Carlos Herrera de la Fuente/ colaboración especial
México
está mal. He ahí un lugar común que todos repiten. Desde la persona más
humilde hasta políticos encumbrados. Incluso algunos empresarios
beneficiados por el sistema (con excepción de los banqueros, quienes
hace poco más de un mes –
La Jornada, 11 de marzo de 2016-, en
voz de Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de
México, anunciaron que se encontraban en el mejor ciclo de su historia).
Todos sabemos que el país no marcha bien y, además, por si fuera poco, somos capaces de enunciar, una por una, las cosas que no funcionan:
una economía estancada desde hace más de treinta años;
un campo destruido; migración creciente; narcotráfico, crímenes,
torturas, secuestros y violencia desatada; desapariciones forzadas;
desempleo; pobreza en aumento; pésima distribución del ingreso; trabajo
informal; violencia contra las mujeres y los niños; crisis educativa;
corrupción en todos los niveles de gobierno (en especial en los más
elevados); ineficiente (por decir lo menos) procuración e impartición de
justicia; contaminación; destrucción ecológica; etc., etc.
A diferencia de la llamada época de la “
dictadura perfecta”,
durante la cual, en cada informe de gobierno, se hacía un recuento
detallado de los “grandes logros” de la nación, consignados bajo el lema
de “la revolución continúa”, ahora, en la época de la democracia
postergada,
casi todos los políticos (con gran dosis de cinismo, claro) son capaces de reconocer que “algo anda mal”, que “hay mucho por hacer”, que es necesario “dar un golpe de timón”.
El
problema es que, a la hora de determinar, en los casos concretos, qué
es lo que está mal, quién es el culpable de que las cosas no hayan
salido como debían salir, por qué nadie es castigado por haber realizado
actos indebidos desde los cargos públicos, lo único que los gobernantes
y sus voceros oficiales en los medios de comunicación atinan a decir es
que “los hechos se malinterpretaron”, que “en el fondo no hay nada
ilegal y las cosas se pueden aclarar”, que “no se puede acusar a nadie
sin pruebas contundentes”, que “todo ha formado parte de una campaña de
desprestigio orquestada por fuerzas políticas que sólo buscan traer agua
a su molino”, etc.
Las mismas frases siempre, repetidas hasta el cansancio por centenas de plumas y voces. Y nada pasa. La impunidad se perpetúa.
Al final, quedan únicamente las explicaciones anodinas y vulgares, como la dada por Peña Nieto hace algún tiempo, de que el problema de la corrupción en México
“es cultural” (de la cual hace ahora eco su amigo y “defensor de oficio”
Virgilio Andrade).
Sucede
así, entonces, que al reconocimiento de cada uno de los males del país,
le sigue siempre, de parte de los gobernantes y sus voceros en los
medios masivos de comunicación (quienes, con excepciones notables como
Aristegui Noticias, La Jornada, Proceso y algunos otros),
se han convertido en un coro homogéneo y vergonzoso que sólo repite lo que quiere escuchar el grupo en el poder,
una retahíla de excusas y disculpas desproporcionadas que anulan el
reconocimiento original. Se acepta el mal general, pero al tratar de
determinar a los culpables concretos de esos males, se les exculpa sin
excepción (siempre y cuando, como sucede en la mayoría de los casos,
pertenezcan al grupo de los poderosos). Y, al final, no se castiga nadie
(porque ya se nos explicó que no hay nada que castigar). Ésa es la
lógica de la impunidad.
Guardando toda proporción debida ante
hechos históricamente disímiles, ocurre aquí como en la Alemania de la
segunda posguerra, cuando al tratarse de establecer la culpabilidad de
atrocidades tales como el intento de exterminio de los judíos, se decía
que dicha culpabilidad recaía en todos los alemanes (por una cuestión
cultural, claro).
Fuera de ciertos líderes nazis sobresalientes
juzgados en Nüremberg, se exculpó así a una gran cantidad de miembros
del partido nacionalsocialista que, efectivamente, participaron en la
planeación y ejecución de crímenes de lesa humanidad, dejándoles el
camino libre para su colaboración en los gobiernos posteriores. Ésta fue
una de las causas del movimiento alemán de 1968. Los jóvenes sabían que
muchos de los políticos de su país habían sido colaboradores del
régimen totalitario y los denunciaron públicamente.
