Tlatlaya no se calla: militares desisten de amparo que impedía investigación del caso
Por: Redacción Revolución /
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(15 de enero, 2015).- México ya no se oculta. El día 30 de junio de
junio de 2014, una vez más, el Ejército mexicano ejecutó a 22 jóvenes
por ser presuntos delincuentes relacionados con “La familia Michoacana”.
Esto ocurrió en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de
México (EDOMEX), dentro de una bodega ubicada en las inmediaciones de un
campo.
Tlatlaya, es hoy, un ícono de la forma en cómo actúa el Ejército mexicano; sin embargo, tuvieron que pasar meses para que esta masacre saliera a la luz como un flagrante crimen de Estado, pues antes de esto, Eruviel Ávila, gobernador de EDOMEX, declaraba: “El Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) emitía un comunicado que decía: “los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona”, por tanto, “hubo un enfrentamiento entre ambos bandos” en el que resultaron muertos los presuntos delincuentes.
En ese instante nadie dijo nada, era lo “normal”. Pero semanas después cuando The Associated Press (AP) y la revista Esquire,
publicaron investigaciones sobre lo que parecía ser un “fusilamiento”
en Tlatlaya, las autoridades mexicanas comenzaron a indagar más sobre el
caso y a reaccionar a la presión mediática que cuestionaba lo que
realmente había pasado. No obstante, éstas continuaban con la excusa de
que se actuó en “legítima defensa”, pero la presión los llevó a
consignar a los militares involucrados.
Tlatlaya: un crimen de Estado inocultable
¿Por qué un crimen de lesa humanidad? De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, será considerado un crimen de lesa humanidad, todos aquéllos que involucren: asesinato, tortura y exterminio; pero con un agregado, es de Estado porque los perpetradores son/deben ser autoridades estatales contra población civil. Tlatlaya es, entonces, un crimen de Estado, porque según relatan las investigaciones, no hubo tal enfrentamiento, sino una acción de militares contra sujetos inermes; además, en el supuesto de que los abatidos hayan sido delincuentes –sin confirmarse hasta el momento–, lo que demanda la ley es detención inmediata, no ejecución “extrajudicial”.
Esto requiere rastrear cuántos enfrentamientos/ejecuciones hay en la lista de la SEDENA, de México. Pero Tlatlaya a través de AP, Esquire, Human Rights Watch , medios nacionales y organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, ha logrado visibilizar que en México se vive bajo un ambiente de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
El crimen de Tlatlaya es público
Producto de la presión social/mediática, la ejecución de 22 civiles es hoy un crimen al que todos pueden acceder. Esto, a pesar de que las intenciones gubernamentales, esencialmente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de acallar la información sobre el caso, a través de un mandato en el que disponía mantener en discreción cualquier tema relacionado con el caso. Intención a la que se suma la defensa de los militares recluidos, que de acuerdo a una investigación de MVS, solicitó un amparo para no dar versiones públicas e impedir investigaciones sobre el hecho.
Situación que se supo luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) emitiera una orden para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la SEDENA y la PGR, informaran sólo con base en una versión pública; pero que sería impedida por el amparo militar y del cual desistieron el pasado 13 de enero. Las incesantes investigaciones en torno al caso, así como el derecho social por saber lo que hubo de fondo, han provocado no sólo que los militares desistieran de su amparo, sino que se reclasifique el caso y que se investigue a los funcionarios involucrados porque México no se ocultará una vez más.
Tlatlaya, es hoy, un ícono de la forma en cómo actúa el Ejército mexicano; sin embargo, tuvieron que pasar meses para que esta masacre saliera a la luz como un flagrante crimen de Estado, pues antes de esto, Eruviel Ávila, gobernador de EDOMEX, declaraba: “El Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) emitía un comunicado que decía: “los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona”, por tanto, “hubo un enfrentamiento entre ambos bandos” en el que resultaron muertos los presuntos delincuentes.
En ese instante nadie dijo nada, era lo “normal”. Pero semanas después cuando The Associated Press (AP) y la revista Esquire,
publicaron investigaciones sobre lo que parecía ser un “fusilamiento”
en Tlatlaya, las autoridades mexicanas comenzaron a indagar más sobre el
caso y a reaccionar a la presión mediática que cuestionaba lo que
realmente había pasado. No obstante, éstas continuaban con la excusa de
que se actuó en “legítima defensa”, pero la presión los llevó a
consignar a los militares involucrados.Tlatlaya: un crimen de Estado inocultable
¿Por qué un crimen de lesa humanidad? De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, será considerado un crimen de lesa humanidad, todos aquéllos que involucren: asesinato, tortura y exterminio; pero con un agregado, es de Estado porque los perpetradores son/deben ser autoridades estatales contra población civil. Tlatlaya es, entonces, un crimen de Estado, porque según relatan las investigaciones, no hubo tal enfrentamiento, sino una acción de militares contra sujetos inermes; además, en el supuesto de que los abatidos hayan sido delincuentes –sin confirmarse hasta el momento–, lo que demanda la ley es detención inmediata, no ejecución “extrajudicial”.
Esto requiere rastrear cuántos enfrentamientos/ejecuciones hay en la lista de la SEDENA, de México. Pero Tlatlaya a través de AP, Esquire, Human Rights Watch , medios nacionales y organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, ha logrado visibilizar que en México se vive bajo un ambiente de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
El crimen de Tlatlaya es público
Producto de la presión social/mediática, la ejecución de 22 civiles es hoy un crimen al que todos pueden acceder. Esto, a pesar de que las intenciones gubernamentales, esencialmente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de acallar la información sobre el caso, a través de un mandato en el que disponía mantener en discreción cualquier tema relacionado con el caso. Intención a la que se suma la defensa de los militares recluidos, que de acuerdo a una investigación de MVS, solicitó un amparo para no dar versiones públicas e impedir investigaciones sobre el hecho.
Situación que se supo luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) emitiera una orden para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la SEDENA y la PGR, informaran sólo con base en una versión pública; pero que sería impedida por el amparo militar y del cual desistieron el pasado 13 de enero. Las incesantes investigaciones en torno al caso, así como el derecho social por saber lo que hubo de fondo, han provocado no sólo que los militares desistieran de su amparo, sino que se reclasifique el caso y que se investigue a los funcionarios involucrados porque México no se ocultará una vez más.
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