Polémica por considerar al narcotráfico como delito político

Polémica por considerar al narcotráfico como delito político





Bogotá, 3 dic (dpa) - Una intensa controversia empezó a abrirse paso hoy en Colombia a raíz de una sugerencia del presidente Juan Manuel Santos en torno a considerar al narcotráfico como una actividad conexa a los delitos políticos, con el objetivo de facilitar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

"Se va requerir ampliar ese concepto de delito político y, sobre todo, los delitos conexos (...) Vamos a tener que ser un poquito más flexibles", dijo Santos, tras comentar que los delitos políticos como la rebelión y la sedición pueden ampliarse a "narcotráfico o beneficio del narcotráfico".

El mandatario hizo el planteamiento en una entrevista y lo justificó con el argumento de que se necesitan reformas para facilitar la reincorporación a la vida legal de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que han incurrido en narcotráfico.

Las FARC, que desde hace dos años protagonizan en Cuba un proceso de paz con el gobierno colombiano, aseguran que no están dedicadas de manera directa al narcotráfico, sino que cobran "impuestos" por esa actividad en sus zonas de influencia.

La propuesta de Santos fue bien recibida por observadores que la califican de "realista y pragmática", pero rechazada por sectores que advierten que el narcotráfico es un delito común y que el proceso de paz no debe servir para "legalizar capos del narcotráfico".

Una de las voces en contra surgió desde el propio gobierno, pues el vicepresidente Germán Vargas Lleras se mostró en desacuerdo con dicha posibilidad.

"En el pasado, cuando tuve la oportunidad como parlamentario de intervenir en este asunto, se tuvo esta deliberación y nunca se ha aceptado que el narcotráfico puro pueda ser un delito conexo con los delitos políticos", dijo.

En opinión del ex fiscal general Guillermo Mendoza, una medida de esas dimensiones le crearía problemas a Colombia en el exterior, pues en el país le darían beneficios penales a personas que en otros lugares son perseguidas.

En opinión de Jorge Aníbal Gómez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, si el país actúa en ese sentido tendría que considerar a otros delitos comunes, como el secuestro y la extorsión, como conductas políticas, pues las FARC también se dedican a eso.

Para el procurador general, Alejandro Ordóñez, "disfrazar de delincuentes políticos a los narcotraficantes y renunciar a perseguir el lavado de activos convierten al proceso de paz en una gigantesca operación para beneficio de las mafias".

"El narcotráfico es un delito común de carácter transnacional ejecutado por las FARC con el fin de acumular inmensas riquezas, representadas en tierras, ganado, empresas e inversiones y que circula clandestinamente en el sector financiero nacional e internacional", argumentó Ordóñez.

Asimismo, el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe, líder de la oposición de derecha radical y uno de los principales críticos del proceso de paz, advirtió que su sector político se opondrá a esa posibilidad porque "el narcotráfico ha sido conexo con el terrorismo, no con fines políticos altruistas".

El senador Armando Benedetti, de la coalición oficialista de centro-derecha que respalda al gobierno, dijo que su sector apoya el debate y que una decisión en ese sentido podría ser buena no solo para Colombia, sino también para Estados Unidos.

"Porque las FARC son las que cultivan y conocen las rutas, y el día que firmen la paz tendrán que dar toda esa información, lo que podría beneficiar a ese país", expresó.

De igual forma, el ex magistrado Alfredo Beltrán calificó de "viable" la propuesta por algunos antecedentes.

"Cuando la guerrilla se tomaba un banco para robar dinero, se planteó la tesis de que siendo un delito común podría ser conexo porque ese dinero le permitía su financiamiento. Lo claro es que el delito común debe estar atado a un propósito", explicó Beltrán.