Aquí, casi la totalidad de medios masivos de comunicación, a través de conocidos periodistas,
hacen
hasta lo imposible por demostrar que cada una de las acusaciones que se
hace contra miembros del gobierno en temas de relevancia nacional e
internacional son falsas y, por lo tanto, no hay ningún delito
que perseguir. Simplemente no hay nada que criticar. Lo único malo que
le sucede al país son las denuncias “injustificadas” que hacen los
críticos del gobierno… y todos aquellos que protestan contra él. Veamos
algunos casos.
Todos sabemos que la “investigación” hecha por la
PGR en el caso de las 43 desapariciones de Ayotzinapa adolece de
innumerables fallas (por decir lo menos) que ponen en duda la veracidad
de aquello que Murillo Karam llamara, con total irresponsabilidad, la
“verdad histórica” de lo ocurrido en esa región de Guerrero. Como lo
documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
en el informe de la segunda parte de su mandato, gracias a fotos
satelitales se pudo comprobar que los días 26 y 27 de septiembre llovió
en Iguala y, por si fuera poco, no se registró ningún incendio ni en
Cocula ni en Iguala durante esos dos días. Además, se propuso la
hipótesis de un quinto autobús que transportaba droga o ganancias de
droga hacia Chicago, Estados Unidos, y que “fue primero interceptado y
luego custodiado por policías federales” (Aristegui Noticias, 9 de
septiembre de 2015). Finalmente, para poder completar su investigación,
el GIEI pidió autorización al Estado mexicano para entrevistar al
personal del 27° Batallón del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala.
Tanto
las pruebas, como la hipótesis y la solicitud de autorización fueron
rechazadas por el Estado en innumerables ocasiones. En connivencia con
este múltiple rechazo, los medios oficiales hicieron hasta lo imposible
por demostrar que ninguno de los dichos o hipótesis del GIEI (surgido de
un acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas y el
propio Estado mexicano) eran factibles. Que las nubes no permitían ver
si había fuego o no; que no había ningún registro de un quinto autobús;
que nadie, más que el Estado a través de sus instituciones, podía
entrevistar a efectivos del Ejército Mexicano.
Como verdaderos
defensores de oficio al servicio del Estado, sin ninguna capacidad
crítica frente a él, desecharon y desechan lo argumentado por el GIEI.
Hoy, convertidos en xenófobos decididos (cuando, supuestamente, critican
a los “nacionalistas nostálgicos” que defienden el petróleo y otros
recursos estratégicos para el desarrollo nacional), exigen la salida
inmediata de ese grupo de expertos extranjeros del país y encabezan una
campaña de desprestigio de sus labores y de sus personas. Para ellos, la
única verdad es la presentada por Murillo Karam cuando era Procurador
General de la República. Por supuesto, cuando se trata de criticar a
gobiernos de países como Venezuela, entonces lo que haga o diga la CIDH
se convierte en una verdad absoluta.
La casa blanca.
El escándalo desatado por la publicación del magnífico reportaje del
grupo de investigación encabezado por Carmen Aristegui en su portal de
noticias, unos meses antes de que fuera despedida de manera
injustificada de MVS, ratificó por enésima ocasión la forma en la que
funcionan las cosas en México cuando se trata de otorgar concesiones a
particulares para obras de relevancia nacional. Nada extraño: todo el
mundo sabe que así es la realidad en nuestro país desde siempre. Pero
cuando se trata del caso específico del presidente en funciones, Enrique
Peña Nieto, de su esposa, Angélica Rivera y del secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, recibiendo favores de uno de los principales
contratistas del gobierno, Juan Armando Hinojosa, presidente del Grupo
Higa y presunto evasor fiscal exhibido en los Panama Papers, nadie (con
excepción de la propia Aristegui y de los pocos medios mencionados) se
atreve a señalarlo.
