NO es VENEZUELA - México ejecuta extrajudicialmente
México ejecuta extrajudicialmente
- June 26, 2016
- original
La ONU y organizaciones internacionales y
nacionales de derechos humanos señalan: el Estado mexicano sigue
ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso excesivo de la fuerza. Lo
de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado
El Estado mexicano asesina a quienes
ejercen su derecho a la protesta o disienten de las políticas llevadas a
cabo por funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Además, garantiza impunidad para los perpetradores.
Son las conclusiones a las que, por
separado, llegan organizaciones defensoras de derechos humanos
mexicanas, pero también internacionales y hasta dependencias de la
propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“La privación arbitraria de la vida y la
impunidad siguen siendo problemas graves de México”, apunta el relator
especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Christof Heyns.
En el Informe
del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias acerca del seguimiento a su misión en México se asienta
que el Estado mexicano no pudo cumplir a cabalidad siquiera una de las
recomendaciones que el organismo internacional realizó luego de su
anterior visita hace 2 años.
Lo más que hizo el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, fue a aplicar “parcialmente” algunas de ellas.
“Los actos de violencia cometidos por
agentes estatales y no estatales siguen afectando la vida, en
particular, de las personas vulnerables.
Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces”, concluye el documento.
Fechado en mayo pasado y con número de
oficio A/HRC/32/39/Add.2, el informe se dio a conocer apenas un par de
días antes de que en Nochixtlán, Oaxaca, la Policía Federal intentara
disolver una protesta con el uso de armas de fuego.
El saldo, hasta el momento es de 10
manifestantes asesinados, aunque el número podría incrementarse en los
próximos días debido a que algunos manifestantes se encuentran postrados
y en estado grave tanto en hospitales públicos como en comunidades de
la sierra mixteca.
El documento se emite 2 años después de
que el relator visitara México para atestiguar la situación de
vulnerabilidad de grupos e individuos ante las ejecuciones
extrajudiciales que, desde el sexenio de Felipe Calderón, se venían
cometiendo en el país.
En aquella ocasión, el relator estuvo en
México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013. A más de 25 meses, el
Estado mexicano no pudo presentar avances sustanciales en la aplicación
de las recomendaciones para revertir el problema.
Lo que el relator observó durante su
visita a México fue que “el derecho a la vida estaba en grave peligro en
el país como resultado de diversos factores, entre ellos las
deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia
organizada y el narcotráfico, la militarización de la policía, la falta
de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar
investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el Poder
Judicial y la falta de rendición de cuentas por violaciones cometidas”.
Gabriela Carreón Lee, colaboradora del
área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Prodh), coincide en que “no hay un avance real en esta materia”.
Y para remarcar la importancia del
problema, recuerda que, al hablarse de ejecuciones arbitrarias, es que
están involucrados actores estatales: el Ejército Mexicano, la Armada de
México y la Policía Federal, principalmente.
No ha sido el único informe reciente en el que el Estado mexicano es señalado directamente como violador de derechos humanos.
La Open Society Initiative hizo público un
estudio, el cual, desde su título, describe el terror que se vive en
México y las responsabilidades de las autoridades:Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.
Luego de documentar cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos en más de 160 páginas, el informe concluye:
“A más de 9 años de que el gobierno
federal lanzara su estrategia de seguridad para combatir al crimen
organizado, la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continúa,
alimentada tanto por el crimen organizado como por la respuesta de mano dura por parte del Estado mexicano”.
Agrega:
“Existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.
El demoledor informe apunta a las
responsabilidades servidores públicos: “La crisis de impunidad en México
es el resultado de una falta de liderazgo político. Los altos
funcionarios del gobierno han negado y minimizado las dimensiones de la
crisis, han acusado sin fundamento a víctimas del crimen y han buscado
desacreditar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a
observadores internacionales que han alertado sobre los problemas”.
Esta actitud de los tres niveles de
gobierno se ha traducido en, señala el informe de la Open Society
Initiative, “políticas oficiales desacertadas consistentes en ocultar y
falsear información respecto a las atrocidades y su responsabilización,
aceptar la tortura como base para la investigación penal, detener a
personas inocentes dejando libres a los verdaderos autores, oponerse a
la rendición de cuentas de la milicia, militarizar a la policía con el
resultado de una mayor comisión de delitos y no su resolución, no aislar
los servicios forenses y la protección de testigos de la manipulación
indebida, y no simplificar la burocracia, cuya complejidad ha dejado al
sector justicia propenso a una mayor manipulación”.
Otros organismos, estos multilaterales y
por separado, también han condenado el actuar de las autoridades
mexicanas: el año pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pedro Faro, director del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), señala que, en
específico, los casos de ejecuciones extrajudiciales se viene presentado
desde hace varios años.
