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El Universal busca desprestigiar a un testigo que tuvo la valentía de desmentir a la SEDENA en el caso Tlatlaya: Ferri
por: Antonio Aranda
(02 de julio, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Según un
informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 30 de
junio del 2014, militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en
el suelo de una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de
México.
Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército, pero en la recomendación 51/2014 para la SEDENA, la PGR y el gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila, por el caso Tlatlaya se detalla cómo sucedieron los hechos la madrugada del pasado 30 de junio, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos.
Aunque se confirmó que la escena del crimen fue alterada “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”, no fue posible establecer “precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas”, detalla el documento de la CNDH.
Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya se hicieron públicas gracias a un reportaje de la revista norteamericana Esquire, en la cual una sobreviviente de los hechos denominada “Julia” (Clara Gómez González, su nombre real, madre de Erika, la única mujer que falleció en el enfrentamiento), fue la testigo que relató cómo los militares fusilaron a los supuestos sicarios.
Sin embargo, a dos años de ese suceso que marcaría al gobierno de Enrique Peña Nieto, una nueva versión de los hechos sale a la luz pública, la reportera Silvia Otero, colaboradora de un diario de circulación nacional, publicó a propósito de los dos años de la masacre una entrevista con Patricia, una mujer de 29 años de edad, sobreviviente del enfrentamiento entre sicarios y militares ocurrido ese 30 de junio de 2014.
En su texto titulado “Tlatlaya: otra versión de la historia” la periodista básicamente señala que Clara Gómez González no acudió a la bodega de Tlatlaya a buscar a su hija Erika quien supuestamente estaba secuestrada, sino que ella formaba parte del grupo armado que se resguardaba en el inmueble; además detalla que Erika de 16 años (hija de Clara) se encontraba en el lugar por su propia voluntad, incluso que empuñó armas para agredir a los militares.
Defiende su trabajo periodista que reveló el caso
Pablo Ferri, reportero de origen español que en 2014 publicaba en la revista Esquire y junto con la agencia de noticias estadounidense AP destaparon el caso de Tlatlaya, conversa con Revolución TRESPUNTOCERO sobre “la nueva versión” del caso. El periodista defiende la posición de sus testigos.
La nota que sacamos en Esquire es de septiembre del 2014, yo hablé con Patricia en diciembre, yo estaba en Arcelia, Guerrero fui a entrevistar a Cinthya (otra de las sobrevivientes). Cinthya, o su mamá o su tía me dan el teléfono de Patricia, estoy hablando de 17-18 de diciembre de 2014.
Un día me dice que está en Altamirano y le dije que quería entrevistarla que ya había entrevistado a Cinthya y a Clara, se hace la remolona y al final me dice que cómo nos arreglamos, que cuánto le iba dar. Me dijo que sí, pero que quería dinero. En cuanto ella me dijo eso yo le respondí que no podíamos pagarle porque entonces la credibilidad no era la misma, si le pagas a alguien te va a decir lo que quieres escuchar”.
Según el texto publicado por El Universal, Patricia accedió a hablar con el medio porque “ahorita, todo lo que está diciendo Clara, las malas del cuento somos nosotras, más que nada yo. Yo no soy de la delincuencia (…) Siento que ella quiso echarme tierra porque ha de haber dicho: ‘Quemándola nunca se va a presentar, entonces yo puedo decir y hacer y deshacer con mi declaración’. Así como lo ha estado diciendo, que ella es víctima. Ella no es víctima”.
En este sentido Pablo Ferri, ahora reportero del diario español El País, comenta, “el testimonio de Patricia, la forma como está escrita, los datos con los que abren la entrevista y desarrollan la misma me parece que tienden a apuntalar la opinión del periódico. El Universal lo que trata de hacer es instalar un punto de vista en sus lectores según el cual los muertos eran malandros”.
Gabriela Carreón, abogada del Centro Pro, la organización no gubernamental que lleva la defensa jurídica de Clara Gómez González, comentó para Revolución TRESPUNTOCERO que la versión de Patricia, publicada por el diario El Universal, no altera el estatus jurídico de la investigación, por el contrario, sirve para confirmar y reafirmar los dichos de las otras testigos.
“El tema de la ejecución arbitraria no se ve trastocado, no hay un cambio en estos hechos relativos a la declaración de Patricia. En realidad es solo una relación de hechos que ella da y que desde luego desde el Centro Pro respetamos, pero los puntos que hemos demandado: justicia, investigación, sanción a los responsables y determinar la verdad de los hechos pues no choca con esta nueva versión.
“No hay un cambio significativo en las exigencias que desde el Centro Pro impulsamos como representantes de Clara. A dos años de los hechos la sociedad tiene derecho a saber qué pasó y los responsables deben ser sancionados”.
Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército, pero en la recomendación 51/2014 para la SEDENA, la PGR y el gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila, por el caso Tlatlaya se detalla cómo sucedieron los hechos la madrugada del pasado 30 de junio, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos.
Aunque se confirmó que la escena del crimen fue alterada “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”, no fue posible establecer “precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas”, detalla el documento de la CNDH.
Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya se hicieron públicas gracias a un reportaje de la revista norteamericana Esquire, en la cual una sobreviviente de los hechos denominada “Julia” (Clara Gómez González, su nombre real, madre de Erika, la única mujer que falleció en el enfrentamiento), fue la testigo que relató cómo los militares fusilaron a los supuestos sicarios.
Sin embargo, a dos años de ese suceso que marcaría al gobierno de Enrique Peña Nieto, una nueva versión de los hechos sale a la luz pública, la reportera Silvia Otero, colaboradora de un diario de circulación nacional, publicó a propósito de los dos años de la masacre una entrevista con Patricia, una mujer de 29 años de edad, sobreviviente del enfrentamiento entre sicarios y militares ocurrido ese 30 de junio de 2014.
En su texto titulado “Tlatlaya: otra versión de la historia” la periodista básicamente señala que Clara Gómez González no acudió a la bodega de Tlatlaya a buscar a su hija Erika quien supuestamente estaba secuestrada, sino que ella formaba parte del grupo armado que se resguardaba en el inmueble; además detalla que Erika de 16 años (hija de Clara) se encontraba en el lugar por su propia voluntad, incluso que empuñó armas para agredir a los militares.
Defiende su trabajo periodista que reveló el caso
Pablo Ferri, reportero de origen español que en 2014 publicaba en la revista Esquire y junto con la agencia de noticias estadounidense AP destaparon el caso de Tlatlaya, conversa con Revolución TRESPUNTOCERO sobre “la nueva versión” del caso. El periodista defiende la posición de sus testigos.
“El Universal lo que está tratando de hacer desde el principio es deslegitimar los testimonios de Sara y Clara. Esto al final forma parte de una campaña de mayor intensidad, se trata de poner el foco en un punto del caso que no tiene mayor importancia, de lo que se trata aquí es de dilucidar si los soldados o miliares implicados en la historia ejecutaron a gente y según la CNDH y la PGR sí lo hicieron.Este medio trata de poner a los militares como víctimas del sistema. En mi caso esta persona me pidió dinero en diciembre del 2014 cuando yo intenté hablar con ella.
La nota que sacamos en Esquire es de septiembre del 2014, yo hablé con Patricia en diciembre, yo estaba en Arcelia, Guerrero fui a entrevistar a Cinthya (otra de las sobrevivientes). Cinthya, o su mamá o su tía me dan el teléfono de Patricia, estoy hablando de 17-18 de diciembre de 2014.
Un día me dice que está en Altamirano y le dije que quería entrevistarla que ya había entrevistado a Cinthya y a Clara, se hace la remolona y al final me dice que cómo nos arreglamos, que cuánto le iba dar. Me dijo que sí, pero que quería dinero. En cuanto ella me dijo eso yo le respondí que no podíamos pagarle porque entonces la credibilidad no era la misma, si le pagas a alguien te va a decir lo que quieres escuchar”.
Según el texto publicado por El Universal, Patricia accedió a hablar con el medio porque “ahorita, todo lo que está diciendo Clara, las malas del cuento somos nosotras, más que nada yo. Yo no soy de la delincuencia (…) Siento que ella quiso echarme tierra porque ha de haber dicho: ‘Quemándola nunca se va a presentar, entonces yo puedo decir y hacer y deshacer con mi declaración’. Así como lo ha estado diciendo, que ella es víctima. Ella no es víctima”.
En este sentido Pablo Ferri, ahora reportero del diario español El País, comenta, “el testimonio de Patricia, la forma como está escrita, los datos con los que abren la entrevista y desarrollan la misma me parece que tienden a apuntalar la opinión del periódico. El Universal lo que trata de hacer es instalar un punto de vista en sus lectores según el cual los muertos eran malandros”.
“La entrevista con Patricia al final no pone entre dicho el asunto medular: la ejecución de civiles, lo que pone en duda es lo que dijo Clara y que ella y su hija eran delincuentes. Insisto, la entrevista forma parte de un intento de El Universal de generar huella, de instalar en sus lectores que las personas que sobrevivieron eran delincuentes, ese es su intento burdo, rastrero y cínico. El interés no es hablar de la ejecuciones, que es lo medular en esta historia, sino desprestigiar a un testigo que tuvo la valentía en su vida de hablar y desmentir a la SEDENA que dijo que había sido un enfrentamiento no lo fue”.Seguimos en las mismas exigencias: Centro Pro
Gabriela Carreón, abogada del Centro Pro, la organización no gubernamental que lleva la defensa jurídica de Clara Gómez González, comentó para Revolución TRESPUNTOCERO que la versión de Patricia, publicada por el diario El Universal, no altera el estatus jurídico de la investigación, por el contrario, sirve para confirmar y reafirmar los dichos de las otras testigos.
“El tema de la ejecución arbitraria no se ve trastocado, no hay un cambio en estos hechos relativos a la declaración de Patricia. En realidad es solo una relación de hechos que ella da y que desde luego desde el Centro Pro respetamos, pero los puntos que hemos demandado: justicia, investigación, sanción a los responsables y determinar la verdad de los hechos pues no choca con esta nueva versión.
“No hay un cambio significativo en las exigencias que desde el Centro Pro impulsamos como representantes de Clara. A dos años de los hechos la sociedad tiene derecho a saber qué pasó y los responsables deben ser sancionados”.
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