Acusadores de Zedillo vinculados con Salinas de Gortari

Los abogados que representaron a 10 indígenas víctimas de la matanza de Acteal, por la que responsabilizaban al ex presidente entre 1994-2000, son asociados de Juan Collado

REDACCION
diciembre 6, 2012  1:10 am

Al menos dos integrantes del bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bound & Hess, que presentó la demanda por genocidio contra el ex presidente Ernesto Zedillo a causa de la masacre de Acteal, en 1997, tienen nexos con representantes legales del también ex mandatario Carlos Salinas de Gortari.

Los abogados Roger Kobert y Marc Pugliese, encargados de la demanda a nombre de 10 indígenas que no han sido identificados, tienen nexos con Juan Collado, el penalista que defendió a Raúl Salinas de Gortari de las acusaciones por lavado de dinero y homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, y Gustavo García Montes, asociado de Collado en Miami, indicó la cadena estadunidense Univision.

García Montes es representante legal de las empresas que Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del ex presidente, tiene en Estados Unidos, de acuerdo a registros oficiales, señaló la cadena.

La demanda de los indígenas, que se dijeron víctimas de la matanza en Acteal, en la que un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, demandaba una indemnización superior a 10 millones de dólares, pero fue desechada sin llegar a juicio ya que el gobierno de Estados Unidos concedió inmunidad a Zedillo por considerar que no podía ser responsable de un homicidio sólo porque ocurrió en el tiempo en que fue presidente de la República.

La demanda, que incluyó memorándums y comunicaciones oficiales, presuntamente recopiladas por los indígenas víctimas de la masacre, señalaba que el ataque formaba parte de una estrategia del gobierno para aplastar al movimiento zapatista de Chiapas.

El escrito de 53 páginas en el que se pide someter a juicio al ex presidente indica que Zedillo conocía el plan para atacar la comunidad, habitada por bases de apoyo zapatista, pero maniobró para ocultar a los culpables, lo que constituyó una violación a leyes mexicanas a internacionales como la Declaración universal de los derechos humanos y el artículo 3 de la Convención de Ginebra, relativo a la protección que se debe dar a civiles en el marco de un conflicto armado.

“El acusado Zedillo sabía o debió saber que sus subordinados cometieron abusos contra los derechos humanos y no previno los atentados ni sancionó a los responsables”, dice la denuncia.

En su respuesta, el ex presidente dijo que las acusaciones carecían de sustento y eran falsas. “Cualquier persona que revise los hechos llegará a la conclusión de que esto es una calumnia elaborada por motivos que ignoro”.

Los abogados Pugliese y Kobert dijeron a Univision que no cobraron por el caso, el primero de defensa de derechos humanos que tomaban ya que se especializan en fusiones, bancarrotas y asuntos de migración en Miami.