El conflicto de intereses ensombrece la reforma de telecomunicaciones

El conflicto de intereses ensombrece la reforma de telecomunicaciones

2014-07-06





JAN MARTÍNEZ AHRENS, El País


El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, alcanzó este viernes una de sus metas de legislatura más importantes cuando el Senado de la República dio su aprobación a la normativa que regirá las telecomunicaciones. La transformación de este importantísimo segmento económico, dominado hasta ahora por los titanes Carlos Slim (América Móvil) y Emilio Azcárraga (Televisa), se había convertido en el termómetro de la capacidad de Peña Nieto para enfrentarse a los grandes poderes del país. El resultado ha sido un cambio en las reglas de juego, con una limitación de los perímetros empresariales de ambos gigantes y la creación de mecanismos de control. El siguiente paso será la entrada de nuevos competidores tanto en la telefonía como en la televisión.

El objetivo de la reforma, de hecho, no es solo es desbrozar el campo legislativo para facilitar el desembarco de otros actores, sino que estos, una vez instalados, tengan garantizada su supervivencia frente a los viejos y formidables leones que pueblan el territorio. El paquete normativo aprobado (las llamadas leyes secundarias) ha traído consigo, con todo, cierta dilución de las ambiciones originales, al limitar la capacidad del órganismo de vigilancia del sector.

Culminada la reforma de las telecomunicaciones, Peña Nieto se enfrenta ahora al mayor de sus retos: el cambio en el sector energético. La propuesta avanzada hasta la fecha implica poner fin a un símbolo de la nación: el monopolio estatal de los hidrocarburos. Una medida adoptada en 1938 por el legendario presidente Lázaro Cárdenas, en respuesta al pulso que le plantearon las multinacionales estadounidenses y británicas cuando se les exigió que mejorasen las paupérrimas condiciones laborales de sus trabajadores. Fruto de esta decisión, surgió Petróleos Mexicanos (Pemex), una empresa que con los años ha devenido en un dinosaurio que genera pérdidas (9.200 millones en 2013) y con una producción declinante, hasta el punto de que México, el séptimo productor mundial, se ve obligado a importar el 50% de la gasolina que consume y el 30% del gas. El trámite parlamentario de este paquete legislativo se prevé aún más farragoso y hostil que el de las telecomunicaciones. La próxima semana arrancarán las negociaciones para fijar el debate final, previsto en agosto o septiembre.

Tanto la reforma de las telecomunicaciones como la energética son las joyas de la corona del gran proyecto emprendido en 2012 por Peña Nieto, con apoyo del PAN, a su derecha, y del PRD, a la izquierda. El acuerdo, denominado Pacto por México, propugna una profunda transformación de la anquilosada estructura política y económica mexicana. Aunque el PRD se apeó de este consenso a causa del próximo desmantelamiento del monopolio petrolero, el PRI de Peña Nieto aún conserva la fuerza suficiente para sacarlo adelante. Y así lo demostró este sábado. Las leyes fueron aprobadas con 80 votos a favor y 37 en contra. El PRD, fiel a su discurso de oposición, rechazó en bloque el paquete legislativo, mientras que el PAN, tradicional aliado del PRI en el proceso reformista, registró una amplia dispersión de voto. Esta desunión revela las grietas abiertas por los intereses contrapuestos del sector.

La piedra angular de la regulación es el concepto de preponderancia, con el que se pretende evitar los abusos de posición dominante. Bajo esta definición, fruto de la reforma constitucional de junio de 2013, caen aquellas compañías que en su sector tengan directa o indirectamente más del 50% de audiencia, tráfico, usuarios o suscriptores. El legislador considera que esta atalaya distorsiona la libre competencia y permite a dichas empresas influir determinantemente en precios y servicios. Para vigilar el mercado se creó, bajo mandato constitucional, un organismo autónomo, el Instituto Federal de la Competencia. Su primer dictamen, en marzo pasado, dio un calambrazo a Slim y Azcárraga. El instituto estableció que el primero, una de las mayores fortunas del mundo y que controla el 84% de la telefonía fija y el 70% de la móvil, debía compartir sus infraestructuras con los competidores. Y Televisa, con el 60% del mercado, ofrecer gratuitamente la señal a las televisiones de pago.

En este contexto, el principal foco del debate parlamentario se situó en fijar el radio de acción de la preponderancia. El PRI apostó desde el primer minuto a que se midiese por sector, es decir, sólo en dos áreas: radiodifusión y telecomunicaciones. Esta propuesta soliviantó a numerosos parlamentarios de la oposición que consideraban que, al no acotar más el campo de juego, se cedía ante Slim y Azcárraga. A cambio propusieron que la preponderancia se determinase por servicio (televisión en abierto, de pago, radio, internet, telefonía móvil y fija), lo que permitía un espacio de maniobra mucho mayor al organismo controlador. Los dos líderes del PRD y del PAN defendieron esta postura, pero en el último caso una fracción de la bancadas se desligó de la recomendación, dando la victoria al PRI.

La legislación aprobada, que el martes será ratificada en la Cámara de los Diputados, también permite una red de dos velocidades, de forma que determinados proveedores, a un coste más alto, puedan ofrecer mayor rapidez de descarga. Esta medida, que en Estados Unidos también se está desarrollando, ha levantado críticas por acabar con la “neutralidad” de la web al supeditar la calidad del servicio a la capacidad de pago de usuario. Otro aspecto polémico es la posibilidad que otorga la norma para bloquear en una zona determinada las telecomunicaciones ante “la comisión de delitos”. Para las organizaciones cívicas este apartado permitirá el apagón comunicativo en manifestaciones o actividades de protesta.