De corrupción los mexicanos sabemos mucho. Este tipo prácticas están tan imbricadas en nuestro sistema político que sería ingenuo intentar entenderlas preguntándonos cuántos funcionarios de mediano y alto nivel, legisladores e integrantes de nuestra partidocracia son corruptos. Como están las cosas, sería mucho más eficiente asumir que, al menos en las altas esferas, los honestos son los menos.
Si bien hemos tolerado esta situación durante décadas, es evidente que cada día nos importa y nos indignan más; sentimos que las cosas empeoran y queremos ponerles un alto. Lo decimos sin reservas, por ejemplo, cada vez que organismos internacionales miden nuestra percepción de la corrupción. Consideramos que el sexenio de Felipe Calderón fue más corrupto que el de Vicente Fox y que el de Peña es más corrupto que los dos anteriores. También lo comentamos en charlas de café cuando hablamos de la “casa blanca” del presidente, de los contratos de OHL, de la relación entre Oceanografía y el PAN, de los contratos de fotomultas de Mancera o del insultante caso del Museo del Mundo Maya en Yucatán.
Desde luego que también nos queda claro que, si no hay errores políticos de por medio, virtualmente nadie es investigado, y que prácticamente ningún corrupto recibe una sentencia condenatoria por sus acciones. La impunidad es el sello de nuestra casa; 98% de los delitos no se castigan, pero cuando corrupción rebasamos esa trágica estadística y el impunidadómetro llega a 99%. En buena medida por eso la recolección de firmas para apoyar la #Ley3de3, una iniciativa que busca establecer mecanismos institucionales para contener la corrupción, fue tan exitosa.
Pero, cortesía de quienes tienen en la corrupción su principal fuente de ingresos, los más de 630,000 mexicanos que decidimos apoyar este proyecto podríamos terminar quedándonos con muy poco. Nuestra partidocracia se ha encargado de crear las condiciones necesarias para debilitar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a la #Ley3de3, que es una de las 7 leyes que lo conforman. Increíblemente en los últimos días los partidos políticos se las han arreglado para quitar partes sustanciales a este proyecto y para poner en el reflector de las críticas a los organismos ciudadanos que lo impulsaron, que lo defienden como gatos boca arriba. El PRI, el PVEM -y, según Emilio Gamboa, también el PAN- ahora intentan llevar el período extraordinario en el que se votará este proyecto a una fecha posterior a las elecciones para no tener que pagar facturas políticas por cercenarlo.
Dado que aún no está del todo echada la suerte del SNA, vale mucho la pena distribuir de inmediato responsabilidades con el fin de saber qué tendríamos que reclamar y cobrar electoralmente a cada una de las partes implicadas.
Desde el inicio de este proceso, el PRI y el PVEM hicieron evidente su rechazo a sistematizar el combate a la corrupción. Hablar de la corrupción estaba, como siempre, en su agenda; pero probablemente se iban a conformar con figuras discursivas tipo decálogo –el formato de buenas intenciones que nuestro presidente emplea cada vez que hay algún problema-. Dado que nunca consideraron la posibilidad de que el tema llegara más allá de las promesas huecas de siempre, estos partidos rechazaron de entrada las iniciativas ciudadanas. Sin embargo, al sentir la intensa presión social, tuvieron que modificar a regañadientes su estrategia.
El portavoz más visible del malestar priista fue el yucateco Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada del PRI en el Senado. No es difícil de entender el rechazo de este senador a respetar la totalidad del SNA si consideramos las declaraciones de Juan Pardinas, presidente del IMCO, quien aseguró recientemente que la una carrera como la de Emilio Gamboa sería “inviable” en caso de contar con un sistema anticorrupción completo. Es muy representativo de las contradicciones de nuestro tiempo que a un personaje como Gamboa le corresponda ser el encargado de vigilar los intereses del PRI.
De acuerdo con Jorge Zepeda Patterson, “su indignación no es fingida: como tantos otros políticos, hace mucho que Gamboa olvidó que los recursos que ellos manejan y las decisiones que adoptan pertenecen a la esfera pública”. Consecuentemente, la respuesta del PRI y PVEM ha sido la articulación de una propuesta de cinco leyes con el fin de debilitar lo trabajado por la sociedad civil. El rechazo priista no puede ser explícito, por lo que han optado por estrategias subterráneas como la siembra de escollos, el desgaste de sus adversarios o negarse a hacer completamente transparentes sus declaraciones patrimoniales aludiendo a derechos de privacidad.
Pero el PAN y PRD también han sido culpables de este atolladero al no hacer todo lo que pueden por superarlo. El PRD presentó una iniciativa para crear fiscalía anticorrupción y el PAN para reformar el código penal; pero según Marco Fernández, investigador de México Evalúa, estos partidos no han articulado la presión necesaria para que sus iniciativas avancen. Tampoco no han impulsado la elaboración de dictámenes en comisiones (Reforma, 28/04/2016). En el mismo sentido, Juan Pardinas ha asegurado que si PAN, PRD y PT se unieran en el senado, las cosas serían muy distintas. Todo parece indicar que dentro de los dos primeros partidos hay importantes divisiones; es decir, no cuentan con la capacidad de contener a sus corruptos –o, de plano, los que mandan forman parte de este grupo.
Por su parte, Morena ha preferido desacreditar este esfuerzo sin precedentes. De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador “son puro cuento, pura simulación y pura demagogia el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 3 de 3”. AMLO también ha declarado que “si quieren combatir la corrupción en el país, deberían de empezar a investigar a Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón”.
Sin embargo, con la ambigüedad y la pobreza discursiva que le caracterizan, AMLO nos deja con un abstracto “deberían investigar” a pesar de que sabe perfectamente que esto no ocurrirá bajo las actuales condiciones. La #Ley3de3 es producto de un esfuerzo para sistematizar el combate a la corrupción y sin duda es perfectible; pero insinuar que por ello da igual tenerla que no tenerla es como decir que es mejor no contar con transporte público porque este no es el ideal y presenta muchas deficiencias. Al no ser capaz de poner entre paréntesis las diferencias en otros temas y fortalecer y enriquecer este esfuerzo, AMLO ha desperdiciado una nueva oportunidad. Todo parece indicar que el tabasqueño prefirió luchar celosamente por preservar el monopolio del discurso anti-corrupción, quizás es su principal bandera de campaña, por lo que también a Morena debemos que cobrarle sus respectivas facturas.
Sin embargo, no todo está perdido. El SNA está en terapia intensiva, pero no desahuciado ni muerto. Hace un par de días Denise Dresser, politóloga y colaboradora de Diario de Yucatán, inició una petición en la influyente plataforma digital Change.org con el fin de recaudar firmas de ciudadanos y generar así la presión necesaria para que el Sistema Nacional Anticorrupción se apruebe con sus siete leyes en un período extraordinario de sesiones inmediato. Para Dresser, “las condiciones actuales y el sentido de urgencia por aprobar esta legislación, sin duda serán completamente diferentes cuando pase el período electoral y los partidos no requieran de nuestro voto. El momento oportuno es este”.
Quienes deseen sumarse a los casi 70,000 mexicanos que ya hemos firmado pueden hacerlo buscando la petición “¡Aprueben leyes anticorrupción YA! Firma aquí la petición de Denise Dresser” disponible en este enlace.
La racanería de nuestra clase política no debe sorprendernos. Lejos de llevarnos a la decepción o a claudicar en este importante esfuerzo, las resistencias emergentes nos deberían confirmar que vamos por el camino correcto y, por lo tanto, motivarnos a presionar con mayor intensidad con el fin de respaldar a los defensores de la #Ley3de3 y a los senadores que han mostrado su buena disposición de impulsar este proyecto.
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