Impulsores de Dragon Mart analizan multa de Profepa
EL UNIVERSAL/CANCÚN / Publicada el 17/08/2014
La empresa que promueve la construcción del megaproyecto "Dragon Mart Cancún" no podrá iniciar cualquier obra hasta que tengan los documentos correspondientes. Foto: Tomada de YouTube
La
empresa que promueve la construcción y operación del megaproyecto
"Dragon Mart Cancún", anunció que analizarán la resolución mediante la
cual la Profepa, les multó con poco más de siete millones de pesos y
ordenó que tramiten la autorización en materia ambiental federal que
deberían poseer antes de iniciar cualquier obra o actividad en el predio
de 561 hectáreas conocido como "El Tucán", localizado entre Cancún y
Puerto Morelos.
El director general de "Real Estate Dragon Mart Cancún", Juan Carlos López, informó que una vez notificados por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) sobre las sanciones a que se hicieron acreedores por violentar la legislación ambiental, procederán al análisis de la resolución, a fin de evaluar las acciones que emprenderán.
La resolución es la PFPA/4.1/2.C27.5/00006-14, con fecha de 12 de agosto del año en curso y fue notificada el jueves pasado.
"Es un resolutivo de aproximadamente 150 hojas con complejas consideraciones de hecho y derecho, así como distintas medidas correctivas y económicas que requieren de análisis técnico-jurídico", expuso el también representante legal del proyecto.
Mediante un comunicado de prensa, el además socio del megadesarrollo aseguró que han cumplido con el marco legal y tramitado todas las autorizaciones necesarias ante los tres órdenes de gobierno.
Entre ellas, citó la autorización de impacto ambiental que emitió a su favor el gobierno de Quintana Roo, a través de su Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), en septiembre del 2012.
Sin embargo, las sanciones aplicadas por la Profepa son precisamente por haber violentado el marco jurídico ambiental, al no contar con autorizaciones federales, específicamente de la autorización de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Procuraduría también les emplazó a la elaboración y presentación de una serie de estudios, que incluyen la georreferenciación del predio y estudios de hidrología, por ejemplo, sin contar con la restauración que habrán de financiar y realizar, en una superficie mayor a la que afectaron.
La empresa también menciona que cuenta con la licencia de construcción emitida por el gobierno municipal de Cancún, en septiembre del 2013, razón por la que iniciaron los trabajos entre noviembre y diciembre de ese año.
Sin embargo, omite aclarar que obtuvo dicha licencia, no porque el proyecto cumpliese con la normatividad correspondiente, sino porque promovieron un amparo, invocando la figura de la "afirmativa ficta", ante la presunta tardanza del ayuntamiento para resolver la solicitud de licencia.
Un Tribunal, de competencia estatal, obligó entonces a la anterior administración, encabezada por el entonces alcalde, Julián Ricalde, a entregar la licencia, al considerar que efectivamente se extendieron en la respuesta que, cabe señalar, fue negativa, debido a que el proyecto no cumplía con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) 2005, ni con el Reglamento de Construcción, además de que el proyecto era diferente al autorizado por el gobierno del estado.
Sobre la situación del predio, López Rodríguez cita también en el escrito, difundido este domingo, que suscribió un contrato de promesa de compra-venta del inmueble "El Tucán", en junio de 2012 y que la adquisición mediante escritura pública se realizó hasta el 21 de febrero del 2013.
"La empresa decidió no adquirir, hasta en tanto no se resolviera una inspección en materia de impacto ambiental y en otra en materia forestal iniciada por la Profepa en agosto y septiembre del 2012" -se lee- "la empresa procedió a adquirir el inmueble conocido como El Tucán una vez que Profepa determinó en noviembre de 2012 que el anterior propietario contaba con todas sus autorizaciones para remover vegetación y extracción de material pétreo".
Aquella resolución, que presuntamente indicaba la inexistencia de irregularidades, fue de carácter definitiva y causó ejecutoria, se indicó.
No obstante, también en ese tema se omitió mencionar que el anterior apoderado legal del predio, Carlos Castillo, quien vendió el inmueble a la empresa, se volvió socio de ésta y posee el 45 por ciento de las acciones, junto con el otro 45 por ciento, potestad del Grupo Monterrey -integrado por el propio López Rodríguez, Luis Felipe Salas Benavides, José Luis Salas Cacho y Miguel Pedraza Villarreal- y el 10 por ciento de Chinamex.