“Hay una continuidad histórica en las
acciones represivas del Estado. Y hay un aprendizaje de acción: crear
escenarios de estados de excepción para ir a reprimir a quienes están
reclamando derechos legítimos.”
El defensor de derechos humanos señala que
en la entidad federativa donde el Frayba tiene su sede, Chiapas, se han
documentado 87 casos de ejecuciones extrajudiciales.
En estos crímenes han participado tanto
policías como militares y se han llevado a cabo en el marco del
conflicto interno más fuerte que tiene el país, entre el Estado mexicano
y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Señala que, por supuesto, Chiapas no es el único estado de la república con estas estadísticas.
Recuerda casos como el de El Charco, en
Guerrero, cuando el 8 de junio de 1998 el Ejército Mexicano presentó
como un “combate” con guerrilleros del Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente el asesinato de milicianos y pobladores desarmados.
Estos casos señalan que en todo el país y desde hace varios años se
cometen ejecuciones extrajudiciales.
“Y si nos vamos más atrás, pues tenemos las masacres de estudiantes en 1968 y 1971”, destaca.
Carlos Ventura, colaborador del Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señala que el uso de la
fuerza pública, tanto civil y militar, es recurrente y generalizado en
diferentes partes de la república. Este abuso ocurre, además, en medio
de una crisis de derechos humanos y de una conflictividad producto de un
malestar social constante.
“Y el uso arbitrario de la fuerza ha
tenido como una de sus peores expresiones las ejecuciones arbitrarias”.
Lo grave es que el Estado hace uso de estos mecanismos para ejercer un
“control social”, explica.
Recomendaciones de la ONU, ignoradas
Luego de su visita en 2014 y darse cuenta
de la crisis que vive México en materia de derechos humanos, y
específicamente en la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, el
relator especial de la ONU emitió siete recomendaciones generales:
“establecer un marco jurídico y de
políticas para la protección del derecho a la vida; promover la
rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos
pasadas y presentes; poner fin a la militarización de la seguridad
pública; aplicar la jurisdicción civil en los casos de vulneraciones de
los derechos humanos; adoptar normas exhaustivas sobre el uso de la
fuerza por los agentes del orden; proteger los derechos humanos en la
lucha contra la delincuencia organizada; y proteger el derecho a la vida
de los grupos vulnerables”.
De éstas se derivan otras más de carácter específico. De todas, ninguna cumplió a cabalidad el Estado mexicano.
Una de las recomendaciones que el relator
especial de la ONU emitió con más énfasis fue la desmilitarización del
país. Ahora, a más de 2 años, “lamenta que no se haya avanzado en la
aplicación de la recomendación”.
Por el contrario, señala “una serie de
trágicos acontecimientos” en las que las Fuerzas Armadas Mexicanas se
han visto involucradas.
Y se trata de hechos nada menos que de
ejecuciones extrajudiciales. Cita el caso de Tlatlaya, Estado de México,
donde en junio de 2014 murieron 22 civiles.
“Si bien las autoridades mexicanas
declararon que todas las muertes se habían producido como parte de un
‘tiroteo’, los documentos militares revelaron que existía una orden
explícita de ‘matar a criminales’.
Posteriormente la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos determinó que, al menos, 12 de las víctimas, y
posiblemente hasta 15, fueron privadas de la vida extrajudicialmente
tras ser capturadas”.
También cita el caso de Calera, Zacatecas,
donde en julio de 2015 militares se vieron involucrados en la
desaparición forzada y asesinato de siete personas. Y el de Santa María
Ostula, Michoacán, lugar donde fue asesinado un niño de 12 años cuando
militares intentaron disolver una protesta.
Al respecto, Carlos Ventura, del Centro
Vitoria, señala que “el uso del Ejército en labores de seguridad pública
ha generado un incremento mayor de violaciones a derechos humanos.
Y que el Ejército siga en estas labores es
un caso de falta de voluntad política: claro que el Poder Ejecutivo
podría generar ya programas o un plan de acción para las Fuerzas Armadas
se vayan retirando a los cuarteles”.
Lo que es necesario, dice Ventura, es
cambiar el actual modelo de seguridad pública por uno de “seguridad
ciudadana o seguridad humana basado en el respeto y garantía de la
dignidad de las personas”.
Gabriela Carreón, del Centro Prodh,
explica que las ejecuciones extrajudiciales que se presentan en México
tienen varias modalidades: están las que se realizan en un contexto de
represión, como en Nochixtlán, Oaxaca; pero también suceden en otros
contextos, como cuando las víctimas están recluidas o son retenidas por
actores estatales, o cuando son torturadas. Es decir, el hecho es tan
generalizado que se presenta en varias situaciones.
