Congreso pide investigar a 52 personas por nexos con corrupción

Congreso pide investigar a 52 personas por nexos con corrupción





Brasilia, 18 dic (dpa) - La comisión parlamentaria que investigó las sospechas de corrupción en la petrolera estatal Petrobras aprobó hoy el polémico informe final elaborado por el diputado oficialista Marco Maia, que pide investigar a 52 personas por presuntos nexos con el esquema ilegal pero preserva a los políticos.

El informe fue aprobado gracias a los 19 votos favorables de los integrantes de partidos oficialistas, que se impusieron a los ocho votos contrarios de los representantes de la oposición, que elaboró un informe paralelo pero no logró presentarlo ante sus pares.

El documento final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) recomienda al Ministerio Público investigar a personas que ya han sido denunciadas a la Justicia por sus nexos con el escándalo, como el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y ejecutivos de empresas privadas sospechosos de firmar contratos irregulares con la empresa.

Costa firmó con el Ministerio Público un acuerdo de delación premiada, mediante el cual reveló a la Justicia los nombres de decenas de políticos que se habrían beneficiado de la desviación de recursos financieros de Petrobras, pero la CPI no tuvo acceso al tenor del testimonio, que es mantenido en secreto por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Las investigaciones resultaron hasta ahora en la apertura de un juicio penal contra 39 personas, entre ellas Costa y el ex director del Área Internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, además de 22 dirigentes y funcionarios de empresas privadas, entre ellas grandes constructoras, como OAS y Mendes Júnior.

Según el Ministerio Público, el esquema de corrupción que operó en Petrobras entre 2004 y 2008 desvió un tres por ciento de los contratos firmados por la empresa para financiar grupos políticos aliados del gobierno, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff.

La fiscalía calcula que la red ilegal causó a la principal empresa de Brasil a lo largo de este período un perjuicio de 10.000 millones de reales (unos 3.700 millones de dólares, al cambio actual).