Chinamex, liderada por Hao Feng, es la misma firma de origen asiático que impulsa actualmente la construcción del complejo comercial "Dragon City", un proyecto similar a "Dragon Mart Cancún", pero en Panamá.
El director general de "Real Estate Dragon Mart Cancún", Juan Carlos López, informó que una vez notificados por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) sobre las sanciones a que se hicieron acreedores por violentar la legislación ambiental, procederán al análisis de la resolución, a fin de evaluar las acciones que emprenderán.
La resolución es la PFPA/4.1/2.C27.5/00006-14, con fecha de 12 de agosto del año en curso y fue notificada el jueves pasado.
"Es un resolutivo de aproximadamente 150 hojas con complejas consideraciones de hecho y derecho, así como distintas medidas correctivas y económicas que requieren de análisis técnico-jurídico", expuso el también representante legal del proyecto.
Mediante un comunicado de prensa, el además socio del megadesarrollo aseguró que han cumplido con el marco legal y tramitado todas las autorizaciones necesarias ante los tres órdenes de gobierno.
Entre ellas, citó la autorización de impacto ambiental que emitió a su favor el gobierno de Quintana Roo, a través de su Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), en septiembre del 2012.
Sin embargo, las sanciones aplicadas por la Profepa son precisamente por haber violentado el marco jurídico ambiental, al no contar con autorizaciones federales, específicamente de la autorización de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Procuraduría también les emplazó a la elaboración y presentación de una serie de estudios, que incluyen la georreferenciación del predio y estudios de hidrología, por ejemplo, sin contar con la restauración que habrán de financiar y realizar, en una superficie mayor a la que afectaron.
La empresa también menciona que cuenta con la licencia de construcción emitida por el gobierno municipal de Cancún, en septiembre del 2013, razón por la que iniciaron los trabajos entre noviembre y diciembre de ese año.
Sin embargo, omite aclarar que obtuvo dicha licencia, no porque el proyecto cumpliese con la normatividad correspondiente, sino porque promovieron un amparo, invocando la figura de la "afirmativa ficta", ante la presunta tardanza del ayuntamiento para resolver la solicitud de licencia.
Un Tribunal, de competencia estatal, obligó entonces a la anterior administración, encabezada por el entonces alcalde, Julián Ricalde, a entregar la licencia, al considerar que efectivamente se extendieron en la respuesta que, cabe señalar, fue negativa, debido a que el proyecto no cumplía con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) 2005, ni con el Reglamento de Construcción, además de que el proyecto era diferente al autorizado por el gobierno del estado.
Sobre la situación del predio, López Rodríguez cita también en el escrito, difundido este domingo, que suscribió un contrato de promesa de compra-venta del inmueble "El Tucán", en junio de 2012 y que la adquisición mediante escritura pública se realizó hasta el 21 de febrero del 2013.
"La empresa decidió no adquirir, hasta en tanto no se resolviera una inspección en materia de impacto ambiental y en otra en materia forestal iniciada por la Profepa en agosto y septiembre del 2012" -se lee- "la empresa procedió a adquirir el inmueble conocido como El Tucán una vez que Profepa determinó en noviembre de 2012 que el anterior propietario contaba con todas sus autorizaciones para remover vegetación y extracción de material pétreo".
Aquella resolución, que presuntamente indicaba la inexistencia de irregularidades, fue de carácter definitiva y causó ejecutoria, se indicó.
No obstante, también en ese tema se omitió mencionar que el anterior apoderado legal del predio, Carlos Castillo, quien vendió el inmueble a la empresa, se volvió socio de ésta y posee el 45 por ciento de las acciones, junto con el otro 45 por ciento, potestad del Grupo Monterrey -integrado por el propio López Rodríguez, Luis Felipe Salas Benavides, José Luis Salas Cacho y Miguel Pedraza Villarreal- y el 10 por ciento de Chinamex.
Chinamex, liderada por Hao Feng, es la misma firma de origen asiático que impulsa actualmente la construcción del complejo comercial "Dragon City", un proyecto similar a "Dragon Mart Cancún", pero en Panamá.
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