Derechos
humanos fueron masacrados por EPN; su ejército asesina civiles y mata
estudiantes: Touraine
Por: Emma Martínez
/ 13 febrero, 2015
(13 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Algunos de
los errores graves del actual gobierno mexicano son las desapariciones,
tortura, muertes en centros de detención, impunidad y respaldo de abusos
militares, inexistente libertad de expresión, siendo una de las fronteras más
importantes a nivel mundial, es de las más peligrosas para los migrantes, ahora
los defensores de derechos humanos son mayormente perseguidos, el tema del
matrimonio igualitario parece que es preferible no tocarlo, esos son sólo
algunos de los millares de problemas que existen en ese país”, declara en
exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO el sociólogo francés Alain
Touraine, especialista en movimientos sociales.
El 24 de mayo de 2012, Enrique Peña Nieto, firmó un documento
que llamó “Manifiesto por una presidencia democrática”. Afirmando “aquí
desarrollo los principios políticos a los que habré de apegarme como
Presidente, si los mexicanos así lo deciden, porque quiero que
construyamos un México unido y fuerte a partir del reconocimiento y respeto de
la diversidad de nuestras convicciones e ideas”.
Los siguientes puntos definían las principales acciones a
proteger e impulsar durante su gobierno:
Derechos Humanos y no discriminación.
“Los derechos humanos en México fueron los primeros
masacrados del sexenio de Peña Nieto. Las masacres de Tlatlaya e Iguala son el
resultado de la incompetencia de un gobierno que prefiere que su ejército
asesine civiles y su policía torture y mate estudiantes, antes que salvar a su
país, Peña Nieto es un ser mudo e inerte ante el hundimiento de su país, él
sabe que todo es culpa suya y aún así busca ser invisible”, afirma
Alain Touraine.
Informes de Amnistía Internacional respaldan que “miembros
del ejército y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones
de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las
desapariciones forzadas”.
Tan sólo en el rubro de desapariciones, el Registro Nacional
de Personas Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de
desaparición; el 40% ha sido denunciado durante la actual administración de
Enrique Peña Nieto.
El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel
Vivanco, declara “nos encontramos frente a uno de los más atroces sexenios, con
las más graves masacres ocurridas en México, de las que resaltan Tlatlaya y
Ayotzinapa, habiendo muchas más conocidas y desconocidas por todo lo ancho del
territorio nacional”.
Sobre el tema de migración, HRW afirma que “en 2013, las
autoridades migratorias detuvieron a 82.269 migrantes y deportaron a 75.704 de
ellos, la gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas más fueron
las personas que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. En México los
migrantes continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas
de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas
criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales”.
Asegurando que aunque existan reformas en materia migratoria que han
fortalecido algunos derechos de los migrantes, particularmente el derecho a la
protección y el acceso a la justicia, no se han implementado adecuadamente.
En el tema de los pueblos indígenas Peña Nieto asevera en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York “En México estamos
decididos a construir una verdadera sociedad de derechos en la
que todas las personas, independientemente de su origen étnico, puedan ejercer
en su vida diaria derechos y libertades”. Sin embargo durante su gestión
pueblos indígenas han realizado levantamientos principalmente en contra de las
concesiones a industrias extractivas y eólicas que sin consulta previa, libre e
informada invaden sus tierras, ejerciendo sobre ellos opresión, criminalización
y finalmente encarcelamiento, hechos que han padecido entidades como Chiapas y
Guerrero.
División de poderes y Transparencia y rendición de
cuentas.
Según Celso Alvarado, miembro del Comité Jurídico de
Derechos Humanos del 132 “la constitución no especifica ningún
procedimiento que limite la arbitrariedad del presidente a la hora, de por
ejemplo, elegir a quienes formarán parte de las ternas de ministros de la
Suprema Corte de Justicia (SCJN) que enviará al senado”.
Agregando “lo anterior resulta preocupante si se toma en
cuenta la tendencia tanto del gobierno federal como del partido del que
emanó esta administración, buscan debilitar o cooptar a los demás poderes y a
los órganos constitucionalmente autónomos que deben fungir como
contrapeso a las decisiones, actuaciones y omisiones del poder ejecutivo”.
Asegurando que “el debilitamiento institucional del poder
legislativo ha sido evidente desde la firma del ‘Pacto por México’, mismo que
fungió como una herramienta política de toma de decisiones que de facto
sustituyó el esencial debate público que debe llevarse a cabo dentro del
congreso por negociaciones tras bambalinas, cerradas al público y cuyas
resoluciones, siempre iban acorde a las políticas planteadas por quien se dice
presidente de México”.
Peña Nieto llegó con la tendencia de trivializar la labor
legislativa en aras de aumentar el poder del poder ejecutivo, intentándolo
desde la propuesta del PRI para someter a consulta popular la eliminación de
las diputaciones plurinominales, disminuyendo así la oposición dentro de las
cámaras. El artículo que el mismo partido busca agregar a la ley de
transparencia para que el ejecutivo forme parte de las opiniones dentro de las
Cámaras, son algunos puntos que demuestran el claro panorama de aventajamiento
que Peña Nieto se esmera en lograr”.
El politólogo Jesús Villalobos agrega “en lo que va del
sexenio de Peña Nieto, además de abrirle la puerta a la crisis económica,
política, social y en seguridad, se llega al descubrimiento de conflicto de
intereses. El sistema anticorrupción que plantea el presidente a todas luces
permite resguardarlo a él y a su gabinete de investigaciones a profundidad. A
dos años y medio de haber firmado su compromiso de dar a conocer anualmente su
declaración patrimonial, The Guardian y otros medios internacionales le
hicieron el favor, porque de él no iba a salir tal hecho”.
Enrique Peña Nieto mantiene la idea de que “la reforma en
materia de transparencia cierra espacios de opacidad y discrecionalidad en el
ejercicio de la vida pública, dando respuesta a una sentida demanda social, la
cual se aplicará a los partidos políticos, sindicatos, órganos autónomos,
fideicomisos y fondos públicos”.
Sobre el punto Villalobos afirma “la propuesta de Peña no
garantiza transparencia, rendición de cuentas y eliminación de los conflictos
de interés, las empresas que le vendieron propiedades por ética y dignidad
debieron ofrecer algún tipo de pruebas de la nula existencia de conflicto de
intereses, no se podía son amigos, lo mencionaron, el presidente no puede ser
investigado, porque el show que ha armado sólo puede hacer de forma
superficial, sólo son medidas administrativas que están sujetas al propio
Gobierno”.
“Es un insulto a la inteligencia del mexicano que un
subordinado investigue a su superior, porque ese es ya un conflicto de
intereses, lo que se supone se busca erradicar, pero es que toda la carrera
política de Peña Nieto ha sido un conflicto de intereses, entonces no se puede
pedir un cambio”.
“México no saldrá de la crisis en la que se encuentran porque
su presidente tiene la propia, la gobernabilidad es una barbarie. Es de humanos
errar, lo siguiente es corregir errores, pero parece que no sabe o no quiere o
no puede. El primer paso fue legitimarse en el puesto, la salida no era
exterminar a su pueblo”, comenta Touraine.
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