Rastreará SHCP a evasores por celular

Rastreará SHCP a evasores por celular

VÍCTOR FUENTES / Publicada el 12/08/2014 11:29:33 p.m.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tendrá acceso, a partir de hoy, a los datos de todas las líneas telefónicas del País, fijas o celulares, sin intervención previa de un juez.

Este día entra en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 189 faculta a "los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia" para requerir datos a las empresas de telecomunicaciones, que tendrán 24 horas para entregar la información.

Los datos no incluyen el contenido, pero sí los siguientes: nombre y domicilio del suscriptor; ubicación de posicionamiento geográfico de las líneas; tipo de comunicación y servicios suplementarios o multimedia utilizados; fecha, hora y duración; datos necesarios para identificar el origen y destino de comunicaciones de telefonía móvil, y código internacional de fabricación del equipo y suscriptor.

El artículo 40 Bis de la ley anterior, vigente hasta el 12 de agosto, sólo facultaba a PGR y procuradurías estatales, es decir, el Ministerio Público, para solicitar la localización en tiempo real de líneas vinculadas con ciertos delitos graves, pero la redacción de la nueva ley es mucho más abierta y establece una colaboración más amplia.

El 8 de agosto, la UIF envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el proyecto de acuerdo en el que designa a su titular, Alberto Bazbaz, y a su director general de Procesos Legales, como facultados para formular estos requerimientos.

La UIF, cuya función principal es prevenir el lavado de dinero, considera que tiene derecho a aprovechar esta reforma porque fue clasificada como instancia "de seguridad nacional" en un acuerdo de Bases de Colaboración firmado en diciembre de 2006 por las secretarías de Hacienda y Gobernación.

La Ley de Seguridad Nacional menciona como instancia en esa materia a la SHCP y también reconoce a las secretarías de Gobernación, Marina, Defensa, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y Relaciones Exteriores, además del CISEN y la PGR.

Las empresas de telefonía tendrán que contar con una oficina que funcione las 24 horas, los 365 días, para atender estas solicitudes de información, así como para seguir despachando los dos tipos de colaboración con autoridades que ya existían.

Estas son la geolocalización en tiempo real de líneas relacionadas con delitos -avalada en enero pasado por la Suprema Corte de Justicia- y la intervención de comunicaciones privadas, que sí requiere autorización judicial.