De corrupción los mexicanos sabemos
mucho. Este tipo prácticas están tan imbricadas en nuestro sistema
político que sería ingenuo intentar entenderlas preguntándonos cuántos
funcionarios de mediano y alto nivel, legisladores e integrantes de
nuestra partidocracia son corruptos. Como están las cosas, sería mucho
más eficiente asumir que, al menos en las altas esferas, los honestos
son los menos.
Si bien hemos tolerado esta situación durante
décadas, es evidente que cada día nos importa y nos indignan más;
sentimos que las cosas empeoran y queremos ponerles un alto. Lo decimos
sin reservas, por ejemplo, cada vez que organismos internacionales miden
nuestra percepción de la corrupción. Consideramos que el sexenio de
Felipe Calderón fue más corrupto que el de Vicente Fox y que el de Peña
es más corrupto que los dos anteriores. También lo comentamos en charlas
de café cuando hablamos de la “casa blanca” del presidente, de los
contratos de OHL, de la relación entre Oceanografía y el PAN, de los
contratos de fotomultas de Mancera o del insultante caso del Museo del
Mundo Maya en Yucatán.
Desde luego que también nos queda claro
que, si no hay errores políticos de por medio, virtualmente nadie es
investigado, y que prácticamente ningún corrupto recibe una sentencia
condenatoria por sus acciones. La impunidad es el sello de nuestra casa;
98% de los delitos no se castigan, pero cuando corrupción rebasamos esa
trágica estadística y el impunidadómetro llega a 99%. En buena medida
por eso la recolección de firmas para apoyar la #Ley3de3, una iniciativa
que busca establecer mecanismos institucionales para contener la
corrupción, fue tan exitosa.
Pero, cortesía de quienes tienen en
la corrupción su principal fuente de ingresos, los más de 630,000
mexicanos que decidimos apoyar este proyecto podríamos terminar
quedándonos con muy poco. Nuestra partidocracia se ha encargado de crear
las condiciones necesarias para debilitar al Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) y a la #Ley3de3, que es una de las 7 leyes que lo
conforman. Increíblemente en los últimos días los partidos políticos se
las han arreglado para quitar partes sustanciales a este proyecto y para
poner en el reflector de las críticas a los organismos ciudadanos que
lo impulsaron, que lo defienden como gatos boca arriba. El PRI, el PVEM
-y, según Emilio Gamboa, también el PAN- ahora intentan llevar el
período extraordinario en el que se votará este proyecto a una fecha
posterior a las elecciones para no tener que pagar facturas políticas
por cercenarlo.
Dado que aún no está del todo echada la suerte del
SNA, vale mucho la pena distribuir de inmediato responsabilidades con
el fin de saber qué tendríamos que reclamar y cobrar electoralmente a
cada una de las partes implicadas.
Desde el inicio de este
proceso, el PRI y el PVEM hicieron evidente su rechazo a sistematizar el
combate a la corrupción. Hablar de la corrupción estaba, como siempre,
en su agenda; pero probablemente se iban a conformar con figuras
discursivas tipo decálogo –el formato de buenas intenciones que nuestro
presidente emplea cada vez que hay algún problema-. Dado que nunca
consideraron la posibilidad de que el tema llegara más allá de las
promesas huecas de siempre, estos partidos rechazaron de entrada las
iniciativas ciudadanas. Sin embargo, al sentir la intensa presión
social, tuvieron que modificar a regañadientes su estrategia.
El
portavoz más visible del malestar priista fue el yucateco Emilio Gamboa
Patrón, líder de la bancada del PRI en el Senado. No es difícil de
entender el rechazo de este senador a respetar la totalidad del SNA si
consideramos las declaraciones de Juan Pardinas, presidente del IMCO,
quien aseguró recientemente que la una carrera como la de Emilio Gamboa
sería “inviable” en caso de contar con un sistema anticorrupción
completo. Es muy representativo de las contradicciones de nuestro tiempo
que a un personaje como Gamboa le corresponda ser el encargado de
vigilar los intereses del PRI.
