sábado, 24 de noviembre de 2012

Tercera Historia: 6 historias de abusos cometidos en el sexenio de Calderón

Tercera Historia: 6 historias de abusos cometidos en el sexenio de Calderón

2009: 'Te juro que no sé de qué me hablas'









Recomendación 23/2010 de la CNDH dirigida al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Recomendación 23/2010 de la CNDH dirigida al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (Cuartoscuro)
Octubre 31, 2012
Por Óscar Balderas @oscarbalmen
NOTA DEL EDITOR: A partir de este martes presentamos una serie de historias basadas en las recomendaciones que emitió la CNDH por violaciones cometidas en el gobierno de Felipe Calderón. Los nombres reales de los afectados fueron cambiados por su seguridad. 
***
Daniel tiene los ojos vendados con su propia playera y las manos amarradas a la espalda con una sábana. Arrodillado, en la habitación de su tío, aguanta sin defenderse las patadas que le propinan varios hombres.
 “¿Dónde está el bueno, hijo de la chingada?”, le gritan a Daniel jalándolo del cabello, quien niega con la cabeza y responde “no sé jefe, te juro que no sé de qué me hablas”, enseguida, lo cachetean varias manos hasta inflamarle las mejillas.
Por las voces, el joven calcula que son ocho personas vestidas con uniformes de policías federales – por lo que alcanza a ver– quienes el 18 de agosto de 2009 lo interrogan en el rancho “Los Olivos” en Maravatío, Michoacán.
Los uniformados le dicen a gritos, que están ahí para detener a los responsables de asesinar el 12 de julio de ese año a 12 de sus compañeros policías, así que más le vale hablar o su cuerpo acabaría a la orilla de una carretera solitaria.
Buscaban a integrantes de “La Familia Michoacana”, la organización criminal fundada por Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y Nazario Moreno González, pero se han topado con un joven de campo.
“Me están confundiendo”, suplica Daniel, pero los policías al parecer están determinados a que se incrimine, así que le meten un pañuelo en la boca y le derraman agua por la nariz para ahogarlo. Tres veces por minuto, hasta que cambian de estrategia y le ponen una bolsa en la cabeza.
Como el joven no cede, lo sacan de la habitación y lo llevan al patio del rancho. Con la misma sábana, lo amarran a un árbol y lo torturan con toques eléctricos en la espalda, y pese a la tortura, Daniel insiste en que no sabe nada de los asesinatos.
Lo desatan, y Daniel piensa en que ha convencido a sus captores de que tienen a la persona equivocada… pero, para su pasmo, lo sientan en una piedra filosa y lo vuelven a golpear, balanceándolo, como si fuera un costal de box.
Un mazazo en las costillas, una patada en el estómago, un puñetazo en los riñones. No hay aire ni para hablar, así que el michoacano ya no suplica. Sólo aprieta el cuerpo y aguanta rendido.
Pero los policías se cansan primero de dar los golpes, pues Daniel se mantiene consciente, así que los captores deciden llevarlo a las instalaciones locales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para continuar su trabajo de “interrogatorio”. 
Al llegar, un visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se percata del estado de salud del joven: camina, casi arrastrándose, hacia la Coordinación de Servicios Periciales.
Con ayuda de un perito médico forense, se establece que la agresión fue innecesaria para su detención; la principal evidencia son las quemaduras de segundo grado en el pecho, producto de la “picana” que lo electrocutaba.
Debido al informe médico, el michoacano tiene oportunidad de contar su historia: cómo pasó de descansar en el rancho de su tío, a ser torturado por elementos policiacos que buscaban venganza.
A las pocas horas, Daniel fue puesto en libertad, pues se comprobó que su confesión se obtuvo mediante actos ilícitos. Salió de las instalaciones de la SIEDO tal y como llegó: golpeado, quemado y con las piernas debilitadas por las horas que pasó arrodillado.
No esperó a que sanaran sus heridas, ni siquiera las más leves. Tomó su maleta, su ropa y huyó de Maravatío hacia Estados Unidos.
Este relato se desprende de la recomendación 23/2010 dirigida al Secretario de la Seguridad Pública, Genaro García Luna, la cual no ha sido aceptada.

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