detalla en una columna
publicada en el medio Status Puebla el periodista Alejandro Mondragón.
Tres
años después, el primero de mayo de 2014, Aduna escapó de un asalto en
el antiguo Camino a Covagonda, mientras llevaba consigo las recetas del
palenque (5 millones en efectivo), gracias a la misma camioneta que
prestó anteriormente a Rafael Moreno Valle. “El mundo de los palenques
es complicado en México, allí se reúnen aficionados peligrosos a ver
pelear los gallos criados en sus ranchos, cantantes de banda y gente de
todo tipo; hizo malos encuentros”, completa la fuente anónima, desde un
Starbucks situado en el centro de la ciudad.
De acuerdo con un
policía ministerial que no participó en el caso, los dos agentes de la
policía ministerial presuntamente implicados trataron de escapar cuando
elementos de la fiscalía de alto impacto “les pidieron revisar sus
celulares” al momento de detenerlos. “Se echaron a correr y los
agarraron, pero no deben ser los únicos que tiemblan, acuérdate que a
Plataforma México sólo puede acceder cierto nivel de mando. Aduna tenía
contactos”, añade el oficial, que cree que la fiscalía debería
transparentar esos videos para poder despejar las dudas sobre la
actuación de sus efectivos.
Hasta el momento, sin embargo, los
abogados del empresario no han emitido declaraciones en los medios,
mientras que el buffet jurídico Ramírez Téllez, encargado de defender a
los Ministeriales acusados de filtrar información, ha asegurado que se
trataba de chivos expiatorios, “incómodos para la fiscalía”, después de
que el Juzgado Cuarto de lo Penal les dictara un auto de formal prisión
por secuestro agravado.
El arresto del empresario, ocurrido el 20
de febrero, pronto dividió a la ciudadanía en dos bandos: los que lo
felicitaron por su actuación y los que consideraron desproporcionada la
venganza. Con el telón de fondo de violencia que ha venido creciendo en
Puebla en el último sexenio, prácticamente nadie consideró a la denuncia
ante la policía como una solución posible ante la agresión de
familiares.
La ola de feminicidios que ha venido azotando al
estado (18 asesinatos desde el inicio del año) y el incremento de 1500%
en robo a combustible, son tan sólo algunos de los focos rojos que han
ido mermando la ya maltrecha confianza de los ciudadanos hacia los
representantes del orden en Puebla. El índice de homicidios del estado
también se elevó de 7.1 en 2009 a 7.5 en 2015, y la cifra de secuestros
pasó de cero casos a los 29 denunciados en el mismo periodo, de acuerdo
con cifras oficiales.
La captura de Jorge Aduna Villavicencio, un
hombre cercano al poder, parece estar llegando en un buen momento para
un gobierno falto de resultados. Pronto se empezaron a barajar rumores
en la ciudad sobre las frecuentaciones del empresario y de su
guardaespaldas que dejaron abierta la pregunta: ¿Quién desea la caída
del gallero del sexenio?
III
Para el gobernador Rafael
Moreno Valle este podría ser un serio obstáculo en la carrera para la
silla presidencial de 2018, a la que se sabe que aspira desde que lo
destapó el senador Javier Lozano en un programa de radio a mediados de
2015.
La oposición, tanto dentro como fuera de su propio partido,
afila sus garras en espera de que el caso crezca a nivel nacional y se
vuelva un lastre para el gobernador conocido por su mano dura.
Desde
el inicio de su mandato, Moreno Valle trajo consigo a antiguos policías
federales cercanos al presidente Felipe Calderón, como el antiguo
subdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN),
Ardelio Vargas Fosado, o el ex comisionado de la Policía Federal,
Facundo Rosas Rosas, que le han costado algunos escándalos.
Ardelio
Vargas Fosado tuvo que dimitir de su puesto luego de reprimir con balas
de goma a manifestantes en la localidad de Ciénaga Larga, Chignahuapan
el 23 de agosto de 2011, según consta en la recomendación 60/2011 de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), antes de ser
premiado por Enrique Peña Nieto con la titularidad del Instituto
Nacional de Migración.
Mientras que Facundo Rosas dejó su cargo
después de que el Ejército capturara al director de su Policía Estatal,
Marco Antonio Estrada, y al jefe de Grupo de Operaciones Especiales
(GOES), Tomás Méndez Lozano, escoltando a una caravana de camionetas
cargadas con gasolina robada a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Posteriormente, el propio director de seguridad pública poblano fue
implicado por la Procuraduría General de la República (PGR) como
presunto miembro de la red de chupaductos.
Facundo Rosas también
ha sido citado por Édgar Valdez Villareal, “La Barbie”, como uno de los
funcionarios a los que sobornó junto con García Luna, y estuvo al mando
del operativo de policía contra pobladores de San Bernardino,
Chalchihuapan, el 9 de julio 2014, en el que murió un niño por un
disparo de bala de goma, de acuerdo con la recomendación 2VG/2014
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Lo
pesado llegó cuando llegaron los Federales. Antes se sembraban delitos y
se daban calentaditas, pero nada tan puerco” concuerda el comandante C,
antiguo mando en el cuerpo estatal, quien ahora trabaja como
guardaespaldas. “Allí es cuando todo empezó a valer madre”. Porque hay
que separar claramente los crímenes de derecho común, las represiones
del aparato estatal y delitos organizados, “eso es algo que no se veía
antes en Puebla”, añade, parado a un lado de su camioneta.
Si bien
del 2000 a la fecha habían sido numerosas las ofensivas contra enemigos
políticos operadas desde el gobierno (la organización Unión Popular de
Vendedores Ambulantes 28 de Octubre todavía reivindica más de 200 presos
políticos), las grandes ciudades se había mantenido en una relativa
calma, a pesar de la captura de al menos 15 jefes y operadores de
grandes cárteles en el estado. Pero la reciente entrada de grupos
criminales como Guerreros Unidos, Los Zetas, el Cártel del Golfo y el
Cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un informe publicado
por la consultora Stratfor en 2015, parece estar redistribuyendo las
cartas.
Por si fuera poco, el pendiente de aclaración de mil 444
millones de pesos en gasto público requerido por la Auditoría Superior
de la Federación al gobierno de Moreno Valle ha atraído los proyectores
sobre el opaco sistema de financiamiento de las grandes obras del
sexenio, conocido como Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). Un
fideicomiso privado dedicado al manejo del dinero recabado por el
Impuesto sobre la Nómina (IPS), cuya información permanece reservada
hasta el momento.
Los círculos se cierran en torno al gobernador.
IV
Para
los familiares de las víctimas, la verdadera cruzada comenzó días
después de que desaparecieran sus hijos y esposos, cuando tuvieron que
enfrentarse al sistema de justicia pública del estado. El Ministerio
Público de la Mesa Tres, adscrito a la Dirección Metropolitana Zona Sur,
de la que se encontraba encargado Julio Pérez Salazar, trató de
hacerlos desistir a toda costa de su búsqueda.
Primero integró los
expedientes por separado, asegurando que se trataba de historias
diferentes; luego nunca contestó los teléfonos de emergencia publicados
en los avisos de búsqueda de los desaparecidos, según consta en la
sábana de llamada de unos de los familiares; e incluso les proporcionó
información errónea cuando aseguró que no se podía lanzar una alerta
Amber en el caso del secuestro de Bryan –menor de edad al momento de los
hechos- por tratarse del padre de dos niñas pequeñas.
Su suerte
cambió cuando el abogado Jorge Sosa decidió tomar el caso a nombre del
consejo ciudadano de Aguasanta, una organización que él mismo preside.
Juntos atrajeron la atención de los medios en una rueda de prensa donde
expusieron los casos y filtraron el rumor de que el propio fiscal
general Víctor Carrancá pudiera estar involucrado. Semanas después, la
Fiscalía de Alto Impacto se adueñó de la investigación y presentó al
empresario y a sus guardaespaldas como presuntos culpables del multi
homicidio.
Algunas dudas subsisten hasta el momento sobre los
hechos, como la posibilidad de que se tratara de un plan de exterminio
mucho más amplio que el que se llevó a cabo hasta finales de noviembre.
Durante la media filiación en las que los parientes de las víctimas
reconocieron las alhajas y prendas de sus familiares apareció ropa que
no les pertenecía, lo que coincide con las declaraciones de dos testigos
diferentes sobre el hecho de que la lista con la que operaban los
secuestradores se encontraban 28 nombres, de los que sólo fueron
tachados seis. Tanto la vecina que escuchó a los guardaespaldas de Aduna
mencionar los 28 nombres en una tienda de Lomas de San Miguel, como el
policía ministerial ajeno al caso, quien asegura que los detenidos eran
presentados ante guardaespaldas del subdirector de operaciones de la
corporación, coinciden en esta cifra.
Mientras
tanto, no deja de sorprender la ineficiencia de los hombres
supuestamente contratados por el empresario gallero, quienes a pesar de
ser antiguos policías, dejaron en una de sus propiedades colindante con
Tlaxcala los restos de los hombres calcinados, juntos con machetes
ensangrentados e incluso una libreta detallada del plan de acción, aun
cuando sintieron que la presión se incrementaba por resolver el crimen.
Sin contar la importancia de que en el crimen participaran tanto
elementos retirados como en activo del Estado.
Pero
el colmo fue la matanza que ocurrió dos semanas después, durante la
noche del lunes 29 de febrero al martes primero de marzo, en una galera
del municipio de Cuautlancingo, donde un grupo armado disparó a
quemarropa sobre los asistentes del evento y secuestró a por los menos
20 galleros más. El temor invadió la población poblana cuando se aclaró
que al menos 10 de los cuerpos fueron fundidos en el municipio de
Calpan, en tambos de ácido perforados, con diesel y ácido, de forma
similar a la que emplearon los guardaespaldas del empresario Jorge Aduna
Villavicencio.
En
tanto que por otro lado, los familiares de las víctimas, atemorizados y
bajo constantes amenazas, han decido buscar la ayuda del centro de
Derechos Humanos en el país y de equipos forenses independientes que los
puedan ayudar a dirimir las incertidumbres que subsisten en el caso y a
castigar severamente a los responsables del asesinato de sus esposos e
hijos desaparecidos entre el 28 de octubre y el 29 de noviembre 2015, en
la colonia Lomas de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
Las
reacciones a los reportajes de #PanamaPapers han estado variados y a la
orden del día. Y es que no es para menos. Los primeros en reaccionar,
por supuesto, fueron algunos de los jefes de estado, pero hay más
personas que han tratado de esclarecer (a veces de ocultar) la
porqueriza en la que andaban metidos. Las declaraciones después de la
publicación van desde las disculpas y las renuncias hasta las teorías de
la conspiración y el cinismo. Acá les dejamos 8 reacciones de los
mencionados en la lista negra de Panamá.