De acuerdo con Jorge Zepeda
Patterson, “su indignación no es fingida: como tantos otros políticos,
hace mucho que Gamboa olvidó que los recursos que ellos manejan y las
decisiones que adoptan pertenecen a la esfera pública”.
Consecuentemente, la respuesta del PRI y PVEM ha sido la articulación de
una propuesta de cinco leyes con el fin de debilitar lo trabajado por
la sociedad civil. El rechazo priista no puede ser explícito, por lo que
han optado por estrategias subterráneas como la siembra de escollos, el
desgaste de sus adversarios o negarse a hacer completamente
transparentes sus declaraciones patrimoniales aludiendo a derechos de
privacidad.
Pero el PAN y PRD también han sido culpables de este
atolladero al no hacer todo lo que pueden por superarlo. El PRD presentó
una iniciativa para crear fiscalía anticorrupción y el PAN para
reformar el código penal; pero según Marco Fernández, investigador de
México Evalúa, estos partidos no han articulado la presión necesaria
para que sus iniciativas avancen. Tampoco no han impulsado la
elaboración de dictámenes en comisiones (
Reforma, 28/04/2016).
En el mismo sentido, Juan Pardinas ha asegurado que si PAN, PRD y PT se
unieran en el senado, las cosas serían muy distintas. Todo parece
indicar que dentro de los dos primeros partidos hay importantes
divisiones; es decir, no cuentan con la capacidad de contener a sus
corruptos –o, de plano, los que mandan forman parte de este grupo.
Por
su parte, Morena ha preferido desacreditar este esfuerzo sin
precedentes. De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador “son puro
cuento, pura simulación y pura demagogia el Sistema Nacional
Anticorrupción y la Ley 3 de 3”. AMLO también ha declarado que “si
quieren combatir la corrupción en el país, deberían de empezar a
investigar a Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón”.
Sin
embargo, con la ambigüedad y la pobreza discursiva que le caracterizan,
AMLO nos deja con un abstracto “deberían investigar” a pesar de que
sabe perfectamente que esto no ocurrirá bajo las actuales condiciones.
La #Ley3de3 es producto de un esfuerzo para sistematizar el combate a la
corrupción y sin duda es perfectible; pero insinuar que por ello da
igual tenerla que no tenerla es como decir que es mejor no contar con
transporte público porque este no es el ideal y presenta muchas
deficiencias. Al no ser capaz de poner entre paréntesis las diferencias
en otros temas y fortalecer y enriquecer este esfuerzo, AMLO ha
desperdiciado una nueva oportunidad. Todo parece indicar que el
tabasqueño prefirió luchar celosamente por preservar el monopolio del
discurso anti-corrupción, quizás es su principal bandera de campaña, por
lo que también a Morena debemos que cobrarle sus respectivas facturas.
Sin
embargo, no todo está perdido. El SNA está en terapia intensiva, pero
no desahuciado ni muerto. Hace un par de días Denise Dresser, politóloga
y colaboradora de Diario de Yucatán, inició una petición en la
influyente plataforma digital Change.org con el fin de recaudar firmas
de ciudadanos y generar así la presión necesaria para que el Sistema
Nacional Anticorrupción se apruebe con sus siete leyes en un período
extraordinario de sesiones inmediato. Para Dresser, “las
condiciones actuales y el sentido de urgencia por aprobar esta
legislación, sin duda serán completamente diferentes cuando pase el
período electoral y los partidos no requieran de nuestro voto. El
momento oportuno es este”.
Quienes deseen sumarse a los casi
70,000 mexicanos que ya hemos firmado pueden hacerlo buscando la
petición “¡Aprueben leyes anticorrupción YA! Firma aquí la petición de
Denise Dresser” disponible
en este enlace.
La
racanería de nuestra clase política no debe sorprendernos. Lejos de
llevarnos a la decepción o a claudicar en este importante esfuerzo, las
resistencias emergentes nos deberían confirmar que vamos por el camino
correcto y, por lo tanto, motivarnos a presionar con mayor intensidad
con el fin de respaldar a los defensores de la #Ley3de3 y a los
senadores que han mostrado su buena disposición de impulsar este
proyecto.
Contacta al autor:
@asalgadoborge