Uso de la fuerza
Ya en su visita de 2013, el relator había
expresado su “preocupación” por el uso desproporcionado de la fuerza por
parte de los agentes del orden público en las manifestaciones o en las
detenciones. Entonces observó que en el país “no existía un marco
jurídico coherente en ese ámbito”.
Al momento de presentar el informe, no
tenían lugar aún los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, pero la ONU ya había
sido informada de varios casos de uso excesivo de la fuerza en los
últimos meses durante manifestaciones o reuniones.
En el documento se destaca el ocurrido en
julio de 2014, cuando la policía disparó contra manifestantes en la
comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. En esos hechos un
niño había resultado muerto y seis personas habían sido heridas.
También, en enero de 2015 murieron 10 personas y 21 resultaron heridas durante una manifestación en Apatzingán, Michoacán.
“Si bien las autoridades habían indicado
que las víctimas habían muerto en un enfrentamiento entre grupos de
autodefensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que
los agentes habían cometido graves violaciones a los derechos humanos y
que, como resultado de ello, se habían producido cinco casos de
privación de la vida y una ejecución extrajudicial”.
En este rubro “el relator especial lamenta
la falta de aplicación de la recomendación y los consiguientes
episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por
el Ejército y la policía”.
También se constató que las autoridades
mexicanas siguen manipulando las escenas de delitos. Y siguen sin
conservar ni transferir adecuadamente restos mortales.
Para Gabriela Carreón se trata de todo un
patrón de conducta de las autoridades posterior a las ejecuciones
extrajudiciales y arbitrarias:
“Aparecen con un comunicado de prensa
diciendo que las personas que murieron eran delincuentes o que murieron
en un enfrentamiento; generalmente se dice que se repelió una agresión.
Entonces ya hay una estigmatización de las víctimas de ejecución”.
Y lo que sigue es una serie de falencias
en el proceso de investigación: “Es común que no se recaben todas las
pruebas al momento de la ejecución y todo el proceso es obstaculizado.
No se investiga a los actores que participaron, ni la cadena de mando,
existe la manipulación de las escenas…”
Asimismo, el Estado mexicano hizo caso
omiso de la de recomendación de la ONU para que “las ejecuciones
extrajudiciales y las masacres” cometidas durante el periodo de la
Guerra Sucia “fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas,
que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus
familiares recibieran una reparación adecuada”.
Los defensores de derechos humanos
coinciden en que no basta con que México suscriba tratados y acuerdos
internacionales sobre derechos humanos para que se respete en el país la
dignidad de las personas. Incluso, tampoco basta con que se aprueben
leyes federales y locales sobre este tema.
México dice adoptar los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza.
La ONU recomienda tajantemente que el accionamiento de armas de fuego sea el último recurso en el uso de la fuerza.
Además, a nivel local se cuenta con
instrumentos jurídicos, como las reforma en materia de derechos humanos
de 2008 y de 2011, que buscan proteger a las personas y garantizar sus
derechos.
Sin embargo, observa Carlos Ventura, “hoy
hay muchos actos contrarios al espíritu de esa reforma y al de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos”. Todo porque se
hace un “uso faccioso de la ley, un uso de manera arbitraria, que se
amolde a los intereses de algunos grupos en el poder”.
De acuerdo con Pedro Faro, director del
Frayba, los derechos humanos son para el Estado mexicano “un discurso y
un eslogan; vacía de contenido el concepto. Por ello tenemos un marco
normativo importante en materia de derechos humanos, pero que no
corresponde con la realidad”.
El asunto de fondo en la falta de
concordancia de las leyes en materia de derechos humanos con lo que pasa
en la realidad es “que las autoridades mexicanas, sobre todo el Poder
Ejecutivo, quiere controlar a la población”, dice Carlos Ventura.
Agrega que la situación sólo cambiará
cuando la sociedad obligue a las autoridades a “cambiar el paradigma de
seguridad”. Porque incluso, se pueden aprobar leyes acerca de los
derechos humanos que terminan siendo contrarias a éstos.
Un ejemplo es el de la conocida como ley bala,
en Puebla: una ley local para el uso de la fuerza pública que en
realidad lo que auspiciaba era la habilitación de la represión.
“Por ello tenemos un gran reto también en
materia conceptual para construir una legislación y una normatividad que
verdaderamente controle el uso de la fuerza”, observa Ventura.
Gabriela Carreón concluye que nada
justifica la violación de los derechos humanos, ni la lucha contra la
delincuencia organizada: “no puede defender derechos humanos violando
otros derechos humanos”.
Contralínea 494 / del 27 de Junio al 02 de Julio 2016