Resultado: bajo el argumento de un “conflicto
entre particulares” se despidió a Carmen Aristegui de MVS (reforzándose
así la ausencia de libertad de expresión y la clara homogeneidad de
opiniones en los medios de comunicación masiva del país) y, en un acto
digno de las comedias más burdas o del autoritarismo más ramplón, se
nombró a un empleado del propio presidente (al ya mencionado Virgilio
Andrade) para que los investigara, a su esposa, a su secretario de
Hacienda y a él mismo.
Los voceros de los medios se dieron por
satisfechos: todo había quedado aclarado. Sólo se quería desprestigiar
al presidente y a sus hombres cercanos sin pruebas contundentes.
Para
mencionar un tercer caso entre los cientos y cientos que existen en
México, baste recordar lo que le aconteció hace poco a la periodista
Karen Cota cuando publicó un reportaje en Milenio sobre
“El (falso) éxito de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, encabezada
desde la Sedesol por Rosario Robles. A pesar de haberse llevado más de
cinco meses para realizar la investigación y demostrar que el pretendido
“éxito” de dicha cruzada era en realidad una farsa, bastó una “visita
de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), a las oficinas del diario para ser
lapidada” (Vanguardia, 16 de marzo de 2016).
Ya un año antes, la
propia Auditoría Superior de la Federación había denunciado la
existencia de un fraude masivo cometido en el contexto de dicha campaña,
a partir de acuerdos firmados con universidades. “A través de cinco
convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de
México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza la experredista Rosario
Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién
creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no
menos de 845 millones de pesos” (Proceso, 19 de febrero de 2015).
Obviamente, todo esto no fue suficiente para que Carlos Marín, director
de Milenio, privilegiara el trabajo y la investigación de su reportera
por encima de la visita de Rosario Robles a su diario.
Finalmente,
lo ocurrido en Tlatlaya, Tanhuato y, recientemente, lo exhibido en un
video donde aparecen elementos militares y de la policía federal
torturando a una mujer, ratifica las crecientes denuncias de delitos y
violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de miembros del
orden castrense en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, en
la cual, como la han mencionado multitud de expertos desde el sexenio
pasado, no debería participar el ejército, puesto que no se trata de un
cuerpo institucional especializado en la realización de dichas
funciones. No obstante, a pesar de las múltiples evidencias, denuncias y
quejas acumuladas durante tantos y tantos años, los voceros de los
medios de comunicación no se cansan de decir que se trata de casos
aislados, que no se puede generalizar a partir de esos acontecimientos
e, incluso, como se atreve a hacerlo Ciro Gómez Leyva en su columna de
El Universal (19 de abril de 2016), que en el caso de la torturada en el video (de nombre Elvira Santibáñez),
se trataba en realidad de una “torturadora” (así, sin presentar ninguna prueba contundente que justifique dicha denominación).
La impunidad en México es el resultado conjunto de la colaboración
estrecha entre el Estado y los medios masivos de comunicación
que, en lugar de cuestionar, criticar o poner en duda las versiones
oficiales del gobierno en funciones, fungen sistemáticamente como
defensores de la “verdad institucional”. Para ellos, los culpables de lo
que sucede en el país (aunque, en la realidad, siempre terminan
sosteniendo que no pasa nada) son todos aquéllos que efectivamente
critican, cuestionan o ponen en duda la veracidad de “la sagrada palabra
estatal”. Es decir, todos aquéllos que no han gobernado en las últimas
tres décadas. Los gobernantes son inocentes. Los culpables son sus
críticos.
Para romper la lógica de la impunidad es indispensable
resquebrajar el monopolio fáctico de las ideas en los medios de
comunicación. Podrá haber dos, tres, cuatro o cinco empresas invirtiendo
en estos rubros (televisión, radio, prensa), pero mientras los
ciudadanos no participen democráticamente en el proceso de elaboración y
difusión de la información, la homogeneidad de las opiniones y de lo
transmitido seguirán anulando de hecho la libertad de expresión en el
país. No basta el internet en un país donde la información está
centralizada. Sin la libertad de expresión y crítica en los medios
masivos de comunicación, hablar de democracia en México es sólo un buen
deseo que nadie puede decir cuándo habrá de cumplirse.
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