Lavan en San Antonio desvíos de Coahuila
JASON BUCH Y GUILLERMO CONTRERAS / SAN ANTONIO EXP / Publicada el 03/08/2014 11:53:22 p.m.
Ocultos entre los que se escapan de los problemas más recientes en el Estado hay narcotraficantes, empresarios sin escrúpulos y funcionarios coahuilenses de alto nivel que lavaron más de 35 millones de dólares en sobornos para contratos estatales, señalan autoridades estadounidenses.
Los fiscales han tomado acciones para incautar decenas de millones de dólares en bienes raíces en San Antonio, incluyendo una vivienda en The Dominion, una propiedad comercial en la autopista U.S. 281 y una farmacia en Stone Oak Parkway, y acusaron a seis personas en una investigación de una red vinculada con la política, la industria privada y uno de los carteles más tristemente célebres de México.
Afirman que esos millones fueron robados al Gobierno de Coahuila e inundaron a Texas a partir del 2007, durante el mandato del ex Gobernador Humberto Moreira.
A Moreira no se le han presentado cargos, pero su carrera política llegó a un fin abrupto en el 2011, cuando fue revelado que durante su gubernatura Coahuila había acumulado casi 3 mil millones de dólares en deuda.
Entre los acusados en el sur de Texas están el Gobernador interino que sirvió bajo Moreira, varios propietarios de negocios con hogares en el North Side de San Antonio, y un ex Tesorero estatal, quien es buscado en México bajo alegatos de pedir préstamos fraudulentos en la línea de crédito del Estado.
Los fiscales del Condado de Bexar señalan que el Tesorero Héctor Javier Villarreal Hernández transfirió a Texas millones de dólares que recibió de sobornos.
Parte del dinero venía de contratos inflados, dijo Cliff Herberg, primer asistente del Fiscal del Distrito. En una ocasión, dijo, un contrato estatal fue otorgado a una compañía de extracción minera controlada por el cártel de Los Zetas.
"En nuestra posición es simplemente una fachada para el lavado de dinero", dijo Herberg. "No hicieron nada de minería".
Entrevistas, documentos de tribunal, registros de propiedad y documentos regulatorios muestran que los que están bajo investigación construyeron una extensa red empresarial en Texas, incluyendo desarrollos inmobiliarios comerciales, residencias privadas y restaurantes.
Muchas veces usaban una red de compañías de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) que hacía que fuera difícil para los investigadores determinar los dueños de esos activos.
Junto con las propiedades de San Antonio, los fiscales han entablado acciones para tomar el control de bienes raíces en el Valle del Río Bravo y millones de dólares en cuentas bancarias en Texas y Bermudas.
Los investigadores están interrogando a los testigos sobre los políticos de Coahuila -entre ellos Moreira y su hermano, el Gobernador actual- y formando una lista de quién es quién entre los empresarios del Estado y Los Zetas, muestra un documento de tribunal.
El grupo de trabajo de varias agencias que está manejando el caso incluye la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Procuraduría de Justicia de Texas y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Entre los acusados están Villarreal, quien está en una cárcel de San Antonio esperando un juicio, y el ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, un fugitivo. Los abogados de ambos mantienen que son inocentes.
La situación está políticamente cargada. Moreira, el ex líder del PRI, es cercano al Presidente Enrique Peña Nieto. Cuando un acusado fue llevado al tribunal en San Antonio, un ex congresista de Estados Unidos llegó para apoyarlo.
Los abogados de Moreira se negaron a emitir comentarios para este reporte, pero después de que la revista Forbes lo incluyó en una lista de políticos mexicanos acusados de corrupción, el abogado Christian F. Zinser Cieslik, de la Ciudad de México, escribió a la publicación, diciendo que el ex Gobernador había sido exonerado en una investigación de la PGR.
Redada antidrogas
En una mañana de octubre del año pasado, residentes del fraccionamiento privado Champions Ridge vieron el arresto que agentes federales hicieron de un vecino con vínculos al Gobierno de Coahuila.
A pesar de las elegantes viviendas, la redada se parecía a cualquier otro caso de drogas. Un auto de acusación señaló que Raúl González Fernández, un restaurantero de 42 años que nació en Del Río, conspiró para distribuir más de 5 kilos de cocaína y poseer más de 500 gramos de la droga.
Le pidieron a un juez que les entregara tres casas en San Antonio, todas evaluadas en más de 500 mil dólares: la casa de Champions Ridge, propiedad de González Fernández, una casa en Vistas at Sonterra, propiedad de su hermano, y una casa en Oakwell Farms, una exclusiva comunidad con acceso privado, que pertenecía a su padre, Raúl González Treviño.
En 2008, Humberto Moreira nombró a González Treviño vocero de Coahuila en San Antonio, pero no es claro qué responsabilidades llevaba a cabo.
Rubén Moreira, el Gobernador actual, dijo que la posición de González Treviño era "extraoficial" y no remunerada.
González Fernández, el hijo, se ha declarado no culpable a los cargos relacionados con las drogas. El abogado que inicialmente contrató para defenderlo indicó que la familia no está involucrada en ningún crimen.
Lo que se sabe es esto: los González controlan un imperio de los medios en México y en años recientes extendieron su influencia a través de la frontera.
González Treviño padre compró su primera casa en San Antonio a principios de los 90. Luego, a partir del 2006, él y su hermano, Roberto Casimiro González Treviño, hicieron una racha de compras. En el transcurso de cinco años, compraron una docena de casas en San Antonio, luego vendieron un puñado y rentaron otras. Hoy algunas están vacías.
El año pasado, Raúl González Treviño compró una propiedad comercial en la autopista U.S. 281, cerca de TPC Parkway.
La compañía de Roberto Casimiro González Treviño, RCG Radio y Televisión, ha llegado lejos desde que la empresa familiar arrancó hace 30 años, cuando se lanzó como Cablevisión, la primera compañía de televisión por cable en México.
"Cuando Humberto llegó al poder, RCG era minúscula", dijo Jorge Rosales Saade, un funcionario del PAN en Coahuila.
"Todo lo que tenía era Cablevisión, pero lo convirtieron en un multimillonario con un poder enorme. Todos los anuncios panorámicos que el PRI usó en sus campañas le rentaban a Roberto, y fácilmente obtenían los permisos de los Gobiernos municipales".
Ex tesorero prófugo
El arresto de más alto perfil de la investigación de lavado de dinero ha sido el de Villarreal, el ex tesorero estatal. Su saga comenzó a mediados del 2011, cuando se dio a conocer la noticia de la deuda masiva de Coahuila.
Villarreal, Moreira -quien para entonces se había salido de Coahuila para convertirse en el líder nacional del PRI- y Torres, quien había asumido la Gubernatura, se vieron obligados a abandonar sus puestos respectivos.
En octubre de 2011, fiscales de Coahuila acusaron a Villarreal de falsificar documentos para pedir prestados millones de dólares en la línea de crédito del estado. Se entregó a policías estatales el 29 de octubre del 2011, y fue puesto en libertad bajo fianza en horas.
Abandonó México rápidamente para irse a Estados Unidos y apareció en Texas en febrero del 2012 donde fue arrestado de nuevo. Ayudantes del alguacil señalaron que detuvieron a Villarreal, su esposa y su cuñado Oswaldo Coronado, que viajaban con 67 mil dólares.
Fue puesto en libertad bajo fianza nuevamente y en espacio de unos días, fiscales federales mexicanos le presentaron una nueva ronda de cargos en su contra vinculados con los presuntos préstamos fraudulentos, que afirman se acercaban a 250 millones de dólares. Para entonces, Villarreal había desaparecido.
En los meses siguientes, los detalles de la investigación estadounidense empezaron a darse a conocer a través de una serie de acciones entabladas por fiscales federales y estatales para confiscar cuentas bancarios y propiedades pertenecientes a LLCs que habían sido establecidas por Villarreal, Coronado, otro cuñado, la esposa de Villarreal y su amante.
En febrero, Villarreal cruzó uno de los puentes internacionales en El Paso y se entregó a agentes federales. Lo llevaron a San Antonio, donde los fiscales hicieron pública una acusación en su contra de otro cargo de lavado de dinero.
Alega que en San Antonio lavó las ganancias de sobornos, robos, malversación de fondos y distribución de drogas, otro indicio de que Estados Unidos investiga si hay una conexión entre el presunto saqueo de las arcas estatales de Coahuila y Los Zetas.
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