Seis años después: miles de muertos y un Estado más vulnerable

Seguridad y Justicia: el sexenio de la guerra. Felipe Calderón hereda un país que hoy se siente menos seguro que en 2006. En el final de su sexenio, el balance de la política de seguridad del presidente saliente son miles de muertos, ingobernabilidad en algunas zonas del país; mayor presencia de las organizaciones criminales.

Al inicio de su sexenio, el Presidente Calderón se puso el traje militar para combatir al narcotráfico, y hasta los últimos días, no se lo ha quitado. (Foto: Ariel Gutiérrez/ Presidencia/ Cuartoscuro)

Jorge Navarijo

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Felipe Calderón quiso que su gobierno fuera recordado como el sexenio de la seguridad. Apostó a eso. Implicó en la persecución del crimen organizado a las fuerzas armadas, multiplicó el gasto en policías federales y echó a andar una estrategia de propaganda para justificar y hacer convincentes sus acciones.
El 8 de diciembre de 2006, Calderón declaró el inicio de la “guerra” de su gobierno contra las organizaciones criminales, especialmente contra el narcotráfico, y lanzó el Operativo Conjunto Michoacán. Ordenó el despliegue de 4 mil 200 elementos del Ejército, mil elementos de la Armada, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público.
Entre 2006 y 2011, Calderón incrementó 50 por ciento el gasto en seguridad del gobierno federal. Fortaleció a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y a la Policía Federal.
Seis años después del inicio de estas acciones, la percepción entre la población es que este fue “el sexenio de la guerra”, con un alto costo de muertes de civiles, desaparecidos y desplazados, y que los grupos criminales no fueron desarticulados. Por el contrario, se multiplicaron.
“Al arranque de la administración que hoy agoniza, eran ocho los cárteles de la droga. (…) Hoy, al cierre del sexenio –el más sangriento de la historia- Felipe Calderón deja encendida la disputa entre 14 organizaciones criminales”, escribió el periodista Ricardo Ravelo en la edición de noviembre de la revista Variopinto. En ella Ravelo llama a Calderón el “presidente de la guerra”.
Calderón Hinojosa hereda un país que percibe más inseguridad y un Estado mexicano debilitado ante este tipo de organizaciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población de 18 años y más, a nivel nacional, manifiesta como su principal preocupación, el tema de la inseguridad (57.5 por ciento), seguido del desempleo (49.3 por ciento) y la pobreza (34.0 por ciento).
El gobierno entrega un país con zonas absolutamente controladas por cárteles y grupos criminales, que además del narcotráfico operan los negocios de extorsión a empresas y comercios, tráfico de inmigrantes, robo de vehículos o robo de combustibles de Pemex, entre otros.
Varios casos prueban la complicidad de funcionarios locales y federales en la comisión de estos delitos.
Durante seis años, el gobierno de Calderón desplegó operativos en varios estados y detuvo o aniquiló a algunos de los líderes de cárteles del narcotráfico. Pero no ha logrado desarticular a esas organizaciones. Y no las tocó en lo más vulnerable: su entramado financiero.
El sexenio de Calderón deja un saldo de muerte, en el que ni siquiera las cifras oficiales son precisas. El gobierno federal admite que entre 2006 y 2012 se han registrado más de 47,500 decesos totales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima una cifra de 46 mil muertos (reporte del 21 de noviembre de 2012).
Pero los organismos civiles y medios de información independientes, estiman que la cifra, al menos, está entre 60 mil y 71 mil muertos.
En diciembre de 2006 la guerra de Calderón se inició sin objetivos claros ni estrategia. Y así lo han admitido los mandos militares.
En mayo de 2012, el periodista Daniel Lizárraga presentó en Noticias MVS los documentos de respuesta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Presidencia de la República, a través del Sistema Infomex del IFAI, le entregaron tras solicitar conocer si existió algún informe o estudio que expusiera los objetivos de la estrategia de seguridad.
En ellos, la Sedena acepta que en el momento en el cual el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico no contaba con una estrategia militar para el despliegue de sus tropas en todo el país.
Lo que sí hizo el gobierno de Calderón, a lo largo del sexenio, fue poner en marcha una táctica de propaganda para justificar el despliegue de fuerzas armadas o federales en el país y difundió ampliamente la detención de personajes de bajo nivel en las organizaciones criminales.
La SSP y la Policía Federal, protagonistas de la estrategia de medios, terminaron el sexenio exhibidas por su implicación en acciones delictivas, como la protección al narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o, recientemente, el ataque contra un vehículo de la embajada de Estados Unidos, en Tres Marías, Morelos, y el intento de asesinato de sus pasajeros, dos agentes de la CIA y un marino mexicano. La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó hace unos días que la investigación de Tres Marías intentó ser manipulada por los mandos de la SSP federal.
La SSP desaparecerá el próximo sábado y sus tareas pasan nuevamente a la Secretaría de Gobernación, como operaba antes, en los gobiernos del PRI.
En materia de seguridad, el saldo de Calderón es también el saldo de 12 años de gobiernos del PAN, que iniciaron con la fuga de Joaquín Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad, y concluyen sin la aprehensión de éste y otros capos, y la multiplicación de las organizaciones criminales.
Apenas este domingo, el diario Reforma publicó en el suplemento “Enfoque” un balance de los dos sexenios del PAN, donde el académico Eduardo Guerrero afirmó: “la seguridad es la gran excepción dentro de las perspectivas relativamente positivas (o al menos aceptables) que dejan como legado las dos administraciones panistas; una excepción que amenaza incluso el afianzamiento de los logros en otras dimensiones”.
En el final de sexenio, el “parte de guerra” de Calderón reporta la mayor cifra de muertos en la historia del país; cárteles y organizaciones criminales fortalecidos, y a un Estado mexicano que hoy es más vulnerable y débil.
El costo de esta guerra tiene como paradoja al mismo Calderón, que en los últimos meses de su gobierno propuso a la ONU y la OEA discutir el tema de legalización de las drogas